PABLO GÓMEZ. Senador de la Ciudad de México

Libertad política para todos

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 04 Mar 2010 04:24:00 +0000

El Estado laico se estableció para expulsar a la iglesia del Estado y dotar de libertad religiosa a todos. Mas la libertad de cultos no ha sido el límite de la laicidad sino que ésta abarca también el ejercicio de la libertad política en tanto que no hay conductas que deban ser prohibidas por contradecir las creencias de cualquier iglesia.

Al establecerse el Estado laico mexicano no se prohibió a los sacerdotes la expresión política. Lo que se tuvo que hacer en México fue arrebatar al clero católico su poder económico, meter al mercado los bienes eclesiales y abolir las órdenes monásticas. Ese radicalismo del siglo XIX no ha sido perdonado por el alto clero católico. En cambio, los obispos no le dan tanta importancia a la prohibición de criticar las leyes y las instituciones. Esto es así porque las violaciones a la Constitución, en esta materia, son impunes por ser toleradas y sólo sirven para cantar victorias sobre el Estado laico. De esta manera, la laicidad sufre agravios que no le corresponden a su contenido: el laicismo no busca prohibir la expresión de nadie sino reivindica las libertades.

Hoy y aquí, el Estado laico está siendo atacado con furia. La persecución penal de las mujeres que abortan y el rechazo a derechos civiles de los homosexuales están inspirados en mandamientos eclesiales pero son promovidos por políticos del PAN y del PRI que se lanzan contra el laicismo. La respuesta a este ataque no puede hacer suya la prohibición hacia los sacerdotes cuando el discurso reaccionario se encuentra principalmente en los recintos legislativos y Felipe Calderón instruye ilegalmente al procurador para objetar aquellos derechos ante la Suprema Corte de Justicia. Los políticos de la derecha son la más inicua amenaza contra el Estado laico.

Alejandro Encinas ha dicho que los sacerdotes deben obediencia al Vaticano, un Estado extranjero, por lo que no deben tener libertad política. ¿Alguien propone, hoy, que dejen de tener derecho de voto? Los clérigos mexicanos son ciudadanos y éstos no deben estar limitados en sus derechos por dedicarse a una determinada profesión. México ha firmado tratados sobre derechos civiles y políticos que no se reflejan en la legislación interna, lo que es una evidente contradicción. Cuando los obispos Ruiz y Vera critican, la izquierda aplaude; cuando lo hacen Ribera y Cepeda, muchos de la misma izquierda se quejan. ¿Libertad para mis amigos y prohibición para mis adversarios? La doble moral y el doble rasero son propios de la derecha. La política sin principios es negocio o vanidad; quizá también las dos cosas.

En 1978, Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista, planteó la libertad política para todos, incluyendo, naturalmente, a los sacerdotes. El PRI se declaró “anonadado” y rechazó la pretensión. Años después, cuando las corporaciones eclesiales fueron reconocidas plenamente y se permitió, incluso, la enseñanza religiosa en las escuelas privadas, se mantuvo la prohibición a los clérigos de criticar leyes e instituciones. La jerarquía católica quedó contenta y la restricción a la libertad de expresión política de los sacerdotes no se ha vuelto a discutir hasta ahora debido a la perniciosa relación de abuso-tolerancia que señalaba Méndez Arceo.

Ahora, el arzobispo Ribera se queja de que lo quieren callar. Nada más incongruente en la reivindicación de libertades que querer callar a un disidente. Los sacerdotes están en el debate y se les debe admitir pero con el suficiente cuidado de no ignorar a quienes desde el poder tratan de negar aquellas libertades, empezando por Calderón y los nuevos jerarcas priistas. El tema de la libertad de expresión política de los sacerdotes debe ser eliminado como litigio en el que se oscurece la realidad y se deforma la naturaleza de las contradicciones.

Nota aclaratoria: los partidos religiosos están prohibidos para todos; las cualidades para ser votado están en otros preceptos y tienen otros motivos. No he propuesto que se modifique ninguna de esas dos cosas.

El no al no

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 25 Feb 2010 02:26:00 +0000

63 intelectuales y políticos en receso nos llaman a aprobar las reformas propuestas por Calderón y convocan a decir no al no, el cual –dicen—tiene paralizada la vida política nacional. En los últimos años hemos tenido éxito en el no a la privatización de la industria petrolera, al encarcelamiento de los consumidores de drogas, a la facultad de los agentes de policía de invadir cualquier domicilio, entre otros difíciles trances negativos. Por desgracia, hemos sido aplastados por el sí en el aumento de impuestos en plena recesión, los sub ejercicios presupuestales en obras públicas, la incomunicación de reos (considerada como tortura), por sólo mencionar algunas derrotas.

En un país que se dice democrático el no forma parte indispensable del sistema. ¡Cuántos no hicieron falta para impedir dictaduras y guerras! ¡Cuántos no faltaron en Estados Unidos para detener a Reagan y a Bush! Ha sido el sí el causante de muchos destrozos y calamidades. Ahora, cuando Calderón nos propone que el Ejecutivo pueda suspender garantías individuales cuando se le antoje, ¿habría que decir que sí con tal de bajarse de la lista de la generación del no? ¿Tendríamos también que apoyar la idea de Calderón de que el presidente legisle por decreto bajo la llamada afirmativa ficta?

La pluralidad no es inmovilismo. Éste es producto de una mala manera de conducir la lucha política, falta de convocatoria, ausencia de liderazgo. ¿Qué hizo Calderón frente a la crisis? Realizó con el PRI una vergonzante y vergonzosa coalición parlamentaria para aumentar las cargas impositivas, dejar a los oligarcas sin pagar impuestos y negarse a incrementar la inversión pública productiva.

Los abajofirmantes contra el no sólo dicen sí al proyecto de Calderón pero ignoran las propuestas de la izquierda. ¿No están de acuerdo con el referéndum facultativo popular para que los ciudadanos puedan votar las leyes objetadas? ¿Por qué sólo admiten que el presidente de la República en turno sea el único que pueda provocar un referéndum (Franco, Pinochet) sobre sus propios proyectos, como lo propone Calderón? ¿No están de acuerdo con el derecho ciudadano de revocar el mandato de los gobernantes? ¿Tampoco aceptan el plebiscito como instrumento con el que la mayoría pueda resolver los conflictos sobre temas de la administración pública?

No sé de dónde sacan los abajofirmantes que es mejor que el voto negativo sea determinante en una elección. Esto es lo que apoyan al exigir que se admita la segunda vuelta presidencial. Un candidato con el 40 por ciento de los votos puede ser derrotado en la segunda vuelta por su contrincante que hubiera obtenido el 30 por ciento. Algo de esto ya ha ocurrido, de tal manera que el candidato más débil llega a gobernar con un programa francamente minoritario y quien sostenía la propuesta mayoritaria, aunque no en términos absolutos, se queda en su casa. Pero, además, la gobernabilidad, como le llaman a eso, carece de sentido cuando permite que el voto negativo se imponga en las urnas pero sin determinar un plan de gobierno. Es mucho mejor que se gobierne con un programa apoyado en el voto positivo. Lo que se busca es la fabricación artificial de una mayoría absoluta sin importar cómo sea la sociedad. La propuesta de Calderón es peor porque es un plan con maña: propone que la elección de legisladores se lleve a cabo al mismo tiempo que la segunda vuelta presidencial, con lo cual los partidos que no se ubiquen en la disputa final quedarían borrados en el Congreso. Esto último no existe en ninguna parte del mundo, pero los abajofirmantes lo quieren para México, con lo cual todas sus anteriores proclamas a favor del pluralismo se caen solas.

¿Los abajofirmantes no están de acuerdo con la autonomía del Ministerio Público y de la Auditoría Superior de la Federación, con acción penal para esta última? ¿Tampoco están de acuerdo con que exista juicio político operante y se puedan remover a los altos funcionarios ineptos y abusivos? ¿Acaso no es necesario acabar con ese sainete llamado desafuero para que los legisladores, gobernantes y ministros de la Corte que sean acusados de algún delito comparezcan ante la justicia como cualquier otra persona, a pesar del cargo que desempeñen?

La propuesta de Calderón que aumenta derechos ciudadanos es la relativa a las candidaturas independientes, la cual figura en el programa del PRD desde hace muchos años. Ahora, la izquierda ha propuesto que los candidatos independientes tengan acceso gratuito a radio y televisión y cuenten con financiamiento público, lo cual hace una gran diferencia.

Los abajofirmantes nos lanzan una petición. Dicen, “Amigos(?) legisladores: aprueben las reformas y demos inicio al debate de fondo: ¿qué futuro queremos para México?” Cualquiera podría pensar que las cosas son al revés. Primero se abre el debate y luego se vota. Quizá por esto el manifiesto “No a la generación del no” apoya sin argumentos los puntos presentados por Calderón e ignora por completo las propuestas de los demás partidos. ¿Así se mejora un país?

Reforma política

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 19 Feb 2010 00:01:00 +0000

La reforma política no es la más urgente, sino la económica, lo cual no significa que aquélla sea prescindible en este momento. El PRD, PT y Convergencia han presentado al Congreso una plataforma de cambios constitucionales en esa materia. No se trata de una respuesta a la iniciativa de Calderón sino de una recopilación de planteamientos realizados durante muchos años.

Referéndum facultativo popular, plebiscito, revocación de mandato, candidaturas independientes con financiamiento público y acceso a medios de comunicación, iniciativa popular, son propuestas de nuevos derechos ciudadanos que han sido reivindicados a través de décadas perdidas pero siempre negados por la clase política que monopoliza las decisiones.

Se trata también de una nueva forma de ubicar al Congreso en la cúspide de las decisiones ordinarias de la República: ratificación parlamentaria de los secretarios de Estado; juicio político operante en procedimiento sumario para los altos funcionarios de la Federación; acción penal de parte de la Auditoria Superior de la Federación y los órganos fiscalizadores locales; apertura de procesos penales para los funcionarios que gozan de inmunidad (“fuero”); completa independencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo tanto de la Federación como de las entidades federativas; aprobación parlamentaria del Plan Nacional de Desarrollo; comisiones investigadoras de las cámaras sobre asuntos de interés público y capacidad de las mismas de hacer comparecer obligatoriamente a cualquier persona bajo protesta de decir verdad. Prohibición a los gobernantes para la compra de tiempos en radio y televisión.

En cuanto a la integración del Congreso, se platea que los diputados y senadores sean elegidos bajo el principio de representación proporcional en 32 circunscripciones electorales, una por cada entidad federativa y, además, una lista nacional que compense las desproporciones del sistema.

En cuanto al presupuesto de egresos, se plantea resolver el problema del inexistente pero exigido veto presidencial mediante un sistema de observaciones del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Asimismo, se plantea que si no hay presupuesto aprobado se mantenga en vigor el del año precedente pero sin que el Ejecutivo pueda manipularlo a su antojo. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios podrían presentar una iniciativa preferente, la cual, si no es dictaminada en comisiones dentro de un plazo fijo, se deberá votar directamente en el pleno de la cámara de origen y, de ser aprobada, en la colegisladora. Las iniciativas populares serían siempre de carácter preferente.

Se escribe rápido este apretadísimo resumen pero alberga reformas que modificarían la manera de gobernar y ampliarían los derechos de la ciudadanía. Se trata del proyecto más ambicioso desde la pequeña apertura del Congreso y los medios en 1978. Es una redistribución del poder en la que el Ejecutivo se vería disminuido para que ciudadanos y representantes populares adquieran mayor capacidad de decisión. Pero, ¿por qué?

Las soluciones en México ya no dependen del presidente de la República y los gobernadores. Esos tiempos se han ido. El Ejecutivo fracasó como tutor del Ministerio Público; la auditoría se quedó en simple catálogo de observaciones; el Congreso en realidad no puede tomar conocimiento de nada para asumir sus decisiones; el presupuesto es manipulado al gusto del Ejecutivo; el Estado corrupto no pudo ser remontado. Mientras, los ciudadanos tampoco ganaron nuevos derechos para decidir. Hoy, se presenta una iniciativa para responder a esas asignaturas reprobadas por un régimen político que se proclama democrático pero que sigue centralizando el poder formal en unas cuantas personas (los integrantes del Ejecutivo de la Federación y de las entidades), las cuales se echan entre sí las culpas de las insuficiencias y errores cometidos. Peor aún es que el Ejecutivo acusa al Congreso de lo que no puede resolver cuando éste no tiene capacidad legal ni siquiera para investigar la actuación de aquel Ejecutivo que le culpa.

Dar poder de decisión a los ciudadanos y a sus representantes es, hoy, una tarea que deberíamos acometer.

¿Aliados?

noreply@blogger.com (Pablo) — Sat, 13 Feb 2010 00:19:00 +0000

¿Qué significa que el PRD haga alianzas electorales con el PAN? Pues que está haciendo alianzas con el gobierno de Felipe Calderón, con éste mismo como jefe de su partido. ¿Qué significa ese acercamiento político? Pues que se hace abstracción de la política gubernamental, la que se aplica de espaldas a los intereses populares y nacionales.

El debate no consiste en la factibilidad de alianzas entre izquierdas y derechas alrededor de objetivos comunes, sino en si hoy y aquí la izquierda puede llevar a cabo un acercamiento tan fuerte con un gobierno al que combate todo el tiempo y en todas partes debido a la política oficial.

Ahora resulta que esa línea de alianzas se puede aplicar en cualquier parte del país y en apoyo de cualquier candidato. Ya ni siquiera van a valer la atenuantes del caso de Oaxaca, sino que las relaciones PRD-PAN se podrán extender hacia cualquier territorio y, poco a poco, hacia cualquier aspecto de la vida política.

Esta desviación no es poca cosa. El pragmatismo de la mayoría de la dirección del PRD es tal que se convierte en un fuerte ataque a la izquierda. De nada servirá ésta si no lucha contra un programa de gobierno antipopular, antidemocrático, policíaco, antinacional, y a favor de una alternativa, de una propuesta política, la cual, por lo visto, está ausente en este momento en el PRD. ¿Cuál es el programa común del PRD y el PAN? Al parecer, un punto, ganarle al PRI, la otra derecha, para defender al gobierno de Calderón.

La línea política del PRI no difiere de la del PAN. Uno y otro partidos hacen lo mismo, más o menos. ¿Acaso la del PRD tampoco difiere de la del PAN? El PRI no se aliaría con el PAN pero esto no se debe a divergencias programáticas sino a que el PRI se presenta como una opción diferente, aunque no lo sea, es decir sólo para efectos de mantener sus gobiernos o disputar a Acción Nacional los puestos de elección popular. Y ahora resulta que quien sí puede ser una opción verdaderamente diferente del PAN, el PRD, realiza alianzas con aquel partido para borrar o al menos ocultar sus contradicciones con esa derecha.

Se trata de una política suicida, pues se puede lograr que tal o cual persona llegue a una gubernatura pero no se podrá garantizar que el nuevo gobernador aplique una línea democrática y social. Cuando varios partidos hacen una alianza electoral y triunfan, integran un gobierno de coalición surgido de la misma coalición electoral. Si se trata de una alianza para integrar el poder Legislativo, entonces también en ése tendría que realizarse una coalición parlamentaria. Pero en ningún caso se ha pactado una coalición política, la cual, por otro lado, no funcionaría de ninguna manera, con lo cual se demuestra que la coalición electoral entre el PRD y el PAN, no es, una verdadera alianza que pueda ser defendida con argumentos válidos.

Fracaso sangriento

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 05 Feb 2010 03:54:00 +0000

Las matanzas de Ciudad Juárez y Torreón no son la prueba de que la “guerra” declarada por Calderón hace tres años nunca estuvo bien planteada. La publicidad oficial nos da cuenta de la aprehensión de un tal Teo, asesino, se dice, de más de 300 personas, pero nunca hemos sabido qué es lo que se pretende con toda esa movilización de tropas y fortalecimiento de una policía cuyos comandantes son unos perfectos desconocidos.

Un senador panista ha pedido la suspensión de garantías en la frontera chihuahuense. No sería sorprendente que el Ejecutivo la solicitara al Congreso, con lo cual no se resolvería tampoco el problema sino que, probablemente, se complicaría todo una vez más. Ahora se habla de unos programas sociales dirigidos a la juventud para apartarla del narcotráfico, como si los jóvenes, en general, formaran parte de ese negocio.

Hace años que López Obrador dijo que esa “guerra” era como palos de ciego y la prensa escrita y hablada se burló de tal declaración. Hoy, todos lo sabemos: hemos visto los palos y los ciegos. Lo peor es la idea que tienen los gobernantes del problema, sus ridículas declaraciones, su ignorancia del fenómeno, sus acciones reactivas, los viajes de ida y vuelta de tropas sin dar cuenta de objetivos concretos.

Sí existe un Estado fallido –por cierto no sólo en esta materia—que no logra crear el sistema para encarar un problema internacional ciertamente complicadísimo pero en ninguna parte tan violento como en México. Ahora, el problema mayor no es el narcotráfico sino la violencia, los homicidios, levantones, secuestros, amenazas, cobro de protección, masacres y un largo etcétera. Las fieras están sueltas.

Lo que han dicho las autoridades sobre la masacre de Ciudad Juárez es pura basura. Se afirma que los jóvenes eran de una pandilla que tenía rivales, que algunos eran narcos, que los mataron unos asesinos sin causa, que el principal asesino ya está muerto y nunca se sabrá de cierto qué pasó.

Parece que nada funciona ni siquiera el conocimiento de la realidad que se dice combatir. Mayor fracaso sería difícil. Sin embargo, las autoridades federales siguen culpando a las locales de una parte del fracaso, como si los delitos contra la salud –así llamados—no fueran precisamente de la competencia de la Federación.

Meter a las tropas a funciones de policía no ha dado los resultados anunciados. En cambio, en la “guerra” se cometen múltiples atropellos de los militares contra personas ajenas al negocio ilícito que se combate. Varios de los aprehendidos ilegalmente en Michoacán han sido liberados después de ocho meses por un tribunal pero el gobierno insiste en que están vinculados con los narcotraficantes aunque no hubiera podido probar absolutamente nada. De seguro que los otros presos de Michoacán obtendrán también su libertad porque el Ministerio Público fabrica o manipula pruebas de personas que tiene detenidas sin haberlas acusado: los llamados testigos protegidos que en realidad son rehenes usados para inculpar a quien sea necesario.

Dentro de unos días, comparecerán varios funcionarios en el Senado. No creo que con ese motivo haya mayores luces sobre el problema, pero sería bueno que las autoridades explicaran a los legisladores algunos secretos del narcotráfico, así como sus propios objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los legisladores no podrán dar ninguna solución sencillamente porque ese no es su trabajo. Casi todas las leyes que el gobierno federal pidió le fueron dadas por el Congreso hasta el grado de establecer preceptos que violan derechos humanos. Lo que no se le concedió al gobierno fueron los libres allanamientos de la policía a cualquier domicilio y la criminalización de los consumidores de drogas.

Lo primero que habría que admitir es el fracaso de la “guerra”. Después, se tendría que esperar un replanteamiento completo del problema. ¿Es mucho pedir?

Congeladora

noreply@blogger.com (Pablo) — Wed, 27 Jan 2010 23:37:00 +0000

Las palabras que hay que oír hoy en México. Felipe Calderón condena la falta de discusión y votación de las iniciativas en el Congreso, el llamado sistema de la congeladora, el mutismo legislativo. Propone, por tanto, que sus propios proyectos no votados sean promulgados por él mismo como si fuera el supremo legislador, el hacedor de decretos reales.

El jefe del partido que ha asumido la práctica de congelar para no discutir ni rechazar nos viene ahora con una requisitoria al Congreso. ¿Por qué no se ha votado en el Senado el proyecto para hacer posible la revocación del mandato, propuesto en 2006? Vamos atrás: ¿por qué el PAN no ha votado la iniciativa para permitir que la Auditoria Superior de la Federación tenga acción penal y revise las cuentas públicas en cualquier momento? Podría poner centenares de ejemplos, como el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos de Atenco. El PAN no dice sí y no dice no, no dice nada y no pasa nada. Es el viejo sistema del PRI pero aplicado ahora también por el PAN.

Existen más de 100 proyectos aprobados en el Senado que no han sido discutidos en la Cámara y más de 100 votados en ésta y no discutidos por los senadores. Esta congeladora es francamente inconstitucional pues interrumpe el proceso legislativo de manera indefinida; paraliza al Congreso. Pero éste no es el tema de Calderón. Él sólo se preocupa de sus propias iniciativas como si fueran las únicas dignas de ser discutidas y votadas en las cámaras.

Pero las palabras de Calderón se caen más rápido cuando observamos que él aplica con frecuencia el veto de bolsillo, el cual consiste en no regresar los proyectos aprobados al Congreso ni tampoco publicarlos en el plazo constitucional, sino demorar el trámite. Peor aún es la práctica de Calderón de publicar una reforma (a destiempo por cierto) y no aplicarla, como ha sucedido con las modificaciones constitucionales al sistema de sueldos de los servidores públicos. La ley no vale ni lo del papel en el que está impresa.

Así, Calderón propone la llamada afirmativa ficta legislativa. En ninguna parte existe eso. El poder legislativo no puede depositarse en una sola persona ni dos poderes pueden estar en manos de los mismos, dice la Constitución, pero tales principios del sistema presidencial han sido olvidados por entero y, con la mayor desfatachez, Calderón envía una iniciativa al Congreso para que éste abdique de sus facultades constitucionales.

He propuesto durante años que las iniciativas que no se dictaminen en los plazos reglamentarios sean discutidas y votadas directamente en el pleno a solicitud del autor cuando se trate de los grupos parlamentarios y el Ejecutivo. El PAN no ha estado de acuerdo con esta propuesta pero tampoco ha votado en contra. Por lo que respecta al PRI, éste sigue sin definir una postura. A esto se le llama congelar una iniciativa.

Si nos vamos a la estadística legislativa, la inmensa mayoría de las iniciativas congeladas corresponde a los proyectos de los legisladores y una pequeña cantidad proviene del Ejecutivo. El problema no radica en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso sino en aquellas que se han impuesto entre los mismos legisladores.

El propósito de la congelación de proyectos es evitar la discusión y votación de las iniciativas de los demás. Este sistema de hipocresía política se implantó bajo el control absoluto de los presidentes priistas con el fin de evitar que se votaran aquellos proyectos que no fueran los suyos propios. Calderón no busca su cancelación sino una nueva hegemonía presidencial.

Bastaría con que el Ejecutivo tuviera mayoría en una cámara para que sus iniciativas no fueran votadas ahí y pudieran ser promulgadas como si todo el Congreso las hubiera aprobado. Aún más, bastaría con que el Ejecutivo pudiera bloquear la discusión de alguna de sus propias iniciativas para que ésta fuera ley. Ganar por default. Esta es la democracia ciudadana que nos receta el señor Calderón. Si Gómez Morín viviera se volvería a morir.

Alianzas

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 21 Jan 2010 21:38:00 +0000

Las alianzas entre izquierdas y derechas siempre se han pactado sobre objetivos concretos y coyunturales. Por lo general, se han dado con el propósito de remontar un sistema o régimen político y alcanzar nuevas bases de carácter democrático. Esto implica que tanto las derechas como las izquierdas sean más o menos democráticas.

En el año 2000 se abrió la posibilidad de una alianza electoral entre el PRD y el PAN alrededor de objetivos muy concretos, en especial la necesidad de remontar el sistema priista, el presidencialismo absolutista o despótico, para instaurar un régimen abierto a la transición. El PAN bloqueó esa posibilidad y, después, con el triunfo de Vicente Fox, éste cerró toda concertación política para avanzar en reformas democráticas en el país. En realidad, el PAN ha usado el andamiaje jurídico del viejo régimen priista y, ahora, lo quiere profundizar a favor del poder Ejecutivo.

Antes del 2000, el PRD convino algunas alianzas locales con el PAN y, en algunos estados, se produjeron triunfos electorales, los cuales, después, fueron un fiasco. El PRD estaba entonces movido por la idea de que era necesario erosionar el viejo sistema priista, pero el PAN no compartía el mismo punto de vista, pues la derechización del gobierno federal, especialmente a partir de Salinas, era vista como un triunfo moral del panismo histórico. En realidad, el PAN buscaba sus propios acomodos a través de algunas alianzas con el PRD. La verdad sea dicha, el PAN salió ganando siempre.

Hoy, la situación ha cambiado. El PAN es gobierno y aplica, naturalmente, una línea derechista. Además, carece de propuesta democrática en materia política y pide el fortalecimiento del presidencialismo frente a un Congreso plural donde ningún partido tiene mayoría. Como era de esperarse, en materia social el PAN aplica el programa de los grandes conglomerados capitalistas que, en México, conforman una oligarquía que usa al gobierno federal para su propia defensa y expansión.

En cuanto a la idea de golpear al PRI en algunos estados para limitar sus posibilidades de retornar al poder en el país, el argumento es débil. ¿Qué diferencia importante existe entre los gobiernos panistas y priistas? Ni en materia de derechos y mucho menos en cuanto a política económica y social, se pueden advertir divergencias entre esos dos partidos.

¿Qué buscaría la izquierda perredista con la idea de aliarse extemporáneamente con el PAN en algunos estados? Se dice que golpear al PRI, pero eso no puede ser hoy el planteamiento de un partido político de izquierda, sino las reformas, los cambios políticos y económicos a favor de la mayoría trabajadora del país, lo cual implica combatir a las derechas por igual.

En cuanto a la inexplicable idea de postular para gobernador de Tamaulipas al tal Lino Korrodi, lo mejor es decir que es tan obscena que es mejor no entrar en detalles.

¿Qué hay en el fondo? La falta de análisis concreto de la realidad, la cual predomina en la dirección del PRD, donde el exceso de pragmatismo lleva a errores de carácter estratégico, es decir, de los que perduran y trascienden. Es en verdad difícil entender cómo una izquierda cualquiera puede dejar de darse cuenta de que sus eventuales alianzas con la derecha no serían más que formas de alimentar las tendencias bipartidistas, las cuales se promueven desde el PAN y el PRI sobre la base de que en la realidad política del país ya tienen suficiente espacio. Las alianzas se están dando entre el PRI y el PAN en casi todo el país, aunque esos dos partidos compitan en las elecciones.

Nada debería hacer el PRD para alentar esas tendencias hacia un bipartidismo de dos formaciones políticas de derecha. Al PRD le conviene singularizarse en lugar de sumarse a la derecha no priista, pues ésta no tiene diferencias apreciables con la otra. Si la dirección del PRD quiere seguir extraviada, sin propuesta política propia, sin capacidad de convocatoria, sin prestigio popular, sin ideas fuerza, que pacte lo que sea con quien sea y ya veremos qué hacemos para volver a empezar.

Los secretos del narcotráfico

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 14 Jan 2010 22:16:00 +0000

Cada día caen más delincuentes a manos de la fuerza pública y son eliminados muchos más por parte de los mismos grupos delincuenciales. Sin embargo, la violencia sigue en aumento. Este fenómeno no ha sido explicado por la autoridad. La sociedad desconoce los secretos del narcotráfico.

Las preguntas importantes se ubican en tres planos principales: integración, estructura y funcionamiento del narcotráfico, es decir, casi todo. Ninguna autoridad tiene interés en dar a conocer estudios serios sobre estos aspectos, de tal manera que los secretos de esa delincuencia son también los secretos guardados por el gobierno.

A simple vista y mediante los trabajos periodísticos publicados, podemos observar que la situación social sí está relacionada con el narcotráfico. El reclutamiento de efectivos se realiza dentro de sectores sociales especialmente resentidos: jóvenes desempleados, militares desertores y delincuentes de bajo perfil. También parece que el reclutamiento es muy fácil y existe una especie de carrera en la que los reclutas van escalando en la jerarquía de los grupos. Ellos son también las principales víctimas de los atentados y levantones.

La estructura de cada grupo ha de ser diferente pero siempre se observa un grupo de comandantes con funciones y territorios asignados. Esto quiere decir que debe existir alguna forma celular de organización que sirva de protección de los núcleos de mando y de instrumento de la eficacia en la realización de las tareas. Al mismo tiempo, se observa cierta movilidad en la que algunos jefes dejan un grupo y se afilian a otro pues la materia del trabajo es la misma. El sector financiero y de tesorería de las bandas es también todo un enigma, quizás el mayor.

El funcionamiento de estos grupos debe tener gran relación con sus tareas, tanto las relevantes y más lucrativas como aquellas hacia donde se han desplazado en los últimos años. Se observan al respecto cambios muy grandes si vemos esto en retrospectiva de unos veinte años. El narcotráfico siempre fue violento pero los enfrentamientos entre los grupos eran administrados, tanto por los jefes de los mismos como por las autoridades. Así también, otras actividades como el chantaje, la protección, el secuestro, el robo simple casi no eran realizadas por estas bandas. Hoy, todos los grupos ejecutan diversos delitos. Este fenómeno está relacionado con su integración, pues debe ser una de las bases del reclutamiento. La disputa por territorios y mercados llevó a crear pequeños ejércitos muy bien armados capaces de realizar cualquier delito.

En realidad, la “guerra” en la que vive el país no es entre la delincuencia organizada y el Estado, sino entre los grupos de aquélla. Mientras esa “guerra” no encuentre alguna salida, el Estado no podrá superarla directamente.

Llegamos a dos problemas centrales: la permeabilidad de los órganos del Estado para ser instrumentos de los delincuentes y la incapacidad de las bandas de llegar a acuerdos entre ellas en los últimos años. El nivel de penetración de las bandas en la esfera estatal es parte de los secretos. Pero lo que llama más la atención es que el carácter corrupto del Estado se convirtió en un instrumento común de todas las bandas. En cuanto a que la “guerra” sigue sin destino cierto, la verdad es que es ilógico suponer que la cantidad de bajas en todos los bandos –es decir, en las bandas—pueda ser un elemento para que cesen los combates si los comandantes no se ponen de acuerdo.

Las mafias tradicionales no reclutan a cualquiera sino a personas conocidas, cercanas. Las bandas mexicanas ya son diferentes. Se trata de un negocio en el que cualquier persona puede entrar bajo ciertas circunstancias.

Los secretos del narcotráfico seguirán ahí mientras el general imaginario de una guerra que no es --Felipe Calderón-- siga en el puesto y nadie, desde el Estado, se atreva a desvelar tales secretos. Que no se les pida, entonces, a los ignorantes una propuesta de solución del problema. Mejor discutamos sobre la prohibición mundial, ineludible causa del fenómeno.

¿Quién decide el precio de la gasolina?

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 07 Jan 2010 18:27:00 +0000

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.

Gobierno horrible

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 31 Dec 2009 02:44:00 +0000

La prensa extranjera comenta acerca de lo que se dice en México sobre el año que terminó ayer. Año horrible. Pero horrible ha sido la política del gobierno y, por tanto, el gobierno. Se dejó de hacer todo lo que pudo haberse hecho para defender al país de la crisis. Hubo una renuncia absurda e inicua a intentar siquiera la defensa de la producción y el empleo. En lugar de eso, se dejó que el ajuste económico siguiera un curso espontáneo y se aumentaron las cargas fiscales sobre la economía real. Sólo los monopolios salieron airosos.

Durante los próximos tres años no podrá recuperarse la economía. Lo que resta del sexenio de Felipe Calderón estará tocado por la impronta de una política irresponsable. Las cuentas que al final entregará el actual gobierno panista harán caer todas las palabras que dijo en el 2006 y todas las que ha dicho a partir de entonces. El discurso oficial marcha por un lado que tiene muy poco vínculo con la realidad.

El problema es aún mayor debido a que México ha vivido 20 años de estancamiento económico, cuyo crecimiento promedio ha rondado el uno por ciento del PIB, el mismo que el crecimiento de la población. Son dos décadas –de los gobiernos priistas a los panistas—en que el poder político se ha dedicado a defender la estructura monopólica, es decir, a las grandes corporaciones económicas, pero ha dañado a la economía en general, a la de muchos millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales viven de su propio trabajo. En los últimos 15 años, desde la crisis financiera de 1994-95, el mayor esfuerzo gubernamental ha sido impedir los quebrantos de los consorcios, salvar al capital monopolista a toda costa y a un alto precio para el pueblo. Y, para hacer política, se destinó irresponsablemente el excedente petrolero, el cual, ahora, sigue bajando como la espuma.

México es hoy peor que antes. Las expectativas de los jóvenes son menores. Tenemos al 70 por ciento de la juventud fuera de la escuela y fuera del trabajo estable. Los salarios profesionales y contractuales han caído casi al ritmo que el salario mínimo. El mercado interno sólo crece del lado de las empresas monopólicas mientras que en el resto de la economía todo es retroceso.

2009 fue el annus horribilis pero los siguientes no serán mejores. No existe una política económica que genere el impulso necesario para superar dos décadas de contención, de falta de rumbo, de dejar que las cosas sigan como vienen. Se trata, entonces, de un problema del poder. La sociedad demanda otras respuestas, el Estado vive de espaldas a este reclamo. En el gobierno y en el Congreso no se explica nada, sólo se dice que hay que esperar mejores momentos, como si éstos fueran a llegar por envío.

No habrá progreso en México mientras no sea derribado el poder actual. Bajo la oligarquía, seguiremos teniendo una modernización superficial y en gran medida aparente. Nichos de productividad en medio de la desolación improductiva. Fuerte mercado de lo novedoso para una minoría y escasez de lo indispensable para la inmensa mayoría del pueblo. El esquema de la oligarquía financiera no es la ampliación del mercado interno porque aquélla no produce maíz ni vestido. La estructura monopolista achica al país, lo hace desaprovechar su dimensión demográfica porque ésta no se expresa en mayor capacidad de producir y consumir lo producido.

El patrón mexicano de distribución del ingreso es uno de los peores del mundo. El sistema económico opera para la minoría mientras aumentan los contrastes entre la opulencia y la pobreza. Hoy, tenemos más pobres que antes pero los grandes ricos son ahora mucho más ricos.

¡Qué horrible balance!

Discriminación

noreply@blogger.com (Pablo) — Wed, 23 Dec 2009 16:49:00 +0000

La Constitución prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias. Esto abarca a las preferencias sexuales y sus consecuencias civiles. Pero dice Norberto Rivera Carrera que no puede estar ninguna ley humana por encima de un orden instituido por Dios desde la creación del mundo, es decir, el matrimonio sólo entre personas de sexos diferentes.

Al margen de que todos sabemos, incluido el clero, que el matrimonio no surgió con la humanidad, sino aquél de ésta, el gran problema que seguimos teniendo es que muchos obispos no admiten la existencia del Estado laico, no admiten que las leyes se dicten con independencia de las creencias religiosas y mucho menos aceptan la democracia política.

Es obligación de las autoridades garantizar el derecho de cualquier persona y asociación para profesar su religión, pero es también obligación de todo mexicano admitir el predominio de la Constitución aunque no se esté de acuerdo con ella. Decir que las leyes humanas no pueden contradecir las creencias religiosas es pretender que tales leyes se subordinen al clero y, por tanto, es tratar de imponer otras leyes, las divinas, con lo que se rompería con la libertad religiosa, ya que se negaría, así, el derecho a no plegarse a los mandamientos eclesiales, el cual forma parte de aquella libertad.

El matrimonio es expresión de la capacidad de las personas para convenir entre ellas. Es, además, un acto lícito. Por tanto, el Estado está obligado a atestiguar el pacto matrimonial sin discriminación alguna y a otorgarle plenos efectos jurídicos.

En realidad, la cuestión no tiene que ver con las ideas de los obispos sino con la actitud de muchos de ellos de querer imponer sus dictados a los demás. La iglesia no está obligada a reconocer el derecho de dos personas del mismo sexo a unirse bajo el estado civil, como tampoco admite otros derechos, tales como el divorcio, el aborto, la procreación fuera del matrimonio, el profesar cualquier otra religión o no profesar ninguna y hasta el uso del condón. El atraso del clero en materia de reconocimiento de derechos y de no discriminación es cosa suya y nunca del Estado. Pero, al mismo tiempo, las leyes humanas suelen hacerse sin el consentimiento del arzobispo, de lo cual ya era hora que éste se diera cuenta.

Ahora bien, este problema tiene que ver con la democracia. El principio de la mayoría no tiene vínculo alguno con el alto clero católico. Éste es monárquico. Para los obispos, la mayoría no dicta la norma sino sólo ellos, especialmente el sumo pontífice, es decir, el monarca. De aquí el desprecio del Episcopado a las decisiones mayoritarias. La falta de compromiso de la Iglesia Católica –el alto clero-- con la democracia es la fuente de constantes diferendos, no sólo con la sociedad política sino también con la sociedad civil e, incluso, dentro de la iglesia misma.

Luego, el arzobispo pide una declaración de inconstitucionalidad de las recientes reformas al Código Civil de la Ciudad de México, pero no repara en el carácter anticonstitucional de su propia pretensión al querer subordinar al Estado desde la iglesia. No existe un pacto entre los obispos y el Estado, pues el respeto que éste les otorga no tiene una contraparte del lado del alto clero. Vivimos, así, una relación malsana. De un lado, el pragmatismo del Episcopado le lleva a querer que la Constitución se interprete a su gusto. Del otro, está vigente el compromiso constitucional de la libertad religiosa.

En este debate, hay que hacer abstracción del artículo 130 de la Carta Magna en lo que toca a la prohibición a los sacerdotes de oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reunión y en actos de culto o de propaganda religiosa. Este precepto es un abuso pues los ministros de culto deberían tener las mismas libertades que los demás ciudadanos. Si el arzobispo amenaza con la ex comunión, que no se le amenace a él con una multa, la cual sería más onerosa.

¿Qué propone Calderón?

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 17 Dec 2009 16:05:00 +0000

Después de tres años de gobierno y de haber perdido la elección intermedia del sexenio, Felipe Calderón ha presentado su propuesta de reforma del sistema político de la Constitución. De los diez puntos, sólo dos significarían cambios trascendentes en el subsistema de partidos: las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección de presidente de la República.

El primero de ellos --las candidaturas independientes-- se encuentra en el programa del PRD pero no en el del PAN, como tampoco en el del PRI. Éste sería un cambio positivo de mucho fondo pues le arrancaría a los partidos el actual monopolio que ostentan y pondría en cuestión el carácter de franquicias que tienen todos ellos.

El segundo --la doble vuelta-- es una forma de bregar a favor de un sistema bipartidista y, en consecuencia, de combatir el pluralismo político, aunque sea en forma tendencial. Sería, por tanto, una manera de obligar a una parte del electorado a votar por alguno de sus adversarios políticos en la segunda vuelta que, en México, probablemente se llevaría a cabo en cada ocasión, como ocurre con la mayor frecuencia en los países que tienen ese sistema. Pero además, hay un plan con maña que no existe en ninguna parte: la segunda vuelta se realizaría en la misma fecha que la elección de legisladores con el evidente propósito de que los dos candidatos finalistas se lleven casi todos los votos y dejen fuera de las cámaras a los demás. Esta genialidad es un monstruo político antidemocrático, es la inducción del voto para elegir Congreso a través de la Constitución misma, la que dice reconocer el pluralismo político de la sociedad.

La reelección de legisladores y ayuntamientos es una tímida forma de abordar el asunto. ¿Por qué sólo de ésos? No se responde. En verdad, no existe ningún argumento sólido en contra de la reelección inmediata –ya existe en forma intermitente para tales cargos—como no sea la realidad política de México, es decir, el carácter más o menos autoritario de los partidos y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de la gente no la quiere. Quizá la obligación de los partidos de hacer elecciones primarias directas–como en Argentina—podría ser una solución al tema de la reelección, pero esto último no se encuentra en la propuesta.

La disminución del número de diputados implicaría el agrandamiento de los distritos electorales –de 300 a 240—con lo cual sólo se alejaría a los diputados de sus ya lejanos electores. En cuanto al Senado, la eliminación de la lista nacional sólo traería como consecuencia que más electores dejen de hacerse representar en ese órgano del Congreso.

A partir de aquí todo tiende a ser peor. El referéndum al estilo de Pinochet, para votar exclusivamente iniciativas de reforma constitucional del presidente de la República, sería un acto dictatorial en plena forma. Además, la capacidad del Ejecutivo de legislar cuando el Congreso no vote sus iniciativas sería una antinomia dentro de la Constitución, la cual prohíbe que el poder Legislativo se deposite en una sola persona.

En cuanto al llamado veto parcial, se trata de una facultad mayor del Ejecutivo y una disminución de la fuerza del Congreso, mientras que la reconducción presupuestal es de corte eminentemente conservadora: dejar las cosas como estaban el año anterior.

El aumento del dos al cuatro por ciento para que un partido mantenga su registro es parte de la tendencia hacia la reducción del pluralismo político. El derecho de iniciativa de la Suprema Corte es absurdo cuando ésta es ya un tribunal constitucional.

Finalmente, en cuanto a la iniciativa ciudadana, ésa es una buena propuesta perredista, pero lo más destacado es que no se propone el referéndum como instrumento del pueblo para derogar disposiciones de carácter general ni se admite la revocación del mandato, ambas, también, propuestas del PRD.

En síntesis, en México no hay derecha democrática.

La crisis

noreply@blogger.com (Pablo) — Sat, 12 Dec 2009 04:40:00 +0000

Ponencia del senador Pablo Gómez (PRD) en el Seminario “Evaluación de las medidas implementadas por México y la Unión Europea ante la crisis económica mundial”. Cd. de México, 11 de diciembre de 2009

En México, al final del año de 2009, la economía habrá disminuido al menos un siete por ciento respecto del 2008. Han sido destruidos en ese lapso más de 400 mil empleos formales en un país en el que cada año se agregan más de un millón de personas a la población económicamente activa. Estamos en el peor desempeño de la economía desde 1932.

La pobreza en general y la pobreza extrema en particular se incrementan en México como consecuencia de los muchos años de estancamiento económico, el pésimo patrón de distribución del ingreso y la crisis económica que hoy afecta al país. El pasado ha desembocado en un presente del que no es ajeno. La crisis actual se produjo fuera de México, pero el país no respondió al reto y admitió que su estancamiento se convirtiera en franca regresión socio-económica.

Un hecho que llama la atención es que México sea el país más perjudicado por la presente crisis mundial en lo que toca al comportamiento del Producto Interno Bruto y uno de los más afectados en lo referente al empleo.

Una característica peculiar de la situación mexicana en el actual periodo de crisis es que el gobierno no agregó nada a la inversión productiva respecto del nivel precedente. Esta situación resulta políticamente desastrosa y económicamente muy perjudicial. Sin embargo, así ha ocurrido.

El elemento al que se le atribuyó la respuesta gubernamental frente a la crisis en materia de promoción de inversiones productivas directas fue la disminución de la producción petrolera mexicana y, consecuentemente, la pérdida de plataforma de exportación de crudo. Los ingresos fiscales de México se vieron reducidos y no se dio ninguna respuesta positiva inmediata frente a este fenómeno que ya se había advertido desde tiempo atrás, es decir, no fue un acontecimiento inesperado.

Al final, para 2010, el gobierno y la mayoría del Congreso han decidido incrementar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, lo cual ejercerá una nueva presión sobre el consumo y el ahorro internos, además de que agregará más de un punto porcentual al índice de inflación.

El equilibrio de las finanzas públicas se ha puesto por encima de la responsabilidad del Estado para generar una respuesta a la recesión mediante la movilización de recursos hacia la inversión productiva. Esta situación generará una débil recuperación económica una vez que Estados Unidos reanude los volúmenes de importación de productos mexicanos, lo que se espera ocurra a lo largo de todo el año de 2010 y ya muy entrado el 2011.

Así, ante una recesión pronunciada –la mayor en 77 años--, el pronóstico más optimista se ubica en retomar el estancamiento, de tal manera que se necesitarán tres o cuatro años, al menos, para contar con un valor del PIB nominal igual al del 2008.

Es evidente, por tanto, que en México no se adoptó ninguna de las medidas que eran necesarias para encarar la crisis y ni siquiera el gobierno logró advertir a tiempo la catástrofe que amenazaba al país.

Los sectores menos afectados por la recesión en México han sido, como era de esperarse, aquellos fuertemente dominados por la estructura monopólica de la economía nacional. Pero todas las pequeñas y medianas empresas han sido tocadas por la recesión. Como resultado esperado, el sistema monopolista se fortalecerá con lo que los mayores generadores de empleo –las medianas y pequeñas empresas—seguirán afrontando graves dificultades.

Sin embargo, podría decirse sin exageración que en México no se aprendió nada de la crisis en curso y que la visión dominante consiste en esperar a que Estados Unidos retome el crecimiento de su economía como único medio para alcanzar los niveles de expansión anteriores a la crisis, no obstante que éstos han configurado en realidad un fenómeno de estancamiento de la economía. Para poder ilustrar esta afirmación es necesario tomar en cuenta que en México un crecimiento anual del PIB cercano al tres por ciento equivale a un estancamiento si atendemos el incremento de la población, en tasa mayor al uno por ciento anual, y el millón 300 mil personas que se suma anualmente a la población económicamente activa.

Los grandes volúmenes de inversión productiva proceden del sector monopolista y del extranjero. El Estado mantiene sus niveles de inversión sin impulsar ningún cambio apreciable. Bajo estas condiciones, es evidente que el empleo no repuntará con lo que el mercado interno se mantendrá en la estrechez que le caracteriza.

Ahora bien, quiero abordar el tema de la crisis internacional. Es muy importante definir el origen de la misma, pues de esto podría depender la respuesta y la oportunidad de impedir a tiempo que se genere el llamado efecto W, es decir, la repetición de los mismos fenómenos que condujeron a la crisis; la repetición de la crisis.

No estamos frente a una crisis financiera como tal. En los últimos 20 años hemos vivido un proceso de acumulación de capital muy fuerte cuyos excedentes no han tenido plena ocupación en los mismos sectores más rentables de la economía mundial donde se ha producido dicho proceso. Es justamente el uso de ese excedente el que generó el colapso financiero, pero la causa no es tal uso sino la generación del mismo aunado a la reducción relativa del ritmo de crecimiento de tales sectores más rentables.

Es posible atribuir a los intermediarios financieros una responsabilidad en la crisis, pero ellos no generaron los excedentes de capital sino sólo los usaron de la manera en que siempre reaccionan, es decir, buscando acomodo al capital dinero. El problema no se encuentra principalmente en el sector financiero sino en la forma en que se generan y, sobre todo, se usan las súper ganancias. El patrón de acumulación de capital es el que se encuentra en crisis, pues las ganancias extraordinarias no alcanzan a tener un uso productivo en el resto de las ramas de la economía, las cuales no crecen a la misma velocidad.

Así, el problema no consiste sólo en controlar la conducta de los intermediarios financieros sino en determinar, al menos en parte, el uso de los grandes volúmenes de la acumulación de capital en las ramas más rentables, las cuales son, en su mayoría, las que generan las nuevas tecnologías y los nuevos inventos.

En ocasión de la anterior reunión de esta Comisión Parlamentaria Mixta sugerí que los países desarrollados, donde se encuentran principalmente las empresas de las ramas más rentables del capital, controlaran parte de los excedentes de tales empresas mediante la política fiscal, es decir, mediante impuestos que graven la tasa de ganancia y no sólo su masa. Esta reforma no detendría el proceso de los nuevos inventos ni presionaría demasiado a las empresas que generan las súper ganancias debido a que éstas son en la actualidad demasiado elevadas y a que las nuevas disposiciones fiscales no harían sino nivelar un poco las ganancias netas entre las diversas ramas de la producción.

El sistema no puede de manera espontánea hacer este ajuste. Sólo el Estado puede. Tampoco un Estado aislado de los demás, sino todos los Estados, como un acto de gobierno mundial.

El otro problema actual es la conversión de una parte del salario en ahorro. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos 30 años. Una parte del capital invertido en salarios ya no se lanza al mercado para cambiarse por medios de vida sino que se transforma en capital-dinero, el cual debe encontrar un acomodo, a través de la intermediación financiera, en la producción. Pero el ritmo de crecimiento de ésta –la producción—no se corresponde con el ritmo de acumulación de aquella parte del salario que se convierte en capital-dinero, lo cual genera un excedente de capital que no puede invertirse en la producción misma sino en otros campos, entre ellos la deuda pública.

En realidad, el salario no es bajo el capitalismo una dimensión de valor que deba convertirse en capital, pero como tal cosa ha ocurrido debido a factores ajenos al sistema económico capitalista y que se ubican en las reivindicaciones de los trabajadores y en otros fenómenos de carácter político, tenemos un agregado al proceso de acumulación de capital que en realidad procede de algo que está fuera del proceso en sí mismo.

La libre utilización del ahorro de los trabajadores y la creciente intervención de los intermediarios financieros ha generado una presión muy grande sobre el uso del capital. La solución de este problema no puede darse dentro del mismo sistema financiero sino sólo a través de la conversión del ahorro de los trabajadores en una parte del capital agregado total como un instrumento del Estado para financiar proyectos de carácter social y, especialmente, de infraestructura productiva. Algunos países están volviendo a los fondos solidarios de pensiones, bajo control del Estado, mientras otros se mantienen en la actitud de sostenerlos como forma de financiamiento de la economía privada. A su vez, Estados Unidos está tratando de limitar la participación de los intermediarios, en este caso de las compañías aseguradoras, en el manejo de fondos destinados a la salud.

Se requiere, en síntesis, un plan general para canalizar el ahorro de los trabajadores hacia otros usos diferentes a los canales tradicionales de intermediación financiera, eliminando así la presión que representa dicho ahorro dentro de las disponibilidades de capital en la economía.

Carstens, reprobado

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 10 Dec 2009 00:34:00 +0000

Carstens, reprobado
Pablo Gómez

Agustín Carstens está reprobado. Su calificación proviene de haber hecho caso a Calderón en todo, aunque, ciertamente, él es también artífice de todo. El ex secretario de Hacienda dijo que México sufriría un catarro cuando el mundo iba a tener tremenda gripe o pulmonía. En realidad, nuestro país sufrió más que el resto del planeta: somos el primer lugar en recesión económica en 2009. Esto ya sería suficiente motivo para impedir que Carstens ocupara la dirección del Banco de México. ¿Qué confianza puede tener el Senado para confirmar a una persona que se equivoca tan groseramente en un tema tan importante para su país?

Pero la reprobación más importante es la que se desprende de la consecuencia del error de cálculo sobre la crisis: el gobierno mexicano no puso en marcha ningún programa o plan para esquivar la crisis económica del 2009 –iniciada en 2008--, sino que navegó con la idea de que las crisis se superan solas, la cual es cierta, pero se soslayó que el mayor problema no es la crisis misma sino la fuerza y naturaleza de ésta y, por tanto, la manera de hacerle frente. Aquí la reprobación es de cero de calificación.

Existe al mismo tiempo un problema de constitucionalidad. El Banco de México es autónomo según reza de ley fundamental. Un destripado del gabinete de Calderón –Carstens—no debería asumir la dirección del banco pues representa al gobierno, ha sido parte de éste durante tres años, es autor de la política hacendaria. Se trata, en efecto, del ministro de Finanzas del gobierno que ahora es postulado para director del banco central, teóricamente autónomo. ¡Qué expliquen este contrasentido, por favor!

Es verdad que Zedillo hizo eso mismo con Ortiz --ante la protesta del PAN, entre otros-- pero eso no justifica que lo haga Calderón. Este último decidió remover a Carstens y le busca un premio de consolación, un puesto que sustituya el que hasta hace unos días tenía en el gabinete. ¿Es esto admisible? Si lo es, ¿bajo qué punto de vista?

Ya sabemos que muchos comentaristas dirán que Carstens es la gran cosa, un economista destacadísimo. Pero ese señor no es un economista, es un financista, que no es lo mismo, y el Banco de México no es una institución privada; bueno, eso se piensa.

Mas Calderón, quien vive de espaldas al país, postula a Carstens sin el menor rubor. Él debe pensar que el Banco de México, como el Inegi, está hecho para recibir a los destripados de su gobierno. Pero existe otro punto de vista. Tanto el banco como el Inegi son organismos de Estado que no deben recibir a los militantes del gobierno, subordinados del presidente en turno, sino a personas que por su trayectoria hayan prestado servicios al Estado sin militar en el gabinete legal que se encuentra en funciones. Carstens ha llegado al límite del cinismo: ha dicho que él irá a donde lo mande su jefe, Calderón, y que está bajo las órdenes del mismo. ¿Y la cacareada autonomía del Banco de México, tan exigida y luego proclamada por el mismísimo FMI?

Carstens fue el negociador de la reciente reforma fiscal, es decir, un aumento de impuestos en plena recesión, y sostuvo que esa era la línea correcta que el mundo entero iba a seguir en lo sucesivo. Superó al FMI, donde militó durante años. Y éste es otro problema de la postulación de Carstens: él es también un hombre del FMI. Una quintacolumna amenaza al banco central mexicano, se llama Carstens.

Por último, una pregunta pertinente: los críticos o sedicentes críticos de la política económica del actual gobierno, ¿tendrán algún argumento para votar a favor de Carstens o los motivos verdaderos no se pueden confesar?

No te rajes Juanito

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 04 Dec 2009 03:43:00 +0000

El título de este artículo es el lema de toda la derecha antidemocrática y del periodismo afín. Desde hace meses, se ha insistido en caricaturizar la maniobra electoral en Iztapalapa y a sus protagonistas. Pero el valor del sufragio no ha aparecido todavía en el razonamiento de esa derecha que se llena la boca con la palabra democracia pero que la combate en la práctica cada vez que puede. El PAN ha llegado a condicionar su voto a favor de la remoción de Rafael Acosta a que Clara Brugada quede fuera.

Iztapalapa es una expresión de la caducidad de las instituciones mexicanas. Del monopolio de los partidos en la postulación de candidatos. De la bancarrota del tribunal electoral que nombra candidatos. De los poderes constitucionales que declaran que nada tienen que ver en el asunto. De la mayor parte de la prensa que se dedica a echar relajo con el asunto.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (nombre largo para tan cortas luces) hizo el cómputo de una elección interna de un partido y declaró a una candidata ganadora cuando ya no podía haber cambios en los registros ni se podían imprimir nuevas boletas, todo lo cual ubicó a los magistrados en el plano de la prevaricación. Se creó entonces un problema político singular: el PRD se presentaba con una candidata que no era la suya propia y cuyo nombre no aparecía en la boleta junto al logotipo de su partido; en la boleta, la candidata era Clara Brugada. El PT se presentaba con un candidato que no lo era en realidad, sino que prestaba su registro para que la gente pudiera votar por Clara Brugada, despojada de la candidatura del PRD. Los electores que votaron por el PRD y Clara Brugada, votaban en realidad por Silva Oliva; los electores que votaban con Rafael Acosta y el PT votaban en realidad por Clara Brugada, quien al final recibió mayor cantidad de votos y no hubo impugnaciones.

Ahora, nuestros ilustres derechistas, con partido declarado o con partido sin declarar, dicen que el problema fue creado por López Obrador y algunos se atreven a retarlo a que lo arregle. No, no es amnesia lo que padecen sino interés político. Quien creó el problema fue el tribunal, punto. Sin embargo, el insigne periodismo mexicano ya olvidó hasta el nombre del colegiado de magistrados que opera en la sombra y designa candidatos, no sólo del PRD, por cierto.

No te rajes Juanito es la voz que se esparce, pero el tal Juanito ya se rajó. Ha incumplido su solemne compromiso de no asumir el cargo, jurado ante miles de personas y cámaras de televisión varios días antes de la elección. Cuando se hizo el pacto con el PT y Rafael Acosta, yo mismo le pregunté a éste en conferencia de prensa si estaba dispuesto a cumplir con su compromiso y afirmó que sí, que sin duda. Sin embargo, al margen de gandalleces en un país de políticos gandallas, la cuestión sigue siendo la misma: el sufragio.

Una mayoría votó por Clara Brugada, luchadora social de toda su vida, especialista en el tema de desarrollo social y lucha contra la pobreza, destacada profesionista, dos veces diputada federal, coautora de la ley de desarrollo social, actual senadora suplente por el Distrito Federal, entre otras muchas distinciones. ¿Es aceptable que el voto mayoritario sea desconocido a la voz de no te rajes Juanito? ¿Se puede estar de acuerdo con ese acto de gandallez, alentado por gandallas dentro de la más pura tradición política mexicana? Ah, la ley, se dice. ¿Y el voto? ¿Y la gente que votó? ¿Y la mayoría? Vamos, estos no son temas para esa derecha antidemocrática que toma del viejo régimen los textos sagrados no escritos de la gandallez política, de la burla al electorado.

Frente al intento de fraude, ahora de quinto piso, debe reivindicarse el hecho evidente de que el pueblo de Iztapalapa votó y Clara Brugada ganó.

La propuesta política de AMLO

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 27 Nov 2009 01:09:00 +0000

Ante más de cien mil personas, López Obrador ha lanzado una propuesta política. El hecho es significativo por dos motivos. Primero, porque no lo había hecho desde el movimiento postelectoral del 2006. Segundo, porque aborda los principales aspectos de la crítica situación del país.

Los diez puntos de Andrés Manuel son en verdad una propuesta política, es decir, un planteamiento de acción, una convocatoria de unidad de fuerzas, una forma de abordar la crisis de México y un método para resaltar los problemas más importantes de la nación en la búsqueda de soluciones auténticas y viables.

El primer punto se refiere al Estado democrático y social de derecho, aspecto central del programa del PRD y elemento sin el cual es imposible emprender la lucha a favor del desarrollo, en contra de la pobreza y el atraso, y en pos de un Estado de perfil contemporáneo. Se trata, en efecto, de un planteamiento que busca superar la naturaleza oligárquica del poder actual, la cual se encuentra en el centro de la situación de México pues condiciona casi todos los temas nacionales.

Sin la democratización de los medios de comunicación no podrán darse pasos en sentido verdaderamente democrático. El duopolio de la televisión y el oligopolio de la radiodifusión no pueden ser el marco de ninguna democracia por más que tal cosa se niegue una y otra vez. Este es el segundo punto.

Una nueva economía es lo que el país requiere pues las trabas del desarrollo son de carácter estructural. La falta de crecimiento y el pésimo patrón de distribución del ingreso son ya males endémicos que han lastrado a México entero. No hay problema concreto que no tenga referencia directa con el estancamiento –ahora hemos tenido recesión—y con la estrechez del mercado interno. Este es el tercer punto.

Un programa antimonopólico es ya indispensable para promover el desarrollo nacional, pues México es el país de América Latina con mayor estructura monopólica, la cual impide el crecimiento. Tal es el cuarto punto relacionado con el quinto: abolición de los privilegios fiscales. Es ésa la reforma hacendaria que requiere el país, para dejar de dar vueltas anuales a un problema que en realidad no han querido resolver los sucesivos gobiernos ni los sucesivos congresos.

Un Estado que no derroche y que rompa con el patrimonialismo de los jefes políticos y administrativos es algo más que urgente. La austeridad no es sólo un asunto ético sino que el gasto innecesario y abusivo es ya un inmenso desagüe presupuestal que no puede la República seguir admitiendo. Este es el sexto punto.

El tema de la energía es cada vez más acuciante. El país va hacia atrás y no tiene ni la gasolina que consume. Los energéticos son estratégicos para todos los países y México tiene recursos. Lo que no tiene es gobierno. Aunque el problema carece de la gran complejidad que se observa en otras naciones, casi nada se hace aquí para resolverlo. Este es el séptimo.

El octavo punto es la producción de alimentos. ¿Hasta dónde puede llegar México sin suficientes productos agropecuarios propios? No se trata sólo de un asunto de soberanía alimentaria sino de la crisis social del campo mexicano.

El noveno punto está ligado al primero: el Estado de bienestar, es decir, el Estado social, cada vez más necesario ante la quiebra del Estado neoliberal que sólo ha llevado al mundo a mayores injusticias y desigualdades. La pobreza en México sigue creciendo por lo que no sólo se requiere una política social nueva sino un Estado diferente.

El punto diez es el planteamiento ideológico propiamente dicho: promover una nueva cultura basada en el trabajo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Una cultura que contrarreste la idolatría del poder del dinero y el lucro, que promueva una nueva moral.

Esta es una propuesta política. ¿Dónde están otras?

Mayoría parlamentaria para la rebatinga

noreply@blogger.com (Pablo) — Wed, 18 Nov 2009 20:06:00 +0000

En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón --de por sí carente de rumbo-- para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.

La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.

La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.

El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a alagunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.

El primer año en que el PRI --con el PVEM-- es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?

El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.

Nadie habla bien del PRD

noreply@blogger.com (Pablo) — Sun, 15 Nov 2009 22:35:00 +0000

El Partido de la Revolución Democrática vive un momento demasiado peculiar de su existencia: nadie habla bien del PRD. Se habla, en cambio, de su reforma o refundación. Cualquiera que sea el término que se le quiera otorgar, el partido requiere de una profunda transformación política.

El PRD es un partido de masas al cual se adscriben millones de mexicanos y mexicanas, quienes han realizado un extraordinario esfuerzo por construir una fuerza política que les represente plenamente y en la cual se pueda confiar en la lucha por transformaciones de carácter político y social. Sin embargo, su decaimiento es producto de sus propios errores y no de la acción de sus adversarios. Lo anterior implica que la solución de la crisis del PRD depende de su propia capacidad de cambio.

El problema principal de un partido suele ser el de su dirección. Más aún cuando el programa no ha sido denunciado como falso ni sus normas han resultado antidemocráticas. La dirección del partido no ha sabido conducirlo desde hace ya varios años. Así, el conflicto interno se ha convertido en una de las principales actividades cotidianas del partido, lo que demuestra que no existen bases de unidad suficientes, es decir, prevalece un problema de dirección.

A este respecto, es preciso proclamar que se requiere superar dos fenómenos recientes: la riña por la dirección del partido en la última elección nacional interna y la división política en los recientes comicios federales. Uno y otro se encuentran fuertemente relacionados y tienen en su centro ese problema de dirección, es decir, de falta de acuerdos políticos suficientes, lo cual define al partido en el momento presente. Actuar al margen de esta situación podría llevar a cometer un error de muy graves consecuencias, pues la unidad formal del partido carece de significación y sentido práctico, terrenos sobre los cuales actúan por lo general los partidos.

Una refundación declarada pero no realizada sería algo peor de lo que ahora tenemos. Refundar, en este momento, implica un gran acuerdo de línea y comportamiento nuevos por parte de los principales dirigentes del PRD. También implica reintegrar al partido a quienes se han ido con formalidad o sin ella. En realidad, una manera de realizar la crítica a la dirección de un partido es mediante los pies, es decir, ir a otra parte, dejar de votar, dejar de actuar, votar por otros, promover el desánimo y la frustración. Todo esto está presente.

El verdadero espíritu de unidad en un partido se finca en objetivos comunes y en métodos efectivos y respetados.

Hoy, se hacen necesarios varios cambios:
1. La elaboración de una propuesta política del Partido de la Revolución Democrática que defina con claridad los objetivos del momento que vive el país, caracterizado por ofensivas de derecha en materia económica y social, por pactos cada vez más derechistas entre el PAN y el PRI, por esfuerzos por desarticular a las organizaciones políticas y sociales de izquierda, por ofensivas apoyadas por la mayoría de los medios de información en contra de toda lucha democrática y popular. El carácter opositor del PRD no debe estar en duda, al mismo tiempo que tampoco debe titubearse en cuanto la presentación de propuestas concretas. La lucha política del PRD debe llevarse a cabo en todos los terrenos sin dejar el camino abierto a sus adversarios, por lo que es indispensable combinar adecuadamente la lucha parlamentaria y las acciones de masas sin temores a la recriminación sistemática que realizan los medios y el gobierno. La propuesta política del PRD debe dirigirse al pueblo trabajador de nuestro país y a las organizaciones y fuerzas democráticas y populares. El PRD debe definir con toda precisión su política de alianzas, sin improvisaciones ni caprichos. No es aceptable la alianza electoral con los adversarios, aunque no debe descartarse algún tipo de convergencia política sin que ésta implique una alianza, como pudieran ser candidaturas comunes alrededor de personas que no sean miembros del PAN o del PRI y manifiesten un claro compromiso con la izquierda.

2. La realización de un nuevo acuerdo para conducir las relaciones internas en el partido, dentro de las normas estatutarias que el PRD se dé a sí mismo y en el marco de una nueva forma de dirimir las diferencias. Este acuerdo debe partir de la buena fe, pero también de la vigilancia estrecha de todos para su cabal cumplimiento. Ninguna organización, institución, gobierno o persona ajena al PRD debe poder intervenir en su vida interna ni alterar de cualquier forma la misma. Nadie debe ser obligado a afiliarse. Es preciso que se defina con certeza la membrecía del partido y lograr que todos los órganos de dirección se encuentren ligados a la base y dependan de ésta en la toma de las decisiones trascendentales. El PRD depende, en tanto opción política, de una vida interna democrática sin la cual no podrá justificar su existencia. Es, por tanto, indispensable definir con claridad quiénes somos, dónde estamos, qué se puede y qué no se puede hacer dentro del partido, y –lo más importante—garantizar el cumplimiento de normas y compromisos militantes.

Nadie defiende los privilegios

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 13 Nov 2009 04:19:00 +0000

Haría falta que nos preguntáramos por qué nadie defiende los nuevos privilegios fiscales. En la discusión (es un decir) en el Senado, ningún legislador quiso subir a tribuna a explicar por qué era necesario exentar del pago de derechos por dos años a los futuros concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones, las más rápidas y potencialmente rentables del espectro radioeléctrico. La mayoría votó sin explicación alguna. Ni siquiera se justificaron quienes cambiaron su voto, es decir, quienes en la primera revisión del proyecto habían votado en contra y después, en la segunda, lo hicieron a favor. Se ofendieron, sí, cuando se les llamó rajones. No hubo discusión, pues.

En el país de los privilegios fiscales nadie quiere defenderlos, pero siguen ahí. Aún más, se crean nuevos.

Ha sido en verdad doloroso ver senadores que ante el ofrecimiento de salir en la televisión votaron a favor de la nueva concesión fiscal o se ausentaron del salón de sesiones. De seguro que no les cumplirán las promesas ni les van a respetar como personas y políticos, pues han sido vencidos por el temor, más fuerte por lo visto que la convicción y el cumplimiento del deber.

México va para atrás. Antes, sólo el presidente de la República podía doblegar a los legisladores. Ahora lo hace quien tiene poder mediático. Un senador, el cual por cierto mantuvo su voto en contra hasta el final, me dijo que era imposible sacar un decreto en contra de los poderes fácticos en un plazo mayor de tres días. Otro legislador lo contradijo: ¡más de un día! Es que fue tan burda la presión ejercida sobre los senadores que algunos periodistas lo han comentado, aunque por desgracia no en todos los medios. Otro político me dijo que ante circunstancias tan especiales tienes tres puertas enfrente: una donde se encuentra una persona con una metralleta, otra donde está un montón de dinero y la tercera donde hay un televisor; alguna de las tres amenazas-promesas tiene que funcionar.

No se trata sólo ni principalmente de los cinco mil millones concedidos a los más ricos del país. Es la concesión de algo que se llama soberanía, a cambio de la promesa de ser promovido en la televisión. Dicho al revés: el que se mueve no sale en la tele. ¿Cómo se puede aspirar a gobernar una ciudad, un estado, si ante la amenaza-promesa se cede a una pretensión tan ilegítima que lesiona al país? ¿De verdad es aceptable la idea de que el éxito de una precandidatura o una candidatura dependa de la decisión personal del dueño de una cadena nacional de televisión? El PRI no nos ha explicado porqué votó a favor de esta exención fiscal; tampoco lo ha dicho la mayoría de los senadores del PAN ni los legisladores de Convergencia, mucho menos los del Verde. Pero tampoco han dado explicaciones aquellos pocos senadores del PRD y del PT que se ausentaron de la sala de sesiones al momento de la votación.

Un Estado así debería ser declarado en estado de ruina o de emergencia para ser reconstruido. Pero nadie hace la menor declaración ni expone algún argumento. Todo es silencio. Todo es simulación. Todo es un asco.

2aclaraciones2

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 13 Nov 2009 03:04:00 +0000

Dos de los últimos lances del Senado han generado ciertas confusiones y han dado lugar a algunos chismes. Todo lo cual requiere de algunas someras aclaraciones por si acaso algunos creen todo lo que leen o lo que les cuentan.

El nombramiento de Raúl Plascencia como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de la exclusiva responsabilidad del PRI y el PAN –como casi todo--, aunque algunas malas plumas han querido endosárselo al PRD con torcidos argumentos y uno que otro chisme de pésima factura. Como se sabe, tal nombramiento debe ser producto de las dos terceras partes de los senadores presentes. El método fue de tres vueltas de votación como se estila en los parlamentos. En la primera vuelta, Plascencia obtuvo un voto menos de los necesarios para ser elegido. La izquierda había votado por Álvarez Icaza, con solo 32 votos. El PRI había votado por Plascencia aunque Raúl González había obtenido seis votos de priistas, digamos que disidentes. En la segunda vuelta dejó de votar un priista con el propósito de garantizar el nombramiento de Plascencia aún cuando los demás votos no variaran. Además, cuatro priistas cambiaron su voto a favor de Plascencia.

Ahora bien, se dice que Raúl González no fue nombrado porque el PRD y otros se amacharon con Álvarez Icaza y que de no ser por esa circunstancia aquél hubiera resultado elegido en lugar de Plascencia. No, no es retraso mental sino enemistad con la más elemental aritmética o de plano mala leche. ¿Cómo hacer que alguien con seis votos pudiera lograr las dos terceras partes de 113 votantes, es decir 76? Bien, hubiéramos juntado los 32 de la izquierda con unos 30 del PRI, si los priistas hubieran estado de acuerdo, aunque no lo estaban de ninguna forma, pero aún así no hubiera sido elegido nadie diferente que Plascencia. En cambio, con un voto emitido menos, Plascencia tenía asegurado el triunfo. Así fue.

Como dicen los abogados, a mayor abundamiento, el PRD había considerado que si González obtenía votos del PRI y del PAN habría que virar el voto en la tercera vuelta a favor del abogado de la UNAM, quien resultaba mejor que Plascencia. El chisme de que yo “veté” a Raúl González por ser candidato de “los barones de la UNAM” es justamente eso: un chisme infame. Ni quería ni podía. Además, nunca he visto a la UNAM como un condado.

La otra aclaración viene de la aprobación de un transitorio de la Ley Federal de Derechos con el cual se exenta del pago del tributo por dos años a los próximos concesionarios de la nueva banda de telecomunicaciones, la más rápida y rentable. Sí, son unos cinco mil millones de pesos que no llegarán nunca a la Tesorería de la Federación pero que servirán para incrementar las ganancias de los concesionarios de las mejores frecuencias. Se trata de algunos de los personajes más ricos de México, pero que demandaron y consiguieron un aliciente fiscal. ¡Bah!

Se dice por los chismosos que cuando yo califique de rajones a los panistas que habían votado en contra y que, en segunda revisión en el Senado, iban a votar a favor, logré que el precepto de la exención fuera finalmente aprobado porque algunos panistas se ofendieron, les salió el pundonor de partido y retiraron su voto por la negativa. La verdad es otra. El gobierno operó sobre muchos senadores del PAN para convencerlos de que algunos grandes ricos de México necesitaban una exención de impuestos para que le hicieran el favor al país de invertir mucho dinero, en asociación con algunos extranjeros también precaristas, en beneficio del futuro de la nación. Algunos panistas se echaron para atrás, suficientes para evitar el rechazo de la exención, ya que todo el PRI estaba votando a favor de los oligarcas que de seguro ganarán las así llamadas licitaciones del espectro radioeléctrico. Pero el asunto no quedó ahí, sino que en la izquierda también hubo bajas –el que se mueve no sale en la tele, les dijeron—de tal forma que Convergencia votó a favor y unos pocos perredistas y petistas se salieron de la sesión para no votar en contra, es decir, para no votar.
2historias2.

Estado oligárquico

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 05 Nov 2009 23:32:00 +0000

El viejo sistema de presidencialismo despótico ha dejado su lugar al Estado oligárquico. Durante décadas, los presidentes cedieron a los grupos económicos toda clase de prebendas, incluidas las privatizaciones. Se puede decir que el Estado en México prohijó a casi todos los grupos de la gran burguesía y, a los demás, los apoyó siempre.

Hoy, México tiene la mayor estructura monopolista en América Latina y, consecuentemente, una enorme concentración de poder económico estrechamente ligado a grandes corporaciones extranjeras. La dominación está pasando de una gran burguesía ligada al poder a un sector monopolista cada vez más presente en el poder político, el cual, incluso, ya se representa de manera directa en los órganos del Estado.

El contenido del proyecto fiscal de Calderón nos hizo apreciar más de cerca este fenómeno. En la repartición de las nuevas cargas fiscales se castigó más a la gran masa de contribuyentes y consumidores pero cuando se pretendió cobrar una parte de los impuestos diferidos de los 430 grupos controladores de empresas, entre los cuales se cuentan a los más grandes monopolios de América Latina, el combate abarcó a casi todos los medios de comunicación y llegó a la presión personal sobre integrantes del Congreso. Calderón acudió al debate y reclamó a los monopolios una parte de las nuevas cargas, debido justamente a su falta de contribución efectiva. Ha sido, sin embargo, el PRI quien medió el diferendo y logró reducir el cobro en el año 2010 a sólo el 25 por ciento de los impuestos diferidos durante cinco años (1999-2004).

El debate sobre la exención de cobro de derechos a los próximos concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones (ya se sabe quienes van a ser aunque la licitación no se ha realizado aún) es una expresión muy concreta del fenómeno de Estado oligárquico. No son concesiones menores ni tampoco a empresarios temerosos; no existen riesgos en las nuevas inversiones sino gigantescas ganancias en ciernes (una tasa de retorno de 200 por ciento); no hay necesidad de incentivos ni de promociones especiales. Es, puramente, una cesión de soberanía y una falta de respeto a la ley.

No existen diferencias apreciables en la forma en que PAN y PRI representan los intereses oligárquicos aunque siempre se expresan divergencias según los grupos empresariales que están más cerca de uno y de otro. También se manifiesta en ambos el intento de lograr deslindes de las decisiones más antipopulares pero sólo para efectos del reparto de las cargas electorales que aquéllas pudieran traer como consecuencia.

Las cosas al respecto han llegado al extremo del ridículo con la desaparición de todo un partido en la votación sobre el incremento del IVA: el PRI se esfumó en el Senado. Así, el PRI no vota pero de esa forma hace posible la aprobación del aumento de impuestos: no se lavó las manos, se las ensució. Las cosas han llegado también al extremo cuando el PRI se suma a la cancelación del aumento del impuesto sobre la renta a los trabajadores con ingresos de menos de 10 mil pesos al mes pero admite que todos los demás paguen siete por ciento más.

Entre el presidencialismo despótico, cuyo remanente caricaturesco son los estados gobernados por el PRI, y el Estado oligárquico –producto del viejo régimen traído al presente a través de una falsa alternancia en el poder—no existe opción: ninguno de los dos sistemas políticos tiene algo de bienaventuranza. Todo esto es un desastre… hasta que todo estalle.

Todos en contra

noreply@blogger.com (Pablo) — Fri, 30 Oct 2009 01:44:00 +0000

Felipe Calderón ha conseguido lo hasta ahora considerado imposible: ha puesto a todos en su contra. Los motivos de las diferentes clases o sectores de éstas son, sin embargo, diferentes. Quienes pagan impuestos no están de acuerdo con pagar más; quienes no pagan rehúsan ahora pagar un poco por cuenta de lo que han dejado de aportar.

Es evidente que la gran burguesía monopolista, la cual no paga como lo afirma con razón el mismo Calderón (quien asumió por un instante el discurso de López Obrador, aunque sin la misma consecuencia), combate el aumento de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, aunque tampoco lo va a pagar, pero se opone sobre todo al pellizco de los impuestos retenidos (aparte de los no pagados) entre 1999 y 2004 –más de 80 mil millones en el cálculo más conservador—que Calderón les pidió entregar en cinco cómodas anualidades.

Quienes pagan los impuestos no están de acuerdo con un aumento de dos puntos porcentuales sobre sus ingresos, lo cual significaría poco más de siete por ciento de incremento a todos y, para los más bajos salarios que hoy contribuyen, representa casi 20 por ciento de aumento respecto de lo que están pagando ahora, lo cual es un atraco. (Nuestra insigne presa libre mexicana no ha dicho la verdad sobre el proyecto gubernamental de impuesto sobre la renta ni ha intentado explicar a su sufrido público lo que significa el régimen de consolidación fiscal de los súper ricos mexicanos; lo que al respecto se ha planteado por el PRD desde el Congreso no ha sido publicado, sencillamente).

En cuanto a los impuestos al gasto no se trata sólo de dos por ciento adicional, reducido por la Cámara a uno por ciento en el IVA, sino también el tres por ciento a los usuarios de telecomunicaciones, dos pesos por cajetilla sin importar el precio de la misma y un incremento a las bebidas alcohólicas y a la cerveza, todo lo cual le pega a casi todo mundo.

Los ciudadanos diputados de la mayoría de PRI y PAN (encabezados por sus respectivos presidentes nacionales) se aventaron la puntada de aprobar la condonación de derechos a los concesionarios de las nuevas frecuencias de telecomunicaciones, por la friolera de casi 5 mil millones de pesos, con el propósito –dijeron—de “incentivar” que le hagan el favor a México de invertir en la banda más lucrativa del espectro radioeléctrico (la más rápida) y la de mayor tasa económica de retorno, como si fuera petróleo crudo. No se sabe qué favores, también de retorno, están aquí comprometidos.

En síntesis, Calderón plantea que quienes ya están pagando impuestos (trabajadores y empresarios pequeños y medianos) ahora paguen más y quienes no pagan casi nada sigan así, aunque les quiere cobrar a éstos en 2010 unos 27 mil millones por cuenta de lo que no han pagado en los últimos diez años. Esto fue lo que amarró la pinza de la unidad nacional: todos en contra. Mayor torpeza es difícil.

Los privilegios fiscales, sin embargo, no se tocan, pues el régimen de consolidación fiscal de las holdings no se quiere suprimir, ni se quiere cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de bolsa, ni se pretende tocar a las empresas mineras que prácticamente no pagan nada por derechos de extracción, ni tampoco se desea eliminar los regímenes de privilegio del llamado sector primario y los transportes. En fin, Calderón respeta a los ricos y sólo les pide a los más ricos una pequeña contribución de 27 mil millones, por la cual éstos chillan como marranos atorados (tienen ingresos brutos anuales por más de cinco millones de millones de pesos).

El secretario de Hacienda, ante tal desastre y pésimo resultado político, debería renunciar como responsable de la aplicación de las órdenes recibidas de su jefe, Calderón. El paquete fiscal presentado por el gobierno no puede más que llevar al nombramiento de un nuevo secretario, aunque quien debería irse, en verdad, es el mismo Calderón por haber unificado a todos en su contra. Digo, es una idea.

¿Paquetazo o paquetito?

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 22 Oct 2009 17:31:00 +0000

Al proyecto fiscal aprobado en la Cámara no lo ama nadie pero lo quiere la mayoría de San Lázaro. El PAN prefiere su absurda e inconstitucional “contribución contra la pobreza”, con una tasa de dos por ciento generalizado bajo las reglas del IVA. El PRI –quien negoció con Calderón—impulsa a regañadientes el uno por ciento al valor agregado, obra suya, sin duda. En cuanto al impuesto sobre la renta, han coincidido el gobierno y el PRI en la propuesta original de Calderón para elevar todas las tasas reales de quienes ya pagan, incluyendo en primer lugar a los trabajadores. Lo demás es más monstruoso pero es el proyecto panista original, que se lo ha tragado el PRI con fuertes disensos en sus filas.

Es un paquetazo en tanto que se busca hacer pagar más a quienes ya están contribuyendo pero se mantienen los privilegios fiscales para los más ricos. El régimen de consolidación de las holdings, apenas modificado, seguirá vigente. La Cámara se ha negado a imponer el pago de derechos a las compañías mineras que se roban los recursos naturales del país. Tampoco discutió siquiera el proyecto que envié desde el Senado para gravar las ganancias de bolsa. La progresividad del impuesto sobre la renta en realidad no ha sido modificada.

En cambio, se aprobó un nuevo impuesto al internet, el cual ya paga el IVA. Todos los países promueven este medio de comunicación y educación, menos Calderón, autor de esta iniciativa, y el PRI que la apoya sin explicación alguna. El aumento en la tasa y base del absurdo e inconstitucional impuesto al circulante tampoco ha sido explicado por sus autores ni por sus apoyadores priistas.

Sin embargo, la nueva recaudación contenida en el proyecto aprobado por PAN, PRI, Verde y Nueva Alianza, con los votos en contra del PRD, PT y Convergencia, es un paquetito. La cantidad implícita no alcanza más que para amortiguar una parte de la baja de los ingresos fiscales generada por la recesión. Pero no hay ningún plan contra la crisis, sino una respuesta timorata, protectora de privilegios.

El otro proyecto fue el que presentó el PRD. Plataforma tendiente a hacer pagar a quienes eluden su responsabilidad fiscal y a promover un fuerte programa de inversiones públicas productivas: tomar de la esfera de la especulación, de las súper ganancias de los monopolios y de los actuales gastos innecesarios el excedente para impulsar la economía. Esa es la respuesta correcta a la crisis que vivimos.

La alianza entre el gobierno y el PRI nos muestra una anomalía política. En las recientes elecciones, el PRI fue votado más que ningún otro partido pero no para realizar una alianza antipopular con el PAN sino para promover cambios. Los electores del PRI han sido defraudados.

La patronal, por su lado, no quiere el mínimo aumento de la tasa máxima al ingreso en dos puntos porcentuales, el cual difícilmente va a pagar, y tampoco está de acuerdo con la pequeña mordida al 40 por ciento durante 2010 a los impuestos retenidos por las holdings durante muchos años. Rechaza también el incremento del IEPS, en lo que tiene razón pero no por los argumentos apocalípticos que expone.

Al final, el paquetazo fiscal (paquetito en cuanto a su capacidad recaudatoria) va en el sentido de cobrar más a quienes ya pagan y mantener los privilegios de quienes no pagan. Este contenido marca toda una política gubernamental, asumida por el PRI en contra de sus propias promesas de campaña. En realidad, los nichos fiscales de privilegio los construyó el PRI cuando gobernaba.

La izquierda tiene la razón: hay que luchar contra la recesión y a favor de abolir los privilegios fiscales de un país con una fiscalidad endeble y atrasada.

Se fue la luz

noreply@blogger.com (Pablo) — Wed, 14 Oct 2009 18:59:00 +0000

Según la ley, debe existir un organismo público, diferente de la CFE, que se encargue del servicio de electricidad en la llamada zona centro. Sin embargo, después del sabadazo en el que Calderón extinguió el hasta entonces existente, ya no existe ninguno.

Según la ley, las relaciones de trabajo no se terminan por decreto presidencial, sino como consecuencia de actos convenidos o resoluciones jurisdiccionales.

Según la ley, un contrato colectivo de trabajo no se extingue por el simple cambio de denominación del patrón o por la sustitución del mismo.

Según la ley, el patrón sustituto es quien se hace cargo de los activos en funcionamiento de la empresa que se transforma o fusiona con otra y quien asume, por tanto, las relaciones laborales existentes con anterioridad. Es, digamos, la herencia laboral, que hasta ahora se había respetado, más o menos.

Todo lo anterior, inscrito en las leyes de México, ha sido borrado de un golpe por un individuo que se dice ser el presidente del empleo pero ha logrado correr a más de 50 mil trabajadores mediante un solo decreto.

Son los tiempos, diríase. Pero son, más bien, los actos realizados por un partido –el PAN—que, antes, demandó el respeto al Estado de derecho y que, hoy, se encarga de seguir desobedeciendo cuantas leyes puede. No es de extrañar que le apoye su maestro, el PRI.

Luz y Fuerza del Centro compraba la electricidad más cara que la tarifa a la que la vendía. Pero, además, la comercialización del servicio –llevar el fluido eléctrico--, tiene un costo mucho mayor que la producción de la electricidad. Cuando el gobierno presenta su balance económico, oculta esa realidad, como también omite decir que para manejar una red eléctrica obsoleta se requieren más trabajadores que si el gobierno hubiera invertido en la modernización de Luz y Fuerza.

Según Calderón, los electricistas tienen la responsabilidad de la obsolescencia de Luz y Fuerza, pero, según la ley y la realidad, ese organismo siempre estuvo dirigido por el gobierno. Su atraso técnico es responsabilidad de los gobernantes, quienes han demostrado carencia de interés por dotar a la vieja Compañía de Luz de las condiciones mínimas para prestar un servicio más o menos aceptable. Si la energía eléctrica no se suspende más frecuentemente es porque hemos tenido a unos trabajadores magos, que se las saben todas y arreglan cualquier desperfecto a pesar de que los cables y los transformadores ya cumplieron su vida útil hace décadas.

Algo odioso es criticar a un sindicato por haber logrado buenos salarios y prestaciones. Se supone, según varios medios de información, que los miembros del SME debieron haber tenido condiciones laborales tan deplorables como en muchas industrias donde ni sindicatos existen o están protegidas por los consabidos charros.

El señor Calderón ha aceptado pagar las jubilaciones. Luego, admite la vigencia del contrato colectivo y actúa como patrón sustituto. Todo esto no hace más que confirmar que, en efecto, el gobierno dice puras mentiras.

Además, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza una liquidación copeteada, como diría Fox, a través de un bono de esquirolaje. ¿Desde cuándo es el patrón quien determina unilateralmente la cuantía de la indemnización de los obreros despedidos? ¿En qué parte del Presupuesto de Egresos se autorizó al Ejecutivo a pagar indemnizaciones mayores que las establecidas en la ley y el contrato de trabajo?

No hay ningún aspecto que sea legal en el sabadazo de Calderón. Todo ha sido una acción política, pero de la mala.

Por último, los “ahorros” de los que habla el gobierno son del todo demagógicos. Si las tarifas finales no aumentan, si los jubilados no se mueren todos al mismo tiempo, si la CFE no reduce sus tarifas como productor, si quienes se roban la luz –pobres y ricos—no dejan de hacerlo, si no se realiza la modernización, los “ahorros” serán tan mínimos que el saldo final de la operación sólo va a arrojar un daño político y social.

Bueno, para eso llegó Calderón a Los Pinos. ¿Para qué más?

¿Y los partidos políticos?

noreply@blogger.com (Pablo) — Thu, 08 Oct 2009 22:21:00 +0000

Es de suponerse que un partido tiene un proyecto de sociedad pero también, a cada momento, debe tener una propuesta política, la cual --también se supone—debe corresponder con su programa.

Ahora, el PRD –un partido sin propuesta política y con un programa al que casi nadie atiende—dice estar dispuesto a realizar alianzas electorales con el PAN. Hace unos meses se debatió sobre las alianzas con el PRI. Lo único que le falta al PRD es empezar a discutir posibles alianzas con el llamado Verde y con Nueva Alianza.

El PRD será necesario en tanto que posea un planteamiento propio, pero no sólo de sociedad, sino de política, es decir, de administración de los asuntos del Estado. Será necesario también en tanto defienda sus aspiraciones de libertad y de igualdad que no son compartidas por el resto de los partidos. Cuando todo esto no importe –ya está llegando el PRD a ese pantano—su existencia no será en absoluto necesaria ni deseable.

La singularidad de un partido no implica, sin embargo, que jamás tenga coincidencia práctica con otros partidos. Las alianzas, convergencias, acciones comunes, etcétera, son herramientas indispensables de cualquier partido con principios propios. Es más, cuando el resultado de cualquier negociación tiende a ser favorable al planteamiento de fondo de un partido, aunque ello implique ceder por el momento en algunos puntos secundarios, tal partido tiene la necesidad de llegar al acuerdo con sus adversarios. Pero tales convenios no significan una alianza sino la condición elemental de la lucha política mediante métodos no violentos, y aún bajo éstos.

Las alianzas electorales con el PAN deberían ser imposibles para el PRD. En el pasado se hicieron (Yucatán y Chihuahua), pero con los peores resultados, como era de esperarse, se diría. Acción Nacional, por su parte, no es capaz de hacer una alianza para apoyar un candidato a gobernador que sea dirigente del PRD. Pero, ahora, nos salen algunos líderes de este partido con la idea de que el PRD sí puede apoyar a un líder panista. Si el propósito electoral del PRD es impedir que gobierne el PRI en algunos estados, ¿para qué existe el perredismo como opción singular?

El asunto de Oaxaca tiene su particularidad, pues el posible candidato no es miembro del PAN sino de un partido que ha sido aliado del PRD. La ley electoral de ese estado impone candidaturas comunes de la totalidad de los cargos –gobernador, diputados, ayuntamientos—por lo que las cosas se complican, pero aún bajo tales condiciones el PRD podría tener un candidato común con una persona que no encarnara el programa del PAN, es decir, que no tuviera partido o fuera de otro partido diferente al PAN y al PRD. Este tipo de acuerdos son válidos sobre la base de unos cuantos propósitos comunes y en una relación en la que ningún partido subordine al otro. Se trata, entonces, de una convergencia acotada que no anula el programa de cada cual ni la necesidad política de la existencia de ningún partido.

En México existen tres partidos relevantes. Es más fácil la unión entre el PAN y el PRI, con programas muy semejantes –véase la conducta de ambos partidos en 16 estados sobre la interrupción voluntaria del embarazo--, que entre cualquiera de esos dos y el PRD que posee un programa totalmente diferente a los partidos de la derecha. Sin embargo, en el campo electoral, los priistas y los panistas no realizan coaliciones. Ellos saben que su existencia depende de su singularidad. En cambio, en los parlamentos, casi siempre se ponen de acuerdo porque tienen coincidencias de fondo.

Si el PRD quiere sobrevivir tiene que asumir una propuesta política clara, propia, definida, asimilable por sus miembros y votantes. ¡Cuánta falta hace en el PRD una nueva dirección!