Acuerdo secreto, mentiras públicas

Dice Beatriz Paredes que el acuerdo secreto para que el PAN no atacara personalmente a Peña Nieto, no se hicieran alianzas con el PRD en el Estado de México y se revisara la legislación sobre la materia en esa entidad, no fue la llave para formar la coalición parlamentaria que ella hizo con el mismo PAN para imponer nuevos impuestos. Entonces, ¿para qué se firmó? Eso lo responde Paredes con una mentira pública: fue un pacto de civilidad. ¿Qué?

Hay preguntas que se responden a sí mismas. No puede haber pacto alguno entre un partido y un gobierno que carezca de objeto concreto y útil a las partes. Suponer, como lo hace Paredes, que la gente puede aceptar otra cosa es vivir en la mentira, es decir, creerse sus propias falsedades.

Pero Gómez Mont y Nava ponen también algo de su parte. Dicen que Calderón no supo nada hasta enero. ¿Dónde estaba Calderón? Nadie lo sabe. Lo cierto es que hubo una negociación entre el gobierno y el PRI para establecer nuevos impuestos y que se produjo un acuerdo, el cual está publicado en el Diario Oficial de la Federación por si alguno lo duda. La negociación, por lo visto, rebasó al entonces secretario de Hacienda y se ubicó en la Secretaría de Gobernación.

Dice Paredes que tal acuerdo no debe involucrar a un miembro del PRI por más gobernador del Estado de México que ése sea. Pero Peña Nieto está involucrado porque el pacto sólo tiene como objeto a dicha entidad. En otras y conmovedoras palabras, Paredes firmó lo que Peña Nieto le solicitó y lo que Gómez Mont admitió. Peña Nieto se presenta ante el país como el verdadero presidente del PRI. Por lo visto, lo es.

Pero Nava afirma que el pacto implicaba el apoyo priista de todo el proyecto hacendario de Calderón pero no su modificación y que los senadores priistas se fueron al mingitorio para no votar el incremento del IVA, con lo cual --dice Nava-- se rompió el pacto y el PAN quedó liberado. El hecho es que el traslado al baño de casi todos los senadores priistas no impidió que el aumento de impuestos fuera aprobado sino que lo permitió. Ésa fue una cuestión relacionada con los matices políticos internos del PRI, pero sin poner en riesgo el pacto básico ni las condiciones impuestas por Peña Nieto.

A juzgar por las coaliciones parlamentarias entre el PRI y el PAN y por la identidad programática básica entre ambos partidos, el pacto de Peña Nieto y Calderón no era indispensable, pero siempre hay un político que aprovecha la coyuntura y la desesperación del otro para imponer condiciones, en especial cuando ese político carece del menor escrúpulo.

Luego del pacto, los mexicanos tenemos que pagar unos impuestos adicionales. Pero Paredes dice que tal acuerdo ha salvado al país (Estado de México, léase) de injustificadas y pecaminosas alianzas que el pueblo rechaza y, por tanto, el texto firmado defiende la democracia. Esto es lo más cómico que se ha escuchado en años en San Lázaro.

En conclusión: hubo un acuerdo secreto entre Peña Nieto y Calderón para “salvar la democracia”; Paredes no pudo negarse al pedido del gobernador; Nava no pudo desobedecer a Calderón; Gómez Mont tuvo, después, que renunciar a su partido de toda la vida ante las coaliciones electorales del PAN en varios estados, aunque no ha llegado la hora del Estado de México (2011); Calderón se vio precisado a inventar que él no supo nada de nada hasta enero (ya para qué) del presente año. Puras picardías. Los nuevos impuestos son otra cosa; ésos hay que pagarlos y punto final.

Libertad política para todos

El Estado laico se estableció para expulsar a la iglesia del Estado y dotar de libertad religiosa a todos. Mas la libertad de cultos no ha sido el límite de la laicidad sino que ésta abarca también el ejercicio de la libertad política en tanto que no hay conductas que deban ser prohibidas por contradecir las creencias de cualquier iglesia.

Al establecerse el Estado laico mexicano no se prohibió a los sacerdotes la expresión política. Lo que se tuvo que hacer en México fue arrebatar al clero católico su poder económico, meter al mercado los bienes eclesiales y abolir las órdenes monásticas. Ese radicalismo del siglo XIX no ha sido perdonado por el alto clero católico. En cambio, los obispos no le dan tanta importancia a la prohibición de criticar las leyes y las instituciones. Esto es así porque las violaciones a la Constitución, en esta materia, son impunes por ser toleradas y sólo sirven para cantar victorias sobre el Estado laico. De esta manera, la laicidad sufre agravios que no le corresponden a su contenido: el laicismo no busca prohibir la expresión de nadie sino reivindica las libertades.

Hoy y aquí, el Estado laico está siendo atacado con furia. La persecución penal de las mujeres que abortan y el rechazo a derechos civiles de los homosexuales están inspirados en mandamientos eclesiales pero son promovidos por políticos del PAN y del PRI que se lanzan contra el laicismo. La respuesta a este ataque no puede hacer suya la prohibición hacia los sacerdotes cuando el discurso reaccionario se encuentra principalmente en los recintos legislativos y Felipe Calderón instruye ilegalmente al procurador para objetar aquellos derechos ante la Suprema Corte de Justicia. Los políticos de la derecha son la más inicua amenaza contra el Estado laico.

Alejandro Encinas ha dicho que los sacerdotes deben obediencia al Vaticano, un Estado extranjero, por lo que no deben tener libertad política. ¿Alguien propone, hoy, que dejen de tener derecho de voto? Los clérigos mexicanos son ciudadanos y éstos no deben estar limitados en sus derechos por dedicarse a una determinada profesión. México ha firmado tratados sobre derechos civiles y políticos que no se reflejan en la legislación interna, lo que es una evidente contradicción. Cuando los obispos Ruiz y Vera critican, la izquierda aplaude; cuando lo hacen Ribera y Cepeda, muchos de la misma izquierda se quejan. ¿Libertad para mis amigos y prohibición para mis adversarios? La doble moral y el doble rasero son propios de la derecha. La política sin principios es negocio o vanidad; quizá también las dos cosas.

En 1978, Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista, planteó la libertad política para todos, incluyendo, naturalmente, a los sacerdotes. El PRI se declaró “anonadado” y rechazó la pretensión. Años después, cuando las corporaciones eclesiales fueron reconocidas plenamente y se permitió, incluso, la enseñanza religiosa en las escuelas privadas, se mantuvo la prohibición a los clérigos de criticar leyes e instituciones. La jerarquía católica quedó contenta y la restricción a la libertad de expresión política de los sacerdotes no se ha vuelto a discutir hasta ahora debido a la perniciosa relación de abuso-tolerancia que señalaba Méndez Arceo.

Ahora, el arzobispo Ribera se queja de que lo quieren callar. Nada más incongruente en la reivindicación de libertades que querer callar a un disidente. Los sacerdotes están en el debate y se les debe admitir pero con el suficiente cuidado de no ignorar a quienes desde el poder tratan de negar aquellas libertades, empezando por Calderón y los nuevos jerarcas priistas. El tema de la libertad de expresión política de los sacerdotes debe ser eliminado como litigio en el que se oscurece la realidad y se deforma la naturaleza de las contradicciones.

Nota aclaratoria: los partidos religiosos están prohibidos para todos; las cualidades para ser votado están en otros preceptos y tienen otros motivos. No he propuesto que se modifique ninguna de esas dos cosas.

El no al no

63 intelectuales y políticos en receso nos llaman a aprobar las reformas propuestas por Calderón y convocan a decir no al no, el cual –dicen—tiene paralizada la vida política nacional. En los últimos años hemos tenido éxito en el no a la privatización de la industria petrolera, al encarcelamiento de los consumidores de drogas, a la facultad de los agentes de policía de invadir cualquier domicilio, entre otros difíciles trances negativos. Por desgracia, hemos sido aplastados por el sí en el aumento de impuestos en plena recesión, los sub ejercicios presupuestales en obras públicas, la incomunicación de reos (considerada como tortura), por sólo mencionar algunas derrotas.

En un país que se dice democrático el no forma parte indispensable del sistema. ¡Cuántos no hicieron falta para impedir dictaduras y guerras! ¡Cuántos no faltaron en Estados Unidos para detener a Reagan y a Bush! Ha sido el sí el causante de muchos destrozos y calamidades. Ahora, cuando Calderón nos propone que el Ejecutivo pueda suspender garantías individuales cuando se le antoje, ¿habría que decir que sí con tal de bajarse de la lista de la generación del no? ¿Tendríamos también que apoyar la idea de Calderón de que el presidente legisle por decreto bajo la llamada afirmativa ficta?

La pluralidad no es inmovilismo. Éste es producto de una mala manera de conducir la lucha política, falta de convocatoria, ausencia de liderazgo. ¿Qué hizo Calderón frente a la crisis? Realizó con el PRI una vergonzante y vergonzosa coalición parlamentaria para aumentar las cargas impositivas, dejar a los oligarcas sin pagar impuestos y negarse a incrementar la inversión pública productiva.

Los abajofirmantes contra el no sólo dicen sí al proyecto de Calderón pero ignoran las propuestas de la izquierda. ¿No están de acuerdo con el referéndum facultativo popular para que los ciudadanos puedan votar las leyes objetadas? ¿Por qué sólo admiten que el presidente de la República en turno sea el único que pueda provocar un referéndum (Franco, Pinochet) sobre sus propios proyectos, como lo propone Calderón? ¿No están de acuerdo con el derecho ciudadano de revocar el mandato de los gobernantes? ¿Tampoco aceptan el plebiscito como instrumento con el que la mayoría pueda resolver los conflictos sobre temas de la administración pública?

No sé de dónde sacan los abajofirmantes que es mejor que el voto negativo sea determinante en una elección. Esto es lo que apoyan al exigir que se admita la segunda vuelta presidencial. Un candidato con el 40 por ciento de los votos puede ser derrotado en la segunda vuelta por su contrincante que hubiera obtenido el 30 por ciento. Algo de esto ya ha ocurrido, de tal manera que el candidato más débil llega a gobernar con un programa francamente minoritario y quien sostenía la propuesta mayoritaria, aunque no en términos absolutos, se queda en su casa. Pero, además, la gobernabilidad, como le llaman a eso, carece de sentido cuando permite que el voto negativo se imponga en las urnas pero sin determinar un plan de gobierno. Es mucho mejor que se gobierne con un programa apoyado en el voto positivo. Lo que se busca es la fabricación artificial de una mayoría absoluta sin importar cómo sea la sociedad. La propuesta de Calderón es peor porque es un plan con maña: propone que la elección de legisladores se lleve a cabo al mismo tiempo que la segunda vuelta presidencial, con lo cual los partidos que no se ubiquen en la disputa final quedarían borrados en el Congreso. Esto último no existe en ninguna parte del mundo, pero los abajofirmantes lo quieren para México, con lo cual todas sus anteriores proclamas a favor del pluralismo se caen solas.

¿Los abajofirmantes no están de acuerdo con la autonomía del Ministerio Público y de la Auditoría Superior de la Federación, con acción penal para esta última? ¿Tampoco están de acuerdo con que exista juicio político operante y se puedan remover a los altos funcionarios ineptos y abusivos? ¿Acaso no es necesario acabar con ese sainete llamado desafuero para que los legisladores, gobernantes y ministros de la Corte que sean acusados de algún delito comparezcan ante la justicia como cualquier otra persona, a pesar del cargo que desempeñen?

La propuesta de Calderón que aumenta derechos ciudadanos es la relativa a las candidaturas independientes, la cual figura en el programa del PRD desde hace muchos años. Ahora, la izquierda ha propuesto que los candidatos independientes tengan acceso gratuito a radio y televisión y cuenten con financiamiento público, lo cual hace una gran diferencia.

Los abajofirmantes nos lanzan una petición. Dicen, “Amigos(?) legisladores: aprueben las reformas y demos inicio al debate de fondo: ¿qué futuro queremos para México?” Cualquiera podría pensar que las cosas son al revés. Primero se abre el debate y luego se vota. Quizá por esto el manifiesto “No a la generación del no” apoya sin argumentos los puntos presentados por Calderón e ignora por completo las propuestas de los demás partidos. ¿Así se mejora un país?

Reforma política

La reforma política no es la más urgente, sino la económica, lo cual no significa que aquélla sea prescindible en este momento. El PRD, PT y Convergencia han presentado al Congreso una plataforma de cambios constitucionales en esa materia. No se trata de una respuesta a la iniciativa de Calderón sino de una recopilación de planteamientos realizados durante muchos años.

Referéndum facultativo popular, plebiscito, revocación de mandato, candidaturas independientes con financiamiento público y acceso a medios de comunicación, iniciativa popular, son propuestas de nuevos derechos ciudadanos que han sido reivindicados a través de décadas perdidas pero siempre negados por la clase política que monopoliza las decisiones.

Se trata también de una nueva forma de ubicar al Congreso en la cúspide de las decisiones ordinarias de la República: ratificación parlamentaria de los secretarios de Estado; juicio político operante en procedimiento sumario para los altos funcionarios de la Federación; acción penal de parte de la Auditoria Superior de la Federación y los órganos fiscalizadores locales; apertura de procesos penales para los funcionarios que gozan de inmunidad (“fuero”); completa independencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo tanto de la Federación como de las entidades federativas; aprobación parlamentaria del Plan Nacional de Desarrollo; comisiones investigadoras de las cámaras sobre asuntos de interés público y capacidad de las mismas de hacer comparecer obligatoriamente a cualquier persona bajo protesta de decir verdad. Prohibición a los gobernantes para la compra de tiempos en radio y televisión.

En cuanto a la integración del Congreso, se platea que los diputados y senadores sean elegidos bajo el principio de representación proporcional en 32 circunscripciones electorales, una por cada entidad federativa y, además, una lista nacional que compense las desproporciones del sistema.

En cuanto al presupuesto de egresos, se plantea resolver el problema del inexistente pero exigido veto presidencial mediante un sistema de observaciones del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Asimismo, se plantea que si no hay presupuesto aprobado se mantenga en vigor el del año precedente pero sin que el Ejecutivo pueda manipularlo a su antojo. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios podrían presentar una iniciativa preferente, la cual, si no es dictaminada en comisiones dentro de un plazo fijo, se deberá votar directamente en el pleno de la cámara de origen y, de ser aprobada, en la colegisladora. Las iniciativas populares serían siempre de carácter preferente.

Se escribe rápido este apretadísimo resumen pero alberga reformas que modificarían la manera de gobernar y ampliarían los derechos de la ciudadanía. Se trata del proyecto más ambicioso desde la pequeña apertura del Congreso y los medios en 1978. Es una redistribución del poder en la que el Ejecutivo se vería disminuido para que ciudadanos y representantes populares adquieran mayor capacidad de decisión. Pero, ¿por qué?

Las soluciones en México ya no dependen del presidente de la República y los gobernadores. Esos tiempos se han ido. El Ejecutivo fracasó como tutor del Ministerio Público; la auditoría se quedó en simple catálogo de observaciones; el Congreso en realidad no puede tomar conocimiento de nada para asumir sus decisiones; el presupuesto es manipulado al gusto del Ejecutivo; el Estado corrupto no pudo ser remontado. Mientras, los ciudadanos tampoco ganaron nuevos derechos para decidir. Hoy, se presenta una iniciativa para responder a esas asignaturas reprobadas por un régimen político que se proclama democrático pero que sigue centralizando el poder formal en unas cuantas personas (los integrantes del Ejecutivo de la Federación y de las entidades), las cuales se echan entre sí las culpas de las insuficiencias y errores cometidos. Peor aún es que el Ejecutivo acusa al Congreso de lo que no puede resolver cuando éste no tiene capacidad legal ni siquiera para investigar la actuación de aquel Ejecutivo que le culpa.

Dar poder de decisión a los ciudadanos y a sus representantes es, hoy, una tarea que deberíamos acometer.