Congeladora

Las palabras que hay que oír hoy en México. Felipe Calderón condena la falta de discusión y votación de las iniciativas en el Congreso, el llamado sistema de la congeladora, el mutismo legislativo. Propone, por tanto, que sus propios proyectos no votados sean promulgados por él mismo como si fuera el supremo legislador, el hacedor de decretos reales.

El jefe del partido que ha asumido la práctica de congelar para no discutir ni rechazar nos viene ahora con una requisitoria al Congreso. ¿Por qué no se ha votado en el Senado el proyecto para hacer posible la revocación del mandato, propuesto en 2006? Vamos atrás: ¿por qué el PAN no ha votado la iniciativa para permitir que la Auditoria Superior de la Federación tenga acción penal y revise las cuentas públicas en cualquier momento? Podría poner centenares de ejemplos, como el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos de Atenco. El PAN no dice sí y no dice no, no dice nada y no pasa nada. Es el viejo sistema del PRI pero aplicado ahora también por el PAN.

Existen más de 100 proyectos aprobados en el Senado que no han sido discutidos en la Cámara y más de 100 votados en ésta y no discutidos por los senadores. Esta congeladora es francamente inconstitucional pues interrumpe el proceso legislativo de manera indefinida; paraliza al Congreso. Pero éste no es el tema de Calderón. Él sólo se preocupa de sus propias iniciativas como si fueran las únicas dignas de ser discutidas y votadas en las cámaras.

Pero las palabras de Calderón se caen más rápido cuando observamos que él aplica con frecuencia el veto de bolsillo, el cual consiste en no regresar los proyectos aprobados al Congreso ni tampoco publicarlos en el plazo constitucional, sino demorar el trámite. Peor aún es la práctica de Calderón de publicar una reforma (a destiempo por cierto) y no aplicarla, como ha sucedido con las modificaciones constitucionales al sistema de sueldos de los servidores públicos. La ley no vale ni lo del papel en el que está impresa.

Así, Calderón propone la llamada afirmativa ficta legislativa. En ninguna parte existe eso. El poder legislativo no puede depositarse en una sola persona ni dos poderes pueden estar en manos de los mismos, dice la Constitución, pero tales principios del sistema presidencial han sido olvidados por entero y, con la mayor desfatachez, Calderón envía una iniciativa al Congreso para que éste abdique de sus facultades constitucionales.

He propuesto durante años que las iniciativas que no se dictaminen en los plazos reglamentarios sean discutidas y votadas directamente en el pleno a solicitud del autor cuando se trate de los grupos parlamentarios y el Ejecutivo. El PAN no ha estado de acuerdo con esta propuesta pero tampoco ha votado en contra. Por lo que respecta al PRI, éste sigue sin definir una postura. A esto se le llama congelar una iniciativa.

Si nos vamos a la estadística legislativa, la inmensa mayoría de las iniciativas congeladas corresponde a los proyectos de los legisladores y una pequeña cantidad proviene del Ejecutivo. El problema no radica en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso sino en aquellas que se han impuesto entre los mismos legisladores.

El propósito de la congelación de proyectos es evitar la discusión y votación de las iniciativas de los demás. Este sistema de hipocresía política se implantó bajo el control absoluto de los presidentes priistas con el fin de evitar que se votaran aquellos proyectos que no fueran los suyos propios. Calderón no busca su cancelación sino una nueva hegemonía presidencial.

Bastaría con que el Ejecutivo tuviera mayoría en una cámara para que sus iniciativas no fueran votadas ahí y pudieran ser promulgadas como si todo el Congreso las hubiera aprobado. Aún más, bastaría con que el Ejecutivo pudiera bloquear la discusión de alguna de sus propias iniciativas para que ésta fuera ley. Ganar por default. Esta es la democracia ciudadana que nos receta el señor Calderón. Si Gómez Morín viviera se volvería a morir.

Alianzas

Las alianzas entre izquierdas y derechas siempre se han pactado sobre objetivos concretos y coyunturales. Por lo general, se han dado con el propósito de remontar un sistema o régimen político y alcanzar nuevas bases de carácter democrático. Esto implica que tanto las derechas como las izquierdas sean más o menos democráticas.

En el año 2000 se abrió la posibilidad de una alianza electoral entre el PRD y el PAN alrededor de objetivos muy concretos, en especial la necesidad de remontar el sistema priista, el presidencialismo absolutista o despótico, para instaurar un régimen abierto a la transición. El PAN bloqueó esa posibilidad y, después, con el triunfo de Vicente Fox, éste cerró toda concertación política para avanzar en reformas democráticas en el país. En realidad, el PAN ha usado el andamiaje jurídico del viejo régimen priista y, ahora, lo quiere profundizar a favor del poder Ejecutivo.

Antes del 2000, el PRD convino algunas alianzas locales con el PAN y, en algunos estados, se produjeron triunfos electorales, los cuales, después, fueron un fiasco. El PRD estaba entonces movido por la idea de que era necesario erosionar el viejo sistema priista, pero el PAN no compartía el mismo punto de vista, pues la derechización del gobierno federal, especialmente a partir de Salinas, era vista como un triunfo moral del panismo histórico. En realidad, el PAN buscaba sus propios acomodos a través de algunas alianzas con el PRD. La verdad sea dicha, el PAN salió ganando siempre.

Hoy, la situación ha cambiado. El PAN es gobierno y aplica, naturalmente, una línea derechista. Además, carece de propuesta democrática en materia política y pide el fortalecimiento del presidencialismo frente a un Congreso plural donde ningún partido tiene mayoría. Como era de esperarse, en materia social el PAN aplica el programa de los grandes conglomerados capitalistas que, en México, conforman una oligarquía que usa al gobierno federal para su propia defensa y expansión.

En cuanto a la idea de golpear al PRI en algunos estados para limitar sus posibilidades de retornar al poder en el país, el argumento es débil. ¿Qué diferencia importante existe entre los gobiernos panistas y priistas? Ni en materia de derechos y mucho menos en cuanto a política económica y social, se pueden advertir divergencias entre esos dos partidos.

¿Qué buscaría la izquierda perredista con la idea de aliarse extemporáneamente con el PAN en algunos estados? Se dice que golpear al PRI, pero eso no puede ser hoy el planteamiento de un partido político de izquierda, sino las reformas, los cambios políticos y económicos a favor de la mayoría trabajadora del país, lo cual implica combatir a las derechas por igual.

En cuanto a la inexplicable idea de postular para gobernador de Tamaulipas al tal Lino Korrodi, lo mejor es decir que es tan obscena que es mejor no entrar en detalles.

¿Qué hay en el fondo? La falta de análisis concreto de la realidad, la cual predomina en la dirección del PRD, donde el exceso de pragmatismo lleva a errores de carácter estratégico, es decir, de los que perduran y trascienden. Es en verdad difícil entender cómo una izquierda cualquiera puede dejar de darse cuenta de que sus eventuales alianzas con la derecha no serían más que formas de alimentar las tendencias bipartidistas, las cuales se promueven desde el PAN y el PRI sobre la base de que en la realidad política del país ya tienen suficiente espacio. Las alianzas se están dando entre el PRI y el PAN en casi todo el país, aunque esos dos partidos compitan en las elecciones.

Nada debería hacer el PRD para alentar esas tendencias hacia un bipartidismo de dos formaciones políticas de derecha. Al PRD le conviene singularizarse en lugar de sumarse a la derecha no priista, pues ésta no tiene diferencias apreciables con la otra. Si la dirección del PRD quiere seguir extraviada, sin propuesta política propia, sin capacidad de convocatoria, sin prestigio popular, sin ideas fuerza, que pacte lo que sea con quien sea y ya veremos qué hacemos para volver a empezar.

Los secretos del narcotráfico

Cada día caen más delincuentes a manos de la fuerza pública y son eliminados muchos más por parte de los mismos grupos delincuenciales. Sin embargo, la violencia sigue en aumento. Este fenómeno no ha sido explicado por la autoridad. La sociedad desconoce los secretos del narcotráfico.

Las preguntas importantes se ubican en tres planos principales: integración, estructura y funcionamiento del narcotráfico, es decir, casi todo. Ninguna autoridad tiene interés en dar a conocer estudios serios sobre estos aspectos, de tal manera que los secretos de esa delincuencia son también los secretos guardados por el gobierno.

A simple vista y mediante los trabajos periodísticos publicados, podemos observar que la situación social sí está relacionada con el narcotráfico. El reclutamiento de efectivos se realiza dentro de sectores sociales especialmente resentidos: jóvenes desempleados, militares desertores y delincuentes de bajo perfil. También parece que el reclutamiento es muy fácil y existe una especie de carrera en la que los reclutas van escalando en la jerarquía de los grupos. Ellos son también las principales víctimas de los atentados y levantones.

La estructura de cada grupo ha de ser diferente pero siempre se observa un grupo de comandantes con funciones y territorios asignados. Esto quiere decir que debe existir alguna forma celular de organización que sirva de protección de los núcleos de mando y de instrumento de la eficacia en la realización de las tareas. Al mismo tiempo, se observa cierta movilidad en la que algunos jefes dejan un grupo y se afilian a otro pues la materia del trabajo es la misma. El sector financiero y de tesorería de las bandas es también todo un enigma, quizás el mayor.

El funcionamiento de estos grupos debe tener gran relación con sus tareas, tanto las relevantes y más lucrativas como aquellas hacia donde se han desplazado en los últimos años. Se observan al respecto cambios muy grandes si vemos esto en retrospectiva de unos veinte años. El narcotráfico siempre fue violento pero los enfrentamientos entre los grupos eran administrados, tanto por los jefes de los mismos como por las autoridades. Así también, otras actividades como el chantaje, la protección, el secuestro, el robo simple casi no eran realizadas por estas bandas. Hoy, todos los grupos ejecutan diversos delitos. Este fenómeno está relacionado con su integración, pues debe ser una de las bases del reclutamiento. La disputa por territorios y mercados llevó a crear pequeños ejércitos muy bien armados capaces de realizar cualquier delito.

En realidad, la “guerra” en la que vive el país no es entre la delincuencia organizada y el Estado, sino entre los grupos de aquélla. Mientras esa “guerra” no encuentre alguna salida, el Estado no podrá superarla directamente.

Llegamos a dos problemas centrales: la permeabilidad de los órganos del Estado para ser instrumentos de los delincuentes y la incapacidad de las bandas de llegar a acuerdos entre ellas en los últimos años. El nivel de penetración de las bandas en la esfera estatal es parte de los secretos. Pero lo que llama más la atención es que el carácter corrupto del Estado se convirtió en un instrumento común de todas las bandas. En cuanto a que la “guerra” sigue sin destino cierto, la verdad es que es ilógico suponer que la cantidad de bajas en todos los bandos –es decir, en las bandas—pueda ser un elemento para que cesen los combates si los comandantes no se ponen de acuerdo.

Las mafias tradicionales no reclutan a cualquiera sino a personas conocidas, cercanas. Las bandas mexicanas ya son diferentes. Se trata de un negocio en el que cualquier persona puede entrar bajo ciertas circunstancias.

Los secretos del narcotráfico seguirán ahí mientras el general imaginario de una guerra que no es --Felipe Calderón-- siga en el puesto y nadie, desde el Estado, se atreva a desvelar tales secretos. Que no se les pida, entonces, a los ignorantes una propuesta de solución del problema. Mejor discutamos sobre la prohibición mundial, ineludible causa del fenómeno.

¿Quién decide el precio de la gasolina?

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.