Los traspiés perdidos de Calderón

Acción Nacional prometió terminar con los privilegios. Ya se sabe que el PAN siempre estuvo de acuerdo con el sistema social, pero criticó desde su nacimiento el sistema político, aquel que genera una cierta clase de privilegios que se desprenden del grado de poder del privilegiado. Esa crítica era una posición panista dentro de la tradición liberal. La vida llevó al PAN por una senda diferente.

Todos los privilegios fiscales, heredados de décadas de abusos priistas, se han mantenido durante los nueve años de poder panista. El charrismo sindical está más fuerte que antes y la evidencia más lacerante es el magisterio nacional, extendida ahora a la Secretaría de Educación Pública y al ISSSTE, pasando por la exoneración del Pemexgate en cuanto a los líderes del sindicato petrolero. El Estado de policía, tan criticado de palabra por el PAN, es ahora impulsado por Felipe Calderón en persona, en detrimento del Estado de las libertades que pierde terreno paso a paso, no obstante que siempre ha sido en verdad precario. Los monopolios siguen tan campantes, no sólo los puramente económicos sino también el duopolio de la televisión que oprime los cerebros de los mexicanos y cancela la creatividad cultural de la sociedad mexicana.

No se ha producido ningún cambio. El PRI lo festeja y le saca el mayor provecho. Como el PAN es más de lo mismo, muchos han volteado al modelo original con indulgencia al pasado, lo cual adquiere sentido frente al gran fraude histórico del panismo.

Después de tantas luchas, de tantos sacrificios (en sentido involuntario), de tanta crítica y de tantos fracasos históricos del Estado mexicano, Calderón nos receta las mismas conductas, el mismo método de análisis con el que se ubica al poder en el centro de la nación sin la menor consideración por el pueblo, la sociedad, la gente o como se le quiera llamar a eso que tanto se invoca y en cuyo nombre se dice actuar.

El balance de los últimos nueve años es la continuidad, la persistencia en la injusticia y la desigualdad. El flamante procurador general de la República dijo ante la comisión del Senado que le examinó que el enemigo de México es la delincuencia. Eso refleja la concepción dominante en el gobierno. Se olvida así que los mayores enemigos son la pobreza y las monstruosas desigualdades sociales. La crisis del Estado mexicano, desde el perverso esquema de distribución del ingreso hasta el componente de seguridad, es el testimonio del daño causado por el continuismo priista impulsado por el Partido Acción Nacional en el gobierno.

Los traspiés de la derecha son pasos perdidos. El PAN acusa en la Cámara a Salinas de Gortari por la corrupción atestiguada recientemente por Miguel de la Madrid, pero no es capaz de condenar a los Amigos de Fox y ni siquiera el Pemexgate. Tampoco ha intentado hacer algo contra el tal Salinas por los robos tan descarados que se realizaron entonces. Ya no hablemos del desafuero de López Obrador, obra grotesca de la alianza del PAN con el PRI, pero hablemos del aumento del gasto burocrático, tan condenado por el PAN durante 70 años; hablemos del uso faccioso de la procuración de justicia, hablemos de las venganzas, ya no sólo políticas sino del rescate del principio de autoridad en el caso de Jacinta Francisco y dos de sus compañeras quienes siguen en prisión porque la policía las culpa del secuestro de seis agentes, para vergüenza de México en el mundo, pasando por la monstruosa venganza contra los líderes de Atenco condenados por lo mismo a más de 50 años de prisión en una cárcel para narcotraficantes. ¡Qué podredumbre!

Paraíso fiscal

El debate fiscal mexicano siempre ha sido en verdad muy simple. El mundo entero reclama a México la baja recaudación. Pero mientras algunos (OCDE y FMI) culpan al país por no gravar alimentos y medicinas, otros sencillamente preguntan porqué no se cobran los impuestos. Las respuestas de los gobiernos mexicanos han sido muy diversas, pero casi siempre con puras evasivas. En realidad, nadie puede en el gobierno explicar los motivos por los cuales el país es un paraíso fiscal. La verdad es inconfesable, se encuentra en el poder de grandes grupos económicos. Se trata de una herencia del PRI, mantenida, como muchas otras, por el PAN. En México no ha habido cambio.

Pondré sólo dos ejemplos para abreviar. En los países desarrollados las ganancias de bolsa generan un impuesto. En Estados Unidos ha sido hasta ahora el de la tasa general del impuesto sobre la renta, según el nivel de ingreso. En algunos países europeos se aplica una tasa específica. Pero en todos se paga impuesto pues se trata de un ingreso de personas físicas o morales. Sí, en México los ingresos bursátiles están exentos del impuesto sobre la renta y el que lo dude puede indagar sobre la venta de Banamex donde se produjeron ganancias gigantescas, pero a través de la Bolsa. ¡Ah!

Si usted se saca la lotería, paga un impuesto equivalente a la tasa general alta y, dentro de poco, pagará más, pero si juega y gana en la ruleta de la bolsa de valores, no paga nada, todo es para usted aunque dé un golpe y, tan luego como lo aconseje la situación, venda y “retire utilidades”, como se le llama a esa operación.

Es necesario establecer una tasa sobre las ganancias consolidadas de la compra-venta de acciones en bolsa. En México, la simple operación de comprar casi cualquier artículo implica un impuesto al gasto. Adquirir acciones no implica más que pagar el IVA sobre la tarifa de los servicios de la casa de bolsa. Nadie propone que se cobre el IVA a las transacciones bursátiles, pero ¿por qué tampoco se cobra un impuesto a las ganancias, es decir a la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los títulos, con el necesario descuento de los gastos de correduría y el IVA sobre los mismos. Al final, cada inversionista llevaría su estado general y podría deducir las pérdidas de tal manera que sólo pagara impuesto sobre ganancias efectivamente realizadas en un determinado lapso.

En todo el mundo (México forma parte de otro planeta) se cobra un derecho sobre el valor de las materias extraídas que son propiedad de la nación, el oro, la plata, el cobre, etcétera. En nuestro país, sólo Pemex paga derechos sobre la extracción de los hidrocarburos, pero la industria minera, que es privada, paga unos doscientos pesos por hectárea. Sí, no es error de imprenta, son 200 pesos.

Las riquezas minerales se han privatizado pero no como en otros países donde se pagan derechos de extracción, sino totalmente, es decir, esos recursos naturales que pertenecen teóricamente a la nación, según dice la Carta Magna, son en realidad propiedad de los concesionarios. Aquí se piensa que las compañías mineras le hacen un favor a México extrayendo todo lo útil.

Podríamos seguir con más de lo mismo: el régimen de consolidación fiscal, el agropecuario (industria alimentaria), el de transportes, pero todo eso es demasiado pesado para un lector con vísceras. Sólo hay que hacer alusión a todas las triquiñuelas que la ley, la autoridad fiscal y los tribunales permiten con el objeto de eludir impuestos.

Se habla de más de 400 mil millones, en cálculo. ¿No hay de dónde?

No, no. Asi no

El proyecto fiscal del gobierno para 2010 no toma en cuenta la economía sino sólo, superficialmente, las finanzas públicas. El análisis que está detrás de la propuesta oficial parte del supuesto de que al balancear otra vez el ingreso-gasto federal todo quedará arreglado. Falso.

No existen proyectos económicos en el gobierno de Calderón. Es como si la economía no existiera, como si el gobierno no tuviera ninguna responsabilidad en la marcha de la producción y en el empleo. Y ese mismo gobierno le pide al Congreso que siga haciendo un desmadre en el sistema fiscal mexicano. En tiempo de recesión los impuestos no deben subir, pero Calderón entiende todo al revés.

Ahora bien, la principal propuesta es un engaño. Dice el gobierno que se debe establecer una “contribución” al gasto, con tasa de dos por ciento, para invertir en Oportunidades y el Seguro Popular. Los impuestos no son “etiquetables”, es decir, no pueden tener un propósito definido en el gasto general. Ya lo ha dicho la Suprema Corte y así es el sistema impositivo moderno. Por ello, a este nuevo impuesto se le llama “contribución” (término genérico) como si la simple elección del nombre arrojara otro significado. Ese dos por ciento no es constitucional en la forma en que se está planteando.

Además, esta tasa baja podría subir en el futuro. Es cosa de que ahora se apruebe y ya veremos después. Se trata de una manera engañosa de cobrar un pequeño IVA a los alimentos y las medicinas, además de aumentar la carga impositiva del IVA general. El mayor engaño es que se diga que es necesario financiar el gasto social, en especial el sistema asistencialista de Oportunidades. ¿De dónde han salido los recursos durante los 15 años de tal programa que se llamaba Progresa? Pues de la recaudación ordinaria, que para eso sirve, en parte. Y para eso mismo debe seguir sirviendo. Es una falsedad decir que no se aplicará el IVA en alimentos y, luego, contrabandear otro IVA con un nombre distinto. Y lo peor es que el gobierno declara que el gasto asistencialista no es solución de la pobreza pero propone un impuesto especial para cubrirlo.

Esto nos lleva al problema de fondo. Los regímenes especiales de tributación son inequitativos e injustos. Abolirlos sería la forma inmediata de arreglar un poco el malhecho y maltrecho sistema fiscal mexicano. Que paguen quienes eluden el sistema fiscal a través de normas nefastas o de maniobras toleradas. Que paguen también los evasores y que se acabe la complicidad corrupta del SAT con los “grandes contribuyentes”.

Esa sería la reforma fiscal inicial que desde hace muchos años hemos propuesto y no se ha querido aprobar. De nada serviría, además, seguir con parches mal colocados, como se ha hecho hasta ahora. La fiscalidad mexicana es la más complicada del mundo y, al mismo tiempo, la más ineficiente. Ahora se quiere que tengamos dos IVA cuando no podemos con uno solo.

Aumentar el impuesto al circulante es profundizar en un atraco que sólo se comete en México. Gravar con un nuevo impuesto la telefonía celular y el internet (que ya pagan IVA) es un asalto en despoblado cuando el gobierno ha permitido las altas tarifas actuales. En cuanto a los dos puntos de incremento en el impuesto sobre la renta, del 28 al 30 por ciento en la tarifa más alta (que nunca debió haber disminuido), de nada serviría si los ricos van a seguir evadiendo. El incremento del IEPS a la cerveza y los cigarrillos no ayudaría mucho aunque no hay argumentos para desaprobar los aumentos. Lo que no se dice es porqué esa reforma tiene que ser escalonada. Seguro que algunos riquísimos solicitaron la gradualidad: las dos cigarreras y las dos cerveceras.

México no quiere cambiar, según el gobierno y la clase dominante, claro está.

¿Para qué el déficit?

Felipe Calderón admite por fin que el gobierno debe aumentar el déficit público. Pero, al hacerlo, se refiere ante todo a la necesidad de cubrir el gasto corriente, especialmente el llamado gasto de operación. Este sería el peor error dentro de la actual recesión económica que vive el país y, además, sería inconstitucional, ya que los empréstitos sólo pueden ser autorizados para la realización de obras públicas.

La izquierda ha propuesto en los últimos años que el gobierno gaste más sobre la base de una mayor eficiencia recaudatoria y un déficit moderado pero sólo destinado a la inversión pública productiva. El gobierno, hasta hoy, había rechazado tal propuesta y, en realidad, la sigue rechazando pues no asume la necesidad de cobrar impuestos a los ricos aunque ahora admita la necesidad de un mayor endeudamiento.

Para el gobierno de Calderón, el mayor problema económico es el de los recursos del gobierno federal. Este es un grave error de apreciación que, a su vez, se basa en una manera muy neoliberal de ver la economía. Se supone que la crisis se habrá de superar sola mediante la libertad de los mercados y con el tiempo. Así que el verdadero problema para los neoliberales es el de cubrir los deficientes de ingreso, pero ocurre que éstos han sido generados, en parte, por la recesión, es decir por la incapacidad de la economía, por sí misma, de evitar la caída en su ritmo de crecimiento. En México, el hueco fiscal también está definido en términos de la baja de ingresos petroleros, pero ésta es también principalmente el resultado de la ausencia de suficiente inversión en el sector.

El plan de la izquierda de aumentar el déficit consiste en hacer crecer rápidamente la inversión pública productiva, con efectos en la producción económica y el empleo. Sin embargo, Calderón no ha sido capaz ni siquiera de realizar las inversiones gubernamentales autorizadas por la Cámara en el presupuesto del presente año. Es así como, en plena recesión, se posponen proyectos en comunicaciones y energía, así como en obras de importante impacto económico y social. La idea del gobierno es que los subejercicios sirvan de colchón de la drástica reducción en los ingresos tributarios.

Los neoliberales a ultranza no quieren admitir que el Estado debe retomar un papel relevante directo en el crecimiento de la economía e, incluso, en el desarrollo. Es cierto que para ello no bastaría el aumento de la inversión pública, pero, sin ésta, la expansión es imposible bajo la crisis. Los tiempos del neoliberalismo ya no son los mismos. Ahora tenemos una declinación de las ideas que convirtieron el libre mercado en un borrego de oro al que había que adorar en todos los templos.

He propuesto en el Congreso la creación de un fondo de inversiones productivas por 400 mil millones de pesos anuales, y también he propuesto la disminución drástica de los gastos de operación del gobierno. Ambas reformas serían parte de un plan más amplio, el cual debería abarcar la creación de una política industrial con el propósito de que el Estado impulse el desarrollo de las ramas de la economía que les son más importantes a México.

Aunque Calderón ha llamado a revisar el tema de la política económica, no se ven en el gobierno signos de verdaderos cambios. Sin embargo, es necesario impulsar el debate sobre este problema central de la vida nacional. Los medios de comunicación, en lugar de andar en la nota de color, deberían promover el examen serio de los posibles caminos para arribar al crecimiento económico y al desarrollo del país.