Simbología de Iztapalapa

Iztapalapa ha creado su propia simbología, pero no hablamos del mundo prehispánico ni de la crucifixión de cada año, sino de la lamentable situación política de México. Una lucha de muchos años, encabezada por Clara Brugada, desde que la gente por ella dirigida se defendía de policías y líderes priistas en favor del derecho a la vivienda, al agua, al trabajo, a la cultura, a la libertad de asociación, hasta que llegó el día en que había que luchar por convertir la administración pública local en un instrumento de la política y de la ética. ¿Cuántos años? Más de treinta.

Hoy los símbolos de Iztapalapa son los mismos: un tribunal en prevaricato, unos políticos facciosos, una dizque oposición panista que advierte que jamás admitirá que Clara llegue a la jefatura delegacional si acaso se obtiene la mayoría por vía del PT y, finalmente, una dirección nacional del PRD que no defiende a su propio partido de la arbitrariedad y el atropello.

Las autoridades electorales están obligadas a respetar la vida interna de los partidos sin convertirse en órganos internos de los mismos, no obstante lo cual el Tribunal Electoral realizó el cómputo de la elección interna de Iztapalapa después de haber “atraído” el caso desde la Sala Regional como si se tratara de un inusitado litigio en unos comicios constitucionales.

La dirección nacional del PRD está obligada a defender al partido mismo frente a un acto jurisdiccional ilegal e ilegítimo, que ha lesionado tanto la vida interna de la organización como los derechos de millares de sus militantes.

A cambio de lo anterior, tenemos un mundo al revés. López Obrador, a quien podría criticarse por apoyar a aspirantes ajenos al PRD, en Iztapalapa ha salido en defensa de la legítima candidata del partido, pero algunos perredistas han visto en eso una conducta repudiable, lo que sólo se revierte en contra de tales críticos, incapaces de hacer todo lo posible para defender a la organización de la que forman parte.

Varios medios de comunicación entran a terciar en este debate, pero sólo para seguir atacando a López Obrador cuando en realidad repudian por igual a todo el PRD por no ser la izquierda que quisieran para México, es decir, algo por completo inofensivo. Y otra vez, montañas de calificativos contra Andrés Manuel sin analizar el fondo del problema de Iztapalapa, el cual, por lo demás, ni siquiera les importa.

Clara Brugada es la legítima candidata del PRD en Iztapalapa. Si para eludir una sentencia infame del Tribunal hace falta dar la vuelta, como ocurrió con Cámpora en Argentina cuando Perón –el verdadero candidato—carecía de derechos políticos en su país, entonces hay que hacerlo sin titubeos, con la necesaria congruencia partidista y firme posición democrática. Muchas revocaciones de resultados preelectorales, dictadas en esta temporada por el Tribunal, han sido revertidas por la dirección del PRD, la cual ha insistido en los candidatos originales o en personas del mismo grupo interno. En Iztapalapa, sin embargo, las cosas han sido diferentes, lo cual sólo demuestra una actitud facciosa en contra de Clara Brugada.

Si no se admite el intento de dar la vuelta a las cosas mediante el llamado a votar por el PT, entonces que se arregle el conflicto internamente y se permita que Clara Brugada siga siendo la candidata registrada del PRD para dejar esas mismas cosas en su estado original. No es aceptable la queja de lo mismo que prohíja el quejoso.

Congruencia partidista

El tema es la congruencia partidista y cierta ética política. El escándalo de Iztapalapa revela una cuestión cierta: desde el punto de vista del PRD, como partido, la candidata es Clara Brugada aunque no pudo ser sostenida como tal por decisión del Tribunal Electoral. El partido postuló, según sus reglas, a una candidata que ha sido sustituida por decisión judicial. Entonces, la obligación del partido frente a sí mismo y frente a los votantes que concurrieron a las urnas es aceptar la resolución judicial como un acto ajeno, protestar, criticar y buscar la forma de hacer valer el resultado de su propia decisión original si tal cosa es posible materialmente.

A López Obrador se le puede criticar su apoyo a candidatos de otros partidos pero no a los candidatos perredistas. Aquí existe una contradicción esencial en la declaración de Jesús Ortega sobre la actitud tomada por Andrés Manuel en el caso de Iztapalapa. Es evidente que la actitud de la dirección del PRD debió ser la de solidaridad y apoyo hacia Clara Brugada. Por el otro lado, lo que Andrés Manuel plantea es que la candidata original del PRD, es decir, Brugada, sea finalmente jefa delegacional en Iztapalapa por decisión del voto público. ¿Dónde está entonces la congruencia partidista?

Un partido debe ser leal a sí mismo. Es una equivocación de Andrés Manuel apoyar a candidatos que compiten contra el PRD, pero en el caso de Iztapalapa las cosas son diferentes. La dirección del partido repudia la propia decisión del PRD cobijado en una resolución judicial, pero ésta no puede definir la posición del partido, sino el partido mismo. Entonces, en aras de tener que admitir como un hecho real aunque ilegal la decisión del Tribunal, la dirección del PRD convierte a una persona (Silva Oliva) en la candidata oficial del partido por el simple hecho de que se dictó una sentencia y lo peor es que tal dirección defiende la sentencia como si ésta hubiera sido una decisión libre y auténtica del partido mismo.

El Tribunal hizo un nuevo cómputo de la elección de candidato en Iztapalapa, lo que indica con claridad que tal cómputo no lo hizo el partido. El hecho oficial de que Silva Oliva haya sido nombrada por los magistrados como candidata del PRD no obliga a éste a apoyarla, sino que es evidente que el partido debe defender su decisión en la medida de lo posible. Y lo que propone Andrés Manuel es la defensa de una candidatura legítima, la de Clara Brugada, por encima de una decisión judicial, lo cual no es un desacato sino una respuesta política a un acto arbitrario del Tribunal Electoral.

La forma de defender la candidatura real del PRD no es cosa antes vista, pero en otras partes se ha visto algo de ésto, como es la experiencia de Cámpora en Argentina, elegido con el único fin de llevar a Perón de regreso a la Presidencia de la Nación, quien no pudo ser candidato por estar en el exilio y declarado proscrito. En el plano de la política --siempre que las cosas sean claras y nadie sea engañado-- es posible dar la vuelta a imposiciones de órganos del Estado carentes de sentido de justicia, imparcialidad y legalidad. Tal es el caso de Iztapalapa, donde la sentencia del TEPJF es verdaderamente monstruosa. Entonces, quien evidencia falta de congruencia partidista en el caso de Iztapalapa es la dirección del PRD, es decir, la mayoría. ¿Cuál era entonces la solución verdaderamente partidista? La no aceptación de Silva Oliva de la candidatura para que el partido nombrara a Clara Brugada, otra vez, como su verdadera candidata, que lo es a pesar de todos los pesares. Como Jesús Ortega no fue capaz de procesar un acuerdo de esta naturaleza, debido principalmente a que en su agrupamiento no predomina la congruencia partidista sino el espíritu y la práctica de facción política, de sectarismo, entonces se adujo que ya era imposible sustituir candidatos según la ley, ocultando que no se hubiera tratado de una sustitución ya que Oliva no era aún candidata y que ante su renuencia a aceptar la postulación, es decir, el registro ordenado por el tribunal, el partido seguía con el derecho de participar en las elecciones por dos motivos. Primero, porque ningún juez puede obligar a una persona a ser candidato, en este caso, Silva Oliva. Segundo, porque el PRD tiene el derecho de postular candidatos y ya tenía una que era Clara Brugada, cuyo registro quedó anulado por resolución judicial sólo en tanto que Oliva asumiera la candidatura pero no en tanto que tal cosa no se realizara.

No hubiera habido obstáculo alguno para la solución democrática y partidista de este asunto si la dirección del partido hubiera logrado que Oliva no aceptara la postulación ordenada por un tribunal arbitrario y el PRD hubiera procedido a reintegrar la candidatura de Clara Brugada. Pero como esto no podía suceder por razones de política facciosa y desapego del partidismo, entonces la única salida es pedir a los electores que voten por un candidato de otro partido que, de resultar triunfador, renunciaría para que la Asamblea Legislativa pudiera, eventualmente, nombrar a Clara Brugada como jefa delegacional. De funcionar este plan, el cargo sería cubierto por la verdadera candidata del PRD (partido mayoritario), es decir, por Clara Brugada.

Iztapalapa, emblema de un sistema decadente

No podemos conocer con certeza quienes metieron las manos en el fallo del Tribunal Electoral sobre Iztapalapa pero tampoco podemos estar seguros de que los magistrados hayan hecho tal atropello por iniciativa propia. Es tan monstruosa la sentencia que en verdad cuesta trabajo adjudicársela a unos juristas.

El origen del juicio fue que algunos integrantes de mesas directivas de casilla en algunas mesas receptoras –donde el voto a favor de Clara Brugada era muy alto—no estaban en el listado de miembros del PRD. En cambio, todos los demás integrantes de casilla que tampoco estaban en el listado de integrantes del partido no fueron analizados ni sobre tales casos se ejerció alguna resolución judicial. El propósito era anular sólo medio centenar de casillas (no cualesquiera sino unas muy precisas) para dar la vuelta al resultado.

Como se sabe, cuando falta algún funcionario de casilla, éste se sustituye con el primero formado en la fila de votantes que esté dispuesto a asumir la encomienda. Pero el Tribunal parece desconocer un hecho de lo más público: podía votar cualquier ciudadano, la elección fue abierta, no se requería ser miembro del PRD para poder votar. Por tanto, cualquier primero en la fila podría ser o no miembro del partido.

Esta ignorancia supina de los magistrados es de lo más sospechosa, en especial porque otros recursos fueron declarados infundados con el argumento de que los funcionarios de casilla de seguro que eran de la sección correspondiente porque estaban formados en la fila, aunque no se hubiera comprobado que eran electores de ese lugar. Mas tales impugnaciones no eran en contra de Clara Brugada.

Los criterios contradictorios no son casuales en un tribunal, sobre todo cuando se votan al mismo tiempo. Por esto, he dicho y sostengo que se trata de un fraude electoral realizado en el quinto piso, es decir en un tribunal de apelaciones, el cual, por cierto, no era la instancia idónea sino la Sala Regional, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral “atrajo” el juicio sin argumentos concluyentes y lo resolvió en una madrugada cualquiera, después de haber pospuesto el examen de la misteriosa ponencia en varias ocasiones.

Las casillas anuladas por el TEPJF no fueron impugnadas en cuanto al resultado del escrutinio y cómputo. Los votos fueron auténticos. Los representantes de todos los candidatos firmaron las actas, después de haber admitido a los funcionarios sustitutos, con lo cual los recurrentes, es decir, los perdedores, aceptaron, antes, el acto que después reclamaron. Y no sólo lo aceptaron sino que lo propiciaron debido a que ellos mismos se hicieron cargo de las sustituciones de funcionarios de casilla ante la ausencia de los originalmente nombrados. Quienes votaron en las casillas anuladas han sido enviados por un tribunal al reservorio de los ciudadanos inexistentes.

La escandalosa decisión del TEPJF ha creado un grave problema político en el interior de un partido, el cual ha sido agredido como tal. Parece que nuestros magistrados electorales hacen política interna en el PRD y les importa un bledo las consecuencias de sus actos ilegales y por completo contrarios a la equidad electoral, la imparcialidad y la legalidad.

No es la primera vez que el TEPJF hace una tropelía de esta naturaleza, pero cuán grave es que lo siga haciendo sin escuchar la crítica, en una actitud de autismo judicial y personal. Preparémonos para ver cosas peores.

Subrogaciones y ofensas

Las guarderías infantiles del Seguro Social son las mejores de México. Desde el diseño arquitectónico hasta la capacitación del personal, no hay algo mejor. Pero las guarderías subrogadas del Seguro Social, aquellas que son instaladas por influyentes que consiguen que el IMSS les pague por guardar niños, se encuentran entre las peores. ¿Por qué?

La respuesta es muy sencilla. Los gobiernos priistas y, después, panistas, han considerado que el Seguro Social no debe construir y administrar guarderías infantiles porque son muy “caras”, tanto que son muy buenas. En especial, se trata de disminuir el número de trabajadores del IMSS, considerados como demasiado onerosos para el Estado y, por tanto, ingratos e indeseables. Se ha optado por la salida fraudulenta: firmar contratos con influyentes que dicen saber del cuidado y educación en el nivel de temprana edad. Todo eso no es más que negocio y negocio, donde los que menos importan son los derechohabientes y sus hijos.

La tragedia de Hermosillo es resultado de una política de desmantelamiento de lo público, privatización de funciones de las instituciones sociales, promoción de negocios entre los amigos y amigas, degradación de la calidad de los servicios y corrupción de las políticas públicas.

No lo digo hoy, ante la tragedia, sino que he votado durante años en contra de las subrogaciones, verdaderos atracos.

Las autoridades municipales de Hermosillo son también responsables de haber autorizado un establecimiento para la atención de niños y niñas, quienes no se pueden mover solos, en un lugar por completo inadecuado. No les importa nada. Además, no había en el lugar ningún control de protección civil, responsabilidad tanto de las autoridades del IMSS como de las del Estado de Sonora.

Ahora, Calderón quiere cárceles privadas. Esos reclusorios son los de mayor violencia en Estados Unidos. Además, no son cárceles sino empresas privadas donde los presos no son trabajadores, carecen de todos los derechos laborales, son esclavos. Ah, pero ¡qué buenos negocios! Vimos una serie de HBO, producida por Argos, sobre una cárcel de mujeres llamada Capadocia: habría que enviarle una copia a Calderón, aunque no tendría, creo, el menor efecto.

El problema de las cárceles mexicanas es inmenso, tanto en las “normales” como en las de “alta seguridad”. El Chapo se fue de una de éstas el día que quiso. Pero la privatización no va a resolver el problema sino que lo va a agudizar. La cárcel-taller tiene que ser una solución de la esfera de lo público, tal como la cárcel-escuela. Llamar a los empresarios privados a hacerse cargo de las prisiones es como llamar a los pseudo educadores a tomar las guarderías. Ya lo hemos visto, ¿quieren más?

Por cierto, ese sistema de subrogaciones no sólo funciona en el IMSS sino también en el gobierno federal, en especial en la Sedesol con más de ocho mil. Las guarderías de las que tanto presume el PAN en sus anuncios electorales son subrogaciones a través de las cuales el gobierno se quita un problema, abarata costos y promueve negocios privados. Todo, sin importar la pésima calidad de los servicios. La destitución del delegado del IMSS tendría que continuar hasta arriba, pues el de Sonora no era más que un funcionario medio. No basta el minuto de silencio guardado ritualmente en las instituciones del Estado, hace falta el valor de decir que basta de negocios sucios y degeneración política. ¡Cuán ilustrativo de todo esto es el falso dolor expresado por Calderón!

Operativos, evidencias y Kafka

No debería existir la menor duda de que los llamados operativos de Michoacán y Nuevo León, así como otros muchos, se han hecho en contra de la ley.

Sin embargo, los medios de comunicación no lo admiten así por lo general, aunque tampoco podemos exigirles que conozcan los textos constitucionales. Mucho menos el gobierno. Calderón habla del combate –ahora sí, dice—contra la delincuencia organizada, sin distingos políticos y para no caer, también dice, en los largos errores del pasado. Tenemos un Ejecutivo que en lugar de gobernar es un policía, no aborda más tema que éste, pero su actitud no tiene tampoco más pretensión que justificar las violaciones en contra de los derechos de personas, las cuales podrían ser los peores delincuentes pero se supone que tienen garantías.

Al parecer, es rentable en la política cometer violaciones con la bandera de la lucha antinarco, como si se tratara de una guerra de verdad. Esto es lo peor de los tiempos que corren.

Es ilegal detener a una persona sin orden judicial –excepto en casos extremos muy bien definidos y bajo responsabilidad del MP—y, nunca --pero nunca-- sin que se le hagan cargos precisos. Por otro lado, la presentación de cualquiera ante el Ministerio Público está señalada en la ley, la cual no ha sido respetada en lo más mínimo puesto que ninguno de los secuestrados fue previamente requerido por escrito por el mismo MP. El asunto es muy evidente. ¿Para qué negarlo?

“K. no podía olvidarse de que el proceso no era público; y que si el tribunal lo pensaba necesario, lo podían considerar de esa manera, aunque para la ley no se prescribía publicidad. Por eso a las actas del tribunal, básicamente el texto de la acusación, el acusado y la defensa no podían acceder. Por eso generalmente no se sabía qué poner en ese primer memorial. Esto explicaba porqué únicamente por casualidad podía tener algo servible para el caso. Más tarde era cuando se podían hacer memoriales más acertados y que sirvieran de algo, cuando, mientras corre el caso, se encuentran más evidentemente los puntos de la acusación y la fundamentación de éstos, si no bien se tendría que adivinar.”

El párrafo anterior no es una crónica de las detenciones arbitrarias –secuestros a todo fin práctico—sino una cita de un gran libro, El Proceso de Franz Kafka, en el que K. se encuentra sujeto a un juicio sin saber porqué ni para qué.

Las narcolistas pudieran ser declaraciones en papeles sin firma ni declarante, que sirven para encarcelar a quienes no quisieron colaborar con la delincuencia organizada o que, colaborando con ella, no hicieron todo lo posible por protegerla. Fueran lo que fueran, las tales listas son mensajes de los delincuentes para lograr que la autoridad destituya y encarcele a otras autoridades de tal forma que los proscritos por la justicia han empezado a determinar las acciones de sus persecutores.

Si el Ministerio Público ha obtenido el arraigo de los inculpados es porque no ha podido acusarlos aún ante un juez penal. No hay causa presentada. Para decirlo en las palabras de Kafka, “Block trabaja demasiado en el proceso y anda en busca de una solución para su caso… ¿Qué cosa diría si se enterara de que su proceso no ha dado inicio, que ni siquiera ha sonado la campanilla para abrir su causa?”

La realidad mexicana podría considerarse kafkiana, con el debido respeto a la memoria del genial escritor. Sin embargo, los kafkianos saben bien que los arraigos se levantarán hasta después de las próximas elecciones.