Citigroup: otro tropiezo de Calderón

Felipe Calderón no ha tropezado con Citigroup, como sugeriría la cabeza de este artículo, sino con el país, pero la circunstancia ha sido el banco estadunidense. Casi no se puede creer. Dice el gobierno que el rescate de un banco estadunidense no está previsto en la ley mexicana, de tal manera que la inversión hecha por el gobierno de Estados Unidos en el Citigroup, con el propósito de mantener la vida del gigante financiero norteamericano, no cuenta para efectos legales en México. ¡Olé!

La ley de instituciones de crédito y la que rige a los grupos financieros prohíben que un banco sea propiedad total o parcial de un gobierno extranjero. Eran tiempos en que los Estados no asumían propiedad en los grandes bancos: “No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.”

Pero hay algo más: la sanción en este caso es la venta forzada de las acciones del banco, según reza la ley que ahora es desconocida por el gobierno.

Pero Calderón dice que, como no se previó la actual crisis económica mundial y mucho menos la compra de acciones con voto de parte del gobierno de Estados Unidos, la ley mexicana no puede aplicarse por falta de previsión. Esta manera de explicar una decisión política, claramente ilegal, no tiene parangón en la historia. Calderón ha caído en lo más bajo de la degradación de la especie política mexicana. Por ello, promete enviar al Congreso una iniciativa de reformas que haga posible que el gobierno no viole la ley, es decir, pretende que se legalice la violación. ¡Olé!

Lo que dice la ley no es contradictorio con los tratados internacionales. Pero Carstens afirma --como ministro del rey—que Banamex tendrá un plazo de tres años para empezar a “regularizarse”. Pero esto no lo puede decidir el súper banco sino el dueño de los valores. Ante esto, Carstens nos quiere seguir divirtiendo con su habitual comicidad involuntaria, para lo cual afirma que llamó por teléfono al secretario del Tesoro de Estados Unidos y éste le dijo que el gobierno de su país no tiene la intensión de convertirse en banquero. El problema ha sido resuelto, según Carstens, con una llamada telefónica. Otra vez, ¡olé!

Hay algo más: el TLC autoriza a México a impedir la extranjerización de la banca cuando los bancos de EU y Canadá posean más del 25 por ciento del total del capital invertido en esas instituciones. Ya rebasamos este porcentaje y el gobierno de México no ha hecho uso de sus prerrogativas pues le encanta la idea de una banca extranjera.

El Estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales. Calderón, como buen derechista tradicional, prometió como presidente de su partido y, después, como candidato, que el Estado de derecho, bla, bla, bla. Ante la menor provocación, el miedo se apodera de todo el gobierno, empezando por Calderón, y se resuelve con fingida solemnidad y gran cinismo que Banamex no está en disonancia con la ley mexicana. Todo está bien, se dice, pero el gobierno anuncia el envío de un proyecto para resolver la situación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué enviar una iniciativa al Congreso? Nomás quiero saber qué legislador estaría dispuesto a aprobar una reforma para encubrir la violación de la ley. Bueno, esto es un decir, ya que probablemente habría muchos. Ya veremos, digo, antes de que la Suprema Corte tenga que resolver una controversia constitucional.

¿Cárcel a consumidores de drogas?

El proyecto de Calderón sobre narcomenudeo consiste en síntesis en llevar a la cárcel a los consumidores que sean encontrados en posesión de drogas prohibidas. Pero, ¿cuál es el delito? El consumo de estupefacientes y demás sustancias prohibidas no es una conducta ilícita. Así, se inculparía al consumidor de posesión de droga, como si se tratara de un narcotraficante.

Se dice que el consumidor probablemente es un adicto y que éste es un enfermo con propensión a delinquir. No sabemos qué tan adicto pueda ser un consumidor cualquiera y tampoco podemos demostrar que se encuentra en trance de delinquir (lo cual no sería un delito en sí mismo) ni la existencia de alguna enfermedad.

La idea incluida en el proyecto de Calderón consiste en que para disminuir el narcotráfico es necesario combatir la demanda de drogas mediante la amenaza de cárcel. El MP podría de inmediato consignar al juez a cualquier consumidor bajo el cargo de posesión de droga. Ahora bien, si el presunto adicto fuera enviado por el Ministerio Público a ver al médico y aquél no asistiera a un centro de atención (existente o inexistente), entonces el MP lo enviaría al juez y éste a la cárcel, pero si aun asistiendo al centro de atención el presunto adicto fuera sorprendido con droga por tercera vez, entonces ya no podría escaparse de la cárcel: la tercera es la vencida.

Esta es una receta que viene de Estados Unidos, donde ya ha fracasado, pues la amenaza de cárcel y el forzado auxilio médico no han conducido a la disminución del número de consumidores. Lo que se ha logrado con la criminalización del consumo es solamente la satanización de los usuarios: millones de personas son mal vistas en tanto enfermos declarados y en tanto promotores de la industria del narcotráfico.

Al darse la vuelta a la cuestión de las drogas de tal forma que los compradores aparecen como causantes de un extendido fenómeno delincuencial, se busca ocultar que la base del problema en su dimensión penal se encuentra en la prohibición. Entonces, los consumidores deben dejar ya la droga para siempre y las nuevas generaciones tienen que eludir la tentación de probarla, también para siempre. ¿Es esto posible?

Calderón convoca a llevar su guerra declarada contra el narcotráfico al seno de las familias. Pero, ¿si tuviera un hijo consumidor de drogas ilícitas, estaría de acuerdo con enviarle a la cárcel? ¿Para qué? ¿Qué se lograría? ¿Qué lección aprendería un joven en la prisión donde, además, la droga ilegal se vende con mayor facilidad que afuera? ¿Debe ser la amargura de la pérdida de la libertad una funesta consecuencia del consumo de drogas?

La peregrina respuesta a estas preguntas es que se necesita obligar al consumidor a someterse a un tratamiento médico. Pero, ¿es esto consistente con un régimen de libertades? ¿Es lícito someter por la fuerza a las personas a un tratamiento que, por lo demás, puede ser inservible justo por su carácter forzado? No obstante, se insiste en la locura política y cultural de satanizar el consumo de drogas ilícitas y amenazar a los consumidores con la cárcel.

Tiempos son estos de violación de derechos fundamentales, de discursos de intolerancia, de guerras inventadas por el poder para unir en su derredor a la gente atemorizada por las consecuencias de la acción del poder mismo.

Sarkozy y los resbalones de Calderón

El presidente de Francia impuso a Calderón un compromiso que provoca pena ajena. Obligó al gobierno mexicano a realizar un acto inaudito: aceptar la creación de una comisión binacional de alto nivel sólo para analizar la situación de una persona.

No es cierto que Sarkozy estuviera haciendo su “chamba”, la de abogado de oficio de una ciudadana francesa. El mandatario conoce la convención de Estrasburgo y sabe que la entrega de un reo sólo se puede hacer cuando la sentencia está firme, lo que aún no ocurre con Florence Cassez. Sabe también de sobra que su gobierno no puede aún hacer solicitud oficial a México. Llegó simplemente con una demanda, ante la cual Calderón no supo comportarse como lo que él presume ser y admitió la tan absurda comisión especial para analizar un caso que todavía no es internacional ni se encuentra aún en la esfera del Poder Ejecutivo mexicano.

Qué lamentable; qué lástima. México no se merece ese trato, pero no de parte de Sarkozy, quien a fin de cuentas nos importa un bledo, sino de Calderón.

Florence Cassez podría ser entregada a Francia para el cumplimiento de su sentencia cuando ésta sea firme, pero también podría no serlo. Eso lo tendría que decidir, en su momento, el gobierno mexicano, pero no el francés. Por cierto, cuando México ha reclamado a Estados Unidos alguna conmutación de pena de reos mexicanos siempre se ha tratado de sentencias de muerte y ante la falta de cumplimiento del derecho a la asistencia consular convalidado por la Corte Internacional. Pero Sarkozy no reclama nada sino sencillamente quiere llevarse a su connacional de regreso a Francia sin presentar una solicitud formal en el momento previsto en la convención del Consejo de Europa firmado por México como parte adherente.

Lo que se ha dicho poco es que Francia tiene una reserva sobre tal convención de Estrasburgo, la cual le permite indultar a los reos franceses que le sean entregados. Sin embargo, según la Constitución mexicana, el perdón no correspondería, en este caso, al presidente de Francia sino sólo al de México. Esa reserva francesa hace intransitable la entrega de Cassez a Francia, pues de tal suerte se podría trasladar una facultad exclusiva de la presidencia mexicana a la francesa por la vía de la entrega del reo, lo que no está permitido. Sólo para el cumplimento de la sentencia, México puede entregar a un reo extranjero ya que no estamos hablando de extradición.

No es un asunto de “patrioterismo” o algo que se le parezca. Con perdón de los ignorantes.

Mas el problema tiene otra cara. El juez de la causa analizó en su momento el dato judicialmente cierto de que Cassez y otros fueron usados para un performance mediático, es decir, fueron presentados a la prensa varias horas después de su detención como si ésta se hubiera estado realizando en el mismo momento del grotesco montaje. Aquí hubo una falta de ética y de probidad que ha quedado impune. Genaro García Luna organizó un espectáculo con el cual ofendió los derechos de los detenidos y, también, el derecho del pueblo a una información veraz.

Por el otro lado, Florence Cassez vivía en una casa donde se encontraban varias personas secuestradas que llevaban en cautiverio algunas semanas, pero ella afirma que desconocía la presencia de aquéllas; o sea, no sabía nada de nada: estaba ciega y sorda. ¿A quién le quieren tomar el pelo Sarkozy y Cassez? Que nos lo respondan sus (oficiosos) defensores (mexicanos).

Enredo global

La globalización es un enredo en sentido literal, es decir, un entrelazamiento desordenado. Por lo pronto ya se nos enredó el Citigroup.

Banamex, un banco rescatado sin necesidad alguna por el Fobaproa, que le ha costado al país más que ningún otro banco vivo, fue vendido al Citigroup por casi 14 mil millones de dólares (incluyendo los pagarés de compra de cartera vencida a cargo del pueblo de México). La mitad de esa cantidad fue pagada en efectivo y la otra con acciones del mayor corporativo bancario estadunidense, las cuales ahora valen la quinta parte de entonces. Hoy, un tercio de esa institución bancaria es propiedad del gobierno de Estados Unidos, Banamex incluido.

La ley mexicana no autoriza que banco alguno tenga como propietario de acciones con derecho a voto a una autoridad extranjera. Así, Banamex ha caído en situación de disonancia con la norma vigente. Esta falta de armonía se debe a una decisión de Citigroup, tomada a sabiendas de lo que dice la ley mexicana, pero en conciencia de que no tenía más camino que admitir la inversión gubernamental estadunidense.

El Citigroup estaba en quiebra y ha sido salvado, pero, a diferencia de la nefasta experiencia mexicana del Fobaproa, el auxilio oficial llegó en forma de inversión y no de dádiva. No está nada mal que Obama haya tomado ese camino, pero Banamex quedó fuera de la ley, y del TLC por cierto.

Las autoridades mexicanas han guardado silencio ante esta situación, lo que no es de extrañar, pero en algún momento tendrán que dar una de esas interpretaciones torcidas y exponer que no hay ningún problema. Eso es lo que todos esperan. No obstante, tendremos una situación en la que la ley no se respeta por conveniencia de poderes fácticos, lo que nos llevará a seguir por la muy transitada ruta de la ausencia del Estado de derecho.

El problema podría ser resuelto de alguna manera sin violar la ley mexicana. Sería cuestión de que las autoridades de México le plantearan a Citigroup que su relación con Banamex debe ser modificada, de tal suerte que el corporativo ya no posea al banco “mexicano”.

Pero, para cualquier solución, incluida la compra de Banamex por parte del gobierno de México, Calderón le tendría que alzar la voz al otrora poderosísimo banco estadunidense. Es difícil que esto pueda darse, no obstante que cuando una empresa está en dificultades suele vender activos no esenciales. No le caerían nada mal al Citigroup unos miles de millones de dólares adicionales para salir a flote.

La crisis de la globalización ya nos rebotó en el plano de la legalidad. El problema es más grave aún que la venta de Banamex sin pago de impuesto sobre la renta de parte de Roberto Hernández y pandilla. Aquella fue una confabulación ilegal; ésta sería una violación permanente, una forma de ubicar a Banamex al margen de la ley.

La idea de reformar la legislación mexicana para adaptar al país a la decisión del Citigroup y del gobierno de EU es la peor de todas, pues la ley ya no sería impersonal y general sino con destinatario preciso.

Bueno, en México, en los tiempos que corren, todo puede ocurrir.