¿Hasta dónde llegaremos?

En el verano, dice Calderón, habrá pasado lo peor. ¿Por qué y para qué decir eso? Nadie lo sabe. Quizá se actúa con la idea de que es función del gobierno “tranquilizar los mercados”, pero a partir de tal declaración y de otras peores, los mercados siguen mal. Los dueños del dinero le creen más a sus propios cálculos, normalmente fríos, que a las peregrinas declaraciones de los políticos, a quienes, por lo demás, desprecian.

El campo de las inversiones se ha reducido debido a un problema de realización, es decir, de generación de ganancias. Esto se debe a varios factores conjugados pero todos ellos ciertos. No son discursos sino realidades. Hacia finales del año pasado, la economía mexicana se estaba literalmente cayendo: empleo, producto interno, exportaciones, inversión extranjera directa, remesas, ingresos petroleros. Ahora conocemos los datos definitivos, pero a principios de enero las cosas ya estaban claras: catastrofistas, respondieron Calderón y el PAN, pero no arreglaron nada con sólo decir que estábamos mejor que otros países y que la economía mexicana sí iba a tener crecimiento en 2009: todo falso.

Yo he propuesto un plan de inversiones públicas por un billón de pesos (un millón de millones) para dos años, a través de una ley de impulso a la economía productiva que podría ayudar en alguna medida a atemperar la recesión que ya no es una frase sino una realidad. Pero sólo he recibido silencio del gobierno y, para mayor desgracia, de la prensa.

Calderón no ha enviado al Congreso ningún plan económico. Él, solo, sabe lo que dice, o sea, se entiende consigo mismo. Casi no hay otro país en el mundo en donde el gobierno actúe de tal manera. Por ello, desde el Congreso se podría hacer una convocatoria, una reforma del gasto público, un esfuerzo para promover las inversiones que se están desplomando a través de toda la economía nacional.

Al gobierno sólo le interesan dos cosas: la estabilidad de las finanzas públicas y que la banca no se desbarranque: gran error. Ni el Estado debe, en tiempos de crisis, tener el mismo balance de antes ni la banca podrá evitar un cierto nivel de quebranto. Frente a esta situación es necesario responder según la realidad y no según un deber ser imposible. Pero esto es lo verdaderamente imposible por parte de un gobierno sin la menor responsabilidad frente a su país.

No sabemos de cierto hasta dónde llegaremos. Lo que sí podemos saber es que sin una nueva política económica no se podrá defender la economía en todos sus componentes. Y, como parte de lo nuevo, el Estado debe invertir mucho dinero, ya que los capitalistas no pueden hacerlo debido al estrechamiento del campo de las inversiones. Sin inversión no hay crecimiento ni se puede defender el empleo. ¿Quién supone Calderón que va a invertir en el nivel mínimo necesario? Eso no nos lo contesta nadie ya que es verdaderamente imposible saberlo: autismo político, se llama.

Tapados y Estado

Las medias verdades son, a veces, tan malas consejeras como las mentiras. Los tapados –dice Jesús Ortega-- son síntomas de ingobernabilidad. Sí, pero no. Habría que ir más al fondo. Son expresiones de rebeldía.

El narcotráfico no es condenado más que por las buenas conciencias, pero nunca por la mayoría pobre de este país. Si las fuerzas armadas actúan, bien; si no actúan, también está bien. Pero para quienes viven de lo que se puede, la cosa es peor: quien da algo es el bueno. Si los narcotraficantes pagan, no hay que rehusar la ayuda; si el gobierno da algo, agarra lo que puedas. Así, la pobreza, pero sobre todo la falta de posibilidades –generadora de resentimientos—, es lo que lacera a las sociedades como la nuestra.

El Estado corrupto no puede conocer. Lo que ocurre en muchos lugares de México es que el Estado no logra estar presente –cierto, es ingobernabilidad--, pero eso no es más que una expresión de la realidad, mas no la realidad social misma. La autoridad es repudiable: la ley no es más que un instrumento de los poderosos. Tenemos en Monterrey lo mismo que en Río de Janeiro: los narcotraficantes son sustitutos impostores del Estado social y de la participación democrática. Los tapados –ni tanto—son personas que siguen a unos rebeldes: aquí empiezan las dificultades de un Estado que vive a espaldas de la realidad y no posee ciencia alguna. Esa rebeldía no es como la quisiéramos –el Estado nunca quiere alguna--, pero no deja de ser lo que es, aunque sólo venga del resentimiento.

Los desertores del Ejército que forman filas en los Zetas, los otros que nunca han tenido un empleo permanente, los demás que sienten que jamás van a tener una ocupación “decente”, son rebeldes aunque perjudiquen el término. La rebeldía no es exclusiva de personas con causas proclamadas y objetivos ciertos. Nuestros rebeldes ya no son como los de antes, ahora se levantan contra el orden imperante sin proclama ni partido. Pero, ¿eso les quita su condición de rebeldes?

Los tapados son rebeldes, tal como también lo son quienes les ayudan mediante dádivas de origen ilegal en un país lleno de ilegalidades. Sí, hay falta de gobierno –ingobernabilidad, se dice—pero ante todo hay crisis del Estado. Sí, el Estado corrupto mexicano, en donde la corrupción es la divisa, no supera su crisis al declarar la guerra al narcotráfico: un Estado en guerra no respeta derechos. Ese Estado, en su conjunto, es de la misma clase que los proscritos, pero con la diferencia de que aquél actúa en nombre del pueblo y los narcos no tienen más que llevar en su cauda a quienes ese mismo Estado ignora por completo.

Sabíamos que así era, pero no lo habíamos visto en las calles. Ahora, ya no existe duda alguna: el narcotráfico –invento del Estado mediante la prohibición—no es tan condenado por la sociedad real, como suponen los políticos, sino que hay gente que forma filas en el ejército de los proscritos sin el menor cargo de conciencia. No se trata de lo que debe ser sino de lo que es. El Estado corrupto mexicano prohíbe las drogas pero el pueblo no se las prohíbe a sí mismo y lo mismo da formar filas en la CNOP que en el Narco, siempre que alguien haga algo. Ese algo –lo sabemos—no sirve de gran cosa, no es solución de nada y, siempre, será usado en tu contra: hoy como ayer. Si no hay Estado democrático y social, en este país ya no habrá paz.

Catastrofismo y catástrofe

Para ser catastrofista no hace falta una actitud pesimista sino, ante todo, dilucidar si estamos en una catástrofe o nomás la inventamos, en cuyo caso el catastrofismo es inocuo y no hay de qué preocuparse. El debate, entonces, consiste en conocer las causas de la crisis, evaluar la situación de la economía y advertir los efectos sociales.

El primer punto es que la recesión ya está admitida por todos. Sin embargo, Calderón sostiene que se trata sólo de un reflejo de la recesión en Estados Unidos, la cual --se piensa-- es producto de una falta de regulación y un mal manejo de los mercados financieros. Esto no parece ser del todo cierto.

Los grandes negocios financieros que precedieron a la crisis fueron provocados por una sobre liquidez incontrolada, es decir, la existencia de valores de capital mucho mayores que los aplicables en la inversión productiva. Las súper ganancias no pudieron ser usadas en las mismas ramas de la economía donde fueron generadas y tampoco en otras, de tal manera que la liquidez fue lanzada hacia la esfera de la especulación con una desesperada colocación improductiva y, por tanto, circular de los capitales-dinero que volvían siempre a los mismos mercados especulativos. Aquí tenemos un problema de la estructura social.

El problema de México no sólo consiste en la disminución del consumo en Estados Unidos, donde se vende casi el 20 por ciento del PIB mexicano, sino en el estancamiento de la economía que lleva ya demasiados años, por lo que éste no es coyuntural. Lo que se requiere ahora es revisar el modelo económico y no sólo tomar medidas de emergencia que en poco podrían aliviar los efectos de la crisis.

Uno de los temas centrales es el papel del gasto público en el crecimiento y en la reindustrialización del país. Esto es lo que niega Calderón. Sin embargo, lo que hoy debe hacer el Estado mexicano es aumentar la inversión pública productiva de acuerdo con un plan de reactivación de la producción y fomento del mercado interno. El factor externo no podrá ser ahora una esperanza. Es el tiempo de volver los ojos hacia adentro.

El planteamiento concreto es invertir cada año, durante 2009 y 2010, por lo menos unos 500 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado, para lo cual se debería recortar gasto corriente, hacer uso de fondos congelados, canalizar los subejercicios y acudir al financiamiento por otros dos puntos porcentuales del PIB. El déficit público se ubicaría en unos cuatro puntos del producto (1.8 ya presupuestado y 2 agregado), lo cual resulta recomendable bajo la crisis (sacar capital-dinero de la especulación para destinarlo a la producción), pero también, en general, como instrumento de crecimiento económico sin reducir el gasto social.

Sí, hay una catástrofe, la que gestó el neoliberalismo paso a paso, la que resulta de los dogmas impuestos a muchos países pobres desde los países desarrollados. La economía mexicana está desarticulada, estancada, desfigurada. Lo que impera es el empleo informal mientras que se ha desindustrializado al país y el campo vive en la ruina.

La catástrofe viene de antes pero ahora está a la vista de todos, excepto del gobierno. Esto es lo injustificable. No se logrará nada descalificando a los llamados catastrofistas mientras la catástrofe se nos viene encima.

Prepotentes

El Estado mexicano ha sido (al menos en los últimos sesenta años) prepotente con los débiles y débil con los prepotentes. Muchos se quejan del duopolio televisivo y otros monopolios y oligopolios: todos son productos del Estado.

Antes, cuando los spots de los partidos se compraban a puños a nuestra insigne televisión, eran presentados por Televisa y Azteca como una obra magnífica, entrometidos aun en telecomedidas y toda clase de emisiones de alta difusión. Ahora, que está prohibido a los partidos comprar los llamados spots, éstos son algo horrible, execrable, inmundo, impertinente. Así, las dos grandes empresas de la televisión interrumpen los espectáculos deportivos con los horribles spots políticos, transmitidos bajo fuerza de ley, es decir, sin pago.

Este es un lío entre el Congreso y el duopolio. Los legisladores le han quitado a las empresas de la televisión una parte de los recursos que el Estado destina al gasto de los partidos pero las televisoras –iracundas, ésas sí—se toman su venganza encarando a los espectadores con la ley. Mas es el Estado quien tiene que encarar a las empresas concesionarias de los bienes públicos con el instrumento de la ley y obligar a éstas a respetar los mandamientos legislativos

Los spots políticos ensucian la pulcra y culta programación de nuestra insuperable televisión privada. Pero la suciedad ha sido proclamada por quienes hoy no pueden vender lo mismo que antes presentaban orgullosamente como expresión de pluralidad y democracia; claro, bajo facturación, nada rigurosa, por cierto. Cuando los políticos hablaban con los dueños de las televisoras, éstos les ofrecían a aquéllos sus tiempos, les elaboraban paquetes que siempre incluían anuncios no pagados bajo la cobertura de los programas noticiosos. Todos estaban contentos, incluso los conductores de los programas noticiosos quienes se llevaban su buena comisión. Hoy, dueños y empleados de las empresas de televisión se lanzan contra la ley, sencillamente porque no ganan.

Antes, las emisiones de los partidos eran transmitidos a las 12 de la noche aunque el IFE los programaba en horas de mayor audiencia, tal como señalaba la norma. El gobierno cedía siempre. El IFE no podía reclamar porque no había autoridad a quien recurrir.

El dinero –patria de quienes se enfrentan hoy al Congreso y a la ley—es más necesario cuando la publicidad comercial –auténtica basura que nos tragamos día con día—es más escasa que antes por efecto de la crisis económica.

Cuando vino la reforma constitucional que declaró que todo el tiempo electoral será parte del tiempo del Estado, los concesionarios protestaron, pero éste no es ahora mayor. ¿Por qué tanta protesta? Los millones de spots oficiales son ahora los mismos que antes, pero sustituyen a los que eran de paga. Menuda diferencia.

López Dóriga responde a una intervención mía en el Senado. Dice que intenté ofenderle pero él me llama “iracundo”, “intolerante”, quizá porque afirmé que él es un empleado, lo que bajo ninguna circunstancia admito que sea un insulto. El empleado de Televisa no responde a mi crítica pero anuncia que yo no le intimido. Bueno, eso lo sé de siempre; la cuestión es que él sí me intimida porque tiene la gracia de hablar a una quinta parte del país casi todos los días… en vivo, en directo y a todo color, sin derecho legal de réplica. Todavía.