La crisis
Ponencia del senador Pablo Gómez (PRD) en el Seminario “Evaluación de las medidas implementadas por México y la Unión Europea ante la crisis económica mundial”. Cd. de México, 11 de diciembre de 2009
En México, al final del año de 2009, la economía habrá disminuido al menos un siete por ciento respecto del 2008. Han sido destruidos en ese lapso más de 400 mil empleos formales en un país en el que cada año se agregan más de un millón de personas a la población económicamente activa. Estamos en el peor desempeño de la economía desde 1932.
La pobreza en general y la pobreza extrema en particular se incrementan en México como consecuencia de los muchos años de estancamiento económico, el pésimo patrón de distribución del ingreso y la crisis económica que hoy afecta al país. El pasado ha desembocado en un presente del que no es ajeno. La crisis actual se produjo fuera de México, pero el país no respondió al reto y admitió que su estancamiento se convirtiera en franca regresión socio-económica.
Un hecho que llama la atención es que México sea el país más perjudicado por la presente crisis mundial en lo que toca al comportamiento del Producto Interno Bruto y uno de los más afectados en lo referente al empleo.
Una característica peculiar de la situación mexicana en el actual periodo de crisis es que el gobierno no agregó nada a la inversión productiva respecto del nivel precedente. Esta situación resulta políticamente desastrosa y económicamente muy perjudicial. Sin embargo, así ha ocurrido.
El elemento al que se le atribuyó la respuesta gubernamental frente a la crisis en materia de promoción de inversiones productivas directas fue la disminución de la producción petrolera mexicana y, consecuentemente, la pérdida de plataforma de exportación de crudo. Los ingresos fiscales de México se vieron reducidos y no se dio ninguna respuesta positiva inmediata frente a este fenómeno que ya se había advertido desde tiempo atrás, es decir, no fue un acontecimiento inesperado.
Al final, para 2010, el gobierno y la mayoría del Congreso han decidido incrementar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, lo cual ejercerá una nueva presión sobre el consumo y el ahorro internos, además de que agregará más de un punto porcentual al índice de inflación.
El equilibrio de las finanzas públicas se ha puesto por encima de la responsabilidad del Estado para generar una respuesta a la recesión mediante la movilización de recursos hacia la inversión productiva. Esta situación generará una débil recuperación económica una vez que Estados Unidos reanude los volúmenes de importación de productos mexicanos, lo que se espera ocurra a lo largo de todo el año de 2010 y ya muy entrado el 2011.
Así, ante una recesión pronunciada –la mayor en 77 años--, el pronóstico más optimista se ubica en retomar el estancamiento, de tal manera que se necesitarán tres o cuatro años, al menos, para contar con un valor del PIB nominal igual al del 2008.
Es evidente, por tanto, que en México no se adoptó ninguna de las medidas que eran necesarias para encarar la crisis y ni siquiera el gobierno logró advertir a tiempo la catástrofe que amenazaba al país.
Los sectores menos afectados por la recesión en México han sido, como era de esperarse, aquellos fuertemente dominados por la estructura monopólica de la economía nacional. Pero todas las pequeñas y medianas empresas han sido tocadas por la recesión. Como resultado esperado, el sistema monopolista se fortalecerá con lo que los mayores generadores de empleo –las medianas y pequeñas empresas—seguirán afrontando graves dificultades.
Sin embargo, podría decirse sin exageración que en México no se aprendió nada de la crisis en curso y que la visión dominante consiste en esperar a que Estados Unidos retome el crecimiento de su economía como único medio para alcanzar los niveles de expansión anteriores a la crisis, no obstante que éstos han configurado en realidad un fenómeno de estancamiento de la economía. Para poder ilustrar esta afirmación es necesario tomar en cuenta que en México un crecimiento anual del PIB cercano al tres por ciento equivale a un estancamiento si atendemos el incremento de la población, en tasa mayor al uno por ciento anual, y el millón 300 mil personas que se suma anualmente a la población económicamente activa.
Los grandes volúmenes de inversión productiva proceden del sector monopolista y del extranjero. El Estado mantiene sus niveles de inversión sin impulsar ningún cambio apreciable. Bajo estas condiciones, es evidente que el empleo no repuntará con lo que el mercado interno se mantendrá en la estrechez que le caracteriza.
Ahora bien, quiero abordar el tema de la crisis internacional. Es muy importante definir el origen de la misma, pues de esto podría depender la respuesta y la oportunidad de impedir a tiempo que se genere el llamado efecto W, es decir, la repetición de los mismos fenómenos que condujeron a la crisis; la repetición de la crisis.
No estamos frente a una crisis financiera como tal. En los últimos 20 años hemos vivido un proceso de acumulación de capital muy fuerte cuyos excedentes no han tenido plena ocupación en los mismos sectores más rentables de la economía mundial donde se ha producido dicho proceso. Es justamente el uso de ese excedente el que generó el colapso financiero, pero la causa no es tal uso sino la generación del mismo aunado a la reducción relativa del ritmo de crecimiento de tales sectores más rentables.
Es posible atribuir a los intermediarios financieros una responsabilidad en la crisis, pero ellos no generaron los excedentes de capital sino sólo los usaron de la manera en que siempre reaccionan, es decir, buscando acomodo al capital dinero. El problema no se encuentra principalmente en el sector financiero sino en la forma en que se generan y, sobre todo, se usan las súper ganancias. El patrón de acumulación de capital es el que se encuentra en crisis, pues las ganancias extraordinarias no alcanzan a tener un uso productivo en el resto de las ramas de la economía, las cuales no crecen a la misma velocidad.
Así, el problema no consiste sólo en controlar la conducta de los intermediarios financieros sino en determinar, al menos en parte, el uso de los grandes volúmenes de la acumulación de capital en las ramas más rentables, las cuales son, en su mayoría, las que generan las nuevas tecnologías y los nuevos inventos.
En ocasión de la anterior reunión de esta Comisión Parlamentaria Mixta sugerí que los países desarrollados, donde se encuentran principalmente las empresas de las ramas más rentables del capital, controlaran parte de los excedentes de tales empresas mediante la política fiscal, es decir, mediante impuestos que graven la tasa de ganancia y no sólo su masa. Esta reforma no detendría el proceso de los nuevos inventos ni presionaría demasiado a las empresas que generan las súper ganancias debido a que éstas son en la actualidad demasiado elevadas y a que las nuevas disposiciones fiscales no harían sino nivelar un poco las ganancias netas entre las diversas ramas de la producción.
El sistema no puede de manera espontánea hacer este ajuste. Sólo el Estado puede. Tampoco un Estado aislado de los demás, sino todos los Estados, como un acto de gobierno mundial.
El otro problema actual es la conversión de una parte del salario en ahorro. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos 30 años. Una parte del capital invertido en salarios ya no se lanza al mercado para cambiarse por medios de vida sino que se transforma en capital-dinero, el cual debe encontrar un acomodo, a través de la intermediación financiera, en la producción. Pero el ritmo de crecimiento de ésta –la producción—no se corresponde con el ritmo de acumulación de aquella parte del salario que se convierte en capital-dinero, lo cual genera un excedente de capital que no puede invertirse en la producción misma sino en otros campos, entre ellos la deuda pública.
En realidad, el salario no es bajo el capitalismo una dimensión de valor que deba convertirse en capital, pero como tal cosa ha ocurrido debido a factores ajenos al sistema económico capitalista y que se ubican en las reivindicaciones de los trabajadores y en otros fenómenos de carácter político, tenemos un agregado al proceso de acumulación de capital que en realidad procede de algo que está fuera del proceso en sí mismo.
La libre utilización del ahorro de los trabajadores y la creciente intervención de los intermediarios financieros ha generado una presión muy grande sobre el uso del capital. La solución de este problema no puede darse dentro del mismo sistema financiero sino sólo a través de la conversión del ahorro de los trabajadores en una parte del capital agregado total como un instrumento del Estado para financiar proyectos de carácter social y, especialmente, de infraestructura productiva. Algunos países están volviendo a los fondos solidarios de pensiones, bajo control del Estado, mientras otros se mantienen en la actitud de sostenerlos como forma de financiamiento de la economía privada. A su vez, Estados Unidos está tratando de limitar la participación de los intermediarios, en este caso de las compañías aseguradoras, en el manejo de fondos destinados a la salud.
Se requiere, en síntesis, un plan general para canalizar el ahorro de los trabajadores hacia otros usos diferentes a los canales tradicionales de intermediación financiera, eliminando así la presión que representa dicho ahorro dentro de las disponibilidades de capital en la economía.
En México, al final del año de 2009, la economía habrá disminuido al menos un siete por ciento respecto del 2008. Han sido destruidos en ese lapso más de 400 mil empleos formales en un país en el que cada año se agregan más de un millón de personas a la población económicamente activa. Estamos en el peor desempeño de la economía desde 1932.
La pobreza en general y la pobreza extrema en particular se incrementan en México como consecuencia de los muchos años de estancamiento económico, el pésimo patrón de distribución del ingreso y la crisis económica que hoy afecta al país. El pasado ha desembocado en un presente del que no es ajeno. La crisis actual se produjo fuera de México, pero el país no respondió al reto y admitió que su estancamiento se convirtiera en franca regresión socio-económica.
Un hecho que llama la atención es que México sea el país más perjudicado por la presente crisis mundial en lo que toca al comportamiento del Producto Interno Bruto y uno de los más afectados en lo referente al empleo.
Una característica peculiar de la situación mexicana en el actual periodo de crisis es que el gobierno no agregó nada a la inversión productiva respecto del nivel precedente. Esta situación resulta políticamente desastrosa y económicamente muy perjudicial. Sin embargo, así ha ocurrido.
El elemento al que se le atribuyó la respuesta gubernamental frente a la crisis en materia de promoción de inversiones productivas directas fue la disminución de la producción petrolera mexicana y, consecuentemente, la pérdida de plataforma de exportación de crudo. Los ingresos fiscales de México se vieron reducidos y no se dio ninguna respuesta positiva inmediata frente a este fenómeno que ya se había advertido desde tiempo atrás, es decir, no fue un acontecimiento inesperado.
Al final, para 2010, el gobierno y la mayoría del Congreso han decidido incrementar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, lo cual ejercerá una nueva presión sobre el consumo y el ahorro internos, además de que agregará más de un punto porcentual al índice de inflación.
El equilibrio de las finanzas públicas se ha puesto por encima de la responsabilidad del Estado para generar una respuesta a la recesión mediante la movilización de recursos hacia la inversión productiva. Esta situación generará una débil recuperación económica una vez que Estados Unidos reanude los volúmenes de importación de productos mexicanos, lo que se espera ocurra a lo largo de todo el año de 2010 y ya muy entrado el 2011.
Así, ante una recesión pronunciada –la mayor en 77 años--, el pronóstico más optimista se ubica en retomar el estancamiento, de tal manera que se necesitarán tres o cuatro años, al menos, para contar con un valor del PIB nominal igual al del 2008.
Es evidente, por tanto, que en México no se adoptó ninguna de las medidas que eran necesarias para encarar la crisis y ni siquiera el gobierno logró advertir a tiempo la catástrofe que amenazaba al país.
Los sectores menos afectados por la recesión en México han sido, como era de esperarse, aquellos fuertemente dominados por la estructura monopólica de la economía nacional. Pero todas las pequeñas y medianas empresas han sido tocadas por la recesión. Como resultado esperado, el sistema monopolista se fortalecerá con lo que los mayores generadores de empleo –las medianas y pequeñas empresas—seguirán afrontando graves dificultades.
Sin embargo, podría decirse sin exageración que en México no se aprendió nada de la crisis en curso y que la visión dominante consiste en esperar a que Estados Unidos retome el crecimiento de su economía como único medio para alcanzar los niveles de expansión anteriores a la crisis, no obstante que éstos han configurado en realidad un fenómeno de estancamiento de la economía. Para poder ilustrar esta afirmación es necesario tomar en cuenta que en México un crecimiento anual del PIB cercano al tres por ciento equivale a un estancamiento si atendemos el incremento de la población, en tasa mayor al uno por ciento anual, y el millón 300 mil personas que se suma anualmente a la población económicamente activa.
Los grandes volúmenes de inversión productiva proceden del sector monopolista y del extranjero. El Estado mantiene sus niveles de inversión sin impulsar ningún cambio apreciable. Bajo estas condiciones, es evidente que el empleo no repuntará con lo que el mercado interno se mantendrá en la estrechez que le caracteriza.
Ahora bien, quiero abordar el tema de la crisis internacional. Es muy importante definir el origen de la misma, pues de esto podría depender la respuesta y la oportunidad de impedir a tiempo que se genere el llamado efecto W, es decir, la repetición de los mismos fenómenos que condujeron a la crisis; la repetición de la crisis.
No estamos frente a una crisis financiera como tal. En los últimos 20 años hemos vivido un proceso de acumulación de capital muy fuerte cuyos excedentes no han tenido plena ocupación en los mismos sectores más rentables de la economía mundial donde se ha producido dicho proceso. Es justamente el uso de ese excedente el que generó el colapso financiero, pero la causa no es tal uso sino la generación del mismo aunado a la reducción relativa del ritmo de crecimiento de tales sectores más rentables.
Es posible atribuir a los intermediarios financieros una responsabilidad en la crisis, pero ellos no generaron los excedentes de capital sino sólo los usaron de la manera en que siempre reaccionan, es decir, buscando acomodo al capital dinero. El problema no se encuentra principalmente en el sector financiero sino en la forma en que se generan y, sobre todo, se usan las súper ganancias. El patrón de acumulación de capital es el que se encuentra en crisis, pues las ganancias extraordinarias no alcanzan a tener un uso productivo en el resto de las ramas de la economía, las cuales no crecen a la misma velocidad.
Así, el problema no consiste sólo en controlar la conducta de los intermediarios financieros sino en determinar, al menos en parte, el uso de los grandes volúmenes de la acumulación de capital en las ramas más rentables, las cuales son, en su mayoría, las que generan las nuevas tecnologías y los nuevos inventos.
En ocasión de la anterior reunión de esta Comisión Parlamentaria Mixta sugerí que los países desarrollados, donde se encuentran principalmente las empresas de las ramas más rentables del capital, controlaran parte de los excedentes de tales empresas mediante la política fiscal, es decir, mediante impuestos que graven la tasa de ganancia y no sólo su masa. Esta reforma no detendría el proceso de los nuevos inventos ni presionaría demasiado a las empresas que generan las súper ganancias debido a que éstas son en la actualidad demasiado elevadas y a que las nuevas disposiciones fiscales no harían sino nivelar un poco las ganancias netas entre las diversas ramas de la producción.
El sistema no puede de manera espontánea hacer este ajuste. Sólo el Estado puede. Tampoco un Estado aislado de los demás, sino todos los Estados, como un acto de gobierno mundial.
El otro problema actual es la conversión de una parte del salario en ahorro. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos 30 años. Una parte del capital invertido en salarios ya no se lanza al mercado para cambiarse por medios de vida sino que se transforma en capital-dinero, el cual debe encontrar un acomodo, a través de la intermediación financiera, en la producción. Pero el ritmo de crecimiento de ésta –la producción—no se corresponde con el ritmo de acumulación de aquella parte del salario que se convierte en capital-dinero, lo cual genera un excedente de capital que no puede invertirse en la producción misma sino en otros campos, entre ellos la deuda pública.
En realidad, el salario no es bajo el capitalismo una dimensión de valor que deba convertirse en capital, pero como tal cosa ha ocurrido debido a factores ajenos al sistema económico capitalista y que se ubican en las reivindicaciones de los trabajadores y en otros fenómenos de carácter político, tenemos un agregado al proceso de acumulación de capital que en realidad procede de algo que está fuera del proceso en sí mismo.
La libre utilización del ahorro de los trabajadores y la creciente intervención de los intermediarios financieros ha generado una presión muy grande sobre el uso del capital. La solución de este problema no puede darse dentro del mismo sistema financiero sino sólo a través de la conversión del ahorro de los trabajadores en una parte del capital agregado total como un instrumento del Estado para financiar proyectos de carácter social y, especialmente, de infraestructura productiva. Algunos países están volviendo a los fondos solidarios de pensiones, bajo control del Estado, mientras otros se mantienen en la actitud de sostenerlos como forma de financiamiento de la economía privada. A su vez, Estados Unidos está tratando de limitar la participación de los intermediarios, en este caso de las compañías aseguradoras, en el manejo de fondos destinados a la salud.
Se requiere, en síntesis, un plan general para canalizar el ahorro de los trabajadores hacia otros usos diferentes a los canales tradicionales de intermediación financiera, eliminando así la presión que representa dicho ahorro dentro de las disponibilidades de capital en la economía.
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