La revoltura de la seguridad

Hay gente que habla sin saber. En efecto, la policía es una corporación nueva en el mundo. Antes, también había ladrones, secuestradores y contrabandistas pero no había policías. Hoy, existen más policías que delincuentes en activo, es decir, personas que cometen delitos con frecuencia.

La policía mexicana no es tanto una corporación al servicio de la gente como al servicio del poder. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El acuerdo tomado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública carece de sentido práctico porque sus autores se equivocan en el marco teórico, es decir, confunden todo y, al revolver, se quedan sin nada claro.

El narcotráfico y sus secuelas delincuenciales son un problema de seguridad del Estado. Son los aparatos de policía, procuración e impartición de justicia quienes están copados o capturados por los narcos. El Estado se encuentra en una crisis porque no gobierna todo, ya que los narcos le disputan control de territorios y órganos públicos. El problema no tiene solución sin una reforma democrática pero no es así como lo enfoca el gobierno de Calderón. Se requiere un Estado fuerte pero sin violar las garantías fundamentales. En el fondo, se requiere una refundación del Estado nacional.

Algo semejante ocurre con la delincuencia de mayor calado e impunidad: la de cuello blanco, la de burócratas y empresarios –incluyendo a servidores de éstos—que se dedican a esquilmar principalmente al erario pero a los que nadie persigue. Aquí no hay inseguridad pública sino Estado corrupto.

Dentro de la delincuencia organizada existe ese macabro fenómeno del secuestro. Frente a éste se necesita una policía capacitada pero no sólo para atender los raptos más sonados, sino también para combatir a quienes escogen sus víctimas entre la clase media. Este sí es un problema de seguridad pública pero tiene un carácter especial.

La inseguridad pública –la que afecta a todos directamente-- es producto de la exclusión social de muchos. No se trata de la pobreza sino de la contradicción entre nivel cultural y oportunidades efectivas de estudio y trabajo. El lumpen se reproduce porque hay cada vez mayor necesidad de realizar actividades fuera de cualquier regulación y, por ahí, el delito está a la mano. Por más agentes policíacos que se tengan no habrá soluciones porque la delincuencia de la exclusión se reproduce sola y no se detiene ni ante el castigo. Aquí el problema es social pero el gobierno tiene mentalidad policíaca aunque una pésima policía.

Revolver seguridad del Estado, seguridad pública, delincuencia organizada y delincuencia de la exclusión es lo que se sigue haciendo. Y, así, se le piden al Congreso nuevas leyes mientras las actuales no se cumplen por parte de las autoridades. Ya se han puesto en la Constitución preceptos que violan derechos fundamentales. ¿Hasta dónde quieren llevar al Estado de policía aunque con pésima policía? ¿Qué tendría que contener una nueva ley contra el secuestro si los secuestradores salen de la cárcel mediante mordidas? ¿Por qué quieren un nuevo proyecto contra el narcomenudeo si el aprobado fue vetado por Fox? El que es un error de los más grandes es considerar que la acción contra las adicciones es un asunto de seguridad pública. ¿Son los consumidores de drogas unos delincuentes?

No existe un acuerdo en el país sobre este problema. Esto es lo único cierto.

La revoltura de la seguridad

Hay gente que habla sin saber. En efecto, la policía es una corporación nueva en el mundo. Antes, también había ladrones, secuestradores y contrabandistas pero no había policías. Hoy, existen más policías que delincuentes en activo, es decir, personas que cometen delitos con frecuencia.

La policía mexicana no es tanto una corporación al servicio de la gente como al servicio del poder. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El acuerdo tomado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública carece de sentido práctico porque sus autores se equivocan en el marco teórico, es decir, confunden todo y, al revolver, se quedan sin nada claro.

El narcotráfico y sus secuelas delincuenciales son un problema de seguridad del Estado. Son los aparatos de policía, procuración e impartición de justicia quienes están copados o capturados por los narcos. El Estado se encuentra en una crisis porque no gobierna todo, ya que los narcos le disputan control de territorios y órganos públicos. El problema no tiene solución sin una reforma democrática pero no es así como lo enfoca el gobierno de Calderón. Se requiere un Estado fuerte pero sin violar las garantías fundamentales. En el fondo, se requiere una refundación del Estado nacional.

Algo semejante ocurre con la delincuencia de mayor calado e impunidad: la de cuello blanco, la de burócratas y empresarios –incluyendo a servidores de éstos—que se dedican a esquilmar principalmente al erario pero a los que nadie persigue. Aquí no hay inseguridad pública sino Estado corrupto.

Dentro de la delincuencia organizada existe ese macabro fenómeno del secuestro. Frente a éste se necesita una policía capacitada pero no sólo para atender los raptos más sonados, sino también para combatir a quienes escogen sus víctimas entre la clase media. Este sí es un problema de seguridad pública pero tiene un carácter especial.

La inseguridad pública –la que afecta a todos directamente-- es producto de la exclusión social de muchos. No se trata de la pobreza sino de la contradicción entre nivel cultural y oportunidades efectivas de estudio y trabajo. El lumpen se reproduce porque hay cada vez mayor necesidad de realizar actividades fuera de cualquier regulación y, por ahí, el delito está a la mano. Por más agentes policíacos que se tengan no habrá soluciones porque la delincuencia de la exclusión se reproduce sola y no se detiene ni ante el castigo. Aquí el problema es social pero el gobierno tiene mentalidad policíaca aunque una pésima policía.

Revolver seguridad del Estado, seguridad pública, delincuencia organizada y delincuencia de la exclusión es lo que se sigue haciendo. Y, así, se le piden al Congreso nuevas leyes mientras las actuales no se cumplen por parte de las autoridades. Ya se han puesto en la Constitución preceptos que violan derechos fundamentales. ¿Hasta dónde quieren llevar al Estado de policía aunque con pésima policía? ¿Qué tendría que contener una nueva ley contra el secuestro si los secuestradores salen de la cárcel mediante mordidas? ¿Por qué quieren un nuevo proyecto contra el narcomenudeo si el aprobado fue vetado por Fox? El que es un error de los más grandes es considerar que la acción contra las adicciones es un asunto de seguridad pública. ¿Son los consumidores de drogas unos delincuentes?

No existe un acuerdo en el país sobre este problema. Esto es lo único cierto.

El proyecto de Aguirre

El ministro Aguirre Anguiano ha presentado su proyecto en contra de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Sin embargo, el jurista no tomó en cuenta el debate organizado por la Suprema Corte y anunció que las opiniones habían sido muy encontradas. Pues sí, eso ya se sabía antes de la discusión pública.

Aguirre dice haber demostrado que la Constitución no permite modificar el tipo penal de aborto tal como lo hizo la Asamblea del DF, pero en realidad no demuestra nada. Él confunde procreación con familia, cree que hay embarazo cuando un espermatozoide penetra en un óvulo lo cual—sabemos—se puede hacer hasta en una probeta, revuelve el cuidado del embarazo con un derecho del no nato, promueve el abandono en casas cuna de los hijos no deseados, dice que la interrupción voluntaria del embarazo puede confundirse con la cesárea, considera que la Constitución obliga a las mujeres a informarse antes de embarazarse, proclama que la igualdad entre hombres y mujeres impide despenalizar el aborto, sostiene que el bien jurídico protegido con el delito de aborto es el producto y no la mujer, supone que sólo la Constitución puede alojar el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo y proclama triunfante que el aborto dentro de las primeras 12 semanas es una conducta contraria al orden constitucional.

Aguirre toma un error de la exposición de motivos de la reforma penal del DF para proclamar su triunfo en cuanto a la protección constitucional del no nato. Pero que lo hayan dicho los diputados de la Asamblea capitalina no demuestra por tal hecho que así sea. En la Constitución de México no hay más personas que las nacidas. Por cuanto al aborto, el Congreso mexicano impuso una reserva a la Convención Interamericana de Derechos Sociales y Políticos para declarar que el asunto del aborto es cuestión del exclusivo régimen interno de cada país, lo que no confirma, como lo inventa Aguirre, que el tema ya estaba tratado en la Constitución, sino justamente lo contrario y que, por tanto, México no podía firmar una prohibición de tal naturaleza.

La protección especial de las trabajadoras embarazadas y consecuentemente del producto del embarazo no convierte a éste en una persona de derecho por más vueltas que le dé el ministro Aguirre. Además, éste proclama, sin mencionarlo, un proyecto rechazado por la Cámara de Diputados para proteger la vida “desde la concepción”. ¿Puede el Poder Judicial “interpretar” que lo desechado por el Legislativo está vigente? Según Aguirre, sí puede.

El poder revisor nunca ha aprobado alguna modificación constitucional con el propósito de prohibir el aborto voluntario. La interpretación de Aguirre es grosera al tomar textos, relacionarlos entre sí y proclamar la oposición de la ley de aborto del DF a la Constitución sin que ningún legislador se hubiera dado cuenta de la trascendencia de sus actos.

El delito de aborto después de las doce semanas y el delito de aborto forzado están ahí para proteger a la mujer. Son prohibiciones a médicos, enfermeros y personas sin título. La mínima penalización a la mujer que consienta el aborto después de las 12 semanas es para evitar que se le aplique la misma sanción que al cirujano mediante las reglas penales generales.

Al final, hay algo frecuente pero doloroso: las mujeres no existen en el análisis de Aguirre.

Secuestro e indignación

Cualquiera está indignado por el asesinato del joven Fernando Martí. No cualquiera tiene miedo a ser secuestrado porque la inmensa mayoría no es secuestrable. Lo que nos mueve es la indignación ante un hecho ruin y cobarde. Pero por más indignación que exista no se combatirá el secuestro con discursos.

Los políticos suelen creer que sus declaraciones son respuestas ante fenómenos criminales. Se equivocan. Llevamos casi dos años escuchando discursos de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada y ninguna de sus peroratas ha incidido en lo mínimo.

Algunos creen que con penas más largas se puede disuadir el delito de secuestro. Uno de ellos es Felipe Calderón. Pero no. Llevamos 30 años aumentando penas y la delincuencia es ahora mayor. La pena máxima federal es de 70 años. Esto, por lo visto, es un fenómeno mundial como también es mundial la conclusión criminológica de que las penas más duras no disuaden a nadie.

Si un grupo de secuestradores opera con cierta libertad, si la policía encargada de perseguir el secuestro no existe o es precaria, si hay agentes policíacos que son cómplices de los secuestradores, si muchos familiares de personas plagiadas no confían en la policía y no denuncian el delito, si se meten empresas privadas a negociar rescates a falta de policías con experiencia, capacidad y confianza, lo que hay que hacer son reformas profundas en los aparatos de investigación policial en lugar de lanzar rollos justificatorios.

En el año 2000, el sistema nacional de seguridad pública repartía 5 mil millones de pesos a estados y municipios. Hoy se reparten 6 100 millones. Es decir, menos, en términos reales. En el año 2000 el presupuesto federal era de poco más de un billón de pesos anuales. Hoy es de más de dos billones y medio, pero la Federación no apoya a los estados donde se supone que se persiguen más del 80 por ciento de los delitos.

Los cuerpos de investigación han estado al servicio del poder y no de los ciudadanos. Tenemos una de las peores policías del mundo pues los agentes se reclutan entre personas con bajo nivel educativo que no son instruidas cuando ingresan a los cuerpos policiales. No pocos agentes son delincuentes con placa.

Los gobernantes son responsables de este desastre por más discursos que pronuncien. Da vergüenza que el Congreso de Estados Unidos exija a su propio gobierno que le informe sobre la rendición de cuentas de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales, así como de su apego al respeto a los derechos humanos, como condición para entregar a México, en especie, 400 millones de dólares. Mientras, el Congreso mexicano, como tal, no pide cuentas a los jefes de policía, quienes acuden a los recintos legislativos a dorarle la píldora a los parlamentarios.

No se requiere un estado policíaco para combatir al crimen organizado pues éste se asimila y adecua con facilidad. Se necesitan mayores conocimientos, equipos, efectividad, responsabilidad y profesionalismo. Pero todo eso está muy escaso.

No está nada mal que la gente salga a la calle a protestar, pero no a pedir pena de muerte y prisión vitalicia porque esas son maneras de desviar la atención, de destilar la indignación, pero nunca de buscar soluciones.

La crisis

Mientras Felipe Calderón manifiesta dos obsesiones, su imposible reforma petrolera y su guerra contra los narcos, imposible de ganar y también de perder, el país se encuentra ya sumido en una crisis. No son los grandes conglomerados empresariales, holdings, corporativos, etcétera, quienes van a sufrir mayormente. Será la gente que vive de su propio trabajo.

Este año, el incremento del Producto Interno Bruto llegará si bien le va a México a un poquito más del dos por ciento. Sin embargo, la inflación va a registrar al menos un 5.5 por ciento de incremento pero podría ser algo más. En saldo, no tendremos ningún incremento económico en términos reales. Como los salarios no van a ir aumentando durante lo que resta del año al parejo del incremento de los precios, quienes viven de su trabajo va a ver disminuidos sus ingresos reales, es decir, sus consumos. A su vez, la llamada planta productiva va a vender menos a más gente con menor capacidad de compra. Por otro lado, quienes pueden aguantar los incrementos de precios seguirán comprando igual pero se trata principalmente de mercancías importadas.

Y aquí surge el otro problema. Con el súper peso, la economía mexicana está subsidiando las compras en el exterior. Nadie puede probar que la paridad establecida, se dice, por el mercado es la que corresponde a la relación de precios reales entre México y Estados Unidos. Las mercancías mexicanas de exportación se han encarecido y los productos importados de Estados Unidos se han abaratado. ¡Qué cosa más absurda!

Entre Hacienda y el Banco de México hubo hace poco una divergencia que se expresó en público. La primera no quería el aumento de la tasa de interés, pero el Banco, guardián de la capacidad de compra del peso, se lanzó a incrementar el rédito con lo cual llegaron muchos miles de millones de dólares golondrinos a ganar lo que no es posible en otras partes del mundo. El súper peso nos está matando y los capitales golondrinos nos están expoliando.

Y, ¿el gobierno? Muy bien, gracias. No habla del problema, no hace nada, está espantado y aguarda a que algún milagro se produzca. El Banco de México ya dijo que la inflación de este año no se repetirá en 2009, pero ¿podemos creer en eso si no se hace nada de nada?

Cualquiera entendería que la medicina consiste en la inversión productiva. Pero la llamada iniciativa privada no puede dar más porque generaría una disminución en su tasa de ganancia y debido, sencillamente, a que no hay quien le compre, ni dentro ni fuera del país. Así que no queda, como suele ocurrir, más que el Estado. ¿Cómo? Llevando a cabo todos los proyectos que están en los escritorios de los burócratas. Podemos emprender hoy muchas inversiones en todo aquello que es indispensable y que no se ha hecho durante los años del panismo en el gobierno y que tampoco hizo el último tramo del priismo. Hay mucho. En materia petrolera están las refinerías, los ductos, la exploración, la petroquímica. El gobierno, por su parte, nomás propone privatizar pero no dinamizar la inversión pública que sirve mucho pero, cuando hay recesión, es indispensable.