Punto central

Como siempre ocurre en México, el chisme, los dimes, los diretes, los rumores, el comentario chusco, los editoriales de puntachos y pedradas, en fin, todo lo que no importa, es lo que más se proyecta sobre el tema petrolero. Y así va a seguir, por desgracia.

El punto central es el financiamiento de la industria petrolera. Más allá de la carga fiscal y de sus costos, Pemex tiene ganancias. La confusión de las utilidades con la renta petrolera es uno de los engaños del gobierno. La renta petrolera pertenece a la nación, es decir, a la dueña del petróleo. La ganancia industrial le pertenece también a la nación pero a través de Pemex, es el superávit necesario para su desarrollo, para cumplir sus fines, aquellos que la nación le ha dado. Sin embargo, el gobierno retiene la renta y las ganancias. Se queda con todo.

¿Por qué ocurre esto? En la medida en que el precio del petróleo aumenta, se incrementa también la renta petrolera, por un lado, y las utilidades, por el otro. El gobierno federal, por mandato de ley, tiene que repartir entre las entidades federativas una parte de la renta petrolera que ingresa a través de derechos de extracción de hidrocarburos, pero la ganancia de Pemex la retiene en su totalidad; ésa no la reparte. ¿Qué hace el gobierno con las utilidades? Las usa para cubrir la mayor parte de su propio déficit, es decir, la diferencia entre lo que gasta y lo que le ingresa.

Desde hace tiempo, el gobierno decidió que el financiamiento de Pemex con los llamados Pidiregas --el cual se hacía cuando el precio del crudo estaba muy bajo-- debía continuar también en el nuevo periodo de vacas gordas. Con esto, el presidente de la República podía eludir su obligación de cobrar bien los impuestos cubriendo su indolencia con las ganancias de Pemex. De esa forma, el gobierno, en lugar de reducir gasto, aumentar recaudación y contratar deuda directa para cubrir el presupuesto de egresos, obliga a Pemex a endeudarse para asegurar sólo la mínima inversión necesaria. Por esto, Fox se negó a construir refinerías y aumentar la exploración de nuevos campos.

El punto central se encuentra en dejar a Pemex sus ganancias, incluyendo las no presupuestadas, con el propósito de que construya refinerías, plantas petroquímicas y ductos, aumente la exploración y rehabilite pozos. Hoy, Pemex no tiene la menor necesidad de endeudarse y muchos menos con bonos inconstitucionales que repartirían ganancias. Es suficiente el superávit de operación para realizar un amplio programa de inversiones productivas, las cuales se van a pagar solas. De esa forma, el país tendría los refinados y petroquímicos que ahora compra en el exterior y aumentaría las reservas de aceite y gas.

Con suficientes recursos, Pemex debería darse a la tarea de acabar con la corrupción del contratismo de sus directivos y la de su propia burocracia sindical parasitaria que lo chantajea y exprime. Pero aquí no puede haber nueva ley que valga, pues la corrupción ya está prohibida. Aquí se necesita un gobierno fuerte, honrado y valeroso, pero de eso no hay.

Con suficientes recursos, Pemex debería volver a industrializar el complejo estatal petrolero, pues los contratos con privados y las importaciones han reducido la capacidad propia.

Bueno, claro, todo esto sin grillas, componendas, corruptelas ni especulaciones, es decir, con política. ¿Se puede?

Enredo petrolero

Los foros de discusión sobre la reforma petrolera fueron una completa derrota de Calderón y sus pretensiones privatizadoras. Los defensores de las iniciativas del gobierno no expusieron argumentos de Estado sino sólo puntos de visa empresariales. Calderón ha dicho que quiere aumentar rápido la renta petrolera pero no dice cómo y ya que no existen otras maneras de lograrlo más que con un aumento de la extracción, un incremento en el precio o una disminución de los costos, nos quedamos sin saber qué se quiere hacer en el gobierno sobre estos tres temas.

Los dos grandes asuntos del proyecto de Calderón son la refinación privada y los contratos de contraprestación determinable, acompañados de un raquitismo presupuestal en Pemex y unas nuevas formas de financiamiento directo. Todo por completo inconstitucional.

Al día siguiente de la terminación de los debates en Xicoténcatl, el PRI presentó su proyecto, el cual no abarca el tema del presupuesto, es decir, de la capacidad de Pemex de usar sus ganancias industriales. En cambio, los priistas proponen que la nueva refinación la haga un organismo público, creado por decreto presidencial, que sea filial de Pemex pero al margen de las normas de adquisiciones y obras públicas. Esto último no lo admite la Constitución. Y en cuanto a desmembrar Pemex, el único argumento es que hay que refinar crudo con otro contrato colectivo pues el vigente es muy oneroso. Las industrias petroleras están integradas en todo el mundo, ¿para qué desintegrar la nuestra?

Otro punto del PRI es que, en lugar de contratos de pago determinable, se permita contratar a Pemex con privados mediante cláusulas de premiación. ¿Para qué querría Pemex aumentar el pago a sus contratistas? Se supone que si un contrato está bien hecho no admite más que multas por retrasos u otras violaciones, pero nunca premios. Adelantar el término de entrega de una obra, lo único que demostraría es que el proyecto estaba mal hecho porque se podía realizar en menos tiempo. Se dice que el pago puede ser mayor si los costos se incrementan, pero eso siempre se ha podido hacer mediante un contrato nuevo, siempre que el firmado lo contemple.

Calderón no quiere una paraestatal independiente –propiedad de Pemex—para producir gasolina, sino a las trasnacionales. ¿Aceptará el gobierno la propuesta del PRI con tal de empezar a desintegrar a Pemex? Puede ser. De lo perdido, lo que aparezca.

En cuanto a los contratos, las trasnacionales no quieren premios sino ganancias procedentes de la riqueza petrolera. Tal vez algunas podrían admitir los premios siempre que éstos estuvieran vinculados a la riqueza de los pozos y, con ello, llegaríamos a lo mismo nada más que en forma oculta.

Si el gobierno aplicara una política petrolera inteligente y patriótica, no se necesitarían cambios legislativos, aunque algunos de ellos, bien hechos, podrían mejorar la capacidad operativa de Pemex y dar seguridad a éste para llevar a cabo la planeación. El problema de la corrupción y del sindicato también podría encararse. Sintonice este mismo canal el próximo viernes para ver algo de esto.

La consulta de todas maneras va

Cualesquiera que hubieran sido las preguntas de la consulta sobre el petróleo iban a ser impugnadas. Para el gobierno federal, no hay consultas populares en México. Para un encuestador, no hay plebiscitos ni referendos, sólo hay encuestas.

El esquema clásico de un plebiscito es preguntar si se está de acuerdo o no con un proyecto que se quiere llevar a cabo. El referéndum clásico consiste en preguntar si se está de acuerdo con una decisión de gobierno o legislativa que ya se tomó, al menos en principio. La consulta que se convoca sobre el petróleo no es exactamente ninguna de las dos cosas porque quien pregunta no es la autoridad que pretende llevar a cabo el acto y porque la decisión sobre la que se pregunta no se ha tomado ni siquiera en principio. Sin embargo, no por esto la consulta es inválida porque comprende los elementos básicos de un plebiscito y de un referéndum.

1.Existe un planteamiento general en el sentido de que en la industria petrolera pueda participar el capital privado. 2. Existe un proyecto legislativo del gobierno que es completo, redondo, y que expresa una concepción de lo que debe ser la industria petrolera. Si sólo se preguntara sobre el primer punto, el votante no tendría posibilidad de referirse a la iniciativa de Calderón; si sólo se preguntara sobre el segundo la respuesta sería dudosa porque el gobierno niega que su proyecto represente una apertura al capital privado. Así que para saber lo que piensa cada votante fue necesario formular una preguntar sobre el tema de la privatización y otra sobre el proyecto del gobierno. El que no quiera privatizar pero esté de acuerdo con el proyecto del gobierno que dice no ser privatizador, puede votar en sentido distinto cada pregunta.

Se ha dicho que se puede estar de acuerdo en refinerías privadas pero no en ductos y cosas por el estilo, pero esta es una consulta (¿qué parte de esta palabra no se entiende?) para conocer la posición política de cada votante. Se dice que son siete las iniciativas de Calderón y que se puede estar de acuerdo con algunas y en contra de otras, sin embargo, en el referéndum de los países democráticos se pregunta sobre toda una ley o precepto impugnado y se vota sí o no. Algunos elementos de lo negado pueden ser rescatados en ley posterior ya que lo rechazado (o aceptado) es el sentido político de un proyecto o ley, pero el referendo no paraliza la función legislativa. Por eso, la pregunta dice: “En general, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo…” El votante, como en el referéndum, tiene que hacer su propio balance.

Ahora bien, los convocantes han declarado que están en contra de las privatizaciones y del proyecto de Calderón por lo que hacen la consulta para lanzar un posible no a la cara de los bandos que buscan esa clase de reformas ya que en México no existe en la ley la consulta popular y la mayoría parlamentaria se ha negado a introducirla. Pero esto también es consistente con el referéndum en las democracias: la minoría parlamentaria busca firmas (500 mil en Italia) para que una ley se vote con el propósito de que el pueblo la rechace. Cuando gana el no, el parlamento legisla después con el sentido de la mayoría popular. No, no se trata de una encuesta, señoras y señores.

¿Qué hizo el Cisen?

Reburujar las cosas no tiene más objetivo que desviar la atención. No, la falta de confianza del Congreso al director del Cisen no tiene que ver con los supuestos o reales actos de espionaje sobre uno u otro legislador. El Cisen puede obtener información sobre aspectos de seguridad nacional que considere pertinentes. Lo que el Cisen no puede hacer es convertirse en un asesor político del gobierno. Y eso fue lo que hizo cuando contrató a una consultoría en análisis legislativo, membrete, por cierto, propiedad unos amigos de Calderón que antes le hicieron a éste unos trabajitos.

No puede el Cisen actuar como analista político de los funcionarios del Ejecutivo, pues tal cosa no tiene conexión con la seguridad nacional. Dice Mouriño, en carta a la presidenta de la Cámara, que el Cisen debe velar por la seguridad de los poderes del Estado, cierto, pero nada tiene que ver con eso el análisis de las tendencias políticas de los legisladores. Dice el PAN que el gobierno está obligado a saber qué piensan los diputados y senadores antes de enviar proyectos al Congreso, cierto, pero no puede usar al Cisen porque éste sólo puede atender tareas relacionadas con la seguridad del Estado y la seguridad nacional. Dice el coordinador del PAN en el Senado que el Cisen debe generar información para la búsqueda de acuerdos entre las fuerzas políticas del país, falso de toda falsedad. ¡Qué peligroso es esto!

No, tampoco puede el Cisen contratar a una empresa privada para hacer informes de seguridad nacional, puesto que no lo autoriza la ley y porque la información de seguridad nacional es reservada y al producirla un particular ya no existe reserva efectiva alguna.

El gobierno ha confesado todo: que usó al Cisen para hacer evaluaciones con propósitos políticos en relación con el Congreso y que usó a una empresa privada para tareas de “seguridad nacional”. En tal situación, el Congreso no le puede tener confianza a ese Cisen bajo la dirección de una persona que quizá no es el único responsable de tales actos indebidos pero, como no se puede probar que Mouriño o Calderón le dieron las órdenes, no hay más remedio que pedir que renuncie el subordinado. En cualquier caso no se puede aceptar la obediencia debida.

Sí, que el Cisen siga espiando a quien considere pertinente pero que lo haga según la ley y sin desviar sus funciones ante peticiones ilegítimas e ilegales de funcionarios que ni siquiera se toman el trabajo de pedir a sus muchos asesores que cataloguen por preferencias políticas e ideológicas a los legisladores para buscar la manera de tratar con ellos. El Cisen no está para procesar informaciones tendientes a dar cobertura o ser materia prima de decisiones de operadores de la lucha política de ningún gobierno.

Nada tiene que ver con esto que Beltrones sienta pasos en la azotea o golondrinas en el alambre. Que el Cisen intercepte con autorización judicial las conversaciones de quien sea y mantenga tal información reservada sin usarla con propósitos ilegales es algo que nos debe tener sin cuidado. Que el Cisen sea un instrumento partidista del gobierno, cuando se supone que es legalmente un órgano del Estado para tareas muy delicadas y demasiado precisas, es algo muy grave. Mejor alzar la voz ahora y no esperar cosas peores aunque éstas tal vez ya ocurrieron.

Represión policíaca

La tragedia del Divine ha sido presentada como una operación errónea por la estúpida forma en que se llevó a cabo. También se ha criticado la existencia misma del antro como expresión de la corrupción administrativa. Además, se han denunciado las arbitrariedades de la policía. Todo está bien, pero no tanto.

En México predomina la idea de que es necesario presionar por el lado del consumo de drogas y que los consumidores habituales u ocasionales son delincuentes consumados o, al menos, en potencia. Los operativos en contra de los consumidores tienen como propósito capturar a los narcomenudistas y, al mismo tiempo, poder probar el delito, pero siempre son violatorios de los derechos humanos, son sencillamente represivos.

Si se destituyen a las autoridades que ordenaron el operativo –no fue el Divine el único—tendría que destituirse a todos los que hacen los mismo en todas partes del país, incluyendo a Calderón. Esto no quiere decir que no deban abrirse procesos penales y procedimientos de responsabilidad administrativa –contra quien sea—por las muertes de tantos jóvenes, sino que la solución del problema consiste en cambiar la concepción y la práctica con la que hoy se pretende combatir el narcotráfico.

La policía preventiva del DF detiene a miles de narcomenudistas cada año, los presenta ante el Ministerio Público Federal quien libera a los detenidos sencillamente por falta de elementos. Cuando se hacen consignaciones, en la mayoría de los casos los jueces se encargan de dar libres a los acusados. La policía se encuentra entre la espada y la pared, por lo cual tiene que llevar a los consumidores al Ministerio Público y, después, ante los tribunales, en calidad de testigos. Si no hay comprador no hay venta ilegal de drogas.

De ahí procede el Divine. Estos operativos buscan agarrar a los testigos. Al tomar un antro y, en el mismo acto, arrestar a los consumidores de drogas, ya se puede tener un caso ante la justicia. La forma del operativo, la cual llevó a la muerte de doce personas, es la crisis de la política de persecución del narcomenudeo basada en la criminalización del consumo y es también la crisis de un aparato de justicia, en gran medida corrompido, que exige las pruebas vivientes del delito.

Sí, al Divine llegaron los agentes del orden a crear un mayúsculo desorden, pero tal cosa tiene sus causas.

Algo igual ocurre en las carreteras, sólo que sin escándalo (cuidado con el Ejército). Una familia es asesinada por militares en Sinaloa porque no detuvo el vehículo en un retén. Los soldados no pueden ir en persecución de nadie que vaya a más de 60 kilómetros por hora, pues carecen de vehículos veloces y movilidad, así que disparan. El mayor error es pretender controlar el tráfico de drogas con retenes militares.

Ya es hora de discutir el asunto al margen de la memoria de los muertos y del deseo de ver rodar cabezas.