Libertad de expresión; libertad de comercio

Un grupo de intelectuales ha presentado un amparo ante el Poder Judicial en contra del texto de la Constitución que prohíbe anuncios electorales o que ataquen a los partidos en radio y televisión. ¿Pueden los quejosos, con sus propios recursos, pagar un minuto en tarifa AAA en los canales del oligopolio televisivo? La respuesta sería que no se trata de que ellos paguen sino de la defensa de la libertad de cualquiera. Pero ese cualquiera no existe, es decir, es un puñado de mexicanos, los muy ricos. Nada más.

En otros países no hay derecho de meterse a la televisión para combatir a un partido o promover un candidato más que por parte de los contendientes. Pero, ¿tal cosa es una materia de la libertad de expresión o de la libertad de comercio? Desde el punto de vista de los dueños de los canales y estaciones es una cuestión de la libertad de comercio: poder vender todo el tiempo posible de transmisión. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la cuestión reside en la libertad de expresión sólo de quien puede pagar, es decir, una minoría insignificante. Y es, también, la intromisión directa del poder del dinero en los procesos político-electorales.

En nuestro mundo, la libertad de expresión se ha reducido a los dueños de los medios y a los empleados de éstos. Sólo el internet está rompiendo poco a poco ese monopolio. La tendencia ideológica de toda la televisión es la misma, de tal manera que las rendijas que abren canales y estaciones quedan estrechas frente al pluralismo realmente existente en la sociedad. No se trata sólo de la política sino de la cultura en general. Los mensajes predominantes agobian por su unilateralidad, mientras que la prensa –más abierta-- sólo alcanza a fijar las noticias pero nunca los principales contenidos.

Las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante, decía con razón Antonio Gramsci. Pero en nuestro mundo ese dominio ha llevado a reservar la libertad de expresión a unos cuantos. Dicho de otra forma, se ha reducido la libertad de expresión de la inmensa mayoría. Los canales alternativos de comunicación social son hoy menores, aunque, como dije, se empiezan a abrir con el internet.

¿Para qué defender el monopolio de esa libertad de expresión en aras de la libertad a secas? La respuesta no podría ser la repetición de la pregunta, es decir, afirmar que se trata de defender la libertad. La respuesta debe alojarse fuera de la pregunta, en el terreno de la libertad de comercio. Es éste el que se ha restringido con la reciente reforma constitucional, pero sólo en los medios concesionados, dejando fuera a la prensa y, naturalmente, al internet. La radio y la televisión utilizan un medio del dominio de la nación, el espacio aéreo. Por tanto, se puede prohibir la comercialización de la propaganda política sin afectar la libertad de expresión de los concesionarios y sus empleados. Mientras tanto, se podrá seguir usando la radio y la televisión para atacar con furia o sin ella a quien se quiera, especialmente, claro está, a los más atacados que son los odiosos izquierdistas. Nadie puede callar a un locutor ni a un invitado a un programa, excepto los dueños del canal o la estación. Son éstos quienes sí pueden ejercer la censura cuando quieran. ¡Qué bonita libertad!

La libertad de comercio se ha restringido sólo en la venta de spots. Bajo la actual Constitución, los dueños siguen siendo dueños y tienen el privilegio de llevar a todas partes su mensaje, pero no pueden cobrar por tal actividad más que en la programación normal pero no en anuncios. Es poco aún: en otros países están prohibidos los debates parciales. Son los países donde hay más democracia.

La economía nos alcanza

Hay la idea muy difundida de que la economía no existe y que todo depende de libres decisiones. Bajo el sistema imperante hay leyes económicas que obligan a las personas –los propietarios—a comportarse de una determinada manera. Luego, muchos abusan, pero eso no está regido por tales leyes económicas sino por tolerancias de los gobernantes.

Ya nos alcanzó una desaceleración del crecimiento, de por sí muy bajo, con inflación, lo que resulta en el colmo. Esta situación ya había sido advertida, excepto por el gobierno que no ve nada y se engaña solo.

Tenemos una situación en la que los factores que rigen el sistema general de la acumulación capitalista han llegado a un límite que les obliga al cambio. Es la crisis. El motor de los últimos años ha sido la incorporación de una nueva tecnología que lidera toda la economía ya que está alojada en el sector industrial de mayor tasa de ganancia y de más rápido crecimiento. Este liderazgo está en riesgo pues hemos vuelto a esquemas de antes, es decir, a los problemas de la energía y a una saturación de mercados de tecnología nueva.

Es natural que la economía de los países desarrollados acuse un debilitamiento mientras que esos mismos tienen que pagar por algunos energéticos y petroquímicos unos precios nunca antes vistos. Al aumentar los costos sin que se reduzca la tasa de ganancia, el resultado es una mayor explotación de la fuerza de trabajo, lo cual debilita la capacidad de consumo y, en consecuencia, la masa de valores puesta en circulación. La inflación estadunidense desde el año pasado es una expresión de este fenómeno. La inflación mexicana actual es, a su vez, el contagio de la gripe del vecino.

La debilidad del aparato productivo mexicano que lanza sus productos hacia el mercado interno impide una respuesta eficaz a esa combinación de reducción relativa del producto e inflación. La tasa de crecimiento de México será menor este año y la inflación será más alta. El grado de explotación de la fuerza de trabajo tendrá que ser, consecuentemente, también mayor.

El gobierno cree que con un pacto con la Concamín los precios se pueden estabilizar, pero comete un error más. La cuestión no consiste en pactos sino en una política económica que expanda la oferta y fortalezca el ingreso. Cuando llegamos a este punto, lo correcto es apretar al capital para que produzca más en lugar de que defienda su tasa de ganancia produciendo menos y provocando aumentos de precios. Como esto no lo entiende el gobierno y carecemos de una secretaría de Economía, lo único que se les ha ocurrido a los poderosos es un miserable pacto con los industriales, pero no con todos ellos sino con sus líderes, y no sobre todos los productos sino sólo respecto a bienes básicos, los cuales ciertamente son los que están aumentando más de precio pero tienen insumos industriales. El tal pacto se va a desmoronar. La economía nos alcanza.

Qué feo huele... el petróleo/X

Los temas de la refinación y la petroquímica en el debate del Senado dejaron al descubierto la criminalidad de la política petrolera de los últimos veinte años o más. En México, se decidió no invertir en nuevas refinerías y abandonar la petroquímica. Las consecuencias están a la vista: compramos en el exterior 40 por ciento de las gasolinas y mucho más de la mitad de los petroquímicos.

Hay varias causas, pero la más importante es la política industrial definida como ausencia de política industrial. Sí, así como lo lee. El abandono de la industria para centrarse en la extracción, con un mega yacimiento en Cantarel, era lo aconsejable para quien miraba y mira al petróleo sólo como sustento del gasto gubernamental.

Desde hace muchos años, esta política has sido criticada, pero desde fuera del PRI y el PAN quienes la construyeron, cada cual en su momento. Si vemos, por ejemplo, el amoniaco –producto petroquímico muy importante—, Zedillo permitió que se redujera muchísimo su producción durante el año 2000, pero Fox no hizo nada en el 2001 y así seguimos. De la producción petroquímica de hace diez años sólo nos queda la mitad. ¿Y los fertilizantes? Muy bien, gracias, los compramos en el extranjero, en parte porque Fertimex fue cerrada luego de su privatización, ya que a los nuevos dueños les convenía más importar que producir.

Cuando De la Madrid puso la raya entre petroquímica en general, que era del Estado, y la petroquímica secundaria que se abrió al capital privado hasta en cien por ciento, se dijo que tendríamos una nueva industria y bla, bla,bla. Lo que tuvimos fue que los privados no quieren asociarse con Pemex en la petroquímica básica (51-49) ni invertir en petroquímica secundaria (100 por ciento) porque no quieren ser socios minoritarios ni les interesa el negocio propio ya que es mejor traer todo de fuera.

La privatización parcial de la industria petroquímica fue un fracaso al grado que hoy Pemex no produce suficiente materia prima. Lo peor es que no se quiere reconocer. En el debate ha quedado claro que es necesaria una industria petrolera integrada, como las de otros países y las trasnacionales; que la refinación es parte importante de la petroquímica y no debe separarse, como propone Calderón en su iniciativa de promover la construcción de refinerías privadas.

Todo tema que se aborde sobre la industria petrolera mexicana termina en el asunto del dinero. El petróleo por las nubes y Pemex en el infierno. Esta contradicción obedece tanto a que el crudo es el sostén del gasto gubernamental como a que no existe una política industrial en este país, ya que el gobierno no gobierna en perspectiva sino para salir al paso de lo más urgente. Así, lo que debe hacerse es construir un Pemex reorganizado y más integrado para que promueva la industria nacional en todos sus aspectos, incluyendo la ingeniería mexicana.

Algo ha quedado claro: no hay mayoría en el Congreso para aprobar el proyecto de Calderón de promover refinerías privadas que le maquilen el crudo a Pemex. Ahí la llevamos.

Qué feo huele... el petróleo/IX

Se ha producido un debate singular en el Senado. Ya sabemos –ya lo sabíamos—que el riesgo del efecto popote es un espantajo creado por la administración de Calderón.

¿Qué cosa es eso del popote? Se presume que existen yacimientos de petróleo que se extienden debajo del mar mexicano y del mar estadunidense.

Supongamos que tales yacimientos existen. ¿El crudo será del primero que llegue? Eso no parece razonable, pero Calderón nos quiere vender tal la idea con el propósito de que el Congreso apruebe su proyecto de hacer contratos con compañías trasnacionales para adelantarnos a Estados Unidos e “impedir” que ese país nos robe.

El pozo más cercano, “Hammerhead”, está siendo operado por la compañía Shell y no sabemos si el yacimiento es transfronterizo. Calderón nos está planteando que contratemos a la Shell para evitar que Estados Unidos nos robe el petróleo. Tendríamos, así, a la Shell sacando el crudo del mismo yacimiento por los dos lados de la línea internacional.

En el debate quedó muy claro que el problema de los yacimientos transfronterizos no se resuelve con una competencia de quién llega primero, sino con un nuevo tratado entre México y Estados Unidos, el cual debió empezarse a discutir con el vecino país hace un tiempo, pues la moratoria pactada en el año 2000 va a vencer dentro de dos años. El gobierno mexicano (Fox y Calderón) no ha movido un dedo para tratar de llegar a un acuerdo civilizado al respecto.

Así, el efecto popote es del ámbito de las relaciones internacionales y nada tiene que ver con las reformas propuestas por Calderón sobre la industria petrolera.

Lo que se busca, por parte del gobierno, es contratar a compañías trasnacionales para explorar y explotar pozos en aguas profundas y semiprofundas del Golfo de México. El problema es que tales compañías no van a trabajar por el simple pago de sus servicios, sino que quieren más. ¿Cuánto es ese más? Depende de la productividad de los yacimientos descubiertos. Por esto, el proyecto de Calderón habla de pagar una cantidad “determinable”, es decir, que no sería precisada en el contrato con el perforador sino hasta después de que se conozca la magnitud del yacimiento.

Calderón quiere compartir una parte de la renta petrolera con los perforadores que ya poseen la tecnología para trabajar en tirantes de agua hasta de 2 mil 500 metros. La urgencia tiene que ver con la necesidad de seguir vendiendo crudo al exterior, sin importar que, al hacerlo, renunciamos a procesarlo dentro del país, es decir, producir petroquímicos y refinados con nuestro propio petróleo.

Calderón no está preocupado por llegar a un acuerdo respetuoso y razonable con Estados Unidos, sino por producir la mayor cantidad de crudo posible para cubrir el déficit gubernamental aunque tenga que compartir con las trasnacionales.

No se trata de impedir que México vaya hacia el Golfo a buscar el petróleo. De lo que se trata es de evitar que se entregue a las trasnacionales lo que es nuestro y de logar que se explore y explote en aguas profundas según un plan nacional petrolero que sirva para el desarrollo nacional. Ah, pero este leguaje no lo habla el señor Calderón, cuyo lema es: toda empresa pública es perniciosa e irreformable. ¿Es eso verdad?