La reforma judicial por dentro

La llamada reforma judicial y de seguridad pública fue impulsada por el gobierno. Sin embargo, Calderón no logró todo lo que quería, aunque es demasiado lo que le han concedido el PAN y el PRI. La historia del proyecto aprobado por el Congreso es la historia de la aspiración del régimen panista de dar a la policía –Ministerio Público incluido—derechos constitucionales que ésta no debe tener en un sistema democrático. En cuanto a los juicios orales y otros cambios, nada verdaderamente nuevo habrá, salvo quizá la existencia de jueces de control y la confiscación de bienes, llamada extinción de dominio.

El Senado modificó un párrafo y eliminó otro: allanamiento de domicilios y acceso libre a información reservada para los agentes del Ministerio Público, ambos sin orden judicial. Aunque la modificación senatorial sobre los allanamientos no cambiaba el contenido fundamental del párrafo, sirvió para devolver el proyecto a los diputados y ganar tiempo para denunciar la pretensión del gobierno.

La cámara de origen (diputados, en este caso) no puede discutir otra vez lo que ya hubiera sido aprobado en ambas cámaras. Al modificarse el párrafo de los allanamientos se abrió la posibilidad de su completa eliminación, tal como ocurrió. Por desgracia, esto no era posible en los demás párrafos del proyecto. Lo que la Cámara podía discutir, a partir del reenvío del Senado, eran sólo dos párrafos.

Así, se sucedieron declaraciones de defensores de derechos humanos, las cuales fueron decisivas para que el PRI (una parte de éste) rompiera el acuerdo con el PAN y el gobierno en cuanto a la licencia para allanar. El párrafo del allanamiento ha sido eliminado gracias a la sucesión de ciertos eventos que permitieron que el proyecto regresara a la cámara de origen.

El arraigo de detenidos es ahora inconstitucional, aunque aparece en las leyes contra la delincuencia organizada. El gobierno necesitaba su elevación a la Carta Magna. El arraigo hasta por ochenta días fue aprobado con la oposición del PRD. Se trata, en efecto, de la negación de garantías para los detenidos que escoja el Ministerio Público. Pero hay más violaciones a derechos fundamentales en ese proyecto, entre ellas la incomunicación de personas encarceladas.

La partida de madre –lo dije así en tribuna—que le están dando a la Constitución es el acto más agresivo contra derechos fundamentales en la historia de las tres cartas principales que ha tenido México. El gobierno del PAN, con la complicidad del PRI, se propone llevar a cabo una agresión a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico: los narcos le ganan la pelea al Estado haciendo a éste más autoritario y represivo.

Domicilios allanados

Si hoy ingresa un policía a su domicilio, sin orden judicial de cateo, usted puede acudir al Ministerio Público y buscar que se castigue al autor del allanamiento. El irruptor tendrá derecho a defenderse y a presentar los elementos del caso, tales como la protección de la vida de alguna persona, la persecución de un delincuente sorprendido en flagrancia, etcétera, pero la víctima del allanamiento no dejará de tener la capacidad de conseguir el castigo del transgresor. Esto lo saben hoy todos los policías.

A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de “seguridad pública y justicia” las cosas ya no serán así. Bajo la nueva constitucionalidad policíaca, quien decidirá cuándo es necesario ingresar en un domicilio va a ser sólo el agente de policía. En otras palabras, la Constitución otorgará un “derecho” a los agentes policíacos –unos 300 mil—para meterse a cualquier sitio con o sin motivo justificable.

Con tal reforma las cosas habrán cambiado totalmente: hoy, la Constitución define los derechos de las personas; después, la Carta Magna consagrará los “derechos” de la autoridad. El mundo ha dado un vuelco. Todo el constitucionalismo histórico está siendo negado de un plumazo a través de una alianza entre el PAN y el PRI.

Calderón y los partidos que le apoyan están peor que George Bush a partir del 11 de septiembre. Bajo la necesidad de combatir a la delincuencia organizada –cualquier cosa que por tal se entienda--, todas las personas estarán a merced de los agentes de policía en sus propios domicilios. El peligro eminente y la amenaza de la integridad personal, como causales teóricas de los allanamientos, serán definidos por el policía pues la Constitución también le estará dando esa capacidad.

Para combatir a los narcos, la policía no necesita ningún “derecho” de allanamiento sino otros instrumentos, de los cuales, evidentemente, carece. La licencia para allanar no va dirigida a la lucha contra los narcotraficantes. A su vez, el narcotráfico, antes de ser un problema de seguridad pública, lo es de seguridad del Estado. Por tanto, presentar a los narcos como causantes de una bárbara agresión de derechos fundamentales de los seres humanos es conceder a aquéllos la capacidad de hacer mayor daño al Estado como institución sometida a principios inviolables y de convertir a las instituciones públicas en transgresoras sistemáticas de tales derechos.

La policía no puede tener ningún “derecho propio” sino sólo obligaciones. Pero se está a punto de hacer las cosas al revés por mandato de la Constitución. Y lo peor es que la protesta es mínima si tomamos en cuenta el tamaño del daño que se está a punto de consumar. No se le ha hecho caso ni al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; mucho menos a los “apestados” del PRD. ¡Qué país!

La imaginación a la ofensiva

Manlio Fabio Beltrones ha dicho, al respecto de las afirmaciones de López Obrador sobre los planes para el inicio de la privatización del petróleo, que está “sorprendido de la imaginación que pueda tener algún político a la baja en popularidad”. Además de la actitud despectiva y triunfalista del senador priista, se ocultan propósitos confesados por él mismo. Hemos leído la declaración de Beltrones sobre que el PRI no descarta la inversión privada en la extracción de crudo, aunque no sea –como él mismo dijo—una propuesta priista.

Los panistas, por boca de Creel, declaran que “al día de hoy todavía no existe una propuesta concreta por parte del grupo parlamentario del PAN”.

La “imaginación” de López Obrador ha tomado la ofensiva mientras los partidarios de la privatización de la industria petrolera se encuentran a la defensiva. La idea de la inversión privada para extraer crudo en el Golfo de México y refinar petróleo surgió hace tiempo en el PAN y en el PRI. La “imaginación” de Andrés Manuel es una respuesta a tal propuesta, tan concreta como puede ser cualquier proyecto de inversión extranjera.

Los panistas han pedido un “diagnóstico de la situación”, pero aclaran, presurosos, que no es que carezcan del mismo sino que lo quieren compartir con otros para que la propuesta surja “de manera natural”.

En efecto, el PAN ha planteado en el Senado que “no hay dinero” para construir refinerías por lo que se “necesita” que la refinación pueda ser realizada por compañías privadas; no se dice extranjeras, pero se entiende. En cuanto al Golfo de México, la cuestión se presenta con alarma: Cantarel va hacia abajo y hay que ir por más petróleo en el mar para sostener el gasto público, pero el tirante de agua mide más de dos kilómetros y se requiere una especie de robot de alta tecnología, el cual existe pero no está disponible para Pemex. Algunas compañías extranjeras tienen la técnica y “no la quieren vender”, lo cual se añade como elemento probatorio de que no se pretende regalar nada sino sólo entregar algo.

El planteamiento de la “necesaria” inversión privada en la industria petrolera ha sido hecho ante el sector patronal. Sí, en efecto. La pretendida necesidad se expone en el “diagnóstico” que “ya se tiene” y se está “compartiendo”. A mí me lo han presentado; con mucha mayor necesidad lo hicieron ante el Consejo Coordinador Empresarial.

Lo que no incluye “todavía” la propuesta es la reforma legal pertinente. Aquí el debate es entre el PRI y el PAN. El primero sostiene –hasta ahora—que no debe modificarse la Constitución, lo cual llevaría a cambiar leyes que entrarían en contradicción con el texto de la Carta Magna. Buscar la forma de traer capitales privados trasnacionales a la industria petrolera mexicana es la tarea. Como puede observarse, ésta no es sencilla, pero sigue siendo el objetivo.

"El capitalismo es cabrón"

El capitalismo, desde siempre, ha tenido ciclos expansivos y ciclos recesivos. Nadie puede saber de cierto la duración e intensidad de éstos. Sólo sabemos que se producen.

En su ciclo expansivo (moderado), la economía estadunidense generó, como siempre, una gran cantidad de dinero depositada en la banca, aunque ésta ya no juega el papel de antes. Los bancos tienen que colocar el dinero de la manera más rentable y rápida. Así, concedieron créditos hipotecarios de alto riesgo a diestra y siniestra. Cuando el ciclo expansivo comenzó a declinar, los pagos de las hipotecas se hicieron, naturalmente, más difíciles. Llegó la crisis… bancaria. Hasta 1929 las acciones se daban en garantía de los créditos bancarios otorgados para comprarlas y cuando la industria y la bolsa se cayeron, la banca también tronó.

Aun sin la crisis bancaria, la recesión en Estados Unidos tenía que llegar, poco a poco, como la humedad. El Congreso de Estados Unidos ha lanzado hacia los bancos una masa de dinero con el propósito de capitalizarlos y ayudar a su sobrevivencia. El esquema es el que propusimos sin el menor éxito para enfrentar la crisis bancaria mexicana del Fobaproa. En lugar de la solución PRI-PAN de regalar dinero, los estadunidenses capitalizan los bancos –sin riesgo de quebranto por operaciones pasadas—y esperan que el capital regrese al fisco cuando los tiempos mejoren.

Pues bien, el hecho es que la economía norteamericana ha entrado en crisis, de tal manera que pronto llegó a la admirada bolsa… mundial o “global”.

Está claro que el consumo en Estados Unidos ha descendido y, por tanto, también las exportaciones manufactureras mexicanas, aunque ya teníamos lo nuestro en la industria “nacional”.

La recesión económica en Estados Unidos no ha sido declarada y falta un par de trimestres para que lo sea, aunque todo mundo la da por hecho. Sin embargo, es posible que México tenga que declarar una recesión industrial antes de que los estadunidenses lo hagan: vamos que volamos hacia allá.

“El capitalismo es cabrón”, decía un filósofo de café en los años sesenta. No existe forma de acabar con los ciclos de expansión-recesión y con sus secuelas de desempleo y empobrecimiento. Al menos, no ha sido posible en los últimos dos siglos. Pero el gobierno, quien se “estimula” con los retos, parece no tomar en cuenta la realidad y mucho menos la historia.

Lo que tenemos es el agotamiento de una forma de expansión basada en los cambios técnicos de un periodo que ya culminó. Ahora, se requiere una especie de purga por el empacho anterior. Si el mercado de Estados Unidos se va a seguir reduciendo, la economía mexicana basada en el mercado estadunidense y con absoluto descuido del frente interno, tendrá mayores problemas. Si baja el crudo nos hundimos peor.

Vaya, sí es cierto que “el capitalismo es cabrón”. El que lo dude no ha vivido en este planeta durante los últimos dos siglos.

Respuesta de Pablo Gómez a López Dóriga

Ciudadano director:

“Cuando hace cinco años el entonces diputado del PRD Pablo Gómez se plantó de acuerdo con su línea partidista en que Jaime Cárdenas fuese presidente del IFE o nadie, le abrieron (sic) la puerta a Elba Esther Gordillo para que con el voto del PAN impusiera a Luis Carlos Ugalde”. Este párrafo escrito por Joaquín López Dóriga y publicado en Milenio el martes 5 de febrero deja a cualquiera algo perplejo. Cuando un periodista habla o escribe de puras oídas, de seguro falla.

El PRD no propuso a Jaime Cárdenas para ningún cargo en el IFE. El PAN nunca objetó que el PRI propusiera al presidente del Consejo General. El PRD sólo presentó propuesta para ese cargo el día de la votación –Jesús Cantú--, ya que era necesario integrar una lista completa (la de minoría) y porque creía que Cantú podría ser una persona capaz de asumir la presidencia del IFE. El PAN había pactado con el PRD –la mañana del día de la votación, en mi oficina— el nombramiento de uno o dos consejeros salientes, pero minutos más tarde acordó con Elba Esther Gordillo el completo reparto de la lista entre el PRI y el PAN. En consecuencia, quien abrió “la puerta a Elba Esther Gordillo” fue el PAN, específicamente Germán Martínez, el negociador por parte de Acción Nacional. Antes, claro, la puerta había sido abierta por Roberto Madrazo, a la sazón presidente del PRI.

Es terrible advertir la “lógica” que usa un comunicador para culpar a quien se opuso al carácter faccioso del Consejo General del IFE pero no a quienes así confeccionaron la integración del Instituto. ¿Por qué? ¿La idea es decir que sí aunque uno piense que no, con tal de estar en el “acuerdo”? ¿Así debe ser la lucha política? La simulación y la mentira no son de mi agrado, aunque sé que predominan en la política y en el periodismo.

Sinceramente, Pablo Gómez.