La increíble y triste experiencia del IFE

No existe comparación posible entre la forma del nombramiento de los consejeros del IFE que se encuentran en funciones y el sistema para escoger a los tres nuevos que serán nombrados en febrero próximo. Entonces, nadie supo nada sobre propuestas y contrapropuestas, ni siquiera se conocieron los currícula de los supuestos aspirantes. Vamos, la lista completa se conoció el mismo día de la votación en la Cámara.

Ah, pero los paladines defensores de Ugalde, quienes se molestaron tanto debido a que la reciente reforma constitucional abarcó la sustitución de éste y de otros, han dicho que el proceso de selección de los nuevos consejeros es sucio, oscuro y otras tantas cosas. Y cuando en diciembre la Cámara no llegó a un consenso sobre los nombramientos, se dijo que para qué se había removido a ese héroe de la democracia si los diputados no eran capaces de nombrar a los sustitutos de quienes ellos mismos habían destituido de manera artera y no sé cuanto más.

Hablaron a destiempo porque ninguno criticó la manera oscura y sucia en que fueron nombrados Ugalde y los demás. Nadie reconoció entonces que el PRD había hecho otra propuesta --con Cantú a la cabeza-- de otras personas conocidas, especialistas y con currícula presentable, al menos conocida. La mayoría de los consejeros actuales eran unos desconocidos y lo siguen siendo ahora. El acuerdo entre Madrazo y Gordillo, por una parte, y Germán Martínez y Molinar Horcasitas, por la otra, fue una sorpresa para los propios diputados que se encontraban a la espera de una decisión que iba a tomarse en las sombras.

El sistema adoptado para la selección de nuevos consejeros no es el mejor posible pero, al menos, es un sistema conocido.

La persona con mayor currículum entre los que han sido postulados para consejero presidente es Góngora. Éste tiene una larga carrera como jurista y fue presidente de la Suprema Corte. Es una oportunidad para el país si se le nombra en tal cargo. Sin duda, Góngora tiene un prestigio qué defender. También hay en la lista otros distinguidos profesionales de diferentes ramas que tienen capacidad y experiencia: la cuestión estriba en quien es mejor.

A Góngora se le objeta por ser demasiado independiente, es decir, por no admitir presiones sin causa fundamentada y razonable. Pero esta es justamente una de las principales cualidades que deben tener los consejeros del IFE. Al menos la imparcialidad es condición legal para obtener el cargo. Lo que dice Germán Martínez sobre la “causa grave” que la ley menciona para abandonar la Corte no es en verdad una duda sino una objeción política, pues el precepto tiende a proteger a ese tribunal de presiones ilegítimas tendientes a lograr que sus miembros abandonen su cargo, lo que en este caso estaría fuera de toda sospecha. Así, tampoco los legisladores acreditan “causa grave” cuando se separan del escaño para ocupar otro puesto o para ser candidatos, pero Germán Martínez siempre ha votado a favor de las muchas licencias concedidas…, sin manifestar duda alguna. ¿Alberto Cárdenas Jiménez se fue al gabinete de Calderón por “causa grave”?

Genaro Góngora no es la vida o la muerte del IFE puesto que ambos extremos no dependen de persona alguna. Pero es el más calificado de entre las muchas propuestas subsistentes. Este elemento no puede ser rebatido por Germán Martínez ni por nadie. Lo único que hay que recordar es que éste –Martínez —le dio el visto bueno a Ugalde y a los demás, a pesar de que la mayoría de los ungidos había sido impuesta por el PRI. El hecho de que el PAN estuviera en el gobierno y que Gordillo se pasara al lado de ese partido hizo que el IFE actuara a modo de los intereses de Acción Nacional. Pero esa historia de no debería repetirse.

Sólo moderados

Desde hace meses se habla de “moderados” en el PRD. López Obrador ha dado realce a esta caracterización o calificación –según se quiera ver—para afirmar que se trata de “conservadores más despiertos”. Tenemos aquí un tema digno de ser debatido, tal como ocurre en muchos otros países.

Las izquierdas se han moderado. Este fenómeno se debe al agotamiento de los ciclos revolucionarios del siglo XX. Primero se agotó el ciclo abierto por la Revolución de Octubre, después el de las revoluciones de la inmediata postguerra (principalmente China), seguido del ciclo de las revoluciones nacionales de los países coloniales y, finalmente, el de América Latina que abrió la Revolución Cubana, el cual no generó otra revolución igual sino movimientos y grupos armados además de la experiencia revolucionaria chilena finalmente ahogada en sangre. Quizá podría también hablarse de las revoluciones islámicas. La revolución Mexicana (1910-1917), la de Bolivia (1952) y la de Nicaragua (1979) no parecen haber formado parte de un ciclo de revoluciones, lo cual, naturalmente, no les quita su carácter.

Sin revolución qué preparar, la moderación se impone por sí misma, pues por más cambios que se hagan jamás podrían compararse con los que genera una revolución. Hay que aclarar que cuando se habla de revolución no se está hablando de las formas de lucha, las cuales pueden ser armadas o no.

Claro que hay moderados dentro de la moderación pero no se trata de algo esencialmente diferente sino de matices: discusiones que no duran mucho porque les falta sustancia.

En realidad, en el PRD impera la moderación, lo cual abarca al mismo Andrés Manuel. Nadie en ese partido está actuando para preparar una revolución o, al menos, para ser un factor activo en un movimiento revolucionario por venir. Pero fuera del PRD las cosas no son diferentes. Desde el EZLN hasta el EPR –uno, que organizó un levantamiento armado y, el otro, que realiza acciones armadas con cierta periodicidad—nadie se plantea organizar en algún momento próximo una revolución. La diferencia entre las izquierdas electorales y las no electorales es que las primeras se proponen alcanzar el gobierno mientras las segundas consideran que ése no debe ser el objetivo actual. Pero ninguna espera o prepara una revolución.

Los causantes de esta situación no son los dirigentes o las bases de tales izquierdas sino la situación del mundo en el que México está demasiado complicado.

Al parecer la verdadera discusión en el PRD no es entre radicales y moderados, sino entre quienes están buscando abrir una lucha política de masas con un programa de transformaciones sociales y democráticas para hoy, y quienes suponen que tales transformaciones vendrán sólo cuando fracase el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón. En medio, claro, se encuentran quienes no aprecian la lucha política de masas sino se encierran en conciliábulos más o menos burocráticos. Existe de cierto, además, una contradicción entre quienes quieren impulsar un movimiento político y quienes cultivan clientelismos antidemocráticos desde posiciones de poder. Pero la moderación es de todos.

El debate debería centrarse en las verdaderas contradicciones y no en las actitudes, reales o supuestas, frente al gobierno de Calderón. Si éste es ilegítimo, tal como todos lo subrayan en el PRD, no debería ser el factor central del debate, pues, si lo fuera, Calderón se convertiría en elemento externo de las contradicciones en el seno de ese partido, es decir, estaríamos frente a un triunfo de la ilegitimidad hecha gobierno.

Delincuencia y libertades

Dentro de la llamada reforma judicial y de seguridad pública no hay nuevos derechos de las personas, sino atribuciones de la autoridad. Dentro de lo nuevo destaca la facultad de cualquier agente policíaco de ingresar a un domicilio cuando se encuentre en peligro la vida o integridad corporal de alguna persona. No suena mal este giro, pero no es el derecho de la persona lo que va a ser protegido sino el del policía para meterse en un domilicio.

Las constituciones nacieron para dar derechos a los seres humanos y limitar las atribuciones de la autoridad. Ahora, el constitucionalismo mexicano está centrado en aumentar las facultades e, incluso, derechos, de las autoridades, lo que resulta en un verdadero contrasentido. Los casi cuatrocientos mil agentes policíacos que existen en el país podrían ingresar en un domicilio particular con la Constitución en la mano. La Carta Magna podrá decir para qué puede hacerse el allanamiento, pero de seguro que el policía tendrá su propio criterio al respecto.

El gobierno intentó, a través del PAN, otorgar al Procurador General de la República la capacidad de indagar sobre cuentas bancarias y situación fiscal de cualquiera sin autorización judicial. El Senado no dejó pasar este precepto y, por ello, el procedimiento de aprobación de toda la reforma ha quedado pendiente hasta el mes de febrero, cuando se vuelva a reunir el Congreso. Pero debe verse hasta dónde han llegado las pretenciones policíacas del gobierno actual.

En el centro de todo esto aparece la lucha contra la delincuencia organizada, cualquier cosa que por ésta se entienda. Pero el país que es víctima del narcotráfico no debe responder con la disminución de las libertades y derechos fundamentales, pues de tal forma los narcos habrán logrado indirectamente mucho más de lo que se proponen: atacar a todo el pueblo donde más le duele a éste.

Cuando, por poner otro ejemplo, se admite la incomunicación de delincuentes organizados y cualesquiera otros, el Estado asume formas crueles, tal como son los métodos violentos y homicidas de los narcos. Un estado de excepción para una parte de la gente es contradictorio con la igualdad jurídica de las personas, principio fundacional del Estado democrático. Desconocer derechos fundamentales de quien sea con el motivo que sea es siempre odioso, aunque se trate de enemigos. Con tal criterio existe la prisión de Guantánamo, con presos sin juicio, defensa ni comunicación exterior alguna. Con tales métodos no se combate al narcotráfico sino a la libertad y la democracia.

El Estado policíaco es fascinante para los gobernantes autoritarios pues aumenta su poder y, sobre todo, crece el miedo de la gente frente a las autoridades. El narcotráfico y los secuestros no son productos de supuestas o reales deficiencias de la Constitución, sino de complejos fenómenos socio-económicos y culturales. Suponer que la llave del éxito contra la delincuencia organizada se encuentra en cambiar la Constitución para restringir garantías es el peor error que se puede cometer. Condenar a los defensores de derechos fundamentales con el agumento de que en los hechos defienden a los narcotraficantes y secuestradores es una completa vulgaridad, por decir lo menos. Tales derechos no son negociables y, mucho menos, materia de condenas, a menos de que se quiera un completo Estado policíaco, dentro del cual no nacerá una sociedad más libre sino una gran prisión para todos.

Nueva reforma electoral con viejos problemas

El centro del debate sobre la nueva reforma electoral se ha ubicado en dos temas: las coaliciones y las normas sobre información y propaganda. Grupos muy disímbolos entre sí han atacado los nuevos cambios, pero todos se siguen refiriendo a la reciente reforma constitucional que ya fue promulgada y entró en vigencia.

Tanto los partidarios del actual sistema de coaliciones como los enemigos de los controles sobre la propaganda electoral se han lanzado al ataque contra toda la nueva legislación.

Ahí donde la lucha política es más transparente, cada partido se presenta con su propia propuesta e imagen, lo cual no le impide a ninguno realizar coaliciones con otro u otros con el propósito de presentar candidatos comunes, es decir, unir fuerzas y propuestas. Así ha sido recientemente en Michoacán con motivo de la elección de un nuevo gobernador.

El método para integrar coaliciones es una convención, siempre que éstas sean permitidas. En cierto momento –después de 1988—las candidaturas comunes fueron eliminadas porque el PRI supuso que ése había sido el mecanismo legal que hizo posible la candidatura de Cárdenas, por lo que se creó la figura de la coalición total en la elección presidencial, la cual hacía más difícil el acuerdo pero no lo impedía, como se vio durante los años posteriores.

La lucha a favor del método de las candidaturas comunes ha estado vigente desde entonces porque se considera que éstas facilitan los acuerdos entre partidos pero tampoco los garantiza. El PRD nunca luchó a favor del método de la coalición total sino que siempre exigió que se restablecieran las candidaturas comunes, al grado que, donde pudo, las introdujo en la ley, como en el Distrito Federal y otras entidades.

Sin embargo, la transferencia de hasta uno por ciento al partido que, sin llegar a dos, presente candidaturas comunes con otro u otros, es ya otra cosa. Se trata de una concesión innecesaria y, sobre todo, antidemocrática, pues el voto no es transferible, sino que pertenece por entero al votante. Quizá la Cámara pudiera rechazar este precepto.

Por el otro lado, el griterío sobre la libertad de expresión no es otra cosa que eso. La prohibición de publicidad electoral pagada por parte de partidos y de terceros en medios electrónicos ya está en la Constitución y no limita la libertad de expresión, sino la libertad de comercio de tiempo aire. En muchos países, las regulaciones sobre esta materia son mucho mayores, pues se llega a impedir que los programas de debate entre partidos y candidatos discriminen a alguno de ellos. En cuanto a los informativos, ya se había admitido desde tiempo atrás el criterio de la imparcialidad.

Los avances en materia electoral son tan grandes que todavía algunos no los quieren admitir. Pudo haber menos errores, excesos o mediatizaciones, pero casi es imposible una legislación exacta. Por lo pronto, las reglas de la lucha por el poder van a cambiar. Ojalá los partidos políticos también cambiaran, pero esto es mucho más difícil.