Que feo está esto

El incidente de la Catedral nos muestra lo feo que se han venido poniendo las cosas. Nadie tenía que entrar al templo a protestar y mucho menos en tono ruidoso. Nadie tampoco debió haber tocado de manera agresiva e irruptora las centenarias campanas de la iglesia. Nadie, en síntesis, debió haber hecho lo que finalmente se sintió orillado a hacer. Pero se hizo todo. Unos, quizá por ocurrencia; otros, de la manera más irreflexiva. Da igual: reacciones primitivas provocadas por estados de ánimo.

Lo peor, sin embargo, ha sido el manejo de los hechos. El Arzobispado ha exigido “castigo ejemplar” a los culpables del allanamiento, con lo cual rompe con la doctrina de la Iglesia católica en cuanto al perdón cristiano. Los abogados de la Curia han señalado a Rosario Ibarra como la instigadora de la “profanación”. El PRD ha dicho, sin saberlo de cierto, que ninguno de sus miembros participó en la incursión indebida. La prensa no reportó en sus titulares –con excepciones—el acto de la Convención Nacional Democrática sino el incidente de la Catedral. El arzobispo cerró el templo “hasta nuevo aviso”.

Qué desastre. Así están las cosas en el país: verdaderamente desastrosas.

Cuando se producen protestas en un templo, los primeros que deben preocuparse son los sacerdotes. Cuando unos participantes en un mitin político se meten en una iglesia, sin ser perseguidos por la fuerza pública, los organizadores del acto deben asumir su responsabilidad aunque no hayan promovido la irrupción. Cuando el campanero de la iglesia toma parte hostil del acontecimiento político, el encargado del templo debe reprenderlo. Nada de esto ocurrió. Parece que casi todos actuaron al contrario.

Menos la prensa, la cual se regodea del incidente, mientras todos los participantes parecen echar la culpa a otros como si en verdad hubiera culpables. Ahora se llega a decir que la irrupción en la Catedral fue una agresión contra el catolicismo, un acto contra la libertad de cultos, una profanación pecaminosa, un acto vandálico: patrañas. No hay motivo religioso, sino político.

Un senador católico, pero no asistente a misa, me dijo que estaba indignado porque las cosas debían tener límites y con la Catedral nadie debe meterse. Cierto, debería haber límites informales para los campaneros, los asistentes a los mítines, los dirigentes políticos, los policías que estaban frente al atrio, los periodistas amarillistas, los curas histéricos y los abogados habladores. Pero no, ya casi no hay límites.

Algunos piensan que el asunto de la elección presidencial del 2006 está enterrado, pero se equivocan. Cuando una parte de la sociedad piensa que el Presidente es ilegítimo; que hizo trampa; y cuando otros piensan que lo más importante es que aquella parte deje pensar como piensa, las cosas no pueden estar bien. Sí, qué feo está esto.

A la cárcel, jóvenes

En México, el consumo de drogas no es delito… hasta ahora. Se ha dado un debate sobre la cantidad de cada estupefaciente que debe considerarse destinado al consumo personal, sobre lo cual ya se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, ahora, el régimen de Felipe Calderón quiere cambiar los conceptos, las condiciones, los procedimientos y las penas para meter a la cárcel a todos los consumidores de drogas que sea posible.

El Congreso había llegado a un acuerdo sobre el tema del narcomenudeo, mediante la modificación de un proyecto de Fox, de tal manera que todos los partidos aceptaron unos criterios y unas reglas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos protestó y dijo que en México se quería legalizar el consumo de drogas, lo cual era mentira porque nunca había sido considerado un delito. Así, Fox vetó las reformas del Congreso.

Ahora, el PAN (no sabemos todavía la posición que habrá de tomar en definitiva el PRI) quiere admitir las observaciones de Fox, por instrucciones de Calderón, con el propósito de enviar a la cárcel a los consumidores de mariguana que sean sorprendidos en posición de más de dos gramos de hierba. No se permitirá ni un carujo, churro o como se le quiera llamar, pues dos gramos no alcanzan ni para una dosis, mucho menos cuando, como es costumbre, la cannabis se comparte entre varias personas.

Pero, además, serán enviados a la cárcel quienes sean sorprendidos en posesión de dos gramos o menos de mariguana si es por tercera vez. Como dice el dicho, la tercera es la vencida. Claro que los denominados adictos serán enviados a un tratamiento en unos servicios que no existen en el país: lo real maravilloso.

Para “salvar a México”, el régimen de Calderón y su partido (colección de hipocresías) quiere meter a la cárcel a los jóvenes consumidores de alguna droga. Pero, si el proyecto llegara a ser ley, tampoco los panistas podrían ver realizados todos sus sueños encarceladores porque la mordida se les va a atravesar en el camino. Como ya se deberá ir a la cárcel por la posesión de más de dos gramos o a la tercera, la tarifa mordelona será incrementada y el negocio de los sobornos será más jugoso. El asunto empeora cuando el proyecto les otorga a las autoridades de los estados y el DF la tarea de perseguir a los consumidores.

La derecha se distingue, entre otras cosas, por tratar de imponer a los demás su propia moral, generalmente falsa y doble. Para “salvar a México”, el PAN busca criminalizar el consumo de las drogas con el aplauso de la derecha estadunidense. La inmensa mayoría de los poseedores de tres gramos de mariguana o los sorprendidos la tercera vez con menos de esa cantidad, serán encarcelados o extorsionados. Claro que muchos tendrán que pagar un dinero para evadir la cárcel, pero los más pobres serán llevados a prisión: el PAN les habrá partido la madre. Este es el verdadero rostro de la política juvenil de Acción Nacional y de su líder, Felipe Calderón. Y así como se dice mariguana, será lo mismo para cualquier otra droga. Estamos ante los prototipos morales que predominan en Estados Unidos. Y ¿todo por unos miserables 500 millones de dólares al año? Qué asco.
P.D. El proyecto se va a votar el martes 20 de noviembre para festejar el aniversario de la Revolución Mexicana.
Otra P.D. Los del PAN sostienen que los consumidores de la mariguana son “adictos” y, por tanto, “enfermos”, y lo dicen fumando --uno tras otro—un sabroso cigarrillo.
Una P.D. más. Los del PAN dicen que la lucha contra el narcomenudeo consiste en meter miedo a los jóvenes para que no se acerquen a las “tienditas” bajo amenaza de pena de cárcel… o mordida, diría el policía ganón.

Catástrofe y política

Felipe Calderón ha dicho que no es momento de oportunismos ni protagonismos. Quizá debió decir que tal discurso político lo exceptuaba a él de tales actitudes. En efecto, lo afirmado por Calderón ocurrió en la Cruz Roja a donde acudió a cargar simbólicamente unas cajas de víveres para los damnificados de Tabasco, aunque en verdad nada tenía que hacer ahí como no fuera pronunciar un discurso.

Pero el asunto es político, es decir, las lluvias sobre Tabasco son políticas, o sea, el agua que cayó del cielo pudo canalizarse a través de sus cauces hacia el mar, pero no, se quedó en lugares donde no debía ya que los políticos encargados de la administración pública no hicieron lo que debieron o hicieron justo lo que no debieron hacer. Así ocurrió.

Es hipócrita decir que no hay que politizar una tragedia cuando ésta tiene causas políticas directas, es decir, asuntos que competen al ámbito de la administración pública. Un líder político debe decir lo que cree y no fingir demencia como lo ha hecho Calderón en su discurso político en la Cruz Roja –organización apolítica por estatuto propio—en donde dijo que era hora de unión de todos y de no partidizar la tragedia. Pero el desastre tiene sellos políticos y partidistas, pues los gobernantes no son individuos solos e independientes sino que forman parte de grupos políticos que debieran ser , al menos, responsables, es decir, responder de sus actos. Es evidente que los gobernantes de Tabasco y los de la Federación se desentendieron de sus obligaciones y no llevaron a cabo los desazolves de los ríos ni otras obras para evitar que se repitiera la inundación de 1999. No sólo existe responsabilidad política por acción sino también por omisión.

Pero Calderón quiere que todo se olvide en aras de la unidad de todos a favor de los damnificados. Esa unidad, ese apoyo a los damnificados, se está produciendo con muestras de solidaridad nacional, especialmente en algunas ciudades del país, pero eso no debería llevar a nadie al disimulo, al silencio, sobre lo que debió hacerse y no se hizo.
El desastre de Tabasco es de inmensas dimensiones. Más de la mitad de la economía ha sido destruida; hay cerca de un millón de damnificados. Dentro de dos o tres meses lo que hoy vemos se convertirá en una tragedia mucho mayor: masas de sin trabajo, cientos de miles sin dinero para alimentarse. Tabasco requiere una reconstrucción que abarque la reposición de infraestructura social, vivienda, unidades productivas, vías de comunicación y empleos; hay que indemnizar a centenares de miles; hay que hacer las obras públicas que no se han hecho. El Estado --como responsable del desastre-- debe hacerse cargo de la reconstrucción de una manera completa, solidaria, responsable, transparente, incluyente, suficiente: eso sería política a secas.

Denigración del Congreso

La Ley de Ingresos manda a cobrar las contribuciones pero también autoriza los financiamientos. El Congreso, sin embargo, ha dado varios cheques en blanco al Ejecutivo. El IPAB (ex Fobaproa) y el ISSSTE (a propósito de la nueva ley) tienen autorizada la colocación de cualquier cantidad de obligaciones a cargo del Estado mexicano. En cuanto a la deuda externa, el Congreso desconoce para qué podrían utilizarse los mil 500 millones de dólares autorizados para el próximo año; ni siquiera se informó quién los va a prestar.

Además, el Congreso ha autorizado a la Secretaría de Hacienda a embargar los ingresos de Pemex y la CFE cuando quiera y en el monto que quiera. Así, las leyes que señalan las contribuciones del llamado sector paraestatal podrían ser violadas bajo la autorización anticipada del Poder Legislativo.

Las autorizaciones a ciegas y las transferencias de facultades constitucionales denigran al Congreso. Ahora, cuando ningún partido tiene la mayoría, no se trata sólo de un sometimiento reclamado por el Ejecutivo sino también de una autodenigración.

Los legisladores suelen dolerse de que la ciudadanía les considere inútiles o faltos de tino. Pero a la hora de votar, la mayoría se somete al Ejecutivo en lugar de ejercer a plenitud sus facultades.

En el monólogo que se realizó en ambas cámaras sobre la ley de ingresos (PAN y PRI no intervinieron, es decir, callaron) se puso de relieve que el Congreso podía detener el crecimiento de la deuda petrolera, la cual ya supera los cien mil millones de dólares aunque no es, en el fondo, más que una deuda gubernamental. Pero no, los dos partidos responsables de tal endeudamiento se negaron a detenerlo, lo cual hace aparecer a Pemex como un organismo arruinado. Se afirma con cinismo que la “quiebra” de Petróleos Mexicanos hace necesaria la privatización de esa industria.

El gobierno federal tiene un déficit programado de más de 180 mil millones de pesos, los cuales son pagados por Pemex, CFE y Seguro Social, ante lo cual el Congreso calla, y algo más: autoriza el saqueo que implica el uso de cuantiosos recursos nacionales en sueldos y gastos administrativos.

El Congreso deja de asumir sus facultades constitucionales, se las traslada al Poder Ejecutivo y, con ello, se burla de sí mismo. La indolencia de la mayoría (PAN y PRI) en las cámaras legislativas no es tan sólo expresión de una impronta dejada a través de los años, sino también la grotesca insistencia en que la Presidencia de la República debe asumir la completa conducción económica del Estado. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa.