Gasolinazo: lo real caricatura

El gasolinazo es una muestra de las contradicciones de la política corriente, es decir, la de nuestros días. Nadie quiso asumir la paternidad del nuevo impuesto, lo que muestra que el producto no era “digno” de existir. Nadie quiso tampoco que entrara en vigor según el mismo decreto lo definía: quince días después de su publicación. Nadie lo defiende: es como un hijo bastardo en el Medioevo.

Pero el gasolinazo es también una completa estupidez. En lugar de despetrolizar las finanzas públicas, las petroliza aún más. En lugar de dar más dinero al fisco, le quita, pues al cabo del aumento de 35 centavos por litro del combustible, desaparecerá la llamada tenencia que ahora da a los estados más dinero que el nuevo impuesto a la gasolina. En lugar de ayudar a la estabilización de los precios de la canasta básica, presiona en favor de mayores aumentos. El gasolinazo es un atraco al pueblo pero también es dañino, contraproducente y desestabilizador.

Calderón ha suspendido el nuevo impuesto con la amenaza de hacerlo valer en enero del próximo año. Como todo hijo bastardo medioeval, nadie quiere que nazca pero nadie sabe cómo impedirlo. Calderón ha dicho que no se aplicará este año pero no dijo de qué manera lo va a lograr. El trámite de la nueva ley consiste en una de estas dos cosas: que pasados los diez días hábiles posteriores al envío desde el Congreso al Ejecutivo (el tres de octubre), éste no haga observaciones (no lo regrese) y, por tanto, lo promulgue o se repute aprobado e inmediatamente se publique; o bien, el llamado veto, es decir, que el Ejecutivo lo regrese con observaciones a la cámara de origen. Al margen de estos dos caminos constitucionales, existe otro inconstitucional: no regresarlo y no publicarlo sino guardarlo para cuando el rey, perdón, el titular del Poder Ejecutivo, lo quiera hacer valer.

El veto de bolsillo es una práctica ilegal consistente en no promulgar ni publicar un decreto legislativo pero tampoco devolverlo al Congreso. Si los legisladores que votaron a favor del gasolinazo consienten de alguna manera esta práctica, se harán cómplices de una violación de la Carta Magna.

Es así como el hijo bastardo medioeval, el gasolinazo inoportuno e indeseable, confirma su naturaleza. El gobierno no sabe qué hacer con él. Pero, mientras tanto, los legisladores que lo aprobaron callan, mienten, se hacen los disimulados. ¡Qué caricatura! La realidad supera a los moneros.

La independencia de México

Carta al jefe de gobierno del DF: La independencia de México es recordada pero ya no es materia de discusiones. Sin embargo, el historiador oficial de la Ciudad de México para el bicentenario, Enrique Márquez, y un artículo de Luis González de Alba mueven a responder.

El pronunciamiento de 1808 por parte del Ayuntamiento de México, el cual contó con el apoyo del virrey en turno (con el propósito de sostenerse en el puesto que finalmente perdió), fue un movimiento realizado desde el poder que no buscaba la independencia de la Nueva España. Los integrantes del intento fallido trataron de aplicar un viejo criterio del derecho español sobre el papel soberano de los ayuntamientos ante la ausencia del Rey “abdicado”, quien a la sazón se encontraba exiliado en Francia. Lo que buscaban era su propia Junta, como la que se había creado en Sevilla, ante la invasión francesa.

El síndico Francisco Primo Verdad y sus compañeros no eran independentistas y mucho menos revolucionarios, sino representantes de la oligarquía criolla. No fueron precursores de la independencia ni de nada, como se pretende sostener para situar puerilmente a la ciudad de México como la cuna del movimiento insurgente, de la independencia o algo por el estilo. En realidad, la capital siempre fue realista hasta el día en que se proclamó la independencia, lo cual no le quita sus méritos posteriores, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se fue haciendo partidaria de la democracia.

González de Alba pretende ir más lejos. Quiere que consideremos a Miguel Hidalgo como un iluminado fuera de tiempo y lugar por haber tomado las armas contra el régimen colonial. El argumento es en extremo sencillo: la independencia de México de todas maneras se iba a lograr, era cuestión de tiempo, había que esperar a que Iturbide, al frente del ejército realista, la proclamara. Esta forma de estudiar la historia es del todo caprichosa. Es como si González de Alba hubiera dicho a sus compañeros en 1968: la democracia vendrá algún día, no hace falta luchar por ella.

Hidalgo y sus compañeros eran revolucionarios. No sólo querían la independencia sino abolir los privilegios propios de la colonia. Primo de Verdad e Iturbide representaban intereses oligárquicos por más liberales que hubieran sido. La lucha por la independencia tenía que ser, así, un movimiento popular: lo fue. Al final, la insurgencia predominó por encima del Imperio y México pudo reiniciar su propia historia.

Los motivos y las razones

La reforma electoral sigue si curso en medio del operativo político más específico que hayan hecho las grandes televisoras del país, al frente de otros muchos concesionarios. El proyecto de nuevo sistema de competencia electoral tiene su base en la necesidad de reducir el poder del dinero en la lucha electoral, por lo cual el Consejo Coordinador Empresarial se suma, como tal, a ese operativo.

No se trata sólo de intereses económicos sino también del papel de la televisión comercial en la lucha política y, al mismo tiempo, de la relevante función de los grandes capitalistas en la formación y actividad de los órganos del poder público.

Eliminar de las pantallas de televisión los anuncios pagados en materia electoral no destruye la fuerza política de los concesionarios pero la altera. A partir de esta reforma, los dueños de las televisoras tendrán que hacer política más directamente y sin cobrar. Veremos mensajes más directos, noticieros con mayor contenido político y apoyos más claros a los candidatos de las derechas. Por esto, el Senado incluyó en la reforma un añadido al artículo sexto de la Constitución para implantar el derecho de réplica.

Una lucha política más nítida, en la que los poderes llamados fácticos se la jueguen abiertamente, entren al debate (como lo están haciendo en su afán de impedir la reforma electoral) y den la cara sin hipocresías será algo mejor que lo tenido hasta ahora. Mas, por esto mismo, será necesario que en una nueva ley de radio y televisión se reglamente el derecho de réplica y, también, la obligación de los programas políticos a incluir personas con diferentes puntos de vista durante los procesos electorales.

La radio y la televisión operan bajo concesión o permiso. No hay que dejar de recordar esta situación jurídica pues ésta las distingue de la prensa escrita, el cine, el teatro, etcétera. Es posible, como ahora se intenta, imponer restricciones a la libertad de comercialización pero también se pueden establecer reglas de ética, como ocurre en los países de democracia avanzada. Para esto no están preparados los concesionarios como tampoco lo estaban en lo tocante a la prohibición del pago de anuncios electorales.

El Congreso y, con éste, los partidos políticos han realizado un acto legislativo negado durante muchos años: pocos partidos estaban dispuestos, antes, a confrontarse abiertamente con la gran televisión. Hoy, el PRI y el PAN han roto con el temor a los grandes medios por lo que, con esta reforma, el poder público realizará un acto de emancipación frente al poder de la televisión. No existe una ruptura de la relación entre el poder político y los concesionarios, pues no dejará de haber intereses comunes pero, al menos, el Estado ya no será el mayor defensor del negocio de la televisión.

La inamovilidad frente a la República

Uno de los argumentos de los defensores de la permanencia del actual Consejo General del IFE es el principio de inamovilidad. Éste no corresponde a una república democrática, sino al rey. En la democracia republicana todo funcionario es removible. El método para remover a un consejero del IFE es el juicio político, es decir, la acusación de la Cámara de Diputados –por mayoría—y la sentencia del Senado –por dos tercios--, con lo cual el funcionario queda destituido. Este procedimiento se puede usar para cualquier otro alto funcionario de la Federación, incluido el Presidente de la República, aunque éste sólo por la causal de delito grave del orden común. Los demás funcionarios pueden ser removidos por ineptitud.

La inamovilidad no existe en el sistema jurídico mexicano. Los consejeros del IFE podrían ser sometidos a un juicio político tan sólo por haber realizado el cómputo de la elección presidencial en 2006, la cual es de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Pero no. Éste no es el debate actual.

La cuestión consiste en una reforma del sistema electoral del país. Los cambios que se proponen son muchos y profundos. Uno de ellos es la gratuidad de los mensajes de los partidos en radio y televisión. Esta gratuidad es suficiente para que los poderes televisivos se lancen contra el Congreso, aunque el señor Ugalde sea un simple instrumento de tal ataque. Sí, Ugalde es utilizado para atacar la reforma electoral debido a que no es defendible que las televisoras sigan embolsándose miles de millones de pesos de recursos de origen público cuando ellas operan bajo concesión de un bien de propiedad de la nación.

Para remover mediante juicio político a los consejeros del IFE se requieren mayoría simple de la Cámara y dos tercios en el Senado. Para modificar la Constitución se necesitan mayoría de dos tercios en ambas cámaras y el voto de la mayor parte de las legislaturas de los estados. Conclusión: es más fácil remover a un funcionario en un juicio político que reformar la Constitución, de donde se sigue que la reforma constitucional en materia electoral no obedece principalmente a la sustitución del actual Consejo del IFE sino que ésta es consecuencia de la reforma.

Con la reforma que se discute ahora en el Senado, el Consejo General del IFE quedaría en situación de caducidad debido a un cambio de carácter orgánico del Instituto, además de una ampliación de sus facultades. Así ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros sesudos intelectuales y periodistas no dijeron entonces ni una sola palabra. Ahora dicen cosas, bajo amnesia, porque creen que la independencia de una institución del Estado depende de la inamovilidad de sus integrantes, lo cual es falso.

Es absurdo pedirle a un país que mantenga a un árbitro electoral cuando los contendientes no lo quieren. La independencia del IFE no consiste en la propiedad de los cargos sino en sus funciones y, sobre todo, en la aceptación del arbitraje por parte de los partidos. Sin esto último no puede haber independencia ni idoneidad.

¿Quieren los defensores de la inamovilidad que México siga bajo el cuestionamiento de las autoridades electorales? Quienes defienden a Ugalde asumen el principio de autoridad aunque ésta dañe al país y, además, son más calderonistas que Calderón. No me extraña, algunos de ellos fueron salinistas.

La inamovilidad frente a la República

Uno de los argumentos de los defensores de la permanencia del actual Consejo General del IFE es el principio de inamovilidad. Éste no corresponde a una república democrática, sino al rey. En la democracia republicana todo funcionario es removible. El método para remover a un consejero del IFE es el juicio político, es decir, la acusación de la Cámara de Diputados –por mayoría—y la sentencia del Senado –por dos tercios--, con lo cual el funcionario queda destituido. Este procedimiento se puede usar para cualquier otro alto funcionario de la Federación, incluido el Presidente de la República, aunque éste sólo por la causal de delito grave del orden común. Los demás funcionarios pueden ser removidos por ineptitud.

La inamovilidad no existe en el sistema jurídico mexicano. Los consejeros del IFE podrían ser sometidos a un juicio político tan sólo por haber realizado el cómputo de la elección presidencial en 2006, la cual es de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Pero no. Éste no es el debate actual.

La cuestión consiste en una reforma del sistema electoral del país. Los cambios que se proponen son muchos y profundos. Uno de ellos es la gratuidad de los mensajes de los partidos en radio y televisión. Esta gratuidad es suficiente para que los poderes televisivos se lancen contra el Congreso, aunque el señor Ugalde sea un simple instrumento de tal ataque. Sí, Ugalde es utilizado para atacar la reforma electoral debido a que no es defendible que las televisoras sigan embolsándose miles de millones de pesos de recursos de origen público cuando ellas operan bajo concesión de un bien de propiedad de la nación.

Para remover mediante juicio político a los consejeros del IFE se requieren mayoría simple de la Cámara y dos tercios en el Senado. Para modificar la Constitución se necesitan mayoría de dos tercios en ambas cámaras y el voto de la mayor parte de las legislaturas de los estados. Conclusión: es más fácil remover a un funcionario en un juicio político que reformar la Constitución, de donde se sigue que la reforma constitucional en materia electoral no obedece principalmente a la sustitución del actual Consejo del IFE sino que ésta es consecuencia de la reforma.

Con la reforma que se discute ahora en el Senado, el Consejo General del IFE quedaría en situación de caducidad debido a un cambio de carácter orgánico del Instituto, además de una ampliación de sus facultades. Así ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros sesudos intelectuales y periodistas no dijeron entonces ni una sola palabra. Ahora dicen cosas, bajo amnesia, porque creen que la independencia de una institución del Estado depende de la inamovilidad de sus integrantes, lo cual es falso.

Es absurdo pedirle a un país que mantenga a un árbitro electoral cuando los contendientes no lo quieren. La independencia del IFE no consiste en la propiedad de los cargos sino en sus funciones y, sobre todo, en la aceptación del arbitraje por parte de los partidos. Sin esto último no puede haber independencia ni idoneidad.

¿Quieren los defensores de la inamovilidad que México siga bajo el cuestionamiento de las autoridades electorales? Quienes defienden a Ugalde asumen el principio de autoridad aunque ésta dañe al país y, además, son más calderonistas que Calderón. No me extraña, algunos de ellos fueron salinistas.

La inamovilidad frente a la República

Uno de los argumentos de los defensores de la permanencia del actual Consejo General del IFE es el principio de inamovilidad. Éste no corresponde a una república democrática, sino al rey. En la democracia republicana todo funcionario es removible. El método para remover a un consejero del IFE es el juicio político, es decir, la acusación de la Cámara de Diputados –por mayoría—y la sentencia del Senado –por dos tercios--, con lo cual el funcionario queda destituido. Este procedimiento se puede usar para cualquier otro alto funcionario de la Federación, incluido el Presidente de la República, aunque éste sólo por la causal de delito grave del orden común. Los demás funcionarios pueden ser removidos por ineptitud.

La inamovilidad no existe en el sistema jurídico mexicano. Los consejeros del IFE podrían ser sometidos a un juicio político tan sólo por haber realizado el cómputo de la elección presidencial en 2006, la cual es de la exclusiva competencia del Tribunal Electoral. Pero no. Éste no es el debate actual.

La cuestión consiste en una reforma del sistema electoral del país. Los cambios que se proponen son muchos y profundos. Uno de ellos es la gratuidad de los mensajes de los partidos en radio y televisión. Esta gratuidad es suficiente para que los poderes televisivos se lancen contra el Congreso, aunque el señor Ugalde sea un simple instrumento de tal ataque. Sí, Ugalde es utilizado para atacar la reforma electoral debido a que no es defendible que las televisoras sigan embolsándose miles de millones de pesos de recursos de origen público cuando ellas operan bajo concesión de un bien de propiedad de la nación.

Para remover mediante juicio político a los consejeros del IFE se requieren mayoría simple de la Cámara y dos tercios en el Senado. Para modificar la Constitución se necesitan mayoría de dos tercios en ambas cámaras y el voto de la mayor parte de las legislaturas de los estados. Conclusión: es más fácil remover a un funcionario en un juicio político que reformar la Constitución, de donde se sigue que la reforma constitucional en materia electoral no obedece principalmente a la sustitución del actual Consejo del IFE sino que ésta es consecuencia de la reforma.

Con la reforma que se discute ahora en el Senado, el Consejo General del IFE quedaría en situación de caducidad debido a un cambio de carácter orgánico del Instituto, además de una ampliación de sus facultades. Así ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros sesudos intelectuales y periodistas no dijeron entonces ni una sola palabra. Ahora dicen cosas, bajo amnesia, porque creen que la independencia de una institución del Estado depende de la inamovilidad de sus integrantes, lo cual es falso.

Es absurdo pedirle a un país que mantenga a un árbitro electoral cuando los contendientes no lo quieren. La independencia del IFE no consiste en la propiedad de los cargos sino en sus funciones y, sobre todo, en la aceptación del arbitraje por parte de los partidos. Sin esto último no puede haber independencia ni idoneidad.

¿Quieren los defensores de la inamovilidad que México siga bajo el cuestionamiento de las autoridades electorales? Quienes defienden a Ugalde asumen el principio de autoridad aunque ésta dañe al país y, además, son más calderonistas que Calderón. No me extraña, algunos de ellos fueron salinistas.