El IFE que se va

La propuesta de nombrar un nuevo Consejo General del IFE fue presentada desde el 9 de noviembre de 2006 en el Senado, dentro de una iniciativa mucho más amplia para resolver los problemas de la propaganda política en medios electrónicos, el financiamiento de los partidos, las precampañas y otros. Desde entonces, se llevan a cabo negociaciones entre todos los partidos.

Qué triste es mirar al actual consejero presidente del IFE tratar de acorralar al PAN con el argumento de que su propia salida del Instituto significaría avalar que hubo fraude. Ugalde le quiere dar un alfilerazo a los legisladores de Acción Nacional justamente donde se supone que más les duele. Pero, en realidad, el funcionario electoral lo único que busca es quedarse en el cargo.

Es evidente que el árbitro de las contiendas electorales al menos debe tener la aceptación de la mayoría de los partidos, en especial de los más importantes. Así fue diseñado el sistema electoral. Sin embargo, el actual Consejo General nunca contó con el aval del PRD y, pronto, tampoco con el del PRI. Es imposible mantener un árbitro que no dispone de la confianza de los contendientes, pues no estamos en el futbol, y aún en éste es definitivo el desempeño arbitral.

El órgano de dirección del IFE debe integrarse sin cuotas de partidos. El método del cuoteo dio un resultado medianamente aceptable cuando se le otorgó completa independencia al Instituto ya que todos los consejeros fueron aceptados por la totalidad de los partidos, pero en la segunda designación –la de los actuales consejeros—se produjo una imposición en la forma más descarada. Ni siquiera se presentó al pleno de la Cámara de Diputados la currícula de los nominados, la mayoría de los cuales casi nadie conocía. La designación se hizo a través de un decreto de paquete completo, sin la posibilidad de elegir uno por uno, con lo cual se violó la norma parlamentaria de elección de personas.

Es más, la Constitución dice que el procedimiento de elección de los consejeros debe hacerse de conformidad con una ley que expida el Congreso, la cual no existe hasta hoy. Sí, las cámaras han violado su propia legalidad al omitir la aprobación de normas en esta materia.

Cuando las cosas se hacen mal, más pronto que tarde arrojan resultados también malos. Así ha sido. Pero, en lugar de entender esto que es muy sencillo, los consejeros actuales defienden el puesto sin que les importe el país, las contiendas electorales, las disputas por el poder que son cada vez más fuertes.

No se trata de la remoción de los actuales consejeros sino de la caducidad del Consejo General del IFE por efecto de una reforma constitucional del Instituto. Si esto se logra, como es del todo aconsejable, se pondrían nuevas bases de la competencia electoral, pues se trata también de reformar muchos otros aspectos conforme a la experiencia del año 2006.

Ecos del congreso perredista

Entre otras cosas, el X Congreso Nacional del PRD reformó su Estatuto para crear una nueva forma de dirección, otorgó el 50 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas a las mujeres, lanzó una propuesta de reformas al régimen político y al sistema económico, y se proclamó como un partido de izquierda socialista. Sin embargo, los lectores y escuchas tomaron otra visión del cónclave perredista.

La forma: una protesta de quienes querían hablar después de votado un punto como suficientemente discutido y el retiro de un par de grupos llenó los espacios informativos. El asunto del retiro es de lo más sencillo: un grupo de personas interviene en un debate pero no admite la votación que le sucede y no sabe qué hacer, por lo cual se ausenta indignado. Está claro que la propuesta rechazada era en realidad un capricho: nunca debatir con el presidente ilegítimo, ni cuando así le convenga al PRD, si acaso algún día le conviene. El asunto era de forma, pues había total acuerdo en la caracterización del gobierno de Calderón y en la actitud política frente al informe de gobierno del primero de septiembre.

Pero no pocos medios de prensa hablaron de profundas divergencias, de rompimiento del Congreso y hasta del Partido. Algunos dijeron que el PRD iría a debatir con Calderón en el 2008. Otros explicaron que lo aprobado se desaprobó al día siguiente entre unos cuantos. Ya antes habían dicho que el PRD discutía si era de izquierda, lo cual no había ocurrido nunca.

Nadie cuestionó en el Congreso la caracterización del actual gobierno, ni propuso aceptar la maniobra de Calderón de organizar un debate en San Lázaro, como tampoco se había cuestionado la filiación de izquierda del PRD. Lo que había de parte de una minoría era la desconfianza en la mayoría, la cual llevaba a aquella a una actitud de falsa pureza, como de prefecto de escuela autoritaria. Esta actitud va a continuar, al parecer.

Las malas maneras que tiene el PRD de discutir asuntos importantes, así como de convertir cuestiones superficiales o de simple forma en algo falsamente de fondo, ayuda a que muchos medios informativos publiquen sus interpretaciones como si fueran hechos. Pero, al parecer, nadie aprende. Nadie ha hecho alguna rectificación: ni los que hicieron escándalo y lanzaron acusaciones falsas en el Congreso ni los medios de prensa que desinformaron. En este país, como se aprecia, muchos hacen de sus errores unos puros aciertos. Se sienten lo máximo y han de carcajearse cuando proyectan realidades inexistentes. Pero no se puede criticar tal comportamiento porque de inmediato se acusa a los críticos de intolerantes y de atentar contra la libertad de expresión.

¿Tantos años de lucha a favor de la democracia para alcanzar estas bajuras? Que mala suerte tiene este país.

Dilema del PRD

Un partido con programa que considera que el Presidente de la República es ilegítimo como consecuencia de un robo electoral tiene un dilema. No puede renunciar a la lucha por su programa y no puede tampoco reconocer como legítimo al gobierno, no obstante es un partido de oposición a ese mismo gobierno, el cual, evidentemente, está en funciones.

Las obligaciones del PRD son tan grandes e importantes que no pueden ser ignoradas total o parcialmente debido al carácter ilegítimo del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la lucha por reformas inmediatas no debe llevar al PRD a desdecirse sobre el carácter del gobierno de Calderón.

El PRD tiene que mantener su posición frente a Calderón y, al mismo tiempo, seguir luchando por las reformas democráticas, económicas y sociales. Si se quiere negar cualquiera de las dos proposiciones anteriores, de todas maneras se confirma todo lo dicho. Tal es el dilema.

El Congreso Nacional del PRD tiene que poner énfasis en su plataforma de cambios aunque Calderón siga en la Presidencia de la República. Por tanto, la posición sobre el gobierno, es decir, sobre la ilegitimidad de éste, no debiera paralizar al partido sino, por el contrario, darle mayor energía a sus planteamientos y acciones.

Es evidente que el PRD no es un grupo político, como lo quieren presentar sus convenencieros enemigos, quienes claman por una “verdadera izquierda”, lo cual siempre ha sido su engañosa demanda frente a todas las izquierdas. El PRD es también un movimiento político popular de millones y ha contribuido decisivamente a la construcción de una democracia precaria, por lo cual ésta sigue siendo motivo de crítica de parte del partido mismo.

Es tan grande la importancia del PRD como agrupamiento orgánico y como movimiento popular que puede decirse que la posibilidad de alcanzar un Estado democrático y social de derecho depende principalmente de la suerte del mismo.

Ahora bien, como partido abierto, el PRD alberga en su seno a quienes lo mismo sólo buscan un puesto político que a quienes luchan por causas mayores dentro y fuera de los cargos políticos. Así suele ser este tipo de partidos en cualquier parte del mundo. Mas el carácter abierto del PRD no debe verse como un defecto. El defecto está en los métodos políticos incorrectos incorporados al partido, contra los cuales es necesario llevar a cabo una lucha política tan grande como la que se emprende a favor de la democracia en el país.

Nadie se va a ir del PRD. Quizás esto no sea una buena noticia en relación con ciertos casos. Pero, al mismo tiempo, muestra la estrechez de opciones fuera del partido: el PRD es la formación política que agrupa a más izquierdas en una misma organización partidista en los países latinoamericanos donde existe un régimen de concurrencia abierta. Este es un logro histórico. No se puede criticar a este partido por haber logrado reducir la división de las izquierdas. ¿O también por esto?

Se les hizo tarde

A Felipe Calderón y a su partido se les hizo tarde. No pudieron alcanzar un acuerdo hace meses sobre el llamado formato del informe presidencial y, ahora, quieren improvisar un pacto extralegal o, quizá, ilegal, para llevar a cabo una ceremonia.

Los poderosos siempre han tenido una gran fascinación por la parafernalia. Actos deslumbrantes, ceremonias, fanfarrias, pirotecnia, discursos grandilocuentes, respuestas insufladas, etcétera. No cambian. El informe que guarda la administración pública debió ser siempre un acto republicano, el cumplimiento de una obligación para que, a partir de ése, el Congreso pudiera ejercer mejor sus facultades de control sobre el Poder Ejecutivo. Pero no. Se convirtió en el día del presidente y, ahora, es el día del dolor de cabeza del mismo.

Lo mejor sería, a la vista de los acontecimientos de los últimos lustros, dejar de lado lo que pudo haber sido y nunca fue, de tal suerte que el control del Congreso deberá hacerse ahora en el silencio de las lecturas de las informaciones que presenta el Ejecutivo.

Pero el PAN no busca una solución sino algún acuerdo, aunque sea precario. Calderón ha dicho que está dispuesto a discutir con los legisladores, exactamente cuando muchos de ellos no quieren discutir nada con él. Antes, el mismo Calderón –siendo diputado—defendió la ley actual, en el sentido de que no debe el titular del Ejecutivo entablar diálogo directo con los parlamentarios, como si fuera rey. Y, en efecto, eso del informe viene de la Constitución de Cádiz, cuando había un rey en España, aunque el que entonces era nunca informó nada a las Cortes.

Lo mejor sería que se dejaran las cosas en paz y que llegara al Congreso el mentado informe –ahora convertido en un simple discurso de ocasión--, para cumplir con el requisito constitucional. Ni a Calderón ni a los legisladores les conviene un desmadre más en San Lázaro, ya que nadie saca ninguna ventaja y el país, menos.

La falta de acuerdos políticos no se sustituye con un día de discurso deslucido y en medio de protestas, en el que la gente –y los medios en primer lugar—no están esperando lo que se va a decir sino el desmadre que va a ocurrir. Muchos preguntan ¿qué va a pasar?, pero nunca interrogan sobre lo que se va a decir, qué políticas se van a proponer, qué posibles soluciones se van a discutir. En conclusión –fea ésta pero no hay otra--, el llamado informe presidencial ya no es ni puede ser lo que antes fue en la ley ni en los hechos, sino un medio para expresar la rispidez de la lucha política en un país que no termina de encontrar su propio camino para la disputa del poder.

Política corriente de Calderón

Da coraje la actitud de Felipe Calderón contra la ciudad de México. Decir al DF lo que debe hacer con sus propios recursos no corresponde al gobierno federal, el cual debe respetar la autonomía de la ciudad, conquistada con mucho esfuerzo por los llamados capitalinos. El Ejecutivo de la Unión carece de facultades para decidir el gasto público de la ciudad de México, dice la Constitución. La ciudad ya no se gobierna desde Palacio o Los Pinos.

Mucho peor es regatear una firma que Calderón tenía que otorgar por mandato del Congreso, el cual ha autorizado siempre el débito público de la ciudad. Esperar hasta el último minuto para dar la obligada firma –a través de un burócrata de la Secretaría de Hacienda—es una forma de lanzar una amenaza contra el gobierno capitalino: te sacas la foto o te puede ir mal. Esto se parece a la frase célebre del chino narco: “coopelas o cuelo”.

Fue una barbaridad que Calderón obligara a Carstens a apoyar sus pedigüeñas pretensiones de obligar a Ebrard a ir a Los Pinos. Le hizo hablar –en boletines oficiales-- de rescate financiero, lo cual es una completa locura. El gobierno del DF ha hecho lo mismo que hacen todos los demás, incluido el federal: convertir la deuda. Cuando el Banco de México coloca Cetes por cuenta de Hacienda, convierte deuda, es decir, el gobierno adquiere nuevas deudas para pagar otras. Lo que la ciudad ha hecho ahora es pagar casi toda su deuda contratando una nueva por la misma cantidad pero con tasas de interés más bajas, lo que disminuirá el costo financiero. Así es de sencillo y de normal.

No vale la pena entrar a discutir sobre la deuda de la ciudad de México cuando a Calderón sólo le ha motivado una actitud ruin, mentirosa y, sobre todo, corriente. Un gobernante tiene que respetar las decisiones legales de otros órganos del poder público. Mucho más en el caso de la deuda del DF, la cual ha sido siempre autorizada por el Congreso de la Unión y supervisada por la Secretaría de Hacienda: hoy, es la deuda más transparente del país que se aprueba sobre la base de proyectos concretos de inversión. Que los panistas se preocupen por la deuda de Guanajuato que, ésa sí, es muy alta y difícil de servir.

El poder se sube a la cabeza. Parece que este es el asunto. Nada debería tener que ver la reiterada actitud de Ebrard de no entrevistarse personalmente con Calderón con un trámite sencillo y obligado. Si el gobierno del DF no cubriera sus deudas, entonces tendría que hacerlo el gobierno federal, lo cual sería innecesario, artificial. Calderón parece un niño con juguete nuevo y, además, berrinchudo: que vaya a hacer sus berrinches a otro lado, pues el país y sus entidades no pueden ser víctimas de amenazas cada vez que alguien le hace el feo al inquilino de Los Pinos.