Guelaguetza sangrienta

La situación política de Oaxaca ha empeorado. Cada vez que los policías actúan vemos lo mismo: personas detenidas que son golpeadas brutalmente y terminan en el hospital al borde de la muerte, mientras otras van a la cárcel y, ahora, se les imponen fianzas de dos millones de pesos para cada detenido. Esa es la manera en que el gobernador del Estado ha desempeñado su cargo desde el primer día de su mandato. Por eso le llaman tirano.
El gobierno federal --el anterior y el actual-- se ha dedicado a proteger al tirano. No sólo ha tolerado la brutalidad con que ahí se gobierna, sino que, además, las tropas federales han ayudado a la tiranía en todo cuanto han podido. Uno de los apoyos ha sido la detención y encarcelamiento de dirigentes populares, dos de los cuales siguen en Almoloya, como si fueran capos del narcotráfico. La prisión política es método de gobierno en Oaxaca y de éste es coautor directo el gobierno federal. Otro método es el asesinato: ya van más de 25 muertos y como si nada.
Un centenar de personas viajó a Oaxaca y fue detenido por la policía, la cual obligó a los viajeros a regresar a la ciudad de México. Esta es una sencilla y cotidiana violación de un derecho humano consignado en la Declaración de la ONU y en la Constitución de México, pero que no rige en absoluto en Oaxaca.
Lo más impresionante de este fenómeno político oaxaqueño es que la dizque democracia mexicana anda de paseo sin asomarse un poquito siquiera a lo que ocurre en aquella entidad. El Senado ha estado mudo durante muchos meses, a pesar de que tiene en sus manos el recurso de declarar la desaparición de los poderes locales para dar lugar al nombramiento de un nuevo gobernador, lo cual, sin duda, sería el principio del fin del conflicto político de Oaxaca.
Los poderes públicos --ejecutivo, legislativo y judicial-- son elementos del conflicto: actúan o dejan de actuar para sostener a Ulises Ruiz, el tirano. La democracia en México es inexistente cuando el país entero observa cómo se reprimen las protestas populares, se golpea, encarcela o asesina a quienes resisten la tiranía, y no pasa absolutamente nada. Los organismos de derechos humanos lanzan alertas y nadie los escucha. La prisión política y la brutalidad están hoy tan instaladas en Oaxaca como en el México de Díaz Ordaz y de Echeverría.

Cuentos chinos

El asunto relacionado con el empresario Zhenli Ye Gang tiene connotaciones muy claras de delincuencia organizada. Se trata de la introducción al país de sustancias sujetas a control sanitario que sirven para producir drogas prohibidas. Si en la residencia del empresario farmacéutico había más de doscientos millones de dólares quiere decir que el negocio era de grandes dimensiones, pero sobre todo esto no se ha dicho en realidad gran cosa.

Las aduanas de México están abiertas a toda clase de contrabandos, entre ellas los de pseudoefedrina. Si la sustancia entró de manera ilícita, de seguro que algunos servidores públicos hicieron posible el contrabando. Si el precursor fue importado de manera lícita, el problema sería aún mayor. Pero de tal cosa no se dice ni palabra. La PGR logró apenas anteayer una orden judicial de aprehensión contra Zhinli, después de muchas semanas en las cuáles no se supo qué estaba haciendo el Ministerio Público. Tampoco se conoce la manera en que las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia del dinero en efectivo y mucho menos del hecho de que llegaron a la residencia de Zhinli justamente cuando él no se encontraba, lo que se empeora con el dicho de la policía de que no se sabe dónde se encuentra este empresario, si salió del país, cuándo, hacia dónde, etcétera.

Lo único que les interesa a las autoridades de México es negar que el tal Zhenli haya tenido algún nexo político con el gobierno o con el PAN. Pero será muy difícil que la PGR logre un caso sin involucrar a funcionarios gubernamentales pues ese negocio no funciona sin ayudas oficiales.

En realidad el cuento chino consiste en la oscuridad con que todo se ha manejado, incluyendo el manoseo de los billetes y las contradictorias declaraciones que al respecto fueron haciendo distintos funcionarios, hasta la decisión de la PGR de confiscarlos como si tal cosa pudiera ser posible legalmente.

El gobierno se ha visto torpe en todo este asunto. Ha proyectado la hipótesis de que hay mucho que esconder, no sólo a partir de las declaraciones de Zhenli a una agencia de noticias sino desde antes. Las cosas son aún más feas con la foto y el video donde Zhenli aparece con Fox y algunos de los miembros del gabinete recibiendo su certificado de naturalización, acto público del cual nadie quiere responder.

Zhenli debió dar dinero en lugar de recibirlo como torpemente ha sostenido, pero al respecto no se sabe nada. Los cuentos chinos suelen ser también misteriosos.

Deuda del poder judicial

Por más que sus integrantes sean otros, los tribunales federales tienen una deuda con su propio país. Como consecuencia de la brutal represión contra el movimiento estudiantil de 1968, decenas o centenares de personas fueron asesinadas mientras que otros muchos fuimos encarcelados. El juez primero de distrito en materia penal, un tal Eduardo Ferrer Mc-Gregor, nos condenó a 16 años de prisión por delitos que otros habían cometido o que nunca fueron cometidos.

Durante algunos años, el gobierno mantuvo su decisión, procesada burdamente por los tribunales, pero más tarde tuvo que ordenar la excarcelación y, después, hizo que el Congreso expidiera una ley de amnistía, es decir, un olvido de las causas penales abiertas de la manera más ilegal, pero sin reconocer acto arbitrario alguno.

El delito de homicidio del que se culpó a los estudiantes detenidos el dos de octubre de 1968 consistió en la muerte de un soldado del Ejército. Los demás muertos –se presume que sólo algunos de los realmente asesinados—aparecieron como nombres sueltos en las actas ministeriales pero nunca se determinó presunta responsabilidad, por lo que nadie fue a juicio por tales privaciones de la vida.

Los masacrados de Tlatelolco no han tenido siquiera un lugar en actas judiciales mientras que el Ministerio Público jamás se propuso explicar cómo fueron asesinados: muertos que tuvieron que enterrarse a sí mismos. Mucho menos apareció la confabulación de funcionarios y la maquinación para asesinar ni el propósito de todo: impedir la acción política de un grupo social, eliminar el movimiento de los jóvenes, asesinar o encarcelar a sus dirigentes. La acción del Poder Ejecutivo fue apoyada por el Poder Judicial. Y, desde entonces, la judicatura mexicana ha seguido apoyando aquella masacre.

Ese mismo entramado judicial ha decidido otorgar la protección de la “justicia de la Unión” a uno de los mayores genocidas mexicanos del siglo XX: Luis Echeverría. Hoy, un magistrado ha vuelto sobre la impronta de una de las más corrompidas, venales y obsecuentes judicaturas de ese mismo siglo en el mundo. Jesús Guadalupe Luna Altamirano ha concedido un amparo más a Echeverría, con el cual los asesinados y los asesinos seguirán fuera de las actas judiciales: “lo que no está en actas no es de este mundo”.

Si el Procurador General de la República no presenta pronto un recurso contra el amparo concedido a Echeverría, el asunto quedará definitivamente resuelto como un triunfo más del terrorismo de Estado. Por ahora, eso depende de la PGR y del verdadero jefe de ésta, Felipe Calderón.

El poder judicial sigue en deuda con el país. Esto es así porque en realidad aquél no ha cambiado. Sus integrantes han asumido una fuerza que antes no tenían, pero ninguno se atreve a pagar las cuentas que todos ellos, como institución, tienen pendientes con los derechos fundamentales de los mexicanos. Mientras la judicatura no deponga su apego al despotismo y no rompa con su propia ignominiosa trayectoria de justificar la represión, nadie podrá hablar de un nuevo poder judicial.

Debate en el PRD

No parece haber en el PRD quienes quieran negociar con Felipe Calderón; mucho menos en el sentido de colaborar con él. El debate abierto en ese partido tiene otras implicaciones. Se trata de la actitud concreta frente a la crisis de los ingresos públicos. Calderón ha hecho una propuesta de parche fiscal, mientras que el PRD ya había presentado otra, la cual también es un parche. Más allá de la definición sobre quiénes pagarían y de la cuantía de los ingresos que uno y otro parche pudieran proveer, la cuestión consiste en si la oposición debe buscar una mejora en la recaudación con el riesgo de que el gobierno pueda, después, utilizar en lo que quiera el ingreso adicional.

La cuestión no es simple, pero debe tener una solución en el marco de una política propositiva. Es evidente que la oposición –aun cuando considere al gobierno como ilegítimo—está obligada a promover reformas y éstas no deberían circunscribirse a la esfera de las relaciones políticas, es decir, la llamada reforma del Estado, dentro de la cual el PRD y el FAP se han visto particularmente interesados y abiertos a las negociaciones con otros partidos.

La cuestión fiscal se encuentra complicada debido a los egresos. El gobierno federal hace dispendio de recursos y no parece estar dispuesto a limitarse: en los siete meses de gestión ha gastado más de dos mil 500 millones de pesos en propagada. Tampoco existen posibilidades claras de acuerdo concreto sobre las prioridades de gasto, especialmente debido a que hay divergencia en cuanto a las tareas del Estado en materias de inversión pública productiva y política social.

Sin embargo, la actitud de una oposición fuerte y propositiva no debería ser la de un rechazo antes del debate. Si así fuera, el PRD quedaría como un partido sin propuesta, lo que no se ajusta a la verdad, sino sólo a las acusaciones de sus asiduos críticos. En cambio, decir que se tiene una propuesta distinta y que se busca la más amplia discusión pública, podría dar mayor claridad sobre las profundas divergencias políticas que existen en el país, las cuales tampoco quieren ser admitidas como válidas por los reaccionarios.

Es claro, por lo mismo, que una oposición fuerte no debe rehusar lo que ella misma propone, pues en tal situación se colocaría en una contradicción inexplicable.

Promover la confusión no puede ser nunca el camino de una fuerza política que busca el cambio y propone éste a cada momento. Por esto, lo mejor sería dejar de lado la fascinación por las falsas polémicas y dar mayor impulso a lo que ya se hace: la discusión con las fuerzas políticas conservadoras y reaccionarias del país. Ya se sabe que los sempiternos enemigos de la izquierda siempre dirán que ésta carece de propuestas viables, pero lo importante es promover la confrontación política de carácter programático junto con la crítica y la denuncia, a lo cual no puede renunciar ninguna oposición verdadera.