Impuesto empresarial y cómo cobrarlo

Las declaraciones de Agustín Carstens sobre el impuesto sobre la renta empresarial son reveladoras. No es que lo dicho sea algo nuevo, sino que se revela la posición política del gobierno frente al problema. Ahora resulta que las autoridades no pueden cobrar bien el impuesto y, por tanto, recurren a una contribución “flat” con la cual se aplica sin deducciones una tasa fija y mínima, por lo que los evasores ya no podrán evadir tanto.

La situación no podría ser más simpática: el Estado se resigna a que las empresas no le paguen lo debido e inventa un impuesto paralelo al de la renta para recuperarse un poco. Dice Carstens que se elude o evade al menos el 4 por ciento del PIB (cerca de 400 mil millones) y que el nuevo gravamen recuperaría 1.8, es decir, casi la mitad. El mensaje es: de lo que me robas me regresas la mitad y con eso me conformo; o peor: está bien que me robes, pues para eso hemos creado un sistema fiscal, pero ya te mandaste y te voy a fijar un tope. Peor discurso es difícil.

El gobierno nos está diciendo que no quiere o no puede hacer que se cumpla la legislación fiscal en materia de renta empresarial, pero va a combatir la elusión y la evasión con un nuevo impuesto, acreditable --claro está-- al de la renta, pero sin que el pago de este último pudiera llevar a disminuir la contribución de tasa única.

Hay otra manera de ver el asunto. El impuesto “flat” es un medio para eliminar la progresividad del impuesto sobre la renta y simplificar su administración. En realidad, el gobierno quiere el “flat” pero no se atreve a plantearlo como algo único puesto que, como éste no es progresivo, caería sobre el país una tormenta política. En cambio, con la mixtura de un “flat” de control, para combatir la evasión, manteniendo el impuesto sobre la renta, no se puede decir que se ha eliminado la progresividad impositiva, aunque en la práctica –para muchos—sí se acabaría, pues no pagarían en los hechos más que el “flat”, el cual es una tasa mínima sin devoluciones.

Hay una tercera forma de ver este problema: si no hay mayoría política para hacer pagar a cada quien lo que debiera de manera progresiva, la mezcla del “flat” y el viejo impuesto sobre la renta habrá de lograr que contribuyan muchos de los que ni siquiera pagan el equivalente a una tasa de 19 por ciento sobre el remanente entre ingresos y gastos. Mas el único móvil de quienes así pudieran analizar el asunto sería una buena respuesta a las preguntas de en qué se va a utilizar el nuevo ingreso fiscal y en cuánto se van a disminuir los egresos corrientes del gobierno federal. Esto llevaría el asunto al terreno del gasto. Si no hay acuerdo en este aspecto, no lo habrá en ningún otro.

En cuanto a incrementar el impuesto a las gasolinas, como dádiva de la Federación a las entidades federativas, hay que decir que es una insensatez, pues se trata de un aumento injusto y, además, directamente inflacionario. Cuando las gasolinas deberían bajar de precio, algunos las quieren encarecer. No.

La fiscalidad y el gasto

La fiscalidad mexicana ha sido un fracaso. Nuestro paraíso fiscal casi no tiene igual en el mundo. Eludir, evadir, es el lema de muchos causantes, excepto de los cautivos cuyo impuesto es a veces robado por quien debería enterarlo al fisco. Un desastre, en fin.

Algunos calculan que las grandes empresas –y no pocas de las otras—pagan tasas efectivas que se ubican entre el cinco y el diez por ciento. Es lo real maravilloso.

Pero el debate sobre la fiscalidad debe realizarse en el marco de las necesidades más apremiantes de gasto público. El derroche es una característica de la política de egresos del gobierno mientras que los servicios que brinda el Estado son por lo general escasos y deficientes.

En otras palabras, el Estado mexicano funciona mal, excepto para unos cuantos.

En la lucha a favor de una redistribución del ingreso, en un país de tanta gente pobre, la fiscalidad y el gasto social y de inversión productiva son instrumentos de gran importancia, aunque no son los únicos.

Ahora se nos propone un parche fiscal para garantizar una tasa mínima de 19 por ciento sobre la diferencia entre gastos e ingresos de las empresas e individuos con actividades empresariales. Muchos de estos causantes deben estar haciendo cuentas para calcular cómo quedarían si acaso tal proyecto se convierte en ley. Mas la evasión seguiría de seguro, por lo que es una cuestión relevante la efectividad del fisco para cobrar lo legal.

La Secretaría de Hacienda no ha dicho nada sobre el uso que se podría dar a esos dos o tres puntos porcentuales del PIB en que aumentarían los ingresos fiscales, más allá de lo que tomarían las entidades federativas como reparto. Una cantidad de entre 200 y 300 mil millones de pesos no es tan poca cosa, aunque el fisco mexicano requeriría mucho más.

El problema que tenemos enfrente es que el discurso político sigue sin ser claro. Con solo afirmar que hace falta dinero al erario no se dice nada; con solo mencionar la pobreza de millones no se agrega ninguna información a lo que todos sabemos; con solo reconocer las penurias de la educación mexicana no se convence a nadie. Cuánto dinero puede captar el Estado, de dónde y para qué se usaría, son los elementos interesantes. Si no se aclara bien todo esto, los debates no serán más que expresiones de intereses elementales –con frecuencia muy fuertes—que siempre están en juego a la hora de las decisiones políticas, pero que no permiten ver el panorama total de la nación.

Etanol: el mundo de los negocios

El etanol genera menos bióxido de carbono, pero su producción requiere mayor consumo de combustibles fósiles pues el cultivo básico es el maíz y otros granos. El óxido nitroso (que se produce por los fertilizantes) es 300 veces más potente que el bióxido de carbono como gas invernadero. Otra cosa sería obtener el etanol de la caña de azúcar, como en Brasil, pero ésta no abunda en Estados Unidos. Mario Molina, Premio Nobel de Química, nos lo dijo anteayer.

El proyecto para sustituir petróleo por etanol no ayuda a enfrentar el calentamiento global del planeta, pero es una respuesta de Estados Unidos y otros países al encarecimiento del petróleo. El medio ambiente nunca ha sido lo más importante cuando se trata del mundo de los negocios, el cual predomina ampliamente.

Pero la producción masiva de etanol a partir de granos básicos traerá consigo otro problema: el hambre. Tan luego como el gobierno de Estados Unidos aprobó un programa para la producción masiva de etanol, los precios del maíz se incrementaron. No es sencillo para los estadunidenses aumentar rápidamente la transformación industrial del maíz y otros granos en etanol, pero ya van hacia allá, mientras la Casa Blanca, con el apoyo del Capitolio, dirige esta gran operación.

El encarecimiento de los granos va a aumentar aún más la falta de alimentos básicos en países deficitarios donde existe pobreza y desnutrición. El mundo esperaría que los grandes productores de alimentos ayudaran a reducir el hambre, pero no es ésa la lógica con la cual actúa el llamado mundo desarrollado, la sociedad posindustrial, o como quiera llamársele: el capitalismo, pues.

En cuanto a la energía, la conquista de nuevas fuentes está ligada al mundo de los negocios, a la rentabilidad, lo que es un atentado contra el planeta y también contra la humanidad. El precio del petróleo es demasiado alto e impacta negativamente a las economías nacionales, excepto a unas cuantas. Pero no es tan alto como para hacer rentables nuevos métodos de producción: el mercado nos aprisiona por todas partes.

Los procedimientos alternativos para producir energía deberían ser de la más alta prioridad, al costo económico que fuera, pues de ello depende el futuro de la Tierra y, por tanto, de sus habitantes de todas las especies.

No hay perspectivas de tener un planeta y una humanidad mejores bajo los criterios imperantes. El mundo de los negocios, la ganancia como elemento vital de la economía y del orden social que de ésta se desprende, lleva a catástrofes más allá de la guerra, de lo cual ya hemos tenido demasiado y seguimos teniendo. La distribución humana de los bienes básicos y el acceso de todos a la energía serían dos garantías que podrían ayudar a mejorar el mundo, aun cuando los poderosos protestaran.

Estos cambios serían –algunos han de decir—una revolución ya que el mundo tendría que operar con otros criterios. Pues sí.

El halconazo

Se cumplió un aniversario más de la matanza del Jueves de Corpus de 1971, el llamado halconazo. También se ha cumplido un año más de impunidad. Durante estos 36 años se ha pedido justicia, castigo a los culpables de la masacre, pero las autoridades la han negado una y otra vez. No obstante que es del todo claro que una acción paramilitar era imposible en aquellos años sin el conocimiento y aprobación del presidente de la República, el poder político y el poder judicial siguen negando la justicia reclamada.

Todos los días escuchamos voces en contra de la impunidad. En los medios de comunicación se dice que la impunidad es fuente de delincuencia. Sin discutir esta afirmación, habría que decir que no se reclama por igual una lucha contra la impunidad cuando se trata de castigar a quienes eran gobernantes cuando las matanzas del dos de octubre y el diez de julio.

No se trata de la venganza, sino del reconocimiento de parte del Estado de lo que fueron sus conductas genocidas. La represión contra los opositores, el crimen de Estado y el terror han sido instrumento de la política en México. Así debe reconocerse como medio para admitir la verdad y asumir el compromiso de no volver a caer en tales comportamientos. Pero la justicia es también necesaria para reivindicar el derecho del pueblo a saber la verdad y que esa verdad sea aceptada oficialmente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no movió un dedo para crear las condiciones de la acción judicial, con lo que, como institución, está en deuda con su propio país. Y mayor es esta deuda cuando se ha negado a castigar a los autores de la masacre a través de fallos llenos de parcialidad y falsedad.

Llama la atención a este respecto que el PRI siga sin reconocer y condenar las matanzas del pasado. Ha transcurrido ya tanto tiempo que casi ninguno de los dirigentes de ahora lo era entonces, pero la dirigencia priista sigue aferrada a la defensa de quien era presidente en 1971, Luis Echeverría, y de los otros responsables de aquel asesinato colectivo. Esta conducta es en verdad increíble: qué falta de autocrítica institucional, qué manera de dar la espalda a la historia y desconocerla.

Militares en tribunales civiles

La masacre realizada en un camino de Sinaloa contra una familia debe ser investigada por el Ministerio Público y ventilada en tribunales civiles. Así lo dispone el artículo 13 de la Constitución. Sería un grave desacato que los probables responsables fueran juzgados dentro del Ejército.

La cuestión, sin embargo, trasciende el incidente y se inscribe en la costumbre de las autoridades militares de extender el llamado “fuero de guerra” a todo delito cometido por militares en funciones aun cuando las víctimas sean civiles. Esta costumbre, impuesta por el Ejército, no tiene más propósito que aplicar criterios castrenses, ya sea para castigar con mayor energía o para aplicar atenuantes.

El grupo de militares que disparó e hirió de muerte a varias personas en Sinaloa estaba realizando funciones de autoridad civil por órdenes del Ejecutivo federal. Pero en Los Pinos se ha reaccionado con disimulo, en especial cuando Calderón declara que quiere conocer los detalles del suceso en lugar de hacer una enérgica condena. Mas estamos frente a una masacre sin atenuantes, complicada con la aplicación de una línea de gobierno cuestionada en varios de sus aspectos, uno de ellos relacionado con lo ocurrido en Sinaloa.

El Ejército está en los caminos para dar seguridad y perseguir a los narcos, pero dispara contra viajeros. Tal es el problema. Y éste es mayor cuando el poder político llena de homenajes y reconocimientos a los militares, cosa que nunca debe hacerse por parte de la autoridad civil en tiempos de paz. Es un error gigantesco, tanto de los gobernantes como de los propios generales, agradecer a los militares la ejecución de órdenes y presentarlos como salvadores. Esta conducta altera negativamente el papel de las fuerzas armadas y tiende a reducir la fuerza del poder civil.

Calderón le ha dado resonancia a sus decisiones relacionadas con la intervención desplegada del Ejército en la guerra de los narcos con el solo propósito de buscar legitimarse ofreciendo seguridad, cuestión elemental de todo gobierno, en especial cuando se encuentra cuestionado y débil. Pero comete un error que no sólo le afecta a él mismo sino que puede tener consecuencias graves en la vida política del país, además de atropellos y masacres, tal como lo hemos estado viendo en las recientes semanas.

Si el Ejército va a seguir metiéndose en la guerra en curso, ante la debilidad de los cuerpos policíacos, debe hacerlo de la manera más discreta y respetuosa. El poder civil, por su parte, debe dejar de mostrarse con apoyo militar, abandonar los homenajes a los militares y hacer a un lado la verborrea con la que se acompañan las acciones castrenses.

Nada de lo anterior hará Calderón, comprometido con sus propios excesos, pero que se escuche bien que muchas veces la manera de hacer las cosas es decisiva en los resultados. Por lo demás –hay que repetirlo—la guerra de los narcos terminará cuando los cárteles de la droga se pongan de acuerdo en una nueva distribución de rutas y territorios. Lo de ahora es pura contención.