López Dóriga: el psicoanálisis del PRD

López Dóriga se lanza contra el PRD bajo la consigna panista de que ese partido tiene la misma política que el monstruo preferido del momento, Hugo Chávez. Dice: “En el fondo de este apoyo del PRD a Chávez en el cierre de un canal de televisión hay un deseo oculto de hacer lo mismo en México” (Milenio, 30 de mayo de 2007).

Después del psicoanálisis lopezdorigano, aplicado sin rubor a todo un partido político, lo único que queda en claro es el afán de ocultar lo inocultable: en México existe un duopolio de la televisión y el más fuerte componente sigue siendo Televisa, empresa en la que trabaja como empleado destacadísimo precisamente López Dóriga.

Lo que yo declaré a un diario capitalino es que el PRD no tiene una postura oficial frente a la no renovación de la concesión del canal venezolano, lo cual no fue publicado. Expresé también mi punto de vista de que si la libertad de expresión depende de tener una concesión de televisión, entonces casi toda la humanidad carece de tal libertad, pues sólo unos cuantos en el mundo tienen su propio canal; los demás, les miramos y les escuchamos. Digo ahora, además, que el asunto es de carácter político, es parte de una larga lucha que tiene lugar en aquel país, y no se puede considerar como una violación de derechos humanos, pues ser concesionario y enriquecerse con el disfrute de un bien público no está ni podrá estar jamás en la lista de derechos de los seres humanos.

Declaré también a aquel diario que el gobierno venezolano pudo haber cancelado legalmente la concesión luego del fracaso del golpe de Estado en 2002, lo que nos habla de un problema de sencilla correlación de fuerzas políticas, pues la ahora muy famosa Radio Caracas Televisión violó entonces la Constitución y las leyes de ese país sin que se le sancionara y sin que, por lo menos, fuera criticada por sus hermanas del continente, las cuales, por cierto, también apoyaron el frustrado golpe.

López Dóriga no gana gran cosa con decir que el PRD apoya a Chávez y que ese partido quiere quitar a Televisa sus muchas y valiosas concesiones. Esta es una tarea del PAN y es lo que piensa su propio patrón, el dueño, quien lo seguirá pensando, aunque sea enteramente falso. Lo que el PRD busca es acabar con el duopolio de la televisión mexicana, que se otorguen muchas nuevas concesiones de televisión, que se puedan abrir canales en condominio entre sociedades dedicadas a diversas expresiones periodísticas y artísticas. México es mucho más plural que dos empresas.

Pero hay algo más de fondo. Los concesionarios consideran que el espacio radio eléctrico que se les ha permitido usar es de su propiedad. Muchos otros mexicanos sostenemos –como lo señala la Constitución-- que se trata de un bien del dominio público que no puede prescribir ni se puede concesionar para siempre. Por ello mismo, el PRD ha propuesto que las concesiones no las otorgue el gobierno sino un organismo estatal independiente, bajo normas muy claras, y que las multas y revocaciones se ventilen en tribunales ordinarios.

Sería mejor que López Dóriga nos dijera, sin psicoanálisis, lo que opina de Televisa y de Azteca, del duopolio, del sistema electoral que permite la compra de spots muy caros con dineros que, a fin de cuentas, provienen de la nación. Que nos diga qué son y qué justifica los poderes fácticos. Este es un tema de la democracia que se debate en el mundo entero, menos en Televisa y Azteca, claro está.

¡Bomba!

Manuel Espino, presidente del PAN, ha lanzado una ¡bomba! yucateca: que la oficina de la Presidencia de la República se abstenga de enviar a las elecciones locales “operadores que no se coordinen con la dirigencia del partido… y no diré más”. Es decir, que Juan Camilo Mouriño, jefe de tal oficina y muy cercano de Calderón, puede enviar cuantos operadores políticos quiera a elecciones locales siempre que se coordinen con el PAN y no anden haciendo cosas por su cuenta. Espino no necesitaba decir más.

Pero no termina ahí la cosa. Manuel Espino acusa en entrevista a Mouriño de intervenir en las recientes elecciones internas del PAN para garantizar una mayoría en el Consejo de ese partido e “imponer” a un presidente del mismo. Eso ya lo sabíamos: Calderón ha ganado las elecciones de consejeros y decidirá el nombre del sucesor de Espino.

Las cosas relatadas son por entero normales. El gobierno federal envió operadores a Yucatán sin enredarlos directamente con los dirigentes locales y nacionales del PAN: por eso mismo son “operadores”. Antes, ese mismo gobierno había organizado las cosas para ganar una mayoría en el Consejo Nacional panista y evitar por la misma vía que el Yunque vuelva a ocupar el liderazgo formal del partido. Total: el jefe del PAN es Calderón y todo mundo lo sabe. ¿Para qué tanto ruido de parte de Manuel Espino? Pues para tratar de imponer al próximo presidente panista o reelegirse, lo que no logrará por más brincos que dé y por más ¡bombas! que lance. Los problemas internos en el PRD son poca cosa comparados con los del PAN; esta es otra ¡bomba!

Mas lo verdaderamente nuevo y relevante es la versión de que Calderón “cedió” Yucatán al PRI a cambio del apoyo de éste. Tal propósito hubiera sido imposible. ¿Cómo se “cede” un Estado al final de una contienda electoral? ¿Cómo se le dice a los electores –persona a persona—que no voten o que lo hagan a favor del adversario? En Yucatán votó el 70 por ciento, lo que indica que nadie promovió la abstención para favorecer a quien se supone no tenía la mayoría. El candidato panista sólo ganó en dos distritos locales y su partido sólo obtuvo mayoría en seis de quince en la elección de diputados, lo que indica que se formó una corriente mayoritaria de rechazo al PAN, en especial a su candidato a gobernador, y a Patrón Laviada, quien fue el principal promotor del PRI mediante su desastrosa forma de gobernar. Candidato débil y pésimo gobernador saliente es una buena fórmula para perder una elección.

En Yucatán existe un esquema básico de bipartidismo por más que el PRD haya sido antes el partido decisivo en el Congreso. Lo que hemos visto allá es la decisión de aquella parte del electorado que define, que no es panista ni priista y se puede ir con uno u otro partido según la situación. Y hemos visto también el escandaloso fracaso de la escisión en el PAN, pues el porcentaje obtenido por Ana Rosa Payán no alcanzó a ser ni siquiera la diferencia entre uno y otro candidato. ¡Bomba! Si el PRI y el PRD hubieran tenido candidatos comunes en la elección del Ayuntamiento de Mérida, el PAN hubiera perdido la capital de Yucatán. ¡Rebomba!

Los hijos del Estado

Los llamados narcos son hijos del Estado, pero las autoridades les han declarado la guerra frente a la otra guerra, la original, que tienen entre ellos por los controles territoriales. Esas guerras son producto de lo mismo: la decisión de los estados del mundo de dejar fuera de control la producción y venta de drogas.

Como toda prohibición de cualquier artículo de amplio consumo –el alcohol en EU en los años veinte—, la de las drogas crea de manera natural los instrumentos de la producción y comercio subrepticio, incluida la corrupción de toda clase autoridades.

El Estado no es ajeno, entonces, al narcotráfico. Es parte de éste como el factor que le crea: la prohibición; y es también un elemento de su funcionamiento: la corrupción.
De esta forma, cuando las grandes bandas se lanzaron a la guerra en la que están ahora empeñadas, el gobierno no supo qué hacer, pues ya no era posible que las autoridades repartieran, como antes, los caminos y los territorios para el tráfico de drogas, por lo que, ahora, el Estado se encuentra atrapado como enemigo común de todos los llamados cárteles pero como víctima también común de su propio engendro. Sí: “crea cuervos y te sacarán los ojos”.

La guerra de Calderón contra todos los narcos podrá ser aparentemente ganada cuando éstos se pongan de acuerdo y se repartan civilizadamente los territorios. Pero, antes, no habrá victoria alguna, lo que equivale a decir que ésta, en realidad, es imposible bajo la actual prohibición.

En Estados Unidos, el gobierno nunca ha ganado una guerra contra los productores y vendedores de artículos prohibidos de gran consumo. Lo que ocurre en ese país es que el Estado es mucho más fuerte y no puede haber, como antes ocurría, guerra entre pandillas por los territorios. Allá las cosas son tranquilas: las autoridades culpan a México y otros países de la entrada de drogas a su territorio como si no hubiera en EU un conglomerado civilizado de organizaciones dedicadas al narcotráfico y como si la policía no se beneficiara de las drogas. Al respecto, sería interesante que la prensa informara a los asustados mexicanos sobre la actual guerra de familias de la Camorra en Nápoles.

El problema actual que existe en México, con miles de asesinados en una guerra que ninguna autoridad quiere explicar, no lo puede resolver el Ejército a través de retenes y patrullajes. Si han sido asesinados miles de narcotraficantes y autoridades, también es cierto que han sido reclutados otros tantos que siguen disparando, mientras otras autoridades se involucran por fuerza o voluntad propia.

La guerra actual terminará cuando lo decidan los cárteles. El narcotráfico terminará cuando los gobiernos de Estados Unidos y Europa acepten la necesidad de controlar y regular la producción y el consumo de drogas. El mercado libre tiene en el narcotráfico su expresión más contradictoria.

4libertades4

En días recientes se han producido cuatro acontecimientos que refuerzan las libertades en la Ciudad de México.

Las uniones legales entre homosexuales es un triunfo de la libertad y, en especial, de la verdad: que se pueda ver como algo natural y común lo que es así. El Estado laico está obligado a reconocer la libertad sexual de la gente y así se ha hecho, por más que haya sido apenas un primer paso, pues se requiere dar a esas uniones el mismo rango que el matrimonio civil.

La despenalización del aborto –no obstante que éste se encontraba ya permitido, bajo paga, desde tiempos inmemoriales—es un triunfo de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su propia maternidad, para romper las cadenas que las atan a ser incubadoras de los hombres. Aquí la ley es también un esfuerzo por hacer visible lo que existe pero no se quiere reconocer sino negar, con lo cual se reivindica el Estado laico. Y es, también, un acto político para contrarrestar un problema de salud, lo cual es una de las obligaciones del Estado.

La fotografía de miles de personas desnudas en el Zócalo ha roto con perjuicios y ha refrendado que la desnudez no es algo pecaminoso. Pero, sobre todo, el hecho de que se haya realizado en el Zócalo, considerado como corazón del país, centro cívico fundamental de la nación o ridiculeces por el estilo, ha contribuido a la desmitificación y ha abierto un espacio más de libertad.

La exhibición del filme El violín es también un acto de libertad, pues es la segunda película en la que integrantes del Ejército Mexicano aparecen como asesinos. La anterior fue enlatada durante décadas: La sobra del caudillo, basada en la novela de Martín Luis Guzmán. En El violín, la ficción se encuentra relacionada con hechos de la realidad e, incluso, con procesos penales de carácter militar que se han llevado a cabo, pero tratarlo en el cine es algo nuevo que no puede pasar desapercibido.

El Estado laico no es suficiente para el desarrollo de las libertades, pero es una de sus condiciones indispensables: bajo un Estado confesional o bajo otro de tipo ateísta las libertades no pueden florecer.

Son cuatro libertades en un lapso breve, las cuales han venido a contrastar con las infames sentencias penales contra varios dirigentes de Atenco, que actualizan en forma brutal la prisión política como medio de encarar los movimientos populares provocados, por lo demás, por la misma autoridad.

Así es el proceso de conquista de las libertades: mientras se avanza en algunos aspectos, se retrocede en otros; mientras hay tiempos de profundización de las libertades, hay otros de autoritarismo. Esa ruta nunca ha sido recta ni podrá serlo mientras no se produzca un cambio político profundo en el país.

No ha pasado nada

La característica principal desde que Felipe Calderón se hizo del poder el primero de diciembre del año pasado –hace cinco meses—es que no ha pasado nada.

Para un país en el que hacen falta tantos cambios, derivados de la desigualdad, la pobreza y la inseguridad, lo menos que podría pedirse es que se presentara alguna idea nueva, algún plan, ya que el gobierno carece de programa, como ocurre sin duda.

Pero no, las cosas no podrían estar peor en tanto que las pautas gubernamentales son de paja: primer empleo y atención médica a niños. Ambos planteamientos violan la Constitución al introducir elementos de discriminación. Las cuotas del IMSS, pagadas por el gobierno, para los jóvenes de primer empleo, lo único que podrán generar es que mientras se abra una plaza para un joven se cancele otra para un viejo. El plan de los niños de Calderón, con el cual los bebés nacidos a partir del primero de diciembre de 2006 tendrán atención médica gratuita en todo centro de salud u hospital que dependa de alguna institución federal, discrimina a los nacidos antes de esa fecha, quienes no tendrán acceso a esos mismos lugares, tan sólo porque Calderón se fue a vivir a Los Pinos un día y no otro. Ambos planteamientos implican erogaciones nuevas sin que se conozca de dónde saldrán los recursos también nuevos o en dónde se van a recortar.

En el documento sobre política económica para 2008, enviado por el gobierno al Congreso, no se propone ningún cambio: pocos ajustes para limitar el gasto en educación superior y otros más

Como puede advertirse, el PAN no trae nada en las alforjas, más que puntadas, mientras que las estimaciones oficiales sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto son menores cada vez que dice algo el secretario de Hacienda. Está muy claro que el mercado interno no es capaz de sustituir el debilitamiento del consumo en Estados Unidos, por lo que la gran estrategia de las exportaciones hacia el norte seguirá los vaivenes de nuestros vecinos antes de que la política económica sea modificada.

En materia de narcotráfico, el gobierno sigue confundiendo la seguridad del Estado con la seguridad pública, a grado tal que ya forma parte orgánica de la guerra entre las pandillas y sospecha, como es del todo natural, de todos los policías del país. Además de enviar tropas aquí y allá, según la situación de cada momento, el gobierno de Calderón lo único que propone es que se unifiquen la AFI con la PFP, como si de dos cuerpos policíacos deficientes pudiera surgir otro bueno.

Mientras tanto, el país está a la espera de una propuesta de reforma fiscal que no quiere llegar y que, de seguir las cosas igual, llegará tarde, cuando el Congreso abra sus sesiones ordinarias en septiembre.

Al menos de momento, no ha pasado nada.