Discutir sobre el aborto

El debate sobre el aborto debería centrarse en la realidad. Hay que decirlo: en México no está penado el aborto. No sólo porque nadie persigue los abortos ilícitos sino porque es imposible hacerlo. El Código Penal Federal y los de la mayoría de las entidades federativas permiten el aborto –en cualquier momento de la gestación—si se considera que la vida de la mujer está en peligro y eso siempre puede decirse –y se dice-- de cualquier aborto voluntario.

Pero este permiso para abortar tiene sus problemas. Como el médico tiene que mentir en relación a la causa del aborto, entonces cobra más. Aquí empiezan los problemas de la realidad: mujeres que no tienen dinero para pagar un aborto bien realizado, recuren a cualquier persona para llevarlo a cabo con consecuencias funestas. Tenemos adolescentes y madres de familia que se ven afectadas en su salud o mueren debido a que el aborto en México está pensado para quienes tienen dinero, pero no para las mujeres pobres.

Dos preguntas: ¿por qué quienes se oponen a los cambios en la legislación en materia de aborto no nos explican sus motivos para no cuestionar lo que hoy permiten los códigos penales? ¿Por qué están a favor de que cualquier mujer pueda abortar en un hospital si tiene dinero para pagar y no se preocupan por quienes no pueden pagar y sufren las consecuencias?

No podemos seguir bajo esa hipocresía. El PAN declara que está a favor de la vida, pero también está de acuerdo con que se realicen abortos pagados, en cualquier momento de la gestación, siempre que los hospitales públicos no puedan realizarlos a personas de escasos recursos antes de las doce semanas del embarazo.

Desde 1931 tenemos normas para realizar abortos en hospitales y clínicas privadas, siempre que un médico y acaso dos, firmen un papel que diga que la mujer se encontraba en peligro de morir. Nadie ha protestado por esta norma que permite toda clase de abortos más allá de las doce semanas de gestación. El Vaticano, el Episcopado y las iglesias evangélicas nunca han pedido que se deroguen las normas vigentes en esta materia. Ahora, cuando se busca que el mismo derecho a abortar lo tengan las mujeres pobres, la protesta se anticipa con el argumento de que abortar es asesinar. Cuando alguien de dinero aborta, entonces nadie dice que asesinó, sino que la ley se cumplió. Basta.

La discusión no es de carácter religioso ni tiene nada que ver la hipócrita dizque defensa de la vida, sino que es de carácter social: tenemos leyes para los pudientes pero que afectan gravemente a los pobres. Este es el debate y así deberíamos darlo, con sinceridad y valentía.

"Ley de sangre"

Carlos Abascal ha calificado como “ley de sangre” la propuesta de modificar el Código Penal del DF en cuanto al delito de aborto. Al contrario de lo dicho por el político, empresario y líder católico, se puede demostrar que este delito, tal como está ahora, es una ley de sangre que cobra sus víctimas entre mujeres pobres.

Como esta conducta delictiva no se persigue por ninguna autoridad, es decir, como el aborto está permitido en México en la práctica, sólo las mujeres pobres sufren las consecuencias de un código discriminatorio e inhumano.

Pagar la realización de un aborto para una persona rica no tiene el menor problema; para una de clase medida, puede afectar pero no tanto; para una mujer pobre y, muchas veces, sola, es con frecuencia imposible, lo que lleva a la embarazada a recurrir a cualquier método que afecta su salud y pone en riesgo su vida. El precio de un aborto bien realizado es alto porque es delito, aunque no se persiga, pero no porque tenga un costo elevado.

Abascal está en contra del aborto. Yo también lo estoy pues quisiera que nadie abortara, pero eso no depende de mí… ni de él. Existe la práctica generalizada del aborto provocado, digan lo que digan el clero, el PAN, Provida, etcétera, lo cual no es en sí mismo un problema social, pero sí lo es cuando las mujeres pobres abortan de manera insalubre y, mucho más, cuando mueren por causa de su pobreza.

Abascal no defiende lo que él cree que es el derecho a la vida entre los ricos, pues estos sufragan los abortos sin problema alguno y nadie los castiga. Abascal aplica la ley de sangre para las mujeres pobres, quienes tampoco van a la cárcel pero a veces pagan con su vida las consecuencias de una prescripción penal que ha sido impuesta sólo para satisfacer la hipocresía.

En México, el debate sobre el aborto no es asunto religioso, ya que éste se encuentra legalizado en los hechos y es una práctica cotidiana de la cual no se ocupan los abascales de ninguna religión. En México, el aborto es, como en todo el mundo, un asunto del derecho de las mujeres, pero algo más: un verdadero problema de salud pública… y de pobreza.

Hay que aclarar un punto: el aborto no dejaría de ser un delito cuando se provoque con violencia o sin consentimiento de la mujer y cuando se practique después de los tres meses de gestación. Así que no se está hablando de todo aborto o del aborto en general.

Y hay que dar un consejo a los diputados locales: la reforma del Código Penal sobre el aborto debería ser votada por la ciudadanía, tanto porque es un tema de gran debate como porque todos deberíamos expresar nuestro parecer paras dejar las cosas suficientemente claras. Que se vote aunque nos amenacen con la ex comunión.

La independencia del MP

Una de las tantas proposiciones de Calderón, enviada el pasado viernes al Senado, consiste en declarar que el Ministerio Público de la Federación, mejor conocido como PGR, ahora ejercerá sus funciones con plena autonomía técnica y funcional. Quiere esto decir varias cosas: primero, que hasta ahora la Procuraduría ha actuado bajo las órdenes del presidente de la República; y, segundo, que se ha violado la Constitución, la cual considera al Ministerio Público como una institución que no depende del Poder Ejecutivo.

El problema no es menor. Las órdenes superiores al procurador, tanto al federal como a los de lasentidades federativas, ha sido uno de los mayores problemas históricos de la justicia mexicana. Acusaciones por consigna o perdones también por consigna, aunado a jueces dóciles al poder político, trajeron siempre grandes injusticias en México.

Ahora, Calderón promete otra cosa, pero propone también que el procurador signa siendo nombrado por el presidente en turno de la República, lo cual dejaría las cosas como hasta el momento.

Esta propuesta no agrega nada a lo ahora existente. Es sólo la introducción de varias palabras que nada dicen, en tanto que el titular de la PGR siga siendo un subordinado político del jefe del Ejecutivo.

Las cosas empeoran cuando el mismo Calderón está proponiendo al Congreso una reforma constitucional para facultar al procurador a expedir órdenes de aprehensión, lo cual, ahora, es facultad exclusiva de los jueces.

Un procurador que depende del presidente de la República con el poder de mandar a detener a cualquiera, no parece ser una buena idea para combatir a los narcotraficantes, pues éstos son sólo algunos, mientras el resto de la población quedará a merced del poder político, como antes, cuando todos los jueces eran de consigna. Pues ¿no que las cosas habían empezado a cambiar en México?

El debate sobre los sueldos

Como ocurre con frecuencia, el debate en los medios sobre lo sueldos de los servidores públicos se está dando mal. No está mal, diría otro, sino pésimo. La cuestión principal a discutir no es el sueldo del presidente de la República, cualquiera que éste sea, sino las remuneraciones de todos los jefes. Y, aún más, lo más relevante del problema es que tales jefes se ponen hoy el sueldo que quieren: ahí está el detalle, diría aquél.

El proyecto que discutirá el Senado busca acabar con la práctica de que los altos funcionarios deciden cuánto merecen ganar y la cantidad elegida es pagada, muchas veces por ellos mismos. ¿Cuánto ganan los directivos del Banco de México, de Nafin, de Banobras, etcétera? Misterio. Sólo los representantes del pueblo tienen mandato para decidir en qué se deben gastar los recursos públicos: hay que defender este criterio democrático, pues para tal cosa se realizan elecciones periódicas.

Con el propósito de empezar a superar la apropiación privada del Estado, debe modificarse la Constitución a efecto de que nadie escape de ese principio rector, por lo demás, fundacional de la República. Todo ingreso de origen público de cualquier funcionario debe ser establecido de conformidad con una ley y a través del presupuesto que corresponda. Ninguna pensión, jubilación o liquidación debe pagarse si no está determinada por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o convenio de trabajo. Las remuneraciones deben ser aprobadas y cubiertas sin esconder nada, es decir, debe decirse cuáles son sus partes integrantes y, además, hacerse públicas.

Estas bases se deberán aplicar en todo el Estado mexicano, incluyendo las instituciones llamadas autónomas y los municipios. Para tal propósito resulta indispensable modificar la Constitución.

Para completar el esquema regulador de los sueldos se hace necesario definir a cuánto podría ascender el sueldo más alto: después de muchas discusiones, se ha optado por fijar la remuneración del jefe del Estado como la más alta posible en todo el Estado mexicano. Yo propuse en la iniciativa otro criterio: una cantidad cifrada en salarios mínimos. Mas cualquiera que sea el método, debe decirse cual será el máximo. En otro momento, el sueldo presidencial estará a discusión, pero tal corresponde al Congreso a través de la Cámara de Diputados.

A partir de esta reforma sobre sueldos, habrá leyes nuevas y empezará la lucha para evitar que los altos jefes en la Federación, los estados y los municipios se sigan asignando a ellos mismos sueldos, pensiones y liquidaciones mediante el subterfugio de bonos, compensaciones, retiros, etcétera. Tal reforma no será la varita mágica para encarar el grave problema de las remuneraciones de los servidores públicos, pero será una gran ayuda.

No se busca perjudicar a nadie en lo personal, sino sencillamente se pretende reivindicar una ética republicana, de la que mucho se habla pero que no se aplica. La reforma será un paso en un largo camino.

Carta a la Corte: IFE vs diputados

¿El subsidio que reciben los partidos políticos forma parte del presupuesto asignado al Instituto Federal Electoral? La respuesta a esta pregunta es decisiva para resolver la controversia interpuesta por el IFE contra la Cámara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El financiamiento público de los partidos no forma parte del presupuesto que la Cámara le asigna al IFE. La administración de éste no puede tocar un centavo de dicho financiamiento, autorizado también por la Cámara.

Así, el IFE envía al Ejecutivo su cálculo y las operaciones aritméticas señaladas en la Carta Magna para ser integrados al proyecto de presupuesto. La Cámara revisa si está bien hecho todo y resuelve lo conducente. Por otro lado, el IFE propone realizar un gasto para el cumplimiento de sus propios fines y también la Cámara procede a autorizar una cantidad, la cual puede ser igual, menor o mayor que la propuesta original del IFE mismo, como si se tratara de cualquier otro programa presupuestal.

Si los diputados decidieron autorizar al IFE una cantidad menor que la contenida en el proyecto de presupuesto, es algo que corresponde a las atribuciones constitucionales de la Cámara, tal como lo hicieron con el Senado, la Corte y otros órganos del Estado. Por otro lado, la misma Cámara acordó aumentar el presupuesto de otros organismos, incluyendo instituciones autónomas, como son las universidades públicas.

La Cámara puede modificar el proyecto de presupuesto, pues tal cosa está escrita con todas sus letras en el artículo 74 de la Carta Magna. Si los diputados sólo le redujeron el presupuesto al IFE y no quisieron disminuir el subsidio a los partidos es algo que se puede debatir pero no se puede modificar ni siquiera por la Corte, debido a que este colegio jurisdiccional no puede dictar presupuestos. Es más, si la Cámara redujera el subsidio a los partidos alterando los cálculos y reglas de la Constitución, procedería una acción de inconstitucionalidad de parte de los partidos mismos. Menos es aceptable la locura de pretender que la Corte autorice al IFE reducir el subsidio a los partidos. Alguna vez lo hizo, pero entonces fue algo arbitrario e ilegal.

Si la Corte le diera la razón al IFE estaría aquélla suponiendo que el financiamiento de los partidos es cosa de este instituto, pero no es así. El hecho de que la Constitución le otorgue algunas funciones al IFE en este campo, no quiere decir que éste sea soberano para determinar por sí y ante sí el monto del financiamiento público. Si el IFE no enviara su cálculo a la Cámara a través del Ejecutivo o hiciera mal las operaciones aritméticas, los diputados podrían, de todas maneras, autorizar el subsidio con la aplicación de las normas.

Los consejeros electorales, sumisos ante el poder Ejecutivo, son ahora altivos ante el Congreso y llegan al extremo de afirmar que la Cámara no es más que los partidos reunidos, ignorando olímpicamente que la Constitución dice que se trata de la representación nacional elegida por el pueblo. Es decir, que los tales consejeros electorales ignoran que en México hay elecciones populares.

Debo decir que es urgente que se reduzca el financiamiento público de los partidos. Mas, para ello, tenemos que reformar la Constitución. La iniciativa ya está presentada. Veremos.