jueves, febrero 22, 2007

La Corte frente al VIH... y el Ejército

La Suprema Corte de Justicia no ha decidido aún si ampara a unos militares quejosos que han sido retirados por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). El debate sigue y, de seguro, la resolución será trascendente. Con el Ejército hemos topado, diría cualquier ministro. Y así es, pero la Corte también ha topado con el VIH.

Los mandos militares aplican una ley con el estilo castrense: el portador del VIH es inútil para el servicio de las armas… y ya. Pero el asunto no es tan sencillo porque ningún portador es inútil para absolutamente nada: todos ellos pueden desempeñar cualquier actividad incluyendo la de las armas. Esto no amerita discusión, por más órdenes militares y prejuicios en uso que pueda haber… en la Corte.

El punto es claro: los portadores del VIH son discriminados cuando, por serlo, se les niega la oportunidad de un trabajo o función, dentro y fuera del Estado, dentro y fuera de las fuerzas armadas. El asunto es peor cuando ese portador del virus es ya un empleado, es decir, ha sido ya contratado y se le expulsa por tal motivo. El ministro Sergio Aguirre Anguiano ha llegado al colmo, pues ha dicho que se trata de “un severo problema bacteriológico”. No hay problemas severos; las personas pueden ser severas o actuar con severidad, pero no las cosas; tampoco es un asunto “bacteriológico”, ya que no se trata de una infección bacteriana (ojalá lo fuera pues ya existe la penicilina), sino de un virus que se adquiere por contagio en unas muy especiales condiciones y que no produce necesariamente enfermedad en el portador. Aguirre debe saber que si lo tocara un portador del VIH o un enfermo de sida no le sucedería nada a él, y que no es imposible que eso ya haya sucedido.

Lo que se pretende con el retiro de los militares portadores del VIH es alejar de la vista la existencia de un virus considerado como fruto del pecado, es decir, hacer como que no existe. Pero existe, está entre nosotros y todos debemos aprender a vivir con la existencia de tal virus. Los valientes militares deberían también demostrar valentía al reconocer que el Ejército no está dentro de una burbuja. Por su lado, algunos ministros no entienden que las fuerzas armadas no son algo tan separado de la sociedad y que los virus no reconocen uniformes. Azuela llegó al extremo de chabacanear, al decir que un niño de guardería es regresado a su casa cuando está enfermo. Góngora tampoco se midió al declarar que un soldado portador del VIH es un peligro contra la población cuando el Ejército realiza funciones de protección civil.

Un militar portador del VIH es tan militar como cualquier otro, lo cual no debería discutirse en el máximo tribunal de un país. El ministro Cosío les dio un baño a los retrógrados, ayer, cuando dijo que el criterio científico debe tomarse en cuenta por el juzgador y lo fundamentó con la lectura de una ley… de 1942.

El Ejército tiene sus peculiaridades, pero ninguna debe ser entendida como el permiso para ejercer la discriminación y mucho menos para apoyar la absurda aspiración de que el VIH no sea admitido en las fuerzas armadas.

jueves, febrero 15, 2007

Fox con la cara al viento

En casi cualquier país es normal que el jefe del gobierno participe activamente en la competencia electoral. En México es ilegítimo e ilegal. Lo que dijo Vicente Fox en Washington suena diferente allá que acá.

Sin embargo, Fox dice desde allá lo que todos sabemos acá, a pesar de que Calderón lo ha negado y el propio Fox lo había ocultado: sin la ayuda del entonces presidente y de otros poderosos, Calderón no hubiera llegado a Los Pinos.

Así, Vicente Fox llegó al poder violando la ley con los amigos de sí mismo y terminó su mandato de la misma forma. Mas, en medio, también violó la ley, según él nos lo relató desde Washington: militó a favor del desafuero de López Obrador. Como se sabe, el presidente de la República no puede dar órdenes al Ministerio Público para que éste ejerza acción penal o deje de hacerlo. Sin embargo, hoy nos cuenta Fox que esa pelea la perdió, lo que indica sin duda que primero la dio, logró el desafuero y, después, tuvo que dar órdenes, también ilegales, para que la PGR detuviera el procedimiento.

El relato de Fox en Washington es cínico por la vía necesaria de la confesión sin rubor alguno: el ex presidente se siente orgulloso de haber usado de manera ilegal el cargo que tuvo. El abuso de poder, la usurpación de funciones, el uso indebido de recursos públicos y la colisión de funcionarios son confesados con la tranquilidad de quien expone sus fechorías sin asomo de la más elemental ética.

Calderón ha recibido ataques de muchas procedencias, pero el más certero ha estado a cargo de su mayor apoyatura, tanto porque es irrebatible como porque es lógico. El complot del que habló Andrés Manuel, tan ridiculizado en tantos medios y por tantos comentaristas, está ahora en labios del principal conspirador: Vicente Fox, quien hizo todo, como presidente de la República, para evitar que el perredista le relevara en el cargo. Hoy, Fox se refiere a aquello con orgullo, levanta la cara al viento y proclama su triunfo. Sí, pues, triunfó Vicente Fox y le hizo un gran daño a la incipiente pero ya muy mancillada democracia mexicana.

jueves, febrero 08, 2007

Censura previa (II)

La orden de la Secretaría de Gobernación para que se transmita el programa del PRD, el cual había sido censurado, no es un asunto concluido. Y no lo es porque dicha dependencia del Ejecutivo Federal considera que son por completo correctos los motivos por los cuales se negó antes a “pautar” y difundir dicho video. Es decir, el gobierno considera que puede realizar una actividad prohibida por la Constitución: la censura previa.

No importa de quién es el mensaje; no importa tampoco qué dice; lo importante es el acto de autoridad. ¿Puede el gobierno ver los videos de los partidos y decidir si éstos expresan ideas correctas o incorrectas, o si en ellos se realizan transgresiones a las leyes? No, el gobierno no puede hacer eso. Pueden, sí, las autoridades fincar responsabilidad a los autores de un mensaje que viole la ley, pero no pueden censurar el mensaje antes de que éste se difunda. Así es eso de la libertad de expresión: muy elemental pero muy preciso.

El subsecretario de Gobernación para los asuntos jurídicos y los derechos humanos es muy gracioso, pues parece que vive en otro mundo. Ha dicho este funcionario que el acto gubernamental de negar la difusión del mensaje del PRD no es censura previa porque primero lo vio y después lo censuró. Pues sí, justo en eso consiste la censura previa: ver el escrito (en este caso el video) antes de su publicación y, como consecuencia de eso, prohibirlo.

El gobierno se ha echado atrás en la decisión, para no crear un problema político mayor –ha dicho--, para no crear obstáculos en las relaciones políticas. Estas falacias llevaron al gobierno a reiterar su enfoque sobre el asunto, el cual es contrario a la Carta Magna y al sistema mexicano de garantías. No ha habido, por tanto, rectificación de fondo, sino la sencilla aplicación de un criterio político ante las críticas desatadas contra la censura previa. Así, las autoridades afirman que, por motivos estrictamente políticos, no aplicarán un criterio basado –según ellas—en la ley.

Es insostenible decir que la violación de la Constitución es legal, pero lo es también afirmar que la autoridad no acata la ley –en su particular, aunque falsa, apreciación—por motivos estrictamente de conveniencia política.

Lo que tenemos al final es que el gobierno federal considera que tiene el deber de realizar la censura previa pero que no lo hace porque no le conviene.

El gobierno salió de un problema y se adentró en otro, quizá aun mayor.
Si Calderón sigue por este camino no llegará muy lejos.

martes, febrero 06, 2007

Censura previa

La negativa del gobierno federal a que se transmita un programa de televisión del PRD constituye, sin duda, un acto de censura previa, de esos que la Constitución de México prohíbe, como lo hicieron los iniciadores de la libertad de expresión.

No importa de quién es el mensaje; no importa tampoco qué dice el mensaje; lo que importa es el acto de autoridad. ¿Puede el gobierno ver los videos de los partidos y decidir si éstos expresan ideas correctas o incorrectas, o si en ellos se realizan transgresiones a las leyes? No, el gobierno no puede hacer eso. Pueden, sí, las autoridades fincar responsabilidad a los autores de un mensaje que viole la ley, pero no pueden censurar el mensaje antes de que éste se difunda. Así es esto de la libertad de expresión: muy elemental pero muy preciso.

El subsecretario de Gobernación para los asuntos jurídicos y los derechos humanos es muy gracioso, pues parece que vive en otro mundo. Dice este funcionario que el acto gubernamental de negar la difusión del mensaje ahora prohibido no es censura previa porque primero lo vio y después lo censuró. Pues sí, justo en eso consiste la censura previa: ver el escrito (en este caso el video) antes de su publicación y, como consecuencia de eso, prohibirlo.

Calderón se ha metido en un problema muy grande con esta decisión. Ningún partido va a admitir que haya alguna autoridad que decida si se difunde un video suyo o lo prohíbe. Tampoco ningún comunicador social va a aceptar que sus programas de radio y televisión sean vistos primero por ese señor gracioso que es el subsecretario de Gobernación y, después, el gobierno decida si se difunde o no.

Nadie va a apoyar a las autoridades en este desenfreno de imponer la censura previa. El gobierno de Calderón debería reconsiderar su perniciosa e ilegal actitud y llegar a la conclusión de que el país no está para censuras previas, aunque las víctimas inmediatas sean los odiados perredistas y ese peligro para México que –dijeron—era López Obrador. Si no lo hace, si no retira la prohibición, ahora va a resultar que Calderón sí es un inminente peligro para la libertad de expresión en México.