Españolismo y terrorrismo

El leve debate entre Calderón y Espino, sobre si el gobierno español de Zapatero ha actuado bien o mal en el grave problema del terrorismo, deja ver apenas las divergencias que hubo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre las posibilidades –ya extinguidas—de un acuerdo con ETA para poner fin a la violencia terrorista y atender de alguna manera el problema histórico del derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

Calderón ha respaldado a Zapatero, como éste lo hizo con él en el asunto de la legitimidad del resultado de la reciente elección presidencial en México. El mexicano tuvo que llevarle la contraria a sus socios del PP y a sus compañeros del PAN para obtener un buen saldo con el gobierno español.

La decisión de abrir un cauce de diálogo con ETA, después del anuncio del cese de los actos de terrorismo, fue correcta. El boicot contra tal iniciativa, operada desde el interior de la misma ETA, con el atentado en Barajas, no debería verse sino como un episodio de un problema demasiado complejo. No es sencillo dialogar con terroristas pero muchos gobiernos lo han hecho. Ahora mismo, así lo anuncia el presidente de Afganistán, impuesto y sostenido por Estados Unidos.

El españolismo (presente en los principales partidos españoles) no está dispuesto a admitir lo que Gran Bretaña aceptó en Irlanda del Norte y ni siquiera reconoce a Batasuna como partido legítimo dentro de la sociedad vasca. España nunca admitió de buen grado que sus dominios se le separaran. El pueblo de Euskadi debería tener derecho a decidir por sí mismo, como todos los pueblos del mundo. El terrorismo es una expresión canallesca de la aspiración a ese derecho, pero lo que está en el fondo no es la violencia sino el derecho.

La derecha española no admite la mínima vía para conversar con los violentos, pero el españolismo va mucho más allá: no admite el tema del derecho de autodecisión nacional del pueblo vasco. Y, ahora, ni siquiera admite que Ibarretxe pueda conversar con Otegi, pues cada día se quiere criminalizar más la actividad política de las organizaciones vascas. El terrorismo se alza con una victoria cuando el gobierno de Zapatero se arrepiente de haber intentado ciertos y lejanos contactos con los etarras y profundiza la persecución de los vascos que reivindican el derecho de Euzkadi a la autodeterminación.

Los terroristas que no quieren el menor diálogo ya se han impuesto y han acorralado a Zapatero, pues lo conducen a realizar gestos grotescos que lo único que provocan es llevar al terreno político institucional un acto de terrorismo. Eso mismo quiere el PP: callejón sin salida; guerra a muerte contra los independentistas vascos. Así nunca se ha arreglado ningún problema.

Bush, aprendiz de brujo

La guerra de Viet Nam se explicó en el marco de la Guerra Fría entre occidente y el comunismo internacional y sus aliados. La segunda guerra de Irak se explicó como parte de una cruzada contra el terrorismo. Aquella guerra en el Lejano Oriente llevó a Estados Unidos a una derrota total, sin atenuantes, con un inmenso costo en vidas humanas. La actual guerra en el Medio Oriente lleva la misma traza, aunque dentro del más completo caos.

Bush ha mostrado desesperación en su mensaje al Congreso. A diferencia de su padre, quien ganó y se retiró en la primera guerra, el hijo no quiere regresar a casa y, ahora, ha pedido a los congresistas que le apoyen en la conquista de Bagdad. Es decir, Bush reconoce que no ha logrado siquiera tomar por completo la capital de Irak y pide mayor respaldo después de casi cuatro años de ocupación militar.

Desde que llegó a Irak el nuevo conquistador norteamericano han muerto ahí –se ha dicho-- 200 mil personas y éste todavía no termina de tomar Bagdad. No obstante, Mr. Bush sigue afirmando que puede hacerlo.

Antes de la ocupación estadunidense no había en Irak ninguna guerra civil sectaria ni ahí tenían una base de operaciones esos enemigos jurados de Estados Unidos que integran Al Qaeda. Había una tiranía militarista y genocida pero carente de armas de destrucción masiva, químicas y nucleares, que pudieran amenazar a Estados Unidos en un improbable ataque de locura extrema del dictador. Lo que hoy vemos en Irak está peor que antes de la ocupación de Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros países, varios de los cuales se fueron de ahí cuando cambiaron sus gobiernos.

En Estados Unidos, cada día son menos quienes piensan que las tropas pueden regresar a desfilar por las avenidas de Nueva York en medio del júbilo popular. Muchos estadunidenses se sienten como ratones en una trampa que ellos mismos pusieron. Pero el presidente de ese país pide apoyo para el envío de más militares como si en verdad el problema consistiera en el tamaño de la fuerza armada de ocupación y no en la ocupación misma. El belicismo de Bush es mayor que el del ejecutado Husein.

Estados Unidos no puede gobernar todo Irak, es decir, no puede conquistar ese país, como lo quisiera su presidente. Pero tampoco existe, bajo la presencia militar extranjera, una fuerza política local capaz de organizar un gobierno efectivo. ¿Qué pasaría si las fuerzas de ocupación se retiraran? Lo más probable sería que los líderes iraquíes buscaran un acuerdo entre ellos, con la ayuda de otros países árabes, para estabilizar gradualmente la situación. Pero no; hay un aprendiz de brujo en la Casa Blanca que es incapaz de admitir sus propios errores. Por su parte –creo--, el Capitolio cederá bajo el argumento de que no hay que dejar solos a nuestros muchachos en Irak ni auspiciar otro ataque en el territorio de Estados Unidos. Mejor sería que ninguno de esos muchachos tuviera que morir como consecuencia de los sueños de conquista del señor Bush.

Tortillas: aumento de precio por decreto

El gobierno federal ha llegado a un acuerdo con productores para fijar el precio de la tortilla en 8.50 pesos por kilo. Esto quiere decir que ahora tendremos –hasta abril, se dijo—un precio por decreto, pues la inmensa mayoría de los fabricantes de tortillas (tortilleros o como se les llame) venderán, con permiso, el kilo de ese alimento básico en aquella cantidad y sólo los supermercados la venderán por debajo del precio decretado, pues tales establecimientos producen tortillas de harina de maíz como gancho y no como negocio.

Hace varios días, Felipe Calderón dijo que el aumento al precio de las tortillas no lo había decidido el gobierno. Ahora no podrá decir lo mismo. 8.50 pesos por kilogramo de tortillas es casi un aumento de cien por ciento del precio anterior. De buenas a primeras, los grandes consumidores de tortillas –quienes ganan menos de cuatro salarios mínimos—tienen que pagar casi el doble por el producto básico de la “canasta básica”. Pero lo harán por decreto, pues el gobierno se declaró incapaz de detener la especulación.

No existe desabasto de maíz en México, pero se cree que el grano escaseará. Estados Unidos redujo su producción en casi seis millones de toneladas, que representa algo menos de lo que México está importando de aquel país. Mientras, se cree que los agricultores estadunidenses van a vender su grano para la producción de etanol. Con la insuficiencia de la producción nacional se quiere justificar el aumento del maíz, pero el déficit tiene ya muchos años y la tortilla había aumentado menos que ahora.

El gobierno de Calderón se ha visto incompetente para detener una embestida especulativa contra el pueblo de México. Así fue que llegó a un acuerdo para legalizar el aumento de casi el cien por ciento, lo cual es un auténtico robo, firmado ayer, en horas de la mañana, en Los Pinos, con la presencia de medio gabinete y con las fanfarrias acostumbradas, como si se tratara de signar una ley que pudiera beneficiar a la mayoría de los mexicanos. El decreto de 8.50 pesos por kilo de tortillas se ha presentado como un triunfo del gobierno: te aumento el precio de la comida y me tienes que aplaudir.

Sí existe base legal para combatir el aumento de los precios. Basta leer la Constitución en su artículo 28 para saber que el Ejecutivo pudo decretar un precio, 4.50 pesos, como estaba, para después negociar lo que se hubiera querido. Pero no: ahora tenemos un aumento desconsiderado, artificial, alevoso, en el precio de la tortilla, pero por decreto presidencial. Basta: eso no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo.

Los ahijados de Calderón

Parecía mentira o, al menos, una mala forma de decir algo. Pero no. El anuncio de Felipe Calderón ha resultado cierto y exacto: se creará un seguro médico gratuito para todos los niños nacidos a partir del primero de diciembre del año pasado.

Los niños nacidos antes de las doce de las noche del 30 de noviembre de 2006 seguirán siendo niños pero no podrán tener acceso a servicios gratuitos de salud porque no son ahijados del señor Felipe Calderón Hinojosa. Los niños nacidos un minuto antes del día de la asunción de Calderón no son tan mexicanos como los ahijados de éste o, quizá, ya son niños viejos, niños de anteriores presidentes que, para contraste, no tendrán servicio médico gratuito.

Pero, además, la gratuidad del servicio médico se acabará a los seis años, es decir, que Calderón está reduciendo la edad infantil: ya nadie será niño después de los seis años de edad.

Bajo Vicente Fox habíamos conocido sinsentidos, contradicciones, ridiculeces, pero no tanto como discriminar de esta manera tan grotesca. Vimos también en el sexenio anterior muchos actos de egocentrismo y filantropía estatal, pero aquel presidente no se atrevió a llegar a tanto. Calderón está diciendo a los mexicanos que él puede ser como aquellos reyes que concedían gracias, mercedes, regalos, concesiones a los gobernados con motivo de su entronización para que le recordaran como monarca benévolo.

El servicio médico gratuito para los ahijados de Calderón no obedece a ley o decreto alguno. Se trata, como en las monarquías absolutas, de una decisión personal del gobernante. A nadie se le ha consultado y, mucho menos, al Congreso.

Al parecer, el nuevo servicio médico gratuito será brindado por toda clínica y hospital incluyendo las del IMSS y del ISSSTE, por lo que el gobierno aumentará los subsidios a estas instituciones. Pero tales dineros no han sido autorizados por la Cámara de Diputados, la cual tendría que otorgar fondos para la atención de todos los niños y no sólo de los ahijados de Calderón, si no se quiere violar la Constitución del país a través de un inaceptable y aborrecible acto de discriminación contra la mayoría de los niños mexicanos y de los padres de éstos.

Haber nacido bajo Calderón no puede ser un título especial de nadie, como haberlo hecho antes tampoco puede ser tomado como una minusvalía. La cuestión sería ridícula si no fuera porque el gobierno está hablando en serio. El Estado no puede hacer filantropía pues sus funciones son obligatorias. Los recursos públicos no pueden usarse para otorgar mercedes ni para discriminar a nadie.

Calderón carece de proyecto pero le sobran ocurrencias egocéntricas.

Familia presidencial

Ya pasó, pero no debe soslayarse. No es algo fundamental, pero tampoco debe verse como algo natural. Ya nos habían prometido que, al respecto, todo cambiaría y ahora resulta lo contrario.

En ocasión de las fiestas de fin de año, el gobierno federal emitió saludos de Felipe Calderón y, también, de una familia Calderón-Zavala, a cargo de la esposa de aquél. Pero esa familia, ¿qué cosa es?, ¿qué lugar ocupa en la República?, ¿qué relación guarda con el Estado?

Esta es una cuestión de falta de ética republicana y de malas costumbres despóticas. No tiene nada de particular que la esposa del jefe del Estado diga algo, se pronuncie, actúe en la vida política, defienda sus ideas como cualquier otro ciudadano de la República; en una frase: ejerza sus derechos con libertad y sinceridad. Pero este asunto es otro.

El mensaje de la familia Calderón-Zavala se realizó a través de tiempos oficiales que son propiedad de la Federación y deben usarse, consecuentemente, para asuntos oficiales. Pero ¿el mensaje familiar es un asunto oficial?

La ética republicana es algo bastante ajeno a la República, en México. Según la Carta Magna, en nuestro país no existe familia presidencial, a diferencia de países como España e Inglaterra donde hay monarquías, bastante anticuadas desde el punto de vista de la democracia, pero con apoyo popular expresado en el contenido de la Constitución. En aquellos países, la esposa del rey es reina, el cónyuge de la reina es príncipe consorte, quien se casa con el heredero es princesa aunque sea “plebeya”, etcétera. En México, la esposa o esposo del jefe o jefa del Estado no es nadie, es decir, es una ciudadana o ciudadano común, lo que en una república es ser todo porque no hay nada por encima de la naturaleza ciudadana: no existen órdenes monárquicas ni títulos nobiliarios. Bueno, eso dice la Constitución mexicana.

La ética republicana señalaría que el patrimonio público no puede ser usado al margen de objetos también públicos, y que los cargos políticos –los de elección o designación—no son transferibles en medida alguna a los cónyuges, hijos, sobrinos y demás miembros de la familia, pues en México no hay familias reconocidas por la ley.

El mensaje de la familia Calderón-Zavala es por entero ilegal, ilegítimo, abusivo, desconsiderado, inmoral y odioso. El pequeño discurso navideño estuvo peor que las actuaciones de la anterior “primera dama”, quien hizo y deshizo pero nunca apareció en un spot de la Presidencia de la República.

No hemos visto cambio alguno en los aspectos importantes, pero ya advertimos que la eliminación de la “primera dama” –promesa de Calderón—tampoco se llevó a cabo sino que se dio un paso más en el esfuerzo de imponer a los mexicanos una familia presidencial, como las familias reales.