Nueva reforma electoral con viejos problemas
El centro del debate sobre la nueva reforma electoral se ha ubicado en dos temas: las coaliciones y las normas sobre información y propaganda. Grupos muy disímbolos entre sí han atacado los nuevos cambios, pero todos se siguen refiriendo a la reciente reforma constitucional que ya fue promulgada y entró en vigencia.
Tanto los partidarios del actual sistema de coaliciones como los enemigos de los controles sobre la propaganda electoral se han lanzado al ataque contra toda la nueva legislación.
Ahí donde la lucha política es más transparente, cada partido se presenta con su propia propuesta e imagen, lo cual no le impide a ninguno realizar coaliciones con otro u otros con el propósito de presentar candidatos comunes, es decir, unir fuerzas y propuestas. Así ha sido recientemente en Michoacán con motivo de la elección de un nuevo gobernador.
El método para integrar coaliciones es una convención, siempre que éstas sean permitidas. En cierto momento –después de 1988—las candidaturas comunes fueron eliminadas porque el PRI supuso que ése había sido el mecanismo legal que hizo posible la candidatura de Cárdenas, por lo que se creó la figura de la coalición total en la elección presidencial, la cual hacía más difícil el acuerdo pero no lo impedía, como se vio durante los años posteriores.
La lucha a favor del método de las candidaturas comunes ha estado vigente desde entonces porque se considera que éstas facilitan los acuerdos entre partidos pero tampoco los garantiza. El PRD nunca luchó a favor del método de la coalición total sino que siempre exigió que se restablecieran las candidaturas comunes, al grado que, donde pudo, las introdujo en la ley, como en el Distrito Federal y otras entidades.
Sin embargo, la transferencia de hasta uno por ciento al partido que, sin llegar a dos, presente candidaturas comunes con otro u otros, es ya otra cosa. Se trata de una concesión innecesaria y, sobre todo, antidemocrática, pues el voto no es transferible, sino que pertenece por entero al votante. Quizá la Cámara pudiera rechazar este precepto.
Por el otro lado, el griterío sobre la libertad de expresión no es otra cosa que eso. La prohibición de publicidad electoral pagada por parte de partidos y de terceros en medios electrónicos ya está en la Constitución y no limita la libertad de expresión, sino la libertad de comercio de tiempo aire. En muchos países, las regulaciones sobre esta materia son mucho mayores, pues se llega a impedir que los programas de debate entre partidos y candidatos discriminen a alguno de ellos. En cuanto a los informativos, ya se había admitido desde tiempo atrás el criterio de la imparcialidad.
Los avances en materia electoral son tan grandes que todavía algunos no los quieren admitir. Pudo haber menos errores, excesos o mediatizaciones, pero casi es imposible una legislación exacta. Por lo pronto, las reglas de la lucha por el poder van a cambiar. Ojalá los partidos políticos también cambiaran, pero esto es mucho más difícil.
Tanto los partidarios del actual sistema de coaliciones como los enemigos de los controles sobre la propaganda electoral se han lanzado al ataque contra toda la nueva legislación.
Ahí donde la lucha política es más transparente, cada partido se presenta con su propia propuesta e imagen, lo cual no le impide a ninguno realizar coaliciones con otro u otros con el propósito de presentar candidatos comunes, es decir, unir fuerzas y propuestas. Así ha sido recientemente en Michoacán con motivo de la elección de un nuevo gobernador.
El método para integrar coaliciones es una convención, siempre que éstas sean permitidas. En cierto momento –después de 1988—las candidaturas comunes fueron eliminadas porque el PRI supuso que ése había sido el mecanismo legal que hizo posible la candidatura de Cárdenas, por lo que se creó la figura de la coalición total en la elección presidencial, la cual hacía más difícil el acuerdo pero no lo impedía, como se vio durante los años posteriores.
La lucha a favor del método de las candidaturas comunes ha estado vigente desde entonces porque se considera que éstas facilitan los acuerdos entre partidos pero tampoco los garantiza. El PRD nunca luchó a favor del método de la coalición total sino que siempre exigió que se restablecieran las candidaturas comunes, al grado que, donde pudo, las introdujo en la ley, como en el Distrito Federal y otras entidades.
Sin embargo, la transferencia de hasta uno por ciento al partido que, sin llegar a dos, presente candidaturas comunes con otro u otros, es ya otra cosa. Se trata de una concesión innecesaria y, sobre todo, antidemocrática, pues el voto no es transferible, sino que pertenece por entero al votante. Quizá la Cámara pudiera rechazar este precepto.
Por el otro lado, el griterío sobre la libertad de expresión no es otra cosa que eso. La prohibición de publicidad electoral pagada por parte de partidos y de terceros en medios electrónicos ya está en la Constitución y no limita la libertad de expresión, sino la libertad de comercio de tiempo aire. En muchos países, las regulaciones sobre esta materia son mucho mayores, pues se llega a impedir que los programas de debate entre partidos y candidatos discriminen a alguno de ellos. En cuanto a los informativos, ya se había admitido desde tiempo atrás el criterio de la imparcialidad.
Los avances en materia electoral son tan grandes que todavía algunos no los quieren admitir. Pudo haber menos errores, excesos o mediatizaciones, pero casi es imposible una legislación exacta. Por lo pronto, las reglas de la lucha por el poder van a cambiar. Ojalá los partidos políticos también cambiaran, pero esto es mucho más difícil.
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