Delincuencia y libertades

Dentro de la llamada reforma judicial y de seguridad pública no hay nuevos derechos de las personas, sino atribuciones de la autoridad. Dentro de lo nuevo destaca la facultad de cualquier agente policíaco de ingresar a un domicilio cuando se encuentre en peligro la vida o integridad corporal de alguna persona. No suena mal este giro, pero no es el derecho de la persona lo que va a ser protegido sino el del policía para meterse en un domilicio.

Las constituciones nacieron para dar derechos a los seres humanos y limitar las atribuciones de la autoridad. Ahora, el constitucionalismo mexicano está centrado en aumentar las facultades e, incluso, derechos, de las autoridades, lo que resulta en un verdadero contrasentido. Los casi cuatrocientos mil agentes policíacos que existen en el país podrían ingresar en un domicilio particular con la Constitución en la mano. La Carta Magna podrá decir para qué puede hacerse el allanamiento, pero de seguro que el policía tendrá su propio criterio al respecto.

El gobierno intentó, a través del PAN, otorgar al Procurador General de la República la capacidad de indagar sobre cuentas bancarias y situación fiscal de cualquiera sin autorización judicial. El Senado no dejó pasar este precepto y, por ello, el procedimiento de aprobación de toda la reforma ha quedado pendiente hasta el mes de febrero, cuando se vuelva a reunir el Congreso. Pero debe verse hasta dónde han llegado las pretenciones policíacas del gobierno actual.

En el centro de todo esto aparece la lucha contra la delincuencia organizada, cualquier cosa que por ésta se entienda. Pero el país que es víctima del narcotráfico no debe responder con la disminución de las libertades y derechos fundamentales, pues de tal forma los narcos habrán logrado indirectamente mucho más de lo que se proponen: atacar a todo el pueblo donde más le duele a éste.

Cuando, por poner otro ejemplo, se admite la incomunicación de delincuentes organizados y cualesquiera otros, el Estado asume formas crueles, tal como son los métodos violentos y homicidas de los narcos. Un estado de excepción para una parte de la gente es contradictorio con la igualdad jurídica de las personas, principio fundacional del Estado democrático. Desconocer derechos fundamentales de quien sea con el motivo que sea es siempre odioso, aunque se trate de enemigos. Con tal criterio existe la prisión de Guantánamo, con presos sin juicio, defensa ni comunicación exterior alguna. Con tales métodos no se combate al narcotráfico sino a la libertad y la democracia.

El Estado policíaco es fascinante para los gobernantes autoritarios pues aumenta su poder y, sobre todo, crece el miedo de la gente frente a las autoridades. El narcotráfico y los secuestros no son productos de supuestas o reales deficiencias de la Constitución, sino de complejos fenómenos socio-económicos y culturales. Suponer que la llave del éxito contra la delincuencia organizada se encuentra en cambiar la Constitución para restringir garantías es el peor error que se puede cometer. Condenar a los defensores de derechos fundamentales con el agumento de que en los hechos defienden a los narcotraficantes y secuestradores es una completa vulgaridad, por decir lo menos. Tales derechos no son negociables y, mucho menos, materia de condenas, a menos de que se quiera un completo Estado policíaco, dentro del cual no nacerá una sociedad más libre sino una gran prisión para todos.