Denigración del Congreso
La Ley de Ingresos manda a cobrar las contribuciones pero también autoriza los financiamientos. El Congreso, sin embargo, ha dado varios cheques en blanco al Ejecutivo. El IPAB (ex Fobaproa) y el ISSSTE (a propósito de la nueva ley) tienen autorizada la colocación de cualquier cantidad de obligaciones a cargo del Estado mexicano. En cuanto a la deuda externa, el Congreso desconoce para qué podrían utilizarse los mil 500 millones de dólares autorizados para el próximo año; ni siquiera se informó quién los va a prestar.
Además, el Congreso ha autorizado a la Secretaría de Hacienda a embargar los ingresos de Pemex y la CFE cuando quiera y en el monto que quiera. Así, las leyes que señalan las contribuciones del llamado sector paraestatal podrían ser violadas bajo la autorización anticipada del Poder Legislativo.
Las autorizaciones a ciegas y las transferencias de facultades constitucionales denigran al Congreso. Ahora, cuando ningún partido tiene la mayoría, no se trata sólo de un sometimiento reclamado por el Ejecutivo sino también de una autodenigración.
Los legisladores suelen dolerse de que la ciudadanía les considere inútiles o faltos de tino. Pero a la hora de votar, la mayoría se somete al Ejecutivo en lugar de ejercer a plenitud sus facultades.
En el monólogo que se realizó en ambas cámaras sobre la ley de ingresos (PAN y PRI no intervinieron, es decir, callaron) se puso de relieve que el Congreso podía detener el crecimiento de la deuda petrolera, la cual ya supera los cien mil millones de dólares aunque no es, en el fondo, más que una deuda gubernamental. Pero no, los dos partidos responsables de tal endeudamiento se negaron a detenerlo, lo cual hace aparecer a Pemex como un organismo arruinado. Se afirma con cinismo que la “quiebra” de Petróleos Mexicanos hace necesaria la privatización de esa industria.
El gobierno federal tiene un déficit programado de más de 180 mil millones de pesos, los cuales son pagados por Pemex, CFE y Seguro Social, ante lo cual el Congreso calla, y algo más: autoriza el saqueo que implica el uso de cuantiosos recursos nacionales en sueldos y gastos administrativos.
El Congreso deja de asumir sus facultades constitucionales, se las traslada al Poder Ejecutivo y, con ello, se burla de sí mismo. La indolencia de la mayoría (PAN y PRI) en las cámaras legislativas no es tan sólo expresión de una impronta dejada a través de los años, sino también la grotesca insistencia en que la Presidencia de la República debe asumir la completa conducción económica del Estado. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa.
Además, el Congreso ha autorizado a la Secretaría de Hacienda a embargar los ingresos de Pemex y la CFE cuando quiera y en el monto que quiera. Así, las leyes que señalan las contribuciones del llamado sector paraestatal podrían ser violadas bajo la autorización anticipada del Poder Legislativo.
Las autorizaciones a ciegas y las transferencias de facultades constitucionales denigran al Congreso. Ahora, cuando ningún partido tiene la mayoría, no se trata sólo de un sometimiento reclamado por el Ejecutivo sino también de una autodenigración.
Los legisladores suelen dolerse de que la ciudadanía les considere inútiles o faltos de tino. Pero a la hora de votar, la mayoría se somete al Ejecutivo en lugar de ejercer a plenitud sus facultades.
En el monólogo que se realizó en ambas cámaras sobre la ley de ingresos (PAN y PRI no intervinieron, es decir, callaron) se puso de relieve que el Congreso podía detener el crecimiento de la deuda petrolera, la cual ya supera los cien mil millones de dólares aunque no es, en el fondo, más que una deuda gubernamental. Pero no, los dos partidos responsables de tal endeudamiento se negaron a detenerlo, lo cual hace aparecer a Pemex como un organismo arruinado. Se afirma con cinismo que la “quiebra” de Petróleos Mexicanos hace necesaria la privatización de esa industria.
El gobierno federal tiene un déficit programado de más de 180 mil millones de pesos, los cuales son pagados por Pemex, CFE y Seguro Social, ante lo cual el Congreso calla, y algo más: autoriza el saqueo que implica el uso de cuantiosos recursos nacionales en sueldos y gastos administrativos.
El Congreso deja de asumir sus facultades constitucionales, se las traslada al Poder Ejecutivo y, con ello, se burla de sí mismo. La indolencia de la mayoría (PAN y PRI) en las cámaras legislativas no es tan sólo expresión de una impronta dejada a través de los años, sino también la grotesca insistencia en que la Presidencia de la República debe asumir la completa conducción económica del Estado. Sin embargo, la Constitución dice otra cosa.
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