Violación del Palacio

El Palacio Legislativo de San Lázaro se encuentra ocupado por el Cuerpo de Guardias Presidenciales, parte del Ejército Mexicano que depende del Estado Mayor Presidencial, el cual depende a su vez de manera directa y personal del Presidente de la República.
Este hecho desusado se debe, seguramente, a la situación política que priva en el país en la víspera del último informe de gobierno del presidente Vicente Fox. Sin embargo, no por ser el último informe está permitida la violación de la ley.
El Cuerpo de Guardias Presidenciales es una parte del Ejército, según la ley orgánica del mismo, que tiene por misión garantizar la seguridad del Presidente de la República, de su residencia y demás instalaciones conexas. Pero, ahora, está también resguardando el Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual, hasta donde se sabe, no es residencia del Presidente de la República, sino sede de un poder diferente: el Poder Legislativo.
Esta trasgresión de la ley consiste en asignar al Cuerpo de Guardias Presidenciales una función que la ley no le permite desempeñar. Pero lo más importante es que el recinto parlamentario se encuentra violado y que el presidente de la Cámara de Diputados está permitiendo tal violación. Primero, porque el presidente de la Cámara no solicitó la presencia de las tropas. Segundo, porque tales tropas no pueden estar bajo las órdenes del presidente de la Cámara sino –por mandato de la ley—del Presidente de la República. Tercero, porque las tropas no se identifican como tales, es decir, no portan uniforme militar reglamentario, insignias ni grados, como las leyes y tratados exigen.
Nadie puede negar que las guardias presidenciales deban acompañar al presidente de la República en todas sus actividades, pero, hasta donde se sabe, el señor Fox no realiza ninguna en San Lázaro, y no irá a ese palacio antes del primero de septiembre.
El “gobierno de la legalidad” no ha estado precisamente apegado a las leyes del país, pero ahora ha llegado a imponer al Poder Legislativo sus deseos, con la complicidad del presidente de la Cámara, quien es un panista y, por tanto, recibe --según se puede observar-- órdenes de Los Pinos. Contra todo esto luchaba el PAN hasta que ganó la presidencia en el año 2000. ¿Dónde quedó el viejo discurso panista? Pues en ningún lado.

Los movimientos saben qué quieren

Un movimiento sabe qué quiere pero no puede conocer hacia dónde tendrá que ir. La crisis postelectoral de México se debe a tres factores: la pequeña diferencia en el cómputo oficial, las muchas evidencias de alteración de los resultados y la ilegal intervención en el proceso del presidente de la República y dueños del dinero.
Mas el movimiento que expresa la crisis no es sólo una protesta sino la búsqueda de un camino político nuevo. El primer paso ha sido pedir el recuento de los votos como elemento suficiente para terminar con el movimiento, aunque el rechazo a la intromisión del gobierno tuviera que seguir por otros caminos. El nuevo conteo de una parte pequeña de las casillas arrojó mayores elementos para hablar de la alteración de los resultados, pero desde el principio todo mundo sabía que nada podría ocurrir que modificara sustancialmente el resultado numérico.
Ahora, el movimiento se prepara para dar una respuesta a la posible declaración del Tribunal a favor de Calderón. López Obrador ha empezado a poner énfasis en un cambio institucional que pudiera restar poder a los dueños del dinero, introducir en la agenda nacional la cuestión de la distribución del ingreso, profundizar el reconocimiento del pluralismo político, revertir el mal uso del patrimonio nacional, entre otros cambios. La cuestión es que el movimiento pueda continuar después de un veredicto judicial adverso.
Quienes piensan que este movimiento es producto del deseo o del capricho de una persona carecen de la mínima información o de capacidad para analizar fenómenos políticos de grandes masas. Así lo observa Calderón, según sus reiteradas declaraciones, lo cual podría ser sólo una manera torpe de encarar su falta de legitimidad si acaso el Tribunal le declara presidente. Los falsos anuncios de varios líderes panistas que hablan de un entendimiento con perredistas miedosos (clandestinos, por añadidura) son también expresiones que reflejan la falta de entendimiento de lo que ocurre en la vida política de México.
Si la propuesta inicial del movimiento es rechazada por el Tribunal, no existe otra salida política al problema electoral del país. Lo que tendría que verse es si el movimiento logra, en su continuación, nuevos y elevados modos de expresión y realización, con formas de lucha más complejas y de mayor duración que las usadas hasta ahora.
Todo movimiento tiene un reto diario: su continuidad; y tiene nuevos retos cada vez que ocurre algo nuevo: su fortalecimiento. Al mismo tiempo, este movimiento tiene que administrar las inevitables contradicciones que se presentan, por ejemplo, con sus propios gobiernos y con sus propios partidos. Por tanto, a cada paso y en la búsqueda de su profundización, el movimiento debe resolver tales contradicciones. En lo inmediato, la lucha parlamentaria de los partidos de la Coalición debe reflejar al movimiento, ser su instrumento, tal como corresponde al ejercicio de la verdadera representación popular.

Votos del espíritu santo

Tendríamos que imaginar lo que habría hecho Felipe Calderón si los cómputos distritales le hubieran dado a López Obrador una ventaja de 230 mil votos. No es difícil llegar a la conclusión de que el PAN habría impugnado una buena cantidad de casillas, pidiendo la nulidad de las mismas, de tal manera que el resultado se volteara, como ya ha sucedido en algunas ocasiones.
Para voltear una diferencia de 230 mil votos sería necesario anular unas cinco mil casillas donde el adversario hubiera ganado con una proporción mayor de dos a uno. Como tal cantidad de casillas es menor al 20 por ciento del total, la elección de presidente de la República no tendría que ser anulada y se declararía triunfador a Felipe Calderón.
López Obrador no hizo uso de este recurso, aunque muchas de las 11 mil casillas que fueron recontadas pudieron haberse anulado porque los datos de boletas entregadas antes de la elección no cuadran con los votos emitidos más anulados y papeletas sobrantes. Es claro para todo mundo que no puede haber en una casilla más boletas que las entregadas al presidente de la misma antes del inicio de la votación, a menos que el espíritu santo haya depositado sus propios votos.
Andrés Manuel reclamó un nuevo cómputo total y no la anulación de las once mil casillas en las que el Tribunal detectó contradicciones. Veamos la aritmética electoral: si las casillas recontadas fueran anuladas, ganaría la elección López Obrador.
Según lo que se ha visto en el recuento, se mantienen muchas de las llamadas inconsistencias aritméticas, pero el nuevo conteo está legitimando lo que los números no pueden legalizar.
Lo mejor sería que el Tribunal mandara contar otra vez todos los votos y que, además, se anularan las casillas donde hay más boletas que las recibidas, por aquello de que el espíritu santo nos hubiera hecho una implorada visita el pasado dos de julio.

A un paso del recuento

Algunos no discuten otra cosa que los plantones en el Paseo de la Reforma, pero el asunto de fondo sigue siendo el del recuento. El Tribunal Electoral ha creado la vía procesal para resolver la petición de abrir los paquetes como un incidente del juicio de inconformidad. En cualquier momento, los magistrados pueden estar en condiciones de votar si admiten la petición.
La base del recuento es la pequeña diferencia de votos. Este elemento no es despreciable y no se supera con la máxima de que una elección se decide por un solo voto. La anulación en Tabasco se produjo debido a una situación de iniquidad generalizada y demasiado evidente, pero el punto decisivo fue la pequeña diferencia entre los principales contendientes. Por más iniquidad, si no se hubiera presentado tan pequeño margen, la elección de gobernador de ese estado jamás se habría anulado.
La pequeña diferencia no es el único argumento, pero es el principal, ya que los indicios de errores o alteraciones de resultados se amarran en esas 58 centésimas de punto porcentual que arrojaron los cómputos distritales.
Es del todo natural que quien está abajo en los cómputos recurra al Tribunal Electoral. Lo mismo hubiera hecho Felipe Calderón. El asunto del plantón se debe a que, mientras el panista hubiera tenido todo el apoyo de los medios, del gobierno y de los grupos de presión para lograr el recuento, López Obrador no puede echar mano más que de la movilización de la gente. En otras palabras, Calderón es un candidato oficial y López Obrador es el dirigente de un movimiento popular a favor del cambio.
Los magistrados tampoco deben estar seguros de que los cómputos reflejan el sentido exacto de la votación. Y como no pueden juzgar algo sin tener todos los elementos, tendrían que recurrir a un nuevo cómputo. La idea de abrir sólo un porcentaje de paquetes para observar si los nuevos resultados están alejados de los originales y, de ser así, proceder con las demás casillas, no parece ser más fácil que la de ordenar el recuento completo. ¿Cuál sería la norma, y con base en qué, para decidir si hace falta abrir todos los paquetes a la luz de un resultado parcial por más representativa que pudiera ser la muestra seleccionada de casillas? ¿De qué tamaño debería ser la diferencia entre el cómputo anterior y el nuevo en la muestra de paquetes electorales? Con dos votos por casilla, en promedio, el resultado cambiaría por completo, por lo que sería mejor que el recuento fuera total y rápido, como en Costa Rica.