Salida política y jurídica

La propuesta de recuento de los votos del dos de julio es la única salida política, con plena base de carácter jurídico, que se ha hecho hasta ahora. Tenemos un cómputo demasiado cerrado y una percepción colectiva de que hubo malos conteos de votos. Frente a esto se requiere el recuento como salida del conflicto. Si alguien tiene otra propuesta, que la diga.
Pero no. Felipe Calderón sigue haciendo discursos priistas, es decir, vacíos, sobre la legalidad. El panista no habla del problema político del país, sino dice que las instituciones no deben someterse a “caprichos”: eso lo dijo siempre el PRI para evadir la cuestión política.
La lucha por el poder no es asunto de caprichos ni de puntadas, sino un proceso de lucha ideológica y política muy complejo, en el que intervienen los representantes de las clases sociales y de los grupos que se desprenden de éstas. Es una lucha de intereses que no puede trivializarse como lo intentan Calderón y seguidores.
El PAN ha balbuceado una posible salida que consistiría en un acuerdo entre los dos principales candidatos. Pero un pacto tendría que incluir el recuento de los votos y a eso no quiere ir Calderón. Por tanto, no puede haber acuerdo. Todo lo demás sería para otro momento y situación, pero, ahora, sólo podría haber un acuerdo que fuera suficiente en el plano político y jurídico.
Acuerdos en lo oscurito, al viejo estilo mexicano, no pueden darse por más que quieran los líderes panistas, acostumbrados por el PRI y el excelso ejercicio de su propia doble moral a las concertacesiones y demás linduras de la vieja política mexicana.
Si algún político, académico, comentarista, escritor –incluyendo director de periódico, naturalmente—tiene una propuesta de salida jurídica y política del conflicto mexicano de nuestros días, pues que la presente. Pero no puede ofrecerse la rendición, la postración, la claudicación o cosa que se le parezca. A quienes no quieren que haya recuento les caracteriza, al menos hasta ahora, la ausencia de análisis de la situación, lo cual les lleva a decir un no y basta. En tanto no intentan pensar sobre una verdadera salida, los enemigos del recuento sólo piden la sumisión del PRD y su candidato. Así no puede haber salida a conflicto alguno.

Recuento de votos

El único “argumento” esgrimido en contra del recuento de los votos es que éstos ya se contaron en las casillas. Es decir, no es un argumento sino un recordatorio de lo ocurrido. Lo que se pide es volver a contar lo ya contado.
¿Cuál es el propósito de un recuento de votos, mercancías, personas o lo que sea? Estar seguros de la cuenta. Calderón, por su lado, ya está completamente seguro, lo cual es del todo natural. No lo estaría el panista si López Obrador hubiera obtenido una ligera ventaja en los cómputos distritales: de esto sí que todos estamos seguros.
El resto del debate consiste en ataques contra López Obrador, como si éstos fueran a cambiar la situación política. No faltan quienes le atribuyen al perredista la intención de organizar algo así como una guerra civil en México. ¿La prueba?: las movilizaciones populares –de los violentos, insinúa Calderón y lo repiten sus seguidores--. Olvidan los panistas y sus buenos defensores que Fox declaró, cuando era candidato, que no reconocería el triunfo del PRI si no era por más de ocho puntos de diferencia; y lo dijo después de calificar de “marranada” a una sentencia de los actuales magistrados.
El Tribunal Electoral es quien tiene --más que nadie-- el imperativo de tener certeza sobre el resultado electoral exacto, pues la Constitución le encarga que esté seguro antes de hacer la declaratoria. Si los magistrados consideran que las cifras de los cómputos pudieran no ser del todo ciertas, observando la pequeña diferencia entre los dos principales candidatos, tendrán que proceder a ordenar el recuento.
Lo importante es que un tribunal no puede declarar un presidente electo si no tiene la absoluta certeza. Ningún magistrado –los conozco a casi todos—podría decir que el alcance del juicio de inconformidad sólo abarca la validez o nulidad de la casilla impugnada, pues ya se han rectificado resultados. Ningún magistrado electoral podría tampoco pensar que “sólo lo que está en actas es de este mundo”, pues el acta original es la papeleta electoral, la cual debe ser considerada como el documento básico del cual se desprenden todos los demás.
Hay algo que todo magistrado electoral sí sabe: la situación del país reclama el recuento, el cual está, por lo demás, al alcance de la mano de la magistratura. Ayer, AMLO dijo que si hay recuento asumirá el resultado. Ya está.

El IFE de hoy

El fracaso del Consejo General del IFE como árbitro imparcial, equilibrado y discreto ha quedado de manifiesto bajo todo punto de análisis. La explicación de fondo está en su origen.
El Consejo del IFE no quiso entrar a la discusión de la propaganda sucia hasta que se lo ordenó el Tribunal. Tampoco quiso aplicar la ley en materia de publicidad electoral y dejó en simple exhorto personal de unos pocos consejeros el asunto de los spots del Consejo Coordinador Empresarial. Así, la campaña sucia fue responsabilidad del IFE quien no quiso parar al PAN y a otros. En cambio, la Corte, por pedido de la Cámara, canceló inmediatamente los spots de Vicente Fox. ¡Qué contraste!
Ahora, el IFE litiga en los medios contra el PRD. Es como si el réferi de una pelea se pusiera a golpear a uno de los boxeadores.
Dice el IFE que todo lo hizo bien, incluyendo el conteo preliminar. Dice que la diferencia entre el PREP y los cómputos distritales es de cinco décimas de punto y que es ínfima. Pero no menciona que ésa es la diferencia que se anuncia entre los dos principales contendientes y que, por tanto, se está hablando de algo decisorio. Pero, además, es mentira que las cifras del PREP discrepen de los cómputos en sólo cinco décimas, pues en el conteo preliminar faltaban más de once mil casillas, las que, dos días después, las quisieron incorporar en una conferencia de prensa, aunque ya el mentado PREP se había cerrado. El funcionario que compareció el 4 de julio dijo que ahí estaban dos millones y medio de votos adicionales pero que, de todas formas, había ganado Calderón. ¿Qué árbitro es éste?
El Consejo General no puede hacer el cómputo nacional de la elección presidencial para anunciar un triunfador, pues ésta es facultad exclusiva del Tribunal. ¡Pero los consejeros lo hicieron!
Dice el IFE que ha suspendido la violación de los paquetes, luego entonces ésta no tenía base legal, pues de lo contrario la habría continuado por mandato de ley.
Ya se sabía que los nuevos consejeros no estaban preparados y que eran representantes de dos partidos: el PRI y el PAN. Lo que no estaba igual de claro era que iban a actuar en forma tan torpe y descarada a favor del oficialismo.
Y, para colmo, los consejeros se entregan a sí mismos un bono millonario sin ser miembros del servicio profesional del Instituto, lo cual explican con la sencillez de decir que ya estaba aprobado por ellos mismos desde enero.
El sistema electoral de la Federación no iba tan mal hasta que algo se nos atravesó en el camino.

Dinero y poder

Uno de los mayores obstáculos de la democracia ha sido el poder del dinero. Dueños de cuanta cosa existe –útil o no—los poseedores del dinero compran lo que desean, incluido antes que nada el poder del Estado.
Hace un par de años, en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, los “líderes cupulares”, como se les denomina, me pidieron que fortaleciéramos al IFE, que no lo criticáramos, que lo respetáramos. Hace unos días, esos mismos líderes –casi todos empresarios mediocres—desobedecieron al IFE, lo encararon, lo despreciaron. ¿Por qué?
El planteamiento de respetar al IFE fue hecho, bajo la divisa de la estabilidad política, al partido que había votado en la Cámara en contra de la designación de los actuales consejeros electorales. La desobediencia al IFE fue hecha por el mismo Consejo Coordinador Empresarial bajo la encomienda de cerrar el paso a la izquierda: el bien mayor para ese empresariado no es la estabilidad sino el poder.
Los spots del tal Consejo fueron claramente violatorios de la ley, pues tenían un carácter electoral. Antes, fue posible callar a todos los poderes públicos, incluyendo al Presidente de la República, aunque con grandes dificultades, pero fue imposible callar a los representantes de poderes fácticos, es decir, no elegidos pero efectivos.
El tal Consejo fue descarado y, después, cínico: “nuestras tesis son nuestras tesis”, dijo su presidente. Ahora resulta que las “tesis” del organismo empresarial –dícese de “cúpula”—sólo deben ser divulgadas en spots cuando el país está en la víspera de una elección presidencial y la izquierda puede ganar. Pero, además, las tales “tesis” consisten en que nada cambie, que continúe la misma política y que los fantasmas sean asesinados antes de que encarnen.
Qué lástima que tengamos un IFE tan titubeante, débil y parcial, cuando merecemos un otro con los atributos contrarios. Y qué lástima que tengamos un gobierno tan faccioso, como ya ha sido documentado hasta el cansancio.
Aquí surge una tarea democrática, la cual es permanente mientras rija el sistema imperante: impedir que el poder económico decida la constitución del poder político.

Que se abran los paquetes

No es ilegal abrir paquetes electorales y hacer un nuevo conteo de votos. Por el contrario, la ley lo autoriza cuando el propósito es esclarecer el resultado de la casilla. El Tribunal también lo ha hecho.
Sí, en efecto, se trata de un procedimiento especial, mas la situación del país también lo es. La pequeña diferencia entre los dos principales contendientes aconsejaba ayer y aconseja hoy que el principio de certeza se aplique de manera exhaustiva, el cual a su vez es otro principio jurídico.
Los errores o alteraciones en los resultados, que en ocasiones normales no afectan mucho el cómputo, ahora pudieron haber inclinado una balanza que se encuentra casi equilibrada. Para resolver situaciones como ésta existe el criterio de la autoridad, la cual está dotada de los poderes necesarios para garantizar la certeza de todo el procedimiento.
Lo que se busca, ante todo, es comprobar el sentido exacto de la votación: la voluntad de los electores. Es repudiable, por tanto, decir que verificar el sentido de los votos sea una ofensa contra los votantes.
Ya que el IFE se mantuvo en su actitud parcial, ahora toca al Tribunal Electoral desfacer los entuertos. Mas aún cuando la diferencia en el conteo de los votos se ha comportado como la matrioska rusa, que cada vez que se abre aparece otra más pequeña. El PREP fue un fracaso por primera vez desde que el IFE se hizo independiente, ya que fue manipulado. Las más de once mil casillas que no entraron al conteo preliminar, en su conjunto daban más votos a AMLO que a Calderón.
No es cierto que abrir los paquetes sea causal de nulidad, como ha dicho el PAN: lean el Código, señores. La anulación de una elección en Tabasco no se produjo por la tal apertura sino por muchas causas que afectaron el principio de equidad. Uno de los muchos argumentos judiciales fue que la apertura de los paquetes había sido ordenada por el entonces gobernador, un tal Roberto Madrazo, pero nada más.
Acudir al Tribunal Electoral no es sólo un derecho sino parte del sistema electoral marcado en la Constitución. El IFE no valida ni califica la elección sino que se encuentra sujeto a la autoridad jurisdiccional. Apegarse a la ley es acudir al Tribunal, por lo que tal actitud no debe ser vista como algo irregular.
Recordemos, por último, una anécdota: cuando Fox era candidato –bajo un IFE equilibrado y la misma ley de ahora—anunció que no reconocería su derrota si no había más de ocho puntos porcentuales de diferencia. Hoy, el IFE es francamente intransigente y parcial, además de que la diferencia no llega a las ocho décimas de punto porcentual. ¿Entonces qué, señores del PAN?