A lo que vino Aznar

José María Aznar vino a México a provocar. No es posible admitir que el ex presidente del gobierno español, presidente de honor de la Internacional Demócrata Cristina y parlamentario de su país, ignore las regulaciones mexicanas en materia de extranjeros. Que tales normas no sean del agrado de un europeo es cosa entendible pero la Constitución de México está vigente.
Además, quienes le trajeron conocen muy bien lo que dice el artículo 9 de la Carta Magna y, también, el artículo 33. Así que no pueden decir que se trata de un rechazo a la persona de Aznar sino a que éste haya participado en una reunión para tratar el tema de la disputa por la presidencia de la República y el Congreso. Se sabe de sobra que el político español simpatiza con Calderón y con el PAN, pero es otra cosa que él concurra a una reunión con el exacto propósito de hacer propaganda.
Aznar es un político provocador. Durante un tiempo –“váyase señor González”, decía todos los días en el Congreso de los Diputados—le dio resultados ser así. Después, siguió polemizando fuerte con las oposiciones y se defendía –a veces con provocación—en el parlamento. Al final, Aznar quedó como quien había convertido a España en potencia de ocupación en Irak sin el suficiente respaldo interno. Al final, también, quedó como un mentiroso al afirmar que los atentados de la estación de Atocha, en Madrid, habían sido realizados por ETA, en la víspera de las elecciones españolas, lo cual le ayudó a la oposición socialista en una competencia que se veía muy difícil.
Aznar odia a las izquierdas donde quiera que éstas se encuentren. Tiene el síndrome del franquismo de la época actual, es decir, el que admite sin remedio la concurrencia democrática, pero es un nacionalista de la gran España. Por esto le ha traído a México el Partido Acción Nacional. Pero, al hacerlo, el PAN muestra desesperación y no ha pensado en la posibilidad de que la injerencia de Aznar termine por perjudicarle.
Por lo pronto, el político español ha logrado provocar y el PAN sólo puede defenderle acusando a los líderes de las oposiciones de ser xenófobos y atentar contra la libertad de expresión.
Sí, la norma que autoriza al gobierno a expulsar a cualquier extranjero, sin juicio previo, es francamente violatoria de los derechos humanos de quienes no son mexicanos y, por tanto, exhibe xenofobia, al menos a la luz de los tiempos que corren. Pero no se trata de eso, sino de la decisión del PAN de traer a Aznar a reforzarle en la campaña electoral.
Por el otro lado, el artículo 6 de la Constitución no limita a un extranjero en la manifestación de sus ideas. Es el artículo 9 quien impide a quienes no son mexicanos tomar parte en reuniones con propósitos políticos internos, mientras que el tan criticado artículo 33 dice que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En los hechos, no es lo mismo que un académico u otro cualquiera venga a México y critique todo lo quiera a que un político extranjero forme parte de una campaña electoral. Por más que se tenga que ver la Constitución con una actitud de tolerancia y, más aún, a la luz del mundo en el que vivimos, no hay derecho a que un partido traiga a un provocador y lo meta de propagandista de Felipe Calderón.
Aznar se fue antes de lo previsto por él mismo. Vino a provocar: lo logró, pero el PAN no quedó bien con la provocación.

“No somos santos”

Cuando el gobernador de Puebla, Mario Marín, le dice a su amigo y héroe, Kamel Nacif, “no somos santos”, el político no le está diciendo al empresario que, en verdad, la santidad carece de existencia, lo cual casi nadie duda, sino que le está diciendo que ambos son corruptos pero que eso se tiene que probar. Que presenten pruebas, dijo el gobernador, mientras que el empresario hablaba de que todo este asunto es una porquería o algo así, en lo cual nadie está dispuesto a contradecirle.
Ahora, el gobernador poblano nos sale con el chiste de que no es su voz la que oímos en las grabaciones. Pues será entonces la voz del arcángel San Miguel –¿o era San Jorge?--, implacable con los dragones, como él mismo lo ha sido con la periodista Lydia Cacho.
Como las ahora tan escuchadas grabaciones fueron producto de un delito, entonces el PRI dice que no, que es necesario perseguir a los delincuentes que intervienen teléfonos pero jamás a quienes violan la Constitución dando órdenes al Ministerio Público, el cual se supone –digo—que es una institución de buena fe en la cual la sociedad –¡oh, ilusa!-- ha depositado las armas de su propia protección. Así, el candidato del PRI a la Presidencia de la República ya nos dijo que él no cree nada; sólo le falto de decir que nada de nada y que ni siquiera cree en él mismo.
Sí, no hay santos pero no se trata de santidades sino de personas que se han tomado el poder para promover sus intereses e, incluso, sus caprichos más bajos. El empresario de marras ya había dado órdenes para que la periodista fuera violada en la cárcel, después de que la condujeron desde Cancún hasta la capital poblana por órdenes de funcionarios confabulados conducidos por un héroe, el mismo señor Nacif, quien dice dos o tres palabras soeces en cada frase… de las cortas.
No, no, no, el héroe eres tú, mi gober, en lo cual tenía razón el empresario, pues quien al fin de cuentas dio las órdenes no fue Nacif sino Marín, aunque a petición del primero. El que violó la Constitución no fue el mezclillero sino el gobernador. ¿Quién es el pederasta? Eso no lo sabemos de cierto pero tiene poca importancia en este capítulo de la comedia. Lo importante es que el gobernador de Puebla no es santo pero combate a quienes se sienten Dios, es decir, los periodistas que se meten con sus amigos.
Menos mal que el señor Marín ya no podrá reclamar un lugar al lado del Creador, donde están los ángeles, sino deberá rendir cuentas de su calidad pecadora, según ya lo ha confesado. Mas tendría, por lo pronto y mucho antes de llegar al cielo, que comparecer ante un órgano jurisdiccional de carácter político, ya sea en el Congreso de la Unión o en la legislatura de Puebla, pues sus actos son de aquellos que están previstos como violaciones de la Carta Magna que se pagan con la separación del cargo y la inhabilitación. Y tendría, después, que ser sometido a un juicio penal.
Pero no parece que algo como esto vaya a suceder en este país de las maravillas políticas. El viejo régimen se nos ha ido pero han quedado muchas de sus peores expresiones, en especial la impunidad de los gobernantes que le dan órdenes al Ministerio Público o reparten favores entre familiares y amigos.
Algunos lectores curiosos se estarán preguntando a estas alturas ¿qué vamos a hacer ahora? Les digo que puros trámites, es decir, una denuncia de responsabilidad política de ésas que son comida de los ratones en la Cámara de Diputados desde hace unos 90 años. El juicio político, como institución democrática, no existe en absoluto más que en ese papel que se llama Constitución, lo cual sería de risa loca si no fuera porque es en verdad dramático.
Cuanta falta hace que el fiscal sea independiente del Ejecutivo. Pero más falta hace que los gobernantes sean sencillamente probos, es decir, que cumplan con su deber. Por lo pronto, hay que crear una situación política que le haga a Marín imposible permanecer en el cargo.

¿De quién es la soberanía?

¿En qué estaría pensando el funcionario estadunidense que autorizó la operación del hotel Sheraton? ¿En qué estaría pensando el funcionario mexicano que autorizó que se dijera que el incidente era un asunto entre particulares?
Nadie va a creer que desde una oficina cualquiera del Departamento del Tesoro salió la idea de que era necesario advertir a la empresa operadora del María Isabel-Sheraton que si no impedía la reunión de negocios entre funcionarios cubanos y empresarios estadunidenses en el edificio del hotel se exponía a una sanción legal de parte del gobierno de Estados Unidos. Tuvo que haber intervenido el Departamento de Estado desde el momento mismo en que alguna agencia de información o espionaje norteamericana informó que se iba a llevar a cabo el encuentro. Por tanto, la acción estadunidense tuvo un carácter de acto de política exterior. Más aún cuando el Departamento de Estado conoce muy bien la existencia de una ley que impide a cualquier persona, dentro del territorio mexicano, ya sea un individuo, empresa u organismo, obedecer órdenes de aplicación de una ley extranjera que sea contraria al derecho internacional.
El hotel Sheraton es operado por una compañía estadunidense, pero todas las empresas extranjeras en México están sometidas al régimen jurídico mexicano. ¿Con cuál de los dos gobiernos tenía que enfrentarse la empresa hotelera norteamericana? Ya se ve que decidió vérselas con el gobierno de México.
Al tiempo, el gobierno de Estados Unidos consideró que aplicaba una ley estadunidense al ordenar a la empresa hotelera con sede en Arizona que rechazara –en México-- la celebración de una reunión de negocios en la que iban a intervenir ciudadanos cubanos y que, además, echara a éstos a la calle. Estamos, por tanto, frente a un acto de agresión contra la soberanía de México, ya que el gobierno de Estados Unidos, al considerar que su propia ley es de aplicación internacional, rehúsa reconocer la existencia de la ley mexicana, es decir, de la capacidad soberana de México para darse sus propias leyes y hacerlas cumplir dentro de su territorio. En otras palabras, al mandar a cumplir la ley estadunidense, se tiene por fuerza que desconocer la legislación del país donde se lleva a cabo dicho cumplimiento.
Y luego, la Secretaría de Relaciones Exteriores salió con el cuento de que la expulsión de los cubanos del hotel era un asunto entre particulares, lo cual es insostenible desde todo punto de vista, aunque no hubiera sido en acatamiento de un mandamiento de gobierno extranjero. Pero, el funcionario mexicano que creyó conveniente decir la tontería que dijo estaba de seguro pensando que un problema con unos funcionarios cubanos no iba a ser un problema para el gobierno de México. La cuestión es saber si el señor Derbez, desde Europa, supo lo que se iba a decir. De cualquier forma, se nota que en la cancillería mexicana ni siquiera sabían que aceptar órdenes de un gobierno extranjero con el propósito de aplicar una ley contraria al derecho internacional es un acto ilegal que debe ser sancionado por la misma Secretaría.
Ahora podemos llegar a una pregunta aún más pertinente: ¿de quién es la soberanía? Es evidente que nuestro país no puede admitir que el gobierno de Estados Unidos ordene a cualquier empresa estadunidense, en México, la aplicación de una ley, pues tal hecho implica que las leyes mexicanas no son vigentes en el territorio nacional, es decir, que nuestro país no es soberano para decidir y aplicar su propio régimen jurídico.
Al aplicar la ley mexicana, el gobierno de México estaría rechazando la pretensión de las autoridades de Estados Unidos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo se va a prolongar esta situación?
Aún falta otra pregunta: ¿por qué el gobierno de México admite que las reuniones de funcionarios cubanos y empresarios estadunidenses, o de cualquier otro país, sean objeto de espionaje dentro del territorio nacional?Dos últimas: ¿la orden gubernamental estadunidense girada a la empresa del hotel Sheraton es parte de un cambio de política de Estados Unidos hacia México? ¿El gobierno de Washington va a seguir persiguiendo a los cubanos y a los estadunidenses –quizá también a los mexicanos—que pretenden hacer negocios? Pues que lo averigüe el señor Derbez.

Cuál sistema político

Ha llamado la atención que Andrés Manuel López Obrador mencione a tres posibles integrantes de un gobierno por él encabezado y que los mismos sean personas sin partido. Y llama más la atención debido a que el gobierno de la ciudad de México fue integrado por el mismo Andrés Manuel con una mayoría de militantes del PRD, lo cual se mantiene hasta hoy.
La “búsqueda de cerebros” había quedado a cargo de Vicente Fox en el periodo de integración de su gobierno, pero Andrés Manuel no titubeó ni un momento en escoger a personas muy ligadas al PRD y a la dirección de éste, con un par de excepciones relevantes.
Podría decirse a vuelo de pájaro que los candidatos deben buscar amplitud política en sus proyectos, parte de la cual es la manera de integrar el gobierno. Pero el valor electoral de tal mensaje es de muy dudoso significado. Así que es mejor analizar el asunto a la luz del sistema político.
Una de las características del régimen presidencialista que siempre ha estado vigente en el país desde la creación de la República es que el Poder Ejecutivo, encarnado en una sola persona, se hace cargo de integrar su gabinete en solitario. El jefe de Estado y de gobierno nombra y remueve a los secretarios de despacho y demás altos funcionarios. Lo mismo hacen los gobernadores.
Esta parte del sistema político mexicano es producto de la debilidad ancestral del régimen de partidos. En México, casi siempre hubo un partido ampliamente hegemónico y, durante la mayor parte del tiempo, en los siglos XIX y XX, tuvimos un presidente fuerte, a tal grado que los mandatarios débiles se recuerdan muy bien.
Los partidos han sido instrumentos del poder por lo que sólo operan como tales en la oposición. Una vez que el candidato del partido asume el Ejecutivo, las funciones políticas son capturadas por el mandatario y el partido se somete al gobierno que se ha logrado gracias a su propio esfuerzo.
Así ocurrió muy señaladamente con el PAN, quien ha sido en estos años el último vagón del tren presidencial.
Al PRD en el DF le ocurrió algo lamentable en este último periodo, cuando los delegados se convirtieron en los operadores políticos a favor de sí mismos con el único fin de garantizar su hegemonía en los procesos electorales internos del partido. Así, en la mayoría de las delegaciones el titular de la demarcación se hizo jefe político de facción y el PRD se nutrió, principalmente, de las clientelas de esos órganos administrativos, con lo cual el componente ciudadano fue segregado.
El futuro de la democracia mexicana –si es que ésta en verdad puede florecer—tendría que ser bajo un sistema de partidos, en el que predominaran el proyecto de cada formación política y los líderes de los conglomerados partidistas. Si los partidos siguen siendo usados para que aporten votos y se les niega su capacidad de formar gobierno, las cosas no irán más lejos que el viejo sistema presidencialista que ya se ha agotado.
Lo anterior no quiere decir que en un gobierno no deba figurar algún académico, artista, intelectual o político independiente, sino que el predominio de éstos no es lo que puede llevar a conformar un sistema de democracia funcional, es decir, ligada a la realidad política del país.
Lo que requiere la democracia, entre otras cosas, es certeza política para que después de las elecciones se sepa cómo se va a comportar el gobierno elegido, lo cual no sólo depende del jefe sino de todos los demás gobernantes. Mas la democracia también requiere de la participación de los miembros de los partidos, ya que estas organizaciones expresan grandes corrientes de opinión y están compuestas por personas que tienen ideas e intereses comunes. Partido y gobierno no pueden, desde este punto de vista, caminar separados, como tampoco es funcional que el partido se someta a un gobernante solitario. Vivimos otros tiempos: que ya se vean.