Protesta contra Calderón y Campa

En nombre del inexistente Sindicato Mexicano de Contribuyentes presento formal protesta en contra de los ciudadanos Felipe Calderón y Roberto Campa, candidatos a presidente de la República de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, respectivamente. Motiva esta airada protesta las sendas propuestas que ambos han presentado sobre cómo castigar más a los contribuyentes bajos y medios.
El señor Calderón propone una tasa única a partir de un ingreso de cuatro salarios mínimos. Dicha tasa –dijo—sería de 24 por ciento sobre todo el ingreso, sin deducciones. Una situación así traería como consecuencia un aumento para la gran mayoría de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, quienes tienen ahora tasas más bajas que el 24 por ciento propuesto, y aún si fuera del 20 sin deducción alguna. Al mismo tiempo, la propuesta del señor Calderón llevaría a una disminución de los impuestos pagados por los grandes contribuyentes, los cuales son la minoría en el país.
Dice la Carta Magna que es obligación de todos los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Una tasa única a partir de cuatro salarios mínimos no sería proporcional y equitativa, pues lo mismo daría una persona con cien mil pesos de ingreso anual que otra con cien millones.
El impuesto flat del 19 por ciento está vigente en Rusia y opera en un país cuyo Estado carece de vergüenza y es esencialmente corrupto, pero a México, que ha sido esto último, nomás que le resta perder la vergüenza, lo cual sería lamentable.
Como el sindicato que yo represento es absolutamente inexistente y los sufridos contribuyentes, en su mayoría, carecen de instrumentos de defensa, el señor Calderón se aprovecha de tal circunstancia y lanza una ofensiva –hasta ahora sólo propositiva—para obtener el aplauso de los grandes contribuyentes que dejarían de aportar a los gastos públicos una suma considerable, a costa del aumento del impuesto a la mayoría.
Si la propuesta de Calderón fuera la de aumentar la progresividad en las tasas del impuesto a la renta, la protesta estaría a cargo de las organizaciones empresariales del país, los banqueros y todos aquellos que tienen altos ingresos pero, como los potenciales afectados por sus brillantes ideas carecen de organismos de defensa, nadie había protestado hasta hoy. Ante esta situación tan lamentable, hace falta contradecir al candidato panista aún en nombre de lo que no existe, en la inteligencia de que los contribuyentes que serían víctimas de su despropósito sí existen y son muchos.
En cuanto al señor Campa, habría que decir que la idea de imponer contribuciones a la compra de alimentos básicos, transporte público, libros, etcétera, ha sido rechazada por considerase que mientras el pueblo mexicano esté tan pobre y sea tan baja la capacidad recaudatoria del Estado, ese impuesto quedaría en manos de los comerciantes en pequeño aunque lo vayan a pagar los compradores de alimentos, por lo que los ingresos del fisco no aumentarían gran cosa. Además, la gente pobre de este país destina a la compra de alimentos hasta el 80 por ciento de su ingreso mientras que los ricos sólo utilizan el cinco. El impuesto, con todas sus desviaciones, se pagaría por quienes menos tienen, los cuales son más de la mitad de la población.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, señores candidatos, el Sindicato Mexicano de Contribuyentes (inexistente) les exige que dejen de amenazar a la mayoría de los sufridos mexicanos y que se pongan a pensar en otras cosas o, sencillamente, a pensar.

Arrancan los candidatos

El arranque legal de las campañas con rumbo a la Presidencia de la República ha sido anunciado con toda solemnidad por el Instituto Federal Electoral. En realidad la contienda electoral ya había iniciado desde mucho antes. Los principales partidos políticos han tenido varios meses de concurso interno y, desde hace años, sus candidatos han estado en una clara actividad tendiente a obtener el voto ciudadano.
Según las encuestas conocidas, Andrés Manuel López Obrador sigue adelante mientras que Felipe Calderón se ubica en el segundo puesto y Roberto Madrazo ocupa el tercer lugar, por primera vez en la historia del PRI. El puntero tendrá que buscar la elevación de su ventaja hacia el 40 por ciento indispensable para asegurar la presidencia. El candidato del PAN verá ligado su futuro al prestigio del gobierno, para lo cual Vicente Fox se encuentra en campaña y, al parecer, así seguirá durante los próximos meses. Para el candidato priista la situación es más complicada, pues sus simpatizantes son casi todos militantes y simpatizantes del PRI mientras que los ciudadanos sin partido casi no le apoyan.
El discurso del candidato perredista tendrá que basarse en el postulado de que la política económica y social del gobierno debe ser modificada. Este planteamiento es en realidad la principal ventaja de quien ya se encuentra adelante, pues sus dos principales adversarios plantean que las cosas deben seguir iguales y que sólo el liderazgo debe cambiar, lo cual, por lo demás, es inevitable.
El deslinde que pretende hacer Felipe Calderón del actual presidente sólo abarca los aspectos donde el fracaso o el ridículo son mayores, pero es claro que se verá beneficiado de una buena imagen del papel de Fox, lo cual le hace ser demasiado dependiente de lo que otros decidan, es decir, sus compañeros de partido que se encuentran en el Poder Ejecutivo.
El gran problema de Roberto Madrazo es que sus principales referencias son el régimen político implantado por el PRI y las políticas económicas de los últimos presidentes salidos de ese partido. Pero además, ahora sabemos oficialmente que Madrazo es rico y que cuenta con una fortuna inexplicable si se analizan los empleos que ha tenido durante toda su vida.
Según las encuestas y la situación política del país, la pelea se va ir perfilando entre el perredista y el panista. Si esto se consolida, tendremos voto útil de personas sin partido, pero también de priistas, por primera vez. ¿Cuántos miembros y simpatizantes del PRI prefieren a la izquierda antes de dar una segunda oportunidad a la derecha panista? En verdad es difícil advertir desde ahora una respuesta convincente. Esta situación de dos rivales importantes en la que uno sea del PRD y el otro del PAN sólo se ha presentado en la capital del país en las elecciones locales, pero el desenlace de entonces no es concluyente para conocer el comportamiento probable de esa franja de votantes priistas que pudieran dar su voto por otro partido. Además, habría que considerar que el voto duro del PRI es tan duro como el dinero que reparte ese partido entre sus propios miembros para garantizar su presencia en las urnas.
Existe un 15 por ciento de votantes que decidirá la contienda presidencial. ¿Dónde está ubicado principalmente ese porcentaje? Probablemente se encuentre repartido entre las diversas clases sociales, pero por razones estadísticas una mayoría de ese fragmento tendría que ubicarse entre el pueblo trabajador. El camino de López Obrador tendría que ser acentuar sus planteamientos populares, hacia una nueva política económica y social, así como en torno a nuevos avances en la democracia política. Los empresarios, en su mayoría, votarán de seguro en favor de Felipe Calderón, pues Madrazo, aunque es rico, no parece ser un contendiente con posibilidades de obtener el triunfo.
Así estamos hoy, en el arranque legal.

Fox frente a Evo

En muchos sentidos, Evo Morales, presidente electo de Bolivia, es lo contrario de Vicente Fox. Apenas el boliviano declaró que no permitirá el saqueo de los recursos naturales de su país, el mexicano dijo que “allá ellos” (los bolivianos) si no quieren vender su gas, se lo tendrán que comer. La insensatez del presidente mexicano no podía ser mayor, ya que eso de mandar a un pueblo entero a comer gas no es otra cosa que un insulto, el cual, proviniendo de un jefe de Estado, no es admisible.
La estupidez y el insulto –coincidencia nada insólita en Fox—expresan una posición ideológica del mandatario mexicano, quien es un ferviente partidario de la privatización de los recursos naturales, en especial de los energéticos. Fox no puede comprender la situación de un país en donde el saqueo ha sido causa de persistente rebelión política de masas. En realidad, Evo Morales triunfó en las elecciones presidenciales debido a que en la última caída de un mandatario boliviano el país entró en una situación muy cercana a una crisis revolucionaria. La respuesta de la mayoría absoluta de los votantes ha sido demasiado clara como para no querer ver las cosas como han sido en ese sufrido país mediterráneo de Sudamérica.
Vicente Fox supone que es mejor cobrar impuestos por la extracción de gas que extraerlo y venderlo directamente. Lo que hacen las trasnacionales en Bolivia es el gran negocio; de otra manera no estarían ahí, mientras que el país se queda sólo con una parte del valor de su propia riqueza. Esta situación se fue vinculando poco a poco con la pobreza ancestral de la mayoría del pueblo boliviano. Hay que tomar en cuenta también que Bolivia, a diferencia de otros países sudamericanos, tuvo una revolución –la de 1952--, por lo que la experiencia histórica sigue en la conciencia de las actuales generaciones.
Evo Morales es un indígena mientras Fox es un criollo. Cuestión racial que con toda su crudeza arroja formas enteramente diferentes de observar la realidad y de vivir. Pero junto con la cuestión étnica en todas sus dimensiones, existe también la otra gran diferencia que genera enfoques distintos: Fox es un capitalista y Evo Morales es un trabajador.
Los intereses nacionales de Bolivia deben ser definidos por los bolivianos dentro de una libertad que empezarán a tener bajo la presidencia de Evo Morales, pero de manera alguna por Vicente Fox, quien no ha sido capaz de acabar con Pemex y la CFE, aunque les ha hecho mucho daño, como corresponde a su ideología. La derecha mexicana, cada vez más influyente en el PAN y en el PRI, ha fracasado en buena medida. La conciencia nacional, en México, ha sido más poderosa que el postulado reaccionario de que los Estados no deben hacerse cargo de la energía de sus respectivos países, tal como eran las cosas en la realidad mexicana antes de 1938.
En realidad, Morales no se opone a la inversión extranjera en Bolivia sino al saqueo de los recursos naturales de su país. Pero también busca que el ingreso se distribuya de otra manera y que las inversiones de todo tipo sirvan para elevar el nivel de vida del pueblo trabajador.
Así las cosas, es tanta la insensatez del gobierno mexicano que el canciller Derbez se ha inconformado ante el anuncio hecho por Evo Morales en el sentido de que invitará al EZLN, junto con otros muchos representantes de movimientos populares del hemisferio, a estar presente en su toma de posesión. Mal haría un presidente que ha surgido de los movimientos de masas de su país de no invitar a organizaciones del mismo carácter y no sólo a los gobiernos. Derbez debería ser respetuoso de las decisiones de otros Estados sobre asuntos de su exclusiva competencia. Nadie criticó a Fox por haber invitado en el 2000 a organizaciones y líderes políticos con quienes tiene cercanía ideológica.
Mas ya ha dicho Evo Morales que espera la presencia de Fox en Bolivia para discutir con él en persona. Exhibe aquí mejor educación, sin duda, un trabajador pobre que un rico mediocre. Sí, es también cuestión de cultura. Hay quienes no saben discutir, como Fox. Hay quienes siempre han discutido y están dispuestos a debatir cualquier tema, como Evo Morales.

Claro que existe complot

En español de España se escribe compló, tal como se pronuncia en la lengua original del término que es el francés. En los medios de comunicación esta palabra se ha prestado al choteo y se usa como expresión de lo absurdo, el pretexto o la simple inocentada. Pero sí hemos tenido confabulaciones de servidores públicos y de partidos para cerrar el camino a Andrés Manuel López Obrador.
Entre la Secretaría de Gobernación, la PGR y Fernández de Cevallos hubo una confabulación para procesar de manera escandalosa la información que tenía en su poder Carlos Ahumada, en lugar de darle a ésa un manejo institucional y proceder conforme a la ley. Lo mismo ocurrió con el asunto de El Encanto --obra vial cancelada por el gobierno capitalino a partir de la suspensión ordenada por un juez federal-- que fue convertido en vulgar instrumento jurídico para llevar a cabo un plan de carácter político: impedir la libertad de sufragio de la ciudadanía.
En la medida en que las encuestas de opinión le han dado a Andrés Manuel una ventaja, los políticos de los viejos partidos vuelven a confabularse. La idea de dar autonomía al Sistema de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores busca arrebatar al próximo gobierno información sensible de carácter fiscal y financiera referida a personajes que se han enriquecido de manera ilícita.
No existe argumento válido para que el gobierno deje de ser el responsable del cobro de los impuestos e informe de tal actividad a través de la Cuenta Pública. En el proyecto presentado en San Lázaro por un diputado priista, pero con el completo acuerdo del gobierno federal, no se explica la manera en que el SAT daría cuenta a la nación del cobro de los impuestos. El gobierno es elegido para cumplir las leyes y las de carácter fiscal son más importantes que otras, de tal manera que si el Poder Ejecutivo ya no va a poder siquiera hacer planes para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado –el mayor talón de Aquiles de México--, no podrá tampoco mejorar el gasto público.
No se trata sólo, por cierto, de despojar al gobierno Federal de un instrumento fundamental, sino también inhabilitar al Congreso, ya que el Senado se limitaría a confirmar los nombramientos de los integrantes de la junta de gobierno del SAT, sin que pudiera examinar la gestión de los mismos.
Quitar al Poder Ejecutivo la autoridad para el cobro de los impuestos significa también arrebatarle la capacidad de ordenar la recaudación en todo el país y realizar convenios fiscales con las entidades federativas, además de convertir a la Secretaría de Hacienda en el organismo encargado de colocar los bonos gubernamentales y realizar las funciones de la Subsecretaría de Egresos. ¿Quién haría los estudios hacendarios del gobierno? ¿Quién haría los cálculos sobre los ingresos federales? Nadie.
El proyecto está hecho ante la eventualidad de que López Obrador sea el presidente y tan es así que nada tiene que ver con la innegable y urgente necesidad de fortalecer al SAT.
En cuanto a la Comisión Bancaria, las cosas son igual de claras: se busca que el gobierno deje de tener información de movimientos bancarios y fiduciarios de políticos y empresarios ligados a éstos. Los procedimientos fiscales y penales contra actividades ilícitas podrían no iniciarse nunca en la medida en que la autoridad bancaria sería por entero independiente del gobierno. Tan simple como que el primitivo sistema mexicano de detección de lavado de dinero se convertiría en puro humo.
Los organismos llamados autónomos, como el electoral o el de fiscalización de recursos públicos, tienen por objeto limitar o controlar al Poder Ejecutivo. Así, el IFE se creó para que el gobierno no organizara las elecciones a las cuales concurre su partido. La Auditoría de la Federación se inventó para que el Ejecutivo no se fiscalizara a sí mismo ante la nulidad de la vieja Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. La autonomía universitaria, como sabemos, es el estatuto para dar libertad a las instituciones públicas de educación superior.
El Banco de México, en cambio, fue declarado autónomo como producto de una presión del Fondo Monetario Internacional, con lo cual el llamado “gobernador” no le entrega cuentas a nadie ni le importa el desarrollo económico del país.

Sí hay compló en la medida en que existe confabulación de servidores públicos y políticos irresponsables que sólo están preocupados por la llegada del PRD a la Presidencia de la República. Son funcionarios y políticos pequeños, asustadizos y asustados que preparan para febrero una reforma constitucional que, si fuera aprobada, sólo perjudicaría, en realidad, al Estado nacional mexicano.