Cuando el poder se disputa

En México, no siempre ha estado el poder en disputa. Durante los años de la dictadura liberal del siglo XIX, el poder estaba definido y las luchas internas en el Estado eran para lograr ciertas posiciones, pero nada más. Durante los años de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional las cosas eran aproximadamente iguales que durante el siglo anterior. Por fortuna, la caída del poder priista no se produjo mediante una guerra civil sino a través de un proceso de transición, aunque tan lento como inseguro.
Se puede decir que el poder esta en disputa. Los principales partidos políticos de México han resuelto más o menos bien sus problemas internos y ya tienen candidatos debidamente investidos como tales. Mas otros factores de la disputa no están todavía del todo definidos. No se sabe, por ejemplo, si los mayores empresarios del país harán un pacto para presentarse unidos en favor de uno de los tres candidatos, o mejor dicho uno de dos (PAN o PRI). No se conoce tampoco con completa claridad la actitud que asumirá la iglesia católica, siempre tentada a buscar algún grado de militancia política. Tampoco se sabe si los grandes medios de comunicación –tan sólo dos cadenas de televisión—van a presentarse como imparciales o pondrán su enorme fuerza en favor de algún candidato. Finalmente, aunque las promesas de la Casa Blanca han sido en el sentido de que la democracia debe ser respetada, no existe aún evidencia de que el gobierno estadunidense actuará de manera efectivamente respetuosa.
La lucha por el poder mueve en verdad los intereses siempre en pugna en la sociedad. Por esto, es de esperarse que, de una u otra manera, los poderes fácticos de México operen a favor de uno o en contra de otro candidato. Claro está que para tomar tales decisiones se requieren varios factores, tales como la unidad interna de la corporación, la convicción de que el apoyo hacia uno de los contendientes puede ayudar efectivamente, el grado de desesperación para cerrar el camino a algún candidato a costa de que triunfe cualquier otro. Pero en alguna medida las definiciones políticas se van a ir presentando.
La convocatoria de Carlos Slim a diferentes líderes sociales para definir el programa de todos los mexicanos y, bajo este paradigma, llevar a los candidatos a firmar el documento llamado de Chapultepec, no es más que una forma de tratar de alcanzar un compromiso para que nada cambie verdaderamente en el país con el triunfo de uno y otro aspirante. El bando más conservador es siempre aquel que tiene más intereses ya realizados que defender.
El mayor problema, sin embargo, se encuentra en la percepción del electorado. La fuerza propia y dura del Partido Revolucionario Institucional no es suficiente para dar el triunfo a su candidato. Esto podría decirse sin duda de los otros tres partidos importantes del país, pero lo que se aplica para el PRI no funciona igual para el PAN y el PRD. Mientras el viejo partido carece de capacidad para convocar a sectores amplios de electores desorganizados, los candidatos panista y perredista son quienes verdaderamente se disputan a los electores que lo mismo pueden moverse hacia la derecha que hacia la izquierda. Si el PRI carece de un líder capaz de ir más allá de las filas priistas, entonces es imposible que obtenga la presidencia de la República.
Podría estar creándose en México un escenario en el que la disputa por el poder sea entre la derecha y la izquierda, con la ventaja para esta última en tanto que el gobierno de Vicente Fox ha fracasado en la mayoría de los temas. Si izquierda y derecha en sus expresiones PRD y PAN se van a disputar el poder, una parte de los grupos priistas pueden hacer la diferencia a la hora de ir a las urnas. Dentro del PRI existen muchos que antes que llegue el PRD prefieren apoyar a cualquier panista, aunque también es cierto que en el PRI sigue habiendo una izquierda. No sabemos aún que parte de la sociedad podrá imponerse en la disputa por el poder, por lo que la decisión de los titubeantes puede llegar a ser decisoria. Esto es justamente lo más preocupante, pues Calderón y Andrés Manuel están siendo cortejados por la musa de las indefiniciones y las concesiones anticipadas: eso no es bueno para una democracia.

Frontera cerrada: gran muralla gringa

Sólo los más cretinos pueden creer que la frontera de Estados Unidos con México quedará cerrada para los migrantes sin visa con la construcción de un muro de hormigón. Las consecuencias de la gran muralla gringa no serían más que la elevación del costo de la emigración, la pérdida de más vidas en las zonas desérticas y la disminución de visitas de mexicanos emigrados a su propio país.
Mas también puede presentarse otro fenómeno: una mayor dificultad política para la firma de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. Con un muro levantado, habría que esperar algunos años para que los congresistas estadunidenses declaren su fracaso, por lo cual no sería tan sencillo convencerlos rápido de que el acuerdo es mejor que las murallas.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al de México para que éste garantice un bloqueo fronterizo a emigrantes sin visa. Pero la libertad de tránsito dentro del país y hacia afuera de las fronteras nacionales está establecida en la Constitución mexicana. Si las autoridades de México instalaran puestos de control migratorio dentro del territorio nacional estarían violando la Carta Magna. La pretensión estadunidense no puede aplicarse y, frente a este impedimento, las bases de un acuerdo binacional se han hecho más complicadas.
El gobierno de México ha admitido algunas exigencias estadunidenses, tales como cancelar el acceso sin visa de visitantes de algunos países como Brasil, pues se dice que éstos vienen al territorio mexicano buscando la frontera con Estados Unidos para pasar de mojados.
La posición política dominante en Washington favorece las medidas desesperadas e ilógicas para disminuir la emigración de mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En otras palabras, los políticos estadunidenses admiten que sus compañías trasladen a otras partes los puestos de trabajo pero no admiten igual de fácil que los latinoamericanos tomen empleos en el territorio de Estados Unidos, ya que el trabajo en suelo propio implica también dotar de servicios y pagar mejores salarios.
El planteamiento de Bush sobre las visas temporales conlleva medidas en el lado mexicano para controlar la migración sin visa, las cuales no se pueden llevar a cabo, por lo que, sin esto último, no habrá programa de empleo temporal.Los empleos que consiguen los mexicanos en Estados Unidos están mejor pagados que los que México ha perdido con motivo de la competencia de los productos agropecuarios estadunidenses, abierta con la gradual puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De esta suerte, ni el fomento del empleo en México, aún sustituyendo los trabajos perdidos por el libre comercio en el campo, sería suficiente en el corto plazo para detener la emigración hacia el norte. Estados Unidos se encuentra en una situación que ha sido creada por los gobernantes de ambos países. El desplazamiento de producción rural benefició a empresas agropecuarias de Estados Unidos pero generó una presión mucho mayor sobre el sector de los servicios en Norteamérica. De aquí proviene el nuevo acoso contra los migrantes mexicanos, parte del cual sería la construcción de la gran muralla gringa, si acaso los senadores estadunidenses se atreven a confirmar la ley, lo cual no podrá detenerse con la contratación de una compañía de relaciones públicas o cualquier otra.

La caducidad de la investigación a Sahagún

Hace unas semanas, la Cámara de Diputados decidió la ampliación del término de la comisión investigadora de los organismos públicos que hubieren hecho negocios con la familia política del Presidente. Sólo el PAN votó en contra. Poco después, Acción Nacional plateó en la Junta de Coordinación Política que ésta debiera proponer a la Cámara regresar al término original: el último día del presente año. En esta ocasión, el PRI se abstuvo, primero en la Junta y, después, en el pleno, pero no ha dado hasta ahora ninguna explicación.
Como casi todos los priistas se abstuvieron con la idea de que el PAN, con sus 149 diputados, derrotaría al PRD, con sus 97 legisladores, se puede entender que la decisión de dejar pasar la propuesta de caducidad de la comisión venía de muy arriba, probablemente del candidato priista a Presidente, Roberto Madrazo. Es difícil pensar en otra cosa pues el grupo parlamentario del PRI se caracteriza por su creciente desunión, excepto cuando se trata de asuntos muy importantes de carácter partidista.
Si el PRI decidió de manera inopinada aceptar la caducidad de la comisión debe entenderse que pidió y obtuvo algo a cambio. Aquí es donde está el misterio, que pronto descubriremos con el simple transcurrir de los acontecimientos.
Las comisiones investigadoras del Congreso deben presentar informe al Presidente de la República para que éste tome las decisiones conducentes. Salta a la vista la precariedad de esta institución constitucional mexicana. Pero nada impide a los investigadores hacer también del conocimiento público sus conclusiones y esto es lo que se quiere impedir.
No es la primera vez que se denuncia tráfico de influencias de parientes cercanos al Presidente o a la llamada Primera Dama, pero nunca se había creado una comisión investigadora constitucional para indagar sobre la veracidad de lo denunciado. Y cuando, al fin, se presenta una primera vez, los obstáculos para el debido funcionamiento de la comisión han sido enormes. El PAN afirma que no se ha averiguado nada, lo cual es falso, pero si no lo fuera tampoco habría motivo válido para recortar el tiempo de funcionamiento de la comisión que ya éste había sido ampliado por el pleno de la Cámara.
Un tráfico de influencias es algo difícil de probar debido a que nadie escribe cartas solicitando algún favor ilegal y los traficantes se cuidan de no dejar rastros. Las influencias suelen beneficiar a terceros sin conexión abierta con los políticos, pero con claros compromiso de pagar los favores. En el caso de los hijos de Martha Sahagún algo se ha podido esclarecer, pero aún falta mucho.
Carlos Salinas, por ejemplo, cobraba mordidas a través de sus hermanos. Quienes daban las mordidas no dirán nunca que lo hicieron. De la misma manera, se ha denunciado que uno de los Sahagún promovía negocios con organismos públicos en beneficio de socios suyos en otras empresas. Salinas ha dicho que nunca se enteró de los negocios de sus hermanos, lo cual no es creíble en lo más mínimo. Vicente Fox también ha dicho que todo lo denunciado contra los hijos de su esposa es falsedad como si tuviera la certeza, la cual es imposible por la naturaleza del asunto.
Habría que recordar que Díaz Serrano fue a la cárcel por orden de De la Madrid –“renovación moral de la sociedad”—debido a que autorizó con engaños la compra de buques con un sobreprecio, aunque –se dijo—el negocio lo había hecho una hermana de López Portillo, a la sazón Presidente de la República (con mayúsculas reverenciales, según los usos de este periódico), lo cual nunca fue investigado.El “gobierno del cambio” –¡oh!, vana ilusión—nos dice a diario –según el espotero número uno, Vicente Fox--, que las cosas ya cambiaron. Al PRI le dieron donde más le duele: la corrupción pública. Por eso se “abstuvo” en la Cámara para lograr la caducidad de la primera comisión investigadora de la familia de un Presidente (reverencial) de la República (mancillada).

El sentido del voto en el DF

El próximo domingo se votará para elegir al candidato del PRD a jefe de gobierno de la ciudad de México. Es evidente que esta elección puede ser definitiva para definir qué persona asumirá el gobierno de la entidad, por lo que podríamos estar, probablemente, frente a una virtual elección.
Sólo son dos los aspirantes: Jesús Ortega y Marcelo Ebrard. Mas el problema principal es la participación de la gente en las urnas, en libertad y por convicción personal. Si así ocurre, Ortega obtendrá la mayoría de votos y será el candidato; de lo contrario, el PRD se habrá metido en uno de los mayores problemas políticos en los 18 años de su existencia.
Un partido que es mayoría política en una entidad o en un país está obligado a formar gobierno, es decir, a no dejar esta responsabilidad a otros, ya sea un grupo o una sola persona. Ebrard representa aun grupo ajeno al PRD y a la izquierda en la ciudad, ya que jamás a abrazado las causas de éstos ni se ha comprometido con las mismas.
Si el PRD no tuviera la mayoría política en el DF, tendría que buscar alianzas e, incluso, algún candidato externo que pudiera sumar su fuerza a la de otros con el propósito de participar en el gobierno, aunque no gobernara. Pero no es así, ya que Ebrard carece de una fuerza política propia que pudiera ser la diferencia entre ganar o perder.
En cambio, Ortega ofrece la formación de un gobierno incluyente de la izquierda, del conjunto de fuerzas y personalidades que han luchado en favor de los cambios democráticos y sociales en el DF y en el país. Se pueden criticar varias posturas asumidas por Ortega en su larga militancia en la izquierda mexicana, pero no se puede decir que él no forma parte de esta corriente política nacional. En cambio, Ebrard nunca ha formado parte de las fuerzas democráticas y progresistas de México; su precandidatura, por tanto, es enteramente artificial.
Es en este sentido que la postulación de Ebrard representaría un retroceso político, no sólo para el PRD sino para la ciudad entera.
Algunas personas que rechazan a Ebrard parecen tener duda de votar en favor de Ortega, pero la abstención sería, hoy, un voto a favor de Ebrard, es decir, que dudar sería tanto como votar en contra de las convicciones propias. La situación política llevó a Ortega a ser el precandidato de la izquierda y de la mayoría del PRD y así es necesario analizarlo, por lo que le corresponde a él encabezar el esfuerzo de todos en el marco de un gran acuerdo político incluyente.
Los compromisos que Ebrard ha tenido que asumir privilegian a grupos que durante muchos años han realizado el clientelismo más inescrupuloso e, incluso, han involucrado al PRD en fuertes escándalos de corrupción; si no fuera así, Ebrard no tendría el apoyo de nadie. En cambio, Ortega tiene un compromiso con las corrientes perredistas más consecuentes que han demostrado honradez y capacidad programática. Así que la elección del 4 de diciembre en la capital será también un momento para optar por unos o por otros y no sólo entre dos personas.
Ir a las urnas se presenta ahora como una obligación de carácter político pero también moral.
Por otro lado, esta elección de candidato jefe de gobierno de la ciudad de México tiene en los hechos un carácter nacional, pues el gobernante de la capital es una figura política de primera importancia y sus actos proyectan hacia todo el país la política de un partido, de una gran corriente nacional. Es por este motivo que la mayoría del PRD prefiere a Ortega como alguien que representa al partido mismo.
El país estará atento a lo que ocurra el próximo domingo en el Distrito Federal. Esperemos que la gente democrática y progresista de la ciudad envíe un mensaje a la nación con la elección de Jesús Ortega.