Dos de octubre, ¿se olvida?
El Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos el asunto de la matanza del dos de octubre y de toda la represión gubernamental de 1968, como también tuvo en sus manos la otra matanza, la del 10 de junio de 1971. Sin embargo, es ese poder del Estado quien se niega a la verdad y busca el olvido.
Las represiones del viejo régimen siguen estando entre nosotros y su esclarecimiento con miras a la aplicación de la justicia tiene mucho que ver con la transición de México a la democracia. No se puede borrar el pasado, pues tal pretensión no es más que una manera de renunciar al Estado de derecho, el cual es parte fundamental de la democracia política. Cada día que transcurre es un día más de impunidad.
No se debe decir ya que es el Ministerio Público quien está haciendo imposible la aplicación de la justicia. Esta institución ha hecho su trabajo, el cual se puede criticar o no, pero las consignaciones han sido presentadas ante los jueces. El Poder Judicial se niega a abrir los procesos penales y, con tal conducta, ofrende al derecho, tanto al considerar que el genocidio prescribe como al sostener que genocidio nunca ha habido en este país. Nadie más en el mundo sostiene que los crímenes contra la humanidad son prescriptibles como tampoco nadie más puede suponer que deben ser asesinados todos los integrantes de un grupo para hablar de genocidio.
La matanza del dos de octubre de 1968 fue una acción de Estado: todas las fuerzas gubernamentales entraron en acción al mismo tiempo. Es falso que el Ejército haya sido provocado o agredido. Los efectivos militares y los policíacos llegaron a cometer una agresión contra los estudiantes: así actuaron. Después, el Ministerio Público acusó a los dirigentes estudiantiles del homicidio de dos soldados del Ejército pero no presentó acusación alguna contra los probables responsables de todos los demás asesinatos, los cuales no están en actas: desde el punto de vista judicial, en Tlatelolco sólo hubo dos personas fallecidas, pero los jueces siguen sin querer saber nada de las muchas víctimas.
Los poderes públicos se confabularon para acusar a estudiantes por la matanza pero ésta no existe en actas. Así de contradictorio es este asunto. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación no responde, pues quiere la confesión de los gobernantes y jefes asesinos, la cual no se va a presentar nunca.
Esta es una vergüenza nacional. México es uno de los pocos países que no ha ajustado cuentas con el pasado de represión y genocidio. La lucha contra la impunidad ha dado frutos en Sudamérica y otras regiones, pero nuestro país –sus autoridades judiciales-- se niega a dar el menor paso.El Poder Judicial mexicano tuvo responsabilidad en la represión pues sentenció a varios dirigentes estudiantiles a 16 años de prisión sin que ellos hubieran cometido delito alguno, con el propósito de encubrir la responsabilidad del gobierno y dejar impune la matanza. Ahora, no puede ese mismo poder judicial hablar de prescripciones o de falta de elementos cuando es del conocimiento general que el gobierno alteró todo, mintió desvergonzadamente y mandó a la cárcel a personas sin culpa con el respaldo sin reservas de los encargados de impartir la justicia. Los jueces apoyaron al gobierno de entonces y lo siguen apoyando, pero lo peor de todo es que los de ahora sostienen la corrupción de los jueces de entonces y se niegan a admitir la responsabilidad institucional de la judicatura.
Las represiones del viejo régimen siguen estando entre nosotros y su esclarecimiento con miras a la aplicación de la justicia tiene mucho que ver con la transición de México a la democracia. No se puede borrar el pasado, pues tal pretensión no es más que una manera de renunciar al Estado de derecho, el cual es parte fundamental de la democracia política. Cada día que transcurre es un día más de impunidad.
No se debe decir ya que es el Ministerio Público quien está haciendo imposible la aplicación de la justicia. Esta institución ha hecho su trabajo, el cual se puede criticar o no, pero las consignaciones han sido presentadas ante los jueces. El Poder Judicial se niega a abrir los procesos penales y, con tal conducta, ofrende al derecho, tanto al considerar que el genocidio prescribe como al sostener que genocidio nunca ha habido en este país. Nadie más en el mundo sostiene que los crímenes contra la humanidad son prescriptibles como tampoco nadie más puede suponer que deben ser asesinados todos los integrantes de un grupo para hablar de genocidio.
La matanza del dos de octubre de 1968 fue una acción de Estado: todas las fuerzas gubernamentales entraron en acción al mismo tiempo. Es falso que el Ejército haya sido provocado o agredido. Los efectivos militares y los policíacos llegaron a cometer una agresión contra los estudiantes: así actuaron. Después, el Ministerio Público acusó a los dirigentes estudiantiles del homicidio de dos soldados del Ejército pero no presentó acusación alguna contra los probables responsables de todos los demás asesinatos, los cuales no están en actas: desde el punto de vista judicial, en Tlatelolco sólo hubo dos personas fallecidas, pero los jueces siguen sin querer saber nada de las muchas víctimas.
Los poderes públicos se confabularon para acusar a estudiantes por la matanza pero ésta no existe en actas. Así de contradictorio es este asunto. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación no responde, pues quiere la confesión de los gobernantes y jefes asesinos, la cual no se va a presentar nunca.
Esta es una vergüenza nacional. México es uno de los pocos países que no ha ajustado cuentas con el pasado de represión y genocidio. La lucha contra la impunidad ha dado frutos en Sudamérica y otras regiones, pero nuestro país –sus autoridades judiciales-- se niega a dar el menor paso.El Poder Judicial mexicano tuvo responsabilidad en la represión pues sentenció a varios dirigentes estudiantiles a 16 años de prisión sin que ellos hubieran cometido delito alguno, con el propósito de encubrir la responsabilidad del gobierno y dejar impune la matanza. Ahora, no puede ese mismo poder judicial hablar de prescripciones o de falta de elementos cuando es del conocimiento general que el gobierno alteró todo, mintió desvergonzadamente y mandó a la cárcel a personas sin culpa con el respaldo sin reservas de los encargados de impartir la justicia. Los jueces apoyaron al gobierno de entonces y lo siguen apoyando, pero lo peor de todo es que los de ahora sostienen la corrupción de los jueces de entonces y se niegan a admitir la responsabilidad institucional de la judicatura.