¿Y la juventud, por ejemplo?

Es cierto que en la temporada preelectoral del país se están omitiendo, en gran medida, los temas de fondo del país. El Presidente de la República anda de espotero, al igual que los precandidatos del PAN y del PRI. Nos dan una “democracia” de spots en lugar de un debate de los grandes problemas nacionales.
Los jóvenes, por ejemplo, carecen de derechos. Cuando una persona llega a los 18 años, deja de tener seguridad social si acaso sus padres son derechohabientes de alguna institución. Carece la juventud de derecho a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la salud. Son personas que, al convertirse en ciudadanos, son despojadas de lo que tenían, si acaso tenían algo, pues la mitad de los jóvenes carecen de seguridad social siempre y sólo pueden recurrir a los centros públicos de salud mediante pago, con excepción del Distrito Federal donde los pobres tienen otro trato, es decir, reciben atención gratuita.
Hace 40 años, el movimiento estudiantil levantó una plataforma de reformas a la educación. Bajo el lema de una educación popular y científica, los jóvenes activos de entonces plantearon el salario para los estudiantes de escasos recursos, ante el desmantelamiento del asistencialismo educativo de antes. Las respuestas fueron garrotazos, balas, cárceles. Si México hubiera emprendido el camino de las becas a los estudiantes pobres, el país sería diferente ahora en muchos aspectos.
Más del 70 por ciento de los jóvenes en edad de recibir educación superior está fuera de las aulas. Del restante 30 por ciento, más de una tercera parte no terminará sus estudios. Ante este panorama, no hay defensa. El país seguirá reproduciendo el mismo esquema de desigualdades que existe ahora. Pero, además, se seguirá alimentando ese caldo de cultivo donde se genera la delincuencia dejando todo sólo a la acción policíaca.
En la ciudad de México es posible establecer el salario estudiantil y convertir la nueva Universidad de la ciudad de México en una institución muy grande como lo exige la urbe y su juventud, mediante una ley que establezca el salario estudiantil y, junto a éste, derechos de la juventud.
Si nuestra capital espera más o decide aguardar algún cambio en el país para acercarse a este objetivo estará perdiendo más tiempo.
Es verdad que se requieren cuantiosos recursos, pero no tan grandes como para no conseguirlos con una reforma financiera que estaría plenamente justificada si lo que se intenta es cambiar la realidad social pensando en el futuro de corto y mediano plazo.
Las luchas estudiantiles, a partir de 1986-87, tendientes a defender la gratuidad de la Universidad Nacional no plantearon el salario como reivindicación central, pero estaba implícito. Hoy, es más necesario que antes.Ningún país progresa si su juventud no es capacitada y, en tal virtud, no se eleva la capacidad productiva del trabajo social. Pero este asunto no se debate hoy en el país y se encuentra al margen de los programas de no pocos aspirantes a presidentes y gobernadores, quienes, al parecer, siguen pensando, como Fox, en el changarro y en el vocho, es decir, en puros disparates sociales y económicos.

Presupuesto violado

Dentro de poco tiempo, se presentará el proyecto de presupuesto federal para 2006, pero no se ha resuelto aún la controversia sobre el gasto correspondiente al presente año. La Suprema Corte decidió que el Poder Ejecutivo cuenta con la prerrogativa de devolver, con sus propias observaciones, el decreto presupuestal a la Cámara de Diputados, pero los legisladores no lograron romper el llamado veto presidencial en las sesiones extraordinarias convocadas para tal propósito.
Tenemos, entonces, unos 40 mil millones de pesos que no han sido erogados como lo manda el decreto emitido por la Cámara. Sin embargo, a estas alturas, el asunto carece de importancia, ya que, durante el año, el Presidente de la República ha autorizado gran cantidad de modificaciones presupuestales y nadie sabe ya qué decía el documento original o, mejor dicho, carece de importancia el decreto legislativo aprobado pues lo único que tiene vigencia es lo que el Poder Ejecutivo decide. En otras palabras, el dinero en litigio ya se lo gastó el Presidente.
Los diputados decidieron, por mayoría, unas partidas que el Ejecutivo no quiere aplicar, mientras que éste ejerce otras que la Cámara no autorizó. La endeble base de acción del Presidente de la República es la ley de presupuesto y algo que dice el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos. Mas el Ejecutivo sigue abusando de ese margen de maniobra presupuestal para desfigurar la política de gasto aprobada por los legisladores.
No, las cosas no han cambiado. El señor Fox, por la radio, nos dice a diario que los ciudadanos no elegimos un rey sino un presidente. No, no es del todo cierto. El Presidente de la República no le da órdenes al Congreso –ni éste las aceptaría--, pero sigue haciendo lo que le da la gana, es decir, al jefe del Estado no se le quita esa característica monárquica.
El problema no consiste tanto en la equivocada decisión de la Suprema Corte que considera que el Presidente de la República puede hacer observaciones al decreto de presupuesto, sino a la actitud del titular del Ejecutivo de ignorar al Poder Legislativo. ¿Dónde quedó la promesa presidencial de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? En la nada política, en el fraude de nuevo tipo, aquél que consiste en prometer como candidato e incumplir como gobernante.
El nuevo proyecto de presupuesto será modificado por la Cámara de Diputados, de seguro. Pero el Presidente de la República está dispuesto a volver sobre lo mismo: ejercer lo no autorizado, lo que equivale a gastar el dinero en otra cosa.
La Constitución mexicana sirve para toda clase de interpretaciones; las leyes inconstitucionales son vigentes; el Poder Ejecutivo abusa impunemente; el Congreso se defiende apenas y los ciudadanos nomás miran. ¿Es éste un nuevo sistema político? No. La transición se atoró. El PAN, con su presidente, hace lo que siempre criticó. Urge cambiar.

Pacto político

El secretario de Gobernación llama a suscribir un pacto político para garantizar una contienda legal y justa. El presidente manda decir con su vocero que el encargado de esto es, en efecto, el señor Abascal. Se entiende, por tanto, que Vicente Fox no tomará contacto personal con los líderes de los partidos ni con quienes resulten candidatos a la Presidencia de la República.
Pero el secretario de Gobernación no se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir la legislación electoral vigente. Ante cuestionamientos directos, el señor Abascal se hace el interesante y da entender que lo está pensando, aunque sin negar el contenido del Cofipe.
La cuestión es muy clara: la regla dice que el Instituto Federal Electoral, a través del director de prerrogativas y partidos políticos, es quien debe fijar los horarios y los canales en los cuales han de ejercer los partidos su derecho constitucional de acceso a la radio y la televisión. Desde hace muchos años, el IFE propone y la Secretaría de Gobernación negocia con los concesionarios, de tal manera que las autoridades electorales y los partidos se ven obligados a admitir, como cuestión de facto, lo que deciden aquellos.
Nunca ha sido admitido el plan de medios elaborado por el IFE, a pesar de que la ley no deja dudas al respecto. El argumento de la Secretaría de Gobernación y de los concesionarios es que el reglamento de la ley de radio y televisión, así como el decreto del llamado tiempo fiscal, definen que las estaciones y canales deben estar de acuerdo: unos reglamentos gubernativos se imponen sobre un código federal.
En 1979, cuando los partidos adquirieron el acceso a radio y televisión, los programas se transmitían, en TV, a las nueve de la noche en el canal dos y en el 13, así como en todos los demás. Hoy, 26 años más tarde, este derecho se ha convertido en nada, con programas de partidos transmitidos a la hora que los concesionarios deciden, es decir, a media noche y cosas por el estilo.
Esta regresión política es una violación directa de la ley. Si el secretario de Gobernación quiere un acuerdo con todos los partidos, lo primero que debe hacer es cumplir con el Cofipe. Si no lo hace, no habrá pacto alguno de tal cualidad.
Una de las características del gobierno del presidente Vicente Fox es el bla, bla, bla. Las decenas de acuerdos políticos a los que han llegado diversos partidos con el gobierno quedaron en puras palabras. Ahora, en la víspera de unas elecciones de presidente de la República y Congreso, si el gobierno sigue en las palabras hueras, entonces ¿para qué hablar? Si el presidente, quien envía a conversar a su secretario de Gobernación, mira los toros desde la barrera y no está dispuesto a aplicar la ley, no tiene caso conversar siquiera.Lo primero es lo primero. Si Fox no cumple con su compromiso de respetar y hacer respetar “la Constitución y las leyes que de ella emanan”, como lo protestó ante el Congreso el primero de diciembre del año 2000, no puede haber pacto político verdadero.

¿Y, ahora, de qué hablamos?

El país está en los comentarios sobre lo escandaloso. Lo importante no aparece sino sólo lo circunstancial, con predilección por lo chusco.
¿Detrás del escándalo existe alguna verdad? Sí. Los políticos están desatados. Buscan dinero y otras mañas para destacar su figura, ganar las encuestas, las elecciones primarias, lo que sea, pero que se vea al prohombre o promujer en la escena aunque no diga nada.
De las carretadas de millones en la televisión a la realización de actos oficiales para promover a un anteprecandidato (sic) (larguísima (resic) palabra para, con perdón del español, describir un proceso complicado para llegar a algún lado), estamos frente a un fenómeno nuevo pero no en el fondo sino sólo en las formas que adopta.
Siempre tuvieron dinero los precandidatos. Dinero de origen público y privado. (Político pobre es pobre político: Hank). Siempre usaron los programas sociales. Lo único bueno es que el PRD tiene prohibida la publicidad en radio y televisión para sus precandidatos y condena (esperemos que proceda en consecuencia) los actos reprobables que consisten en usar los actos oficiales y las acciones oficiales para promoverse, es decir, hacer proselitismo electoral directo.
No es lo mismo juntar millones que colgarse de un puesto, pero el fenómeno tiene muchos ángulos y es, al final, uno mismo. La política y la elemental ética política no tienen punto de confluencia. El miércoles pasado, todos los partidos condenaron el desvelado acto oficial de Coyoacán para impulsar a Marcelo Ebrard (se han producido decenas de ellos y no han salido en las noticias), pero el PAN se negó a hablar de los Amigos de Fox y sólo dijo que la trasgresión ya estaba sancionada --por el IFE y el Tribunal--, lo cual es falso, porque la procuración federal de justicia se negó a averiguar algo, siquiera como para cubrir el expediente, y declaró el no ejercicio de la acción penal con argumentos que nada tienen que ver con las leyes ni con el derecho. Ya no digamos el Pemexgate que ha sido olvidado en el PRI como no sea porque apenas están en ese partido terminando de pagar la multa de mil millones de pesos.
Los políticos no quieren hablar de ética política para no tener que morderse la lengua y sólo algunos, como Encinas y Cota, dijeron claramente que no hay que admitir violaciones a las leyes y a la ética. Si el PRD no asume tal posición se va a ir por las cañerías donde se encuentran los políticos convencionales.
Pero, conforme avanzan los procesos preelectorales en el PRI y el PAN, el dinero reina más y más. Los precandidatos priistas, Madrazo y Montiel, son maestros graduados en corrupción. ¿Qué esperamos de la contienda constitucional? Ahí tenemos dos muestras locales: Tabasco, en 1994, y el Estado de México, en 2005, con unas cantidades de dinero y una competencia aturdidora, lo que los partidos no pueden tener ni hacer.
El camino de la democracia en México ha siempre tan sinuosa y complicada que ya sabemos que no vendrá sólo por su propia necesidad sino a través de golpes certeros de los demócratas que tan luego como se levantan los vuelven a tumbar a cada vuelta de la vida.
¿De qué tenemos ahora que hablar? De lo de siempre: una democracia que no llega pero que necesitamos más que al aire.