Miedo a la justicia
La resolución de una magistrada del Poder Judicial de la Federación en favor de Luis Echeverría y Mario Moya Palencia exhibe miedo a la justicia. Desde el principio de la acción enderezada a llevar ante los tribunales a los probables culpables de la matanza del diez de junio de 1971 se ha notado ese miedo, impronta del viejo régimen en el cual era imposible levantar un dedo en contra de los gobernantes sátrapas, donde los jueces, magistrados y ministros estaban al servicio del poder como algo natural, consustancial al estado de cosas.
La magistrada en cuestión sostiene que no pudo haber genocidio en la acción de los halcones. Pretende ignorar esta juzgadora que los halcones eran un grupo de asesinos organizados por el poder del Estado para matar opositores con el propósito de reprimir a la oposición independiente de entonces, para promover el miedo a ser disidente, a protestar. La magistrada soslaya que los estudiantes reivindicaban el derecho de manifestación –consagrado en la Constitución--, negado por el gobierno de la República. La juzgadora no quiere admitir que matar era el propósito de una acción de Estado, organizada por el presidente de la República y encubierta por los otros dos poderes de la Federación.
Un juicio contra Echeverría sería también, moralmente, un juicio contra el Poder Judicial de entonces. La Suprema Corte no realizó la investigación a que la Carta Magna le faculta cuando se ven afectadas y atacadas las garantías individuales. Los ministros de entonces callaron, ignoraron la Constitución de la República y se hicieron cómplices de la matanza del Jueves de Corpus. Pero, ¿por qué, ahora, el Poder Judicial de la Federación actúa de la misma forma? Es algo incontrovertible que la Corte puede, hoy, hacer lo que no hicieron los ministros de entonces, pero no se atreve, manifiesta de tal forma su miedo a la justicia.
El contenido principal de la resolución de la magistrada, quien piensa que no puede haber más genocidio que el holocausto contra el pueblo judío, es la impunidad. Es la misma tocada interpretada por la Suprema Corte cuando, por mayoría de su Sala Penal, decidió que el genocidio en México sí prescribe aunque casi todo el resto del mundo rechaza ese sinsentido jurídico y moral. La magistrada recibió el mensaje de esa mayoría de ministros de la Sala Penal que tuvieron miedo a la justicia, como sus antecesores, quienes callaron ante la gravísima violación de las garantías constitucionales que expresó la matanza del diez de junio.
Durante años, en la sombra, al margen de la ley y en su contra, los gobernantes organización a los halcones con el propósito de matar a sus opositores, con la evidente conciencia de que sus actos serían impunes. Pero la impunidad es lo contrario de la justicia y, por tanto, es el hecho más odioso que puede admitir un impartidor de justicia. Sin embargo, la magistrada, en su soledad, la cual es un afrenta a la historia y a la dignidad, dictó la sentencia ignominiosa de que los probables culpables de una acción dirigida al exterminio de la oposición al gobierno, que entonces eran los estudiantes, deben seguir en la impunidad, sin juicio alguno.
Cada día que ha pasado desde aquel Jueves de Corpus, sangriento y genocida, ha sido un día más de impunidad. Recordemos: el entonces presidente de la República ordenó una averiguación, aunque carecía de facultad constitucional para dar instrucciones al Ministerio Público, con el propósito –dijo-- de “esclarecer” los hechos, originalmente presentados como un “enfrentamiento entre estudiantes”. Pero no se produjo averiguación alguna. Todo fue una farsa. El entonces presidente de la República era el organizador del acto genocida y condujo las acciones políticas con el fin de arrojar todo al ancho mar de la impunidad criminal.
La magistrada –cuyo nombre no importa en absoluto—ha continuado con la misma tradición de impunidades del viejo régimen, moneda de cambio fundamental del funcionamiento del despotismo de entonces. Nada ha cambiado en esencia. Pero la lucha en contra de la impunidad continuará porque la historia no perdona, es también algo del presente.
La magistrada en cuestión sostiene que no pudo haber genocidio en la acción de los halcones. Pretende ignorar esta juzgadora que los halcones eran un grupo de asesinos organizados por el poder del Estado para matar opositores con el propósito de reprimir a la oposición independiente de entonces, para promover el miedo a ser disidente, a protestar. La magistrada soslaya que los estudiantes reivindicaban el derecho de manifestación –consagrado en la Constitución--, negado por el gobierno de la República. La juzgadora no quiere admitir que matar era el propósito de una acción de Estado, organizada por el presidente de la República y encubierta por los otros dos poderes de la Federación.
Un juicio contra Echeverría sería también, moralmente, un juicio contra el Poder Judicial de entonces. La Suprema Corte no realizó la investigación a que la Carta Magna le faculta cuando se ven afectadas y atacadas las garantías individuales. Los ministros de entonces callaron, ignoraron la Constitución de la República y se hicieron cómplices de la matanza del Jueves de Corpus. Pero, ¿por qué, ahora, el Poder Judicial de la Federación actúa de la misma forma? Es algo incontrovertible que la Corte puede, hoy, hacer lo que no hicieron los ministros de entonces, pero no se atreve, manifiesta de tal forma su miedo a la justicia.
El contenido principal de la resolución de la magistrada, quien piensa que no puede haber más genocidio que el holocausto contra el pueblo judío, es la impunidad. Es la misma tocada interpretada por la Suprema Corte cuando, por mayoría de su Sala Penal, decidió que el genocidio en México sí prescribe aunque casi todo el resto del mundo rechaza ese sinsentido jurídico y moral. La magistrada recibió el mensaje de esa mayoría de ministros de la Sala Penal que tuvieron miedo a la justicia, como sus antecesores, quienes callaron ante la gravísima violación de las garantías constitucionales que expresó la matanza del diez de junio.
Durante años, en la sombra, al margen de la ley y en su contra, los gobernantes organización a los halcones con el propósito de matar a sus opositores, con la evidente conciencia de que sus actos serían impunes. Pero la impunidad es lo contrario de la justicia y, por tanto, es el hecho más odioso que puede admitir un impartidor de justicia. Sin embargo, la magistrada, en su soledad, la cual es un afrenta a la historia y a la dignidad, dictó la sentencia ignominiosa de que los probables culpables de una acción dirigida al exterminio de la oposición al gobierno, que entonces eran los estudiantes, deben seguir en la impunidad, sin juicio alguno.
Cada día que ha pasado desde aquel Jueves de Corpus, sangriento y genocida, ha sido un día más de impunidad. Recordemos: el entonces presidente de la República ordenó una averiguación, aunque carecía de facultad constitucional para dar instrucciones al Ministerio Público, con el propósito –dijo-- de “esclarecer” los hechos, originalmente presentados como un “enfrentamiento entre estudiantes”. Pero no se produjo averiguación alguna. Todo fue una farsa. El entonces presidente de la República era el organizador del acto genocida y condujo las acciones políticas con el fin de arrojar todo al ancho mar de la impunidad criminal.
La magistrada –cuyo nombre no importa en absoluto—ha continuado con la misma tradición de impunidades del viejo régimen, moneda de cambio fundamental del funcionamiento del despotismo de entonces. Nada ha cambiado en esencia. Pero la lucha en contra de la impunidad continuará porque la historia no perdona, es también algo del presente.