"Decisión de Estado"

El presidente dijo ayer que su nueva posición sobre el caso de Andrés Manuel López Obrador había sido una decisión de Estado. Sin duda lo fue, pero pudo haberse tomado antes. No es tarde ahora, pero la crisis política abierta en el país pudo haberse evitado: esta es una primera lección.
Mas la enseñanza principal de todo este desaguisado es que la sociedad dijo no al intento de desandar la vereda abierta hacia la democracia política en el país. Ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, artistas e intelectuales, sindicatos y otros muchos pidieron que se respetara la cláusula primera de todo proceso elementalmente democrático: el derecho al voto libre.
Durante meses, el país vivió una situación de gran tensión política y, poco a poco, se fue creando una verdadera crisis, la cual finalmente estalló en el momento en que el Partido Revolucionario Institucional decidió apoyar la aventura del desafuero del jefe de gobierno de la ciudad de México. El problema se hizo, así, mayúsculo, pues el PRI se fue de cabuz del presidente de la República y del PAN y, en su seno, se creó una inmensa corriente de opinión favorable al desafuero y a la inhabilitación posterior de López Obrador.
Un asunto nimio, un problema que pudo haberse resuelto en la mesa del Ministerio Público de la Federación, se convirtió en el mayor de cuantos hemos tenido desde que se produjo el cambio de partido en la Presidencia de la República. Los cálculos de los promotores del desafuero eran incorrectos. En la sociedad se creó la corriente de opinión más grande y fuerte en muchos años. Una mayoría de ciudadanos consideró que el desafuero e intento de inhabilitación era una afrenta y una locura, digna de ser rechazada, con independencia de la orientación partidista de cada quien. Los menos, que apoyaban la maniobra orquestada desde la PGR y, después, en la Cámara de Diputados, tuvieron siempre serios problemas para explicar su actitud. Los mismos diputados que votaron el desafuero tenían tantas dificultades para justificarse como el vocero de la Procuraduría, el señor Vega Memije, que asumió la actitud de un militante político pero nunca la de un fiscal.
El Procurador General de la República ha perdido el puesto y López Obrador sigue en el suyo. Este hecho es relevante y punto central de la nueva situación creada para desmontar la crisis política nacional. Reabrir el expediente ministerial implicaba, sin duda, la separación del procurador y de sus allegados en el montaje creado.
Pero también la Cámara de Diputados ha caído en una situación de descrédito al sumarse a una intentona que finalmente no pudo seguir adelante. El presidente de la República logró involucrar a una mayoría de diputados que, ahora, se preguntan si todo lo que hicieron –votar a favor del desafuero con la mayor frialdad—valió la pena para que unos días después su voto se esfumara en los hechos.
La decisión de Estado tenía que darse frente a un fenómeno político nunca antes visto y fue una salida a la falta de sensibilidad del poder que contrasta con la mucha sensibilidad de la ciudadanía. Cuando los ciudadanos reaccionan más rápido y mejor que el poder, cuando se crea un abismo entre una clase política torpe y un pueblo cada vez más activo y vigilante, ha llegado el momento de cambiar la política; toda ella. He aquí una invitación dictada desde el seno de la sociedad.

Del poder a la cárcel; ¿de la cárcel al poder?

El tránsito del poder a la cárcel no es algo tan raro en la historia, pero no concuerda con las expectativas políticas que se habían abierto en el país. Supongamos sin conceder que Andrés Manuel López Obrador hubiera cometido desacato a una resolución intermedia de un juez --un asunto menor si se considera que la sentencia judicial de fondo se ha cumplido--, el caso no era como para proceder al desafuero, procesamiento e inhabilitación, tal como lo ha querido y lo quiere el presidente Vicente Fox.
Hace poco tiempo, el entonces presidente de Estados Unidos, William Clinton, fue acusado de perjurio por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ante el Senado. Los cargos estaban, al parecer, bien fundamentados, pues el mandatario había dicho una mentira en una investigación, pero los senadores, por mayoría, consideraron que no era conveniente destituirlo como presidente, sino esperar a que abandonara el cargo y pudiera encarar la acusación de un asunto verdaderamente menor. Así fue: Clinton no perdió su cargo y nunca fue a prisión sino que resolvió su problema de una manera diferente, como lo hace cualquier otra persona.
Desacatos a suspensiones judiciales se realizan en México todos los días por parte de miles de autoridades locales y federales a las cuales les llueven amparos promovidos por particulares. En nuestro país, el arte de gobernar se está convirtiendo en el arte de encarar amparos y resolver enredos judiciales. El gobierno federal recibe cientos de notificaciones cada día y el presidente de la República ni se entera. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, es acusado de violar una suspensión dictada dentro de un juicio ya concluido, lo cual es negado por el inculpado. Para los 360 diputados que votaron el desafuero del jefe de gobierno no había duda de que tal desacato se había producido y que López Obrador pudo haber sido el responsable, aunque muchos de esos legisladores afirmaron, de plano, que AMLO sí es culpable, sin juicio y sin nada.
El argumento de Vicente Fox es que todos deben ser tratados igual, ante la ley. No dijo eso mismo, ni por asomo, cuando el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en el asunto de Amigos de Fox después de una averiguación que, en realidad, nunca se llevó a cabo.
Sacar del poder, aunque sea local, a un mandatario para llevarlo a un proceso penal es, bajo estas consideraciones, un acto fuera de lo común. Por ello, la prensa extranjera se pregunta si el señor Fox ha perdido la razón o le está sucediendo algo grave. Y lo peor es que dos grandes partidos del país han apoyado la aventura presidencial y les importa un bledo lo que pueda ocurrir con tal despropósito.
Dos diputados del PAN depositaron una caución para dar pie al Ministerio Público a solicitar una orden de comparencia del inculpado y evitar, así, que ingrese en la cárcel. Esta es una burda maniobra que afecta los derechos de López Obrador, pues si la sentencia del juez, al final del proceso, fuera condenatoria, la pena mínima sería de un año por lo que al ahora inculpado le convendría empezar a compurgar desde ahora y no a partir del fallo del juez, ya que López Obrador requiere conservar sus derechos políticos con vistas a la elección de julio de 2006. Es escandaloso que la PGR y un partido –el del gobierno—se confabulen para tratar de aplastar los derechos de una persona cualquiera que desea conducir el proceso penal que pretende abrir en su contra la misma PGR.
Del poder a la cárcel también ha sido un camino que se ha podido caminar al revés, es decir, de la cárcel al poder, lo cual es justamente lo que intentaría Andrés Manuel López Obrador si se abre el proceso en su contra.
La actitud del gobierno, la PGR y el PAN, con el evidente apoyo del PRI, ha formado una lista de agravios políticos y personales que sólo recuerdan la manera en que antes se actuaba en México desde el poder. No se ha ocultado en absoluto que el Ministerio Público maniobra, alega, declara, acusa en términos políticos, como lo hace el mismísimo procurador. El descaro no sólo es torpeza sino también prepotencia. México no se merece ese trato.

Beligerancia del poder

Amnesia popular es en lo que Felipe González, subsecretario de Gobernación, confía para superar la crisis desatada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Su jefe inmediato, el señor Creel, ataca sin embargo con las armas del tiempo de Estado en las estaciones de radio: robar un chocolate, pasarse un alto, son actos ilícitos que no deben perdonarse con el fin de hacer valer el Estado de derecho, en alusión a la inventada violación de una orden judicial en el asunto del predio El Encino.
Así, por más que el gobierno confía en la amnesia popular, el poder muestra su beligerancia y actúa contra la desmemoria que necesita.
Mas la beligerancia de los poderosos y la confianza en el olvido no podrán frenar el movimiento popular que se levanta para impedir que se aplasten las libertades políticas de los mexicanos. El pueblo jamás ha olvidado las afrentas procedentes del poder. El aprendizaje social es una sucesión de experiencias y éstas son más amplias e intensas cuando se presentan las crisis. En unos cuantos días, el pueblo ha aprendido más que en los últimos cuatro años en cuanto a la beligerancia política del actual poder presidencial: el jefe del Estado maniobra para imponer su designio –como antes-- a efecto de asegurar su propia sucesión. Pero se trata del “gobierno del cambio” y por esto mismo el aprendizaje popular está siendo rápido e inolvidable.
Esa beligerancia del poder no se vio jamás en el asunto de Pemexgate, con la supresión del Jurado de Procedencia contra el senador Aldana, tesorero del sindicato petrolero, y la declaración oficial de Pemex en el sentido de que el peculado multimillonario no había causado daño patrimonial alguno contra el organismo público. El PAN se abstiene cuando se exige que el proyecto de declaración de desafuero contra Aldana se turne de inmediato al presidente de la Cámara para que éste convoque al Jurado de Procedencia y, al hacerlo, asume el torcido argumento priista de que este es un asunto ya resuelto en definitiva. Todo el discurso de la legalidad y el Estado de derecho se cae sólo. Los dos mayores poderes del país –el PAN y el PRI—ni se ruborizan cuando se hacen cómplices el uno del otro, debido a que tienen grandes objetivos comunes.
Las maniobras del presidente de la República para dejar en la impunidad a los responsables materiales del peculado contra Pemex chocan con su propia beligerancia contra una y sólo una corriente política nacional: la izquierda. Mas se trataba –se dijo-- de una derecha civilizada y dizque democrática que había logrado desalojar de Los Pinos al vetusto partido. La promesa de respetar las libertades acusa en el desafuero y el intento de inhabilitación de López Obrador la mayor contradicción, la cual no podrá olvidarse en tanto que, además, el asunto tiene consecuencias concretas, entre ellas, la separación de un gobernante elegido de manera democrática e incuestionable.
La forma en que se ha tratado el escándalo denominado Pemexgate por parte del gobierno y del PAN, en complicidad abierta con el PRI, acentúa la beligerancia del poder contra la izquierda y ha generado el concepto de justicia selectiva que no debe entenderse, sin embargo, como culpabilidad de López Obrador, sino como sistema de impunidades para priistas y panistas.
El combatir sin tregua el derecho de la izquierda a decidir libremente quien será su candidato a la Presidencia de la República es algo que nadie entiende en el extranjero. Tanta beligerancia antidemocrática no cabe en la mente de la gente que desde afuera nos observa, mientras sólo los mexicanos sabemos que, aquí, esas cosas han sido siempre el pan de cada día. Sólo que, ahora, se suponía que vivíamos el cambio político. Esto es lo inolvidable.

El desafuero consumado y el futuro que se avizora

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador es el mayor golpe contra la República desde el fraude electoral de 1988 y es, también, el mayor retroceso político desde la reforma electoral de 1996.
Ha quedado en evidencia completa que los accesos al predio El Encino no existían en el momento de la solicitud de amparo y, por tanto, tampoco en el momento en que el juez dictó la suspensión definitiva que ordenaba no bloquear dichos “accesos”. El corte del terreno ya se había hecho. Así, la causa del desafuero es inexistente.
Lo que sí existe es un montaje político, con una falsa cobertura legal, para tratar de eliminar a un posible contendiente en la próxima elección presidencial. La cuestión es que ese posible contendiente es el puntero en las encuestas, pues de otra manera no se hubiera dado el desafuero.
Mas este retroceso político es también un agravio contra la ciudadanía, de la capital pues se pretende separar de su encargo a un gobernante legítimamente elegido por el pueblo. Uno de los impulsores del desafuero, el actual secretario de Gobernación, fue el candidato derrotado en la elección del año 2000 en la Ciudad de México y, ahora, se levanta para tomar su represalia.
También se trata de penalizar la política del gobierno capitalino, en especial la política social, tan criticada por el presidente de la República en varias declaraciones. Se dice que hay que detener al “populismo” sin definir en qué consiste. El Estado paga miles de millones anuales para cancelar créditos privados y rescatar a la banca pero se considera que no debe otorgar pensiones no contributivas, debido a que esto último es “populismo”, en tanto lo primero se presenta como la salvación nacional.
Quizá el peor aspecto de este drama es que la aventura política emprendida por Vicente Fox fue secundada por la dirección del PRI, con lo cual los mayores poderes políticos del país se unieron para combatir el espectro del “populismo” con artimañas condenables.
El único pacto político había sido hasta ahora el predominio de las urnas en la definición de los nombres de los gobernantes. Gracias a este pacto de 1996, Vicente Fox pudo ser presidente de la República en el año 2000. A partir de ahora, la situación ha cambiado y hemos vuelto a la ley de la selva. El PRI ha considerado que los enemigos de sus enemigos son sus amigos aunque sigan siendo sus adversarios electorales. Los viejos partidos, el PRI y el PAN, se han unido para combatir al espectro del “populismo”, esa “izquierda arcaica”, se dice, que trata de seguir siendo izquierda. Pero vetar a una corriente nacional de la disputa por la presidencia de la República es el rompimiento con todo criterio elementalmente democrático. La unidad entre los dos partidos ancianos es, sin embargo, la mayor oportunidad de lo nuevo que, a pesar de todo, sigue vivo y actuante en este país. El PAN se ha aislado de los demócratas en lo político aunque conservadores en lo social; el PRI se ha aislado de los reformistas en lo social aunque enemigos de la democracia política. La izquierda ha avanzado, con el desafuero, en la unidad de los demócratas y los reformadores sociales.
La aventura del presidente Fox, secundada por el candidato Madrazo, no ha concluido porque el objetivo principal no es el desafuero sino la inhabilitación política de un posible aspirante a la Presidencia. Pero quitar sus derechos ciudadanos a López Obrador será un capítulo quizá más duro y difícil que el desafuero.
Y como consecuencia de la aventura y la ceguera políticas, se levantará un movimiento civil, democrático, pacífico, ciudadano para restablecer el pacto de que sean las urnas las que hablen en el marco del respeto a la libertad política de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República. Hay que volver a empezar pero, cuando la victoria de la democracia sea nuevamente alcanzada, las cosas habrán de cambiar verdaderamente para que nunca más, desde el poder y con base en el despotismo más odioso y más mezquino, se ose arrebatar el derecho de uno y, en consecuencia, el derecho de todos a ser elegido por el pueblo.

El PAN, en crisis moral

El Partido Acción Nacional ha entrado en una crisis moral, definida ésta como el desapego de valores tradicionales sostenidos por ese mismo partido durante los años en que estuvo en la oposición. No se trata, sin embargo, de la consecuencia con la democracia, pues el PAN demostró a través de su larga existencia que a la hora de las grandes definiciones siempre le hacía falta una defensa de la democracia basada en principios.
Se trata de los métodos sucios de la política, la consigna como medio de disciplina, la torcedura de los argumentos para justificar la arbitrariedad, la corrupción soslayada, la defensa a ultranza del presidente de la República, el uso de la amenaza y la represalia, las negociaciones oscuras y secretas, el reclamo de un punto contra sus adversarios y la aplicación de ese mismo punto para su beneficio, lo que he llamado el síndrome de la Chimoltrufia: “como digo una cosa digo la otra”.
El Grupo Parlamentario del PAN resolvió, el pasado miércoles, votar en bloque a favor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con lo cual contradice de manera grosera su anterior declaración en el sentido de que el asunto es exclusivamente jurídico. Ningún tema de aplicación estricta de la ley, en materia penal o cuasi penal, como es el caso, puede ser sometido a un tratamiento exclusivamente político en el que predomina la línea general de un partido. No se debería, por tanto, resolver por mayoría un caso de carácter penal bajo consideraciones de conveniencia política. El “voto en bloque” que anuncia el Partido Acción Nacional revela que el asunto del desafuero de López Obrador no es un caso “jurídico” sino un asunto de estricta índole política, es decir, al revés de lo que han venido diciendo Vicente Fox, Santiago Creel, Rafael Macedo y los líderes panistas.
El PAN ha hecho toda la propaganda posible sobre la aplicación del “Estado de derecho” y, a continuación, anuncia con cinismo el “voto en bloque”. En realidad, es la misma línea aplicada por Macedo y Vega Memige en la PGR a partir de las instrucciones brindadas a éstos por el presidente de la República.
Un asunto pretendidamente “jurídico”, con implicaciones penales, ha sido tratado en varias ocasiones en el despacho presidencial de Los Pinos como si se tratara de un problema de gobierno. A estas reuniones han acudido líderes del Partido Acción Nacional, con toda tranquilidad y sin importarles que, afuera de este cenáculo, ellos mismos tratan de persuadir a la opinión pública de que sólo se trata de la más estricta aplicación de las leyes.
En casi todo se muestra la crisis moral del PAN. La Asamblea Legislativa del DF retira una iniciativa enviada a la Cámara y el PAN sostiene que no debe admitirse tal retiro pero, antes, aceptó que el presidente de la República retirara propuestas suyas.
Un hecho escandaloso debe ser recordado: el Jurado de Procedencia convocado para el asunto del senador priista Aldana, dirigente del Sindicato Petrolero, contó con la complicidad del PAN para que fuera desconvocado, debido a un arreglo secreto entre el gobierno, los líderes charros y el PRI. Después, Pemex informa al juez de la causa penal que no hay daño patrimonial debido a que ha firmado un acuerdo con el sindicato para borrar la exacción ilegal de fondos a favor de la campaña electoral de Francisco Labastida en el año 2000. En realidad, Pemex aportó mil cien millones de pesos a la precampaña y a la campaña del aspirante priista a la Presidencia de la República y nadie está en la cárcel. El asunto de Amigos de Fox es igualmente escandaloso: Macedo de la Concha resolvió el no ejercicio de la acción penal para proteger al ahora presidente de la República, quien violó la ley electoral y la ley penal en la operación de financiamiento electoral ilícito con recursos privados más grande de la historia. Todo ha quedado en multas debido a que las consignas del gobierno no operaron igual en el IFE y en el Tribunal.
La crisis moral es una ausencia de la moral proclamada. Es la derecha que trata de imponer su propia moral con sus propias excepciones.