Frontera segura

Son dos las condiciones puestas por el gobierno de Estados Unidos para llegar con México a un acuerdo migratorio: frontera segura y creación masiva de empleos que reduzca la emigración. La cuestión consiste en definir qué se entiende por “frontera segura” y qué habría que hacer para lograrla.
El gobierno de Estados Unidos pretende que las autoridades mexicanas hagan lo que él mismo no podría hacer bajo ninguna circunstancia como no fuera bajo estado de guerra, es decir, controlar la salida de personas de su territorio y, aún más, tender un cerco antes de la frontera para evitar que muchos se acerquen a ella.
La Constitución mexicana permite el libre tránsito de personas en el territorio nacional y la libre salida de las mismas. La Casa Blanca sabe de sobra que el gobierno de México no puede establecer restricciones a quienes deseen abandonar el territorio nacional ni tampoco puede impedir el tránsito de individuos hacia las fronteras del país. No obstante, el presidente Bush pretende imponer un nuevo régimen jurídico en esta materia pero en el territorio de México. Por su parte, el gobierno de Vicente Fox, quien ya había admitido cierto tipo de restricciones al acceso de migrantes hacia la frontera en las zonas áridas, ha tenido que alzar los hombros y declararse incapaz de llevar a cabo lo que sería una militarización de algunas regiones fronterizas.
El argumento principal usado por el gobierno estadunidense consiste en la seguridad nacional aunque también está presente la preocupación por el aumento de trabajadores migrantes que se lanzan hacia el territorio de Estados Unidos en busca de empleo. Es evidente que un país con muchos miles de kilómetros de fronteras internacionales y de litorales, al cual llegan millones de personas cada año procedentes de todas partes del mundo, tiene de por sí problemas de seguridad, pero éstos no se resolverán con poner al gobierno mexicano de guardia migratorio como tampoco ha tenido ningún resultado levantar un muro fronterizo en algunos lugares.
La seguridad nacional de Estados Unidos es un problema tan complejo como el de su política exterior, pero en forma alguna se ve vulnerada por la afluencia de migrantes mexicanos. Quienes lanzaron los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono ingresaron a Estados Unidos de manera regular con visas en la mano y fueron entrenados en escuelas estadunidenses. La clave del ingreso de los terroristas fue su capacidad económica, de la cual carecen los trabajadores migrantes. Los pasos sin visa en la frontera mexicana se realizan casi sin equipaje y mucho menos con explosivos, los cuales, por lo demás, son más fáciles de adquirir en el mercado negro de Estados Unidos.
El argumento estadunidense se cae de plano cuando se considera que la expedición de visas laborales a trabajadores mexicanos crearía una relación migratoria más regular, menos accidentada, mejor observada por las autoridades de ambos países. Mas estamos hablando de visas permanentes que permitan al migrante entrar y salir del territorio de Estados Unidos durante un lapso considerablemente largo, pues el bracerismo es algo del pasado e irrepetible.
Es imposible detener legalmente la afluencia de trabajadores migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Este es el precio de la vecindad y de la tremenda desigualdad que existe entre ambos países, así como de la estructura social estadunidense que requiere fuerza de trabajo de menor preparación relativa para hacerse cargo de muchos empleos disponibles.
La frontera entre ambos países contiene una presión brutal que no será resuelta con medidas policíacas o militares sino con un arreglo basado en el entendimiento del problema. Son pocos los desempleados entre los trabajadores emigrados mientras que de dos millones que cruzan al año regresan más de un millón y medio. Y he aquí el problema: el asentamiento de mexicanos en aquel país, lo cual quiere ser detenido drásticamente. Pero no, no se podrá mientras el empleo en México no crezca lo suficiente y sea mejor remunerado, de lo cual no se preocupa tanto el gobierno de Estados Unidos ni, por lo visto, el de México.
La frontera segura es la de los pasos regulares, es decir, una frontera abierta es más segura que una parcialmente cerrada. El terrorismo podría llegar a Estados Unidos por cualquier parte y no sólo por su frontera sur pero éste no podrá ser combatido convenientemente si Washington mantiene su política exterior de policía mundial.

El Yunque: hacia los extremos políticos

La elección de Manuel Espino como presidente del Partido Acción Nacional no generará una división en las filas panistas, pero ha creado, por lo visto, una especie de mal sabor de boca o, quizá, un repentino dolor de estómago. La renuncia al PAN de la diputada Tatiana Clouthier no será, probablemente, más que un grito de repudio.
Lo que sí es seguro es que los problemas políticos en el seno del PAN no terminaron con la elección de Espino sino que entonces empezaron. Un prominente panista me dijo que, en el Consejo Nacional panista, el Yunque pudiera tener, por sí sólo, unos cien miembros. De seguro que se trata de una exageración, pero tal vez aquel legislador se refería a los yunquistas y a sus seguidores, juntos.
Si hablamos del Yunque no podríamos sólo referirnos a quienes fueron integrantes de esa organización, tal vez no muchos, sino a todos los que simpatizan con la llamada ultraderecha panista, es decir, a aquella corriente nacional que pretende imponer al país una moral completa y para todos sin excepción.
Un hecho reconfortante es que los llamados neopanistas, es decir, aquellos empresarios que llegaron al PAN con Manuel J. Clouthier, se hayan enfrentado al yunquismo, a pesar de ser normalmente reaccionarios, al lado de las familias históricas que, la verdad, lo han perdido casi todo y sólo les queda, por ahora, la esperanza de Felipe Calderón.
Tatiana Clouthier hubiera servido más a la causa que defiende adentro que afuera del PAN. Tomó la decisión de irse a ninguna parte, mas la denuncia que realizó la hubiera logrado como panista. Lo que no hizo la diputada lo harán otros, quizá, pues la lucha interna en el Partido Acción Nacional se ha reiniciado en un nivel que no se había visto en muchos años, como ya lo dieron a entender Martínez Cázares y Luis H. Álvarez. Y como se trata de un asunto de alianzas, muchos analizan que Santiago Creel, el de familia liberal aunque oligárquica, se encuentra cercano a los yunquistas o que éstos prefieren a Creel ante la dificultad de tener como candidata a Sahagún. En cualquier caso, uno y la otra estuvieron juntos en la lucha por la presidencia nacional del PAN, al lado de quienes detestan a los históricos y a los neopanistas, incluyendo a los bárbaros del norte.
Aunque en realidad los yunquistas puros no sean tantos, lo que se pelea en el PAN es el poder, pero no del partido como tal sino del país, obsesión histórica de la ultraderecha que ni siquiera era panista hasta que algunas cosas empezaron a ocurrir en el país y los partidos asumieron un protagonismo que antes no tenían. Pero ese ultraderechismo no es tan sincero y resulta ser la derecha de la derecha en un medio que no resulta tan proclive a sus verdaderas convicciones, es decir, se guardan muchas propuestas con tal de ir avanzando paulatinamente, como la humedad. Por lo pronto, ese yunquismo y sus nuevos amigos de conveniencia o por afinidad, avanza rápido en el PAN y de seguro que se va a sentir una respuesta. Lástima, dentro de todo, que no haya una clara corriente socialcristiana en el PAN y este partido carezca de lazos con la izquierda. Si en el PAN el odio hacia PRD era muy grande, ahora será mucho mayor. Hay algo en el país que nos dice que vamos hacia una década de extremos políticos en México.

Derecho de manifestación, democracia política y ley

Más allá del recrudecimiento de los ataques verbales del presidente de la República contra el jefe de gobierno del DF, se encuentra un tema vital para la democracia de cualquier país: el derecho de reunión. El secretario Santiago Creel hizo recién un planteamiento en la Cámara de Diputados en contra de que se realicen manifestaciones públicas sobre el desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México. “Decidan aquí... no lo traigan (sic) allá afuera”, dijo. El presidente de la República ha hecho el mismo pronunciamiento en contra de manifestaciones públicas sobre este tema.
Se trata, por tanto, de una posición del gobierno federal y, posiblemente, de su partido, ya que prominentes políticos panistas han hecho declaraciones semejantes, todas ellas tendientes a ubicar la manifestación pública como algo que convoca al desorden y tiende a presionar indebidamente a las autoridades.
Lo importante aquí es que se presenta la protesta popular como una convocatoria a la violencia o, aún más, como la violencia misma. Este discurso proviene en México del PRI y de las consabidas buenas conciencias defensoras de que nada cambie en la sociedad y el Estado como no sea para ir hacia atrás. Las manifestaciones públicas fueron prohibidas en los hechos, cuando las autoridades las disolvían siempre que éstas fueran organizadas por opositores de izquierda. También se crearon reglamentos de policía y buen gobierno para que el derecho de reunión que contiene el de manifestación estuviera sometido a la previa autorización de parte de la autoridad gubernativa. Durante muchos años, las izquierdas mexicanas reivindicaron el derecho ciudadano a la libre reunión de los ciudadanos y a la protesta pública. La conquista de este derecho costó vidas y en su defensa fueron a la cárcel miles de personas. No se trata, por tanto, de algo cualquiera sino de una garantía ciudadana esencial, establecida en las cartas fundamentales desde que la democracia se asomó al mundo.
Otra cosa es el contenido de la protesta, sobre la cual puede opinar cualquiera, incluyendo al presidente de la República. Pero no. El gobierno no sólo fustiga la causa de las manifestaciones anunciadas sobre el desafuero sino la acción ciudadana en sí misma.
Mas no se trata solamente de la reivindicación de un derecho irrenunciable sobre el que la autoridad no debería pronunciarse sino sólo para garantizar su libre ejercicio. Se trata también de que si el Partido de la Revolución Democrática no convoca a la movilización popular en defensa de uno de sus miembros y de un gobernante elegido libremente por el pueblo de la capital, entonces las expresiones ciudadanas serían desorganizadas y espontáneas con lo cual se podría generar confusión y, eventualmente, desorden.
Convocar a manifestarse de manera organizada contra el desafuero es una forma de prevenir la violencia. Esto no lo analiza el presidente de la República ni nadie le ha hecho ver que la acción política es un medio para evitar enfrentamientos físicos entre autoridades y ciudadanos y entre personas de diferentes posiciones. El señor Fox nos está diciendo que las cosas se dejen a la acción espontánea y que se renuncie al ejercicio de un recurso político legítimo para encarar los desacuerdos y contradicciones. Y, junto a esto, la Presidencia de la República emite un documento oficial en el que afirma que López Obrador “cometió desacato” y, de esta manera, el presidente cae en un verdadero desacato a la Constitución, ya que el Poder Ejecutivo no tiene capacidad para declarar la culpabilidad de ninguna persona. Ni siquiera la Cámara podría decir que López Obrador “cometió desacato”.
El presidente, por lo demás, pierde su tiempo al llamar a la inactividad popular, al pedir que nada se haga sobre el penoso asunto del desafuero como no sea esperar a que cuatro diputados de la Sección Instructora aprueben un dictamen y, después, 500 legisladores emitan su voto. El señor Fox ha perdido de vista cómo es ahora el país que gobierna.

Yeidckol y la moral de la sociedad

El armado escándalo sobre las diferentes actas de nacimiento y los nombres distintos de Yeidkol Polevnsky ha dejado ver moralidades diferentes en la sociedad. Algunos comentaristas hacen responsable a la ahora candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México, sin detenerse en que ella era una niña cuando ocurrieron los hechos que hoy se han revelado. Otras personas han opinado públicamente en el sentido de que no puede hacerse de un drama familiar un escándalo de carácter político. No pueden tener razón ética las dos opiniones.
Durante el tiempo en que Yeidckol fue una dirigente empresarial de industriales se enfrentó a los misóginos que consideraban que no debía encabezar una mujer tan respetable organización. Sin embargo, nadie recurrió entonces a la infamia de hacer del dominio público el drama de una niña de 12 años que tuvo un embarazo, hasta que esa niña se convirtió, muchos años después, en una candidata del PRD en el Estado de México. En esta oportunidad, también se hizo público un asunto familiar que involucra a la abuela y a la madre de Yeidckol y a un prominente político mexicano que tiene muchos años de haber fallecido, así como a otras personas, familiares consanguíneos y no de la ahora candidata. Historias de familia, algunas terribles, que fueron saliendo, con entrevistas de otros familiares, expresando juicios de valor sobre Yeidckol que, en otras circunstancias, nadie hubiera publicado.
Se ha llegado al extremo de adivinar la derrota de la candidata del PRD debido a que fue registrada varias veces cuando era menor de edad y a que no dijo nunca antes que su nombre original fue Citlali y no Yeidckol, con lo cual, para ciertos iluminados comentaristas, se trata de una falta de sinceridad de parte de una figura pública que aspira a tomar el gobierno de una entidad.
Qué lamentable ha sido todo este escándalo armado. Al fustigar a Yeidckol se condena a todas las madres solteras, a todas las personas que han hecho esfuerzos para rehacer su vida sin estigmas y condenas de esa parte de la sociedad que posee la inaceptable moral de convertir a las víctimas en algo así como delincuentes.
Yeidckol no se ha defendido sino que, sencillamente, ha dado la cara. No se defendió porque no requiere defensa alguna. Sus críticos no son intolerantes sino individuos sin ética. El nombre de los menores que son víctimas de violencia debe ser reservado… para siempre, con el propósito de evitar que sean mal vistos o señalados durante el resto de su vida. Este principio ético es de aplicación indefinida y se debió haber usado, naturalmente, en el caso de Yeidckol.
El asunto de las actas de nacimiento tiene que ver con el problema principal, pero ningún menor de edad puede ser condenado por decisiones, ampliamente justificadas, que tomen sus padres para escapar a las persecuciones de la moral medieval que reaparece en este país a pesar de todo lo que se hace para contrarrestarla.
A Yeidckol se le ha perseguido moralmente en estos últimos días. Se ha tratado de hacer escándalo a partir de una tragedia personal y familiar. Esto se explica en relación con quienes tienen interés político, pero los opinadores gratuitos, los impartidores de ética no son más que expresiones intelectuales de una moralina infame.