"Prepotencia del poder"

El vocero oficial de Los Pinos se refiere al jefe de gobierno de la Ciudad de México y acuña la frase “prepotencia del poder” que, según él, ha sido despreciada por el pueblo de México en su larga lucha por la democracia. Lo que se quiere decir con algo así como el ejercicio de un poder mayor que el de otros y del que alardea o abusa el poder local, (tal cosa querría decir el disparate de la casa presidencial), o sea, el poder mayor del poder menor (entiéndase como se quiera), no es lo que se escribe sino, al parecer, otra cosa: acusar a “quien dice aspirar a conducir el destino de la nación” (Los Pinos dixit) de prepotente; con lo cual el vocero presidencial y su jefe, el presidente, externan postura pública (una vez más) sobre la actual competencia preelectoral por la presidencia de la República. Vemos de esta manera y en el texto oficial la verdadera motivación de la solicitud de desafuero con todas las maniobras y confabulaciones que ésta tiene detrás de sí.
El “prepotente” denunciado por el vocero presidencial es una persona a quien le quieren despojar sus derechos políticos desde el poder del Estado –los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, juntos--, mediante un plan bien arreglado, con el objeto de que no pueda ser postulado por su partido como candidato a presidente de la República. El alarde de poder mayor –la prepotencia—es adjudicado a la posible víctima de ese poder más grande, es decir, estamos viviendo un mundo alterado visto desde la residencia oficial del jefe del Estado y del gobierno.
Desde Los Pinos se hacen definiciones doctrinarias que provocan cierta hilaridad un tanto avergonzada, pero de vergüenza por el prójimo: “En la democracia la lucha se da en el nivel de la mesura inteligente...”. ¿Cuál será “el nivel de la mesura inteligente”? Habría que suponer que la democracia no admite desmesuras, es decir, ausencia de moderación y tampoco acciones que no puedan considerarse inteligentes. ¿Qué diría el vocero de Los Pinos, ante la mirada iracunda de su jefe, el presidente, si le recordara a éste aquella frase de “son marranadas” lanzada por el candidato Vicente Fox contra los magistrados electorales que rechazaron el logotipo electoral del PAN-PVEM que contenía la foto del entonces aspirante? Pero no sólo hablemos de aquel Fox candidato, sino de este Fox presidente de la República quien se refiere al Congreso como un lugar de “parlamentarismo irreflexivo”.
Pero el vocero presidencial miente al seguir los discursos de su jefe: “el Poder Judicial fundamentó –dice-- el desacató del jefe de Gobierno con respecto a sus resoluciones”. La redacción no tiene desperdicio de mala factura, pero lo que se quiere decir es que el Poder Judicial pidió el desafuero de López Obrador, que es justamente lo que no ocurrió y lo que algunos juristas han dicho que debió llevarse a cabo si acaso la Suprema Corte hubiera llegado a la conclusión de que hubo desacato y que el probable responsable era el jefe de gobierno. El juez de distrito –quien no es el Poder Judicial—pidió al Ministerio Público de la Federación que averiguara y resolviera sobre la inobservancia de una suspensión definitiva. La PGR hizo una averiguación, decidió que había delito y declaró que López Obrador podía ser el probable responsable. Pero esta decisión del procurador se tomó en Los Pinos, lo que es una trasgresión a la ley, pues el Ministerio Público cuenta con atribuciones constitucionales propias cuyo ejercicio no admite órdenes ni consejos del presidente de la República.
El vocero de Vicente Fox nos viene ahora con esta frase tan mal hecha como casi todas las otras de la declaración oficial del 21 de febrero: “El Poder Ejecutivo, con respeto absoluto a las atribuciones que otorga la ley a cada uno de los Poderes (sic) de la Unión, acatará siempre las decisiones que se tomen en su seno”. ¿En el seno de quién? Suponemos que se refiere a los poderes Legislativo y Judicial, pero no se dijo lo mismo cuando la Cámara de Diputados expidió el Presupuesto de Egresos de 2005 y el presidente de la República declaró que iba a impugnar la decisión tomada por los legisladores, lo que después se tradujo en la inaudita objeción de Fox a la capacidad de la Cámara para crear nuevos programas de gasto.
El intento de desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México es, sencillamente, un acto político del señor Vicente Fox y otros miembros de su gobierno, con el apoyo del PAN, y el aplauso de no pocos políticos del PRI. Es la falta de “mesura” y la ausencia de “inteligencia” política que predominan en el Ejecutivo, a pesar de las definiciones doctrinarias tan malas como reiteradas por Fox.

Las reglas del juego político

Las reglas políticas básicas son las reglas de la lucha por el poder. Durante muchos años, en México se dio un fuerte combate para lograr el punto número uno de tales reglas: que los votos ciudadanos decidan la elección de los gobernantes y legisladores. No podría decirse que tal norma haya sido conquistada del todo pero el país avanza en tal camino.
Si se quiere alterar ese punto número uno volveremos a las ilegitimidades de los gobernantes. Y, en efecto, el grupo en el poder, con el apoyo del Partido Acción Nacional, pretende modificar la norma básica, el acuerdo fundamental de la precaria transición de México a la democracia.
En su actitud de aprendiz de brujo que desata fuerzas incontrolables, Vicente Fox busca la inhabilitación política de uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República. No se trata, por cierto, de cualquier aspirante, sino de quien señalan los encuestadores como el puntero, hasta ahora. En el fondo, sin embargo, es menos relevante de quién se trata que la manera como el poder Ejecutivo quiere deshacerse de un posible adversario electoral.
Sería del todo natural que si con los métodos políticos más odiosos se elimina a un posible contrincante y éste es el candidato elegido por uno de los partidos políticos, ese mismo partido decida no concurrir a la elección presidencial y declare que los comicios tienen un vicio de origen y su resultado será ilegítimo.
Podría no ser López Obrador, podría ser cualquier otro; podría no ser el PRD sino el PAN, y veríamos la misma reacción política. Un partido que asume que su candidato no puede ser registrado como tal debido a una injusta acusación y a una burda maniobra política, no puede más que declarar la contaminación de la elección de presidente de la República y no hacer el juego a los tramposos.
Si López Obrador fuera el candidato del PRD, elegido en un proceso interno, y su registro como tal fuera rechazado por las autoridades bajo la consideración de que carece de derechos políticos ciudadanos, ese partido en su conjunto no podría encontrar un sustituto legítimo y no podría tampoco concurrir con legitimidad a una elección defraudada de antemano.
Las reglas básicas de la lucha por el poder no pueden alterarse así nomás por el poder mismo sin que las consecuencias de tal atentado sean críticas para la República. Si el presidente atenta contra la vida republicana y la Cámara de Diputados le admite su fechoría, tendremos un agudo conflicto político durante seis años.
Para algunos, una actitud política pulcra, tal como la de no presentar otro candidato si el propio es inhabilitado con métodos condenables, sería una auto inmolación. Sin embargo, hay que entender que la lucha por el poder no es un deporte sino una confrontación permanente de intereses e ideas diferentes y que cuando se han definido las reglas básicas y éstas son pervertidas, es mejor seguir luchando con legitimidad que hacerse cómplice de la violación del principio democrático elemental.
El intento de desafuero del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México no es un asunto personal y ni siquiera es una grilla entre políticos. Se trata de una manera de atentar contra las posibilidades democráticas del país, de impedir la expresión ciudadana a través de las urnas. El desafuero y la inhabilitación de López Obrador serían, por tanto, un atentado contra la libertad política del pueblo de México.

¿Y la seguridad del Estado?

El descubrimiento de un funcionario de la Presidencia de la República que surtía de información a un grupo de criminales no es cualquier cosa. El señor Vicente Fox intenta minimizar el hecho mientras que el Procurador General de la República ya no sabe qué decir al respecto.
Si alguien paga por conocer los movimientos programados del jefe del Estado es para poder usar la información obtenida. Sin duda, el funcionario descubierto tuvo que suponer que sus reportes podrían ser usados y no lo iban a ser para dar la bienvenida al presidente en los lugares en que se hiciera presente.
La seguridad del Estado es tratada en México de manera discreta por no decir vergonzante. En algún momento, los presidentes civiles otorgaron a un cuerpo especial del Ejército el trabajo de seguridad personal del presidente de la República, el gabinete y muchos familiares de los integrantes del gobierno. El Estado Mayor Presidencial se encarga de esos asuntos, pero también existe en Los Pinos personal civil que no rinde cuentas a los militares. Una de las secciones del organismo militar presidencial se encarga justamente de la inteligencia, pero parece que no hubo mucha en el caso del espionaje contra Los Pinos.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación cuenta con un órgano de información, espionaje e inteligencia, recientemente legalizado a través de un instrumento legislativo expedido por el Congreso bajo el pomposo título de “seguridad nacional”.
La seguridad del Presidente de la República es un aspecto muy importante de la seguridad del Estado y tiene que ser, por tanto, materia de un tratamiento especial. Pero el tema no se trata abiertamente. Ahora, cuando la PGR informa que encontró por casualidad un documento que prueba la infiltración de narcotraficantes en Los Pinos, el gobierno minimiza el hecho, aplaude el descubrimiento casual y no se anuncian reformas a la seguridad del presidente. Esta manera de actuar y de omitir es característica de la administración de Vicente Fox.
Si los narcotraficantes pudieron penetrar en la casa presidencial y obtener información directa, podría entenderse que no hay ya nada en el país que pueda resistir el embate del narco dinero. Es decir, si los llamados narcos tenían información directa de los movimientos exactos del presidente de la República, con mucha mayor facilidad –tendría que pensarse—podrían saber todo sobre los operativos de la Agencia Federal de Investigaciones.
El tema de la seguridad del Estado aparece como algo real que no debería ser eludido por el gobierno. Imaginemos un atentado contra el presidente, procedente de los narcos, y pensemos en los políticos culpándose unos a los otros en medio de una tremenda confusión y en una pugna por el nombramiento parlamentario del sucesor en la Presidencia.
Es el gobierno quien debería presentar un esquema completo de seguridad del Estado para ser sancionado por el poder Legislativo, pues la existencia del Cisen no parece ser suficiente como no sea para espiar a diplomáticos cubanos en sus reuniones con dirigentes políticos mexicanos o para ayudar a quienes cuenten con información comprometedora de personajes de la oposición.
Si este tema sigue siendo soslayado por el presidente de la República, como tantos otros, los riesgos irán en aumento.

¿Para qué una crisis política?

El intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador ha entrado en su fase final. Al parecer, algunos tienen prisa y también tienen poder para hacerla efectiva. Pero las actuaciones en la Sección Instructora de la Cámara arrojan un resultado desfavorable para el gobierno federal quien montó un entramado con el único fin de separar de su puesto al jefe de gobierno de la capital y despojarlo de sus derechos políticos.
Así, el predio en el que se realizó el supuesto desacato a una resolución judicial que ordenó suspender obras con el propósito de permitir el acceso al mismo, no contaba con accesos para vehículos. Si se acusa a López Obrador de obstruir accesos que no existían o, al menos, que nadie ha probado su existencia, ¿pudo haber desacato a la orden del juez?
Pero la mayoría de la Sección Instructora se negó a un tercer peritaje para esclarecer de la manera más incuestionable este punto, lo que pudo haberse hecho como un procedimiento normal en cualquier instrucción. El asunto no tiene más fondo que el intento político de usar el poder público para inhabilitar a un ciudadano por si acaso ése se presenta como candidato a presidente de la República.
El Partido Acción Nacional votará unido a favor del desafuero. Se trata de una votación anunciada antes de que culminara la instrucción y se supiera algo más del asunto del predio maldito. En cuanto al Partido Revolucionario Institucional lo que se observa es una posición aparentemente neutral que le permite a cualquier segmento del grupo parlamentario de ese partido asumir una actitud favorable al desafuero y lograr, así, una mayoría parlamentaria suficiente para avanzar en el camino de la inhabilitación de López Obrador.
Pero el desafuero generará una crisis política de magnitud y consecuencias difíciles de prever. Lo que es seguro es que tal crisis habrá de presentarse y se abrirá un periodo de mayor desgaste político en el país, el cual de por sí es ya considerable. Se trata, en efecto, de la lucha por la Presidencia de la República, en la cual se encuentran los tres principales partidos del país. Si se produce el desafuero y, después, la prisión de López Obrador, se abrirá un periodo de exigencia popular a favor del excarcelamiento de éste. No será, como lo ha dicho el jefe de gobierno de la capital, una sola movilización popular el día del desafuero, sino una sucesión de actos públicos y confrontaciones políticas que ya no convocaría López Obrador sino otras muchas personas y organizaciones, lo que puede llevar muchos meses. Sería un inmenso retroceso que una de las tres mayores fuerzas políticas se lanzara a una deslegitimación de la elección presidencial y así nos lleváramos seis años.
Una característica del estilo de Vicente Fox es el de correr riesgos de consecuencia impredecible. Con esa actitud, el presidente de la República toma decisiones sin estudiar a dónde puede llevar al país. El resultado de este estilo es una mayor presión política y una falta de discusión pública sobre los grandes problemas. El forcejeo preelectoral se caracteriza por una ausencia de debate nacional en lugar de que las posiciones políticas estuvieran en el primer plano del escenario nacional, lo que nutriría la democratización de México. Pretender ganar la presidencia fuera de las urnas no parece alimentar más que confrontaciones sin fin. Cuando se produce una crisis política, lo más probable es que venga otra si la primera no se puede resolver de ninguna manera. Esto es lo que ocurriría si se produce el desafuero de López Obrador y se abre un proceso penal en su contra. ¿Para qué?