Detalles controvertibles

El presidente de la República supone que puede persuadir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta le conceda a él la capacidad de decidir cada año cuáles autorizaciones de gasto puede añadir la Cámara de Diputados y, naturalmente, cuáles no puede.
Ningún jefe de gobierno, en México, había tenido tal pretensión. Era natural que, cuando los presidentes tenían la mayoría parlamentaria, no se requería nunca crear un conflicto de competencias con los diputados, pero Ernesto Zedillo, primer presidente sin mayoría en la Cámara, se aguantó y obedeció varios mandatos parlamentarios que modificaron el presupuesto de egresos.
Vicente Fox, primer presidente del Partido Acción Nacional y primero no priista, se lanza contra la Cámara de Diputados para limitar la capacidad de ésta de modificar el proyecto presidencial de presupuesto. Pero, al hacerlo, reclama la facultad del Ejecutivo de decidir los temas de gasto. Habría que entender por este concepto aquello que implica prioridad presupuestal programable y ejecutable a través de partidas específicas. Es decir, que el objeto del gasto no puede ser decidido –según Fox—por la Cámara sino solamente por el presidente de la República.
Aunque no se note demasiado, este es un tema de la democracia política más que de cualquier otra naturaleza. Fox y su partido carecen de mayoría parlamentaria por decisión de los electores en los comicios más recientes. Tenemos un Ejecutivo de minoría y, frente a éste, tenemos a unas oposiciones que constituyen, juntas, una mayoría absoluta e, incluso, de más de dos tercios en la Cámara de Diputados. Pero este hecho de la democracia política formal, bajo la doctrina liberal más vieja, no conmueve a nadie en la casa presidencial ni en el partido del presidente. Pareciera que el Ejecutivo reclama el reconocimiento de una mayoría inexistente o de unas facultades extraordinarias que nadie le ha conferido.
El asunto es grave para la precaria transición mexicana a la democracia. Si a las primeras, el presidente de la alternancia desconoce todo aquello que significó la base de la crítica de su propio partido al viejo sistema que estamos afanosamente remontando, ¿qué perspectivas tiene el intento de continuar con la reforma del Estado y la democratización del país?
Se formó en San Lázaro una mayoría parlamentaria para modificar el proyecto de egresos presentado por el presidente de la República. Este hecho es de carácter democrático y no es ajeno a una república que se proclama representativa. El Ejecutivo, sin embargo, cuestiona este hecho de la esfera de la política y lo convierte en un detalle controvertible por la vía judicial.
Lo mismo hace Fox respecto de la decisión de la Cámara de rechazar la pretensión de que el Ejecutivo tiene facultad de vetar el presupuesto de egresos, a pesar de que tal rechazo se produjo con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes, proporción necesaria para vencer el veto presidencial cuando se trata de las leyes del Congreso.
No obstante la carencia de mayoría presidencial y a pesar de la carencia de un tercio panista para condicionar o impedir las decisiones parlamentarias que se toman con mayoría calificada, el presidente de la República acude a la Suprema Corte, sin argumentos válidos, sólo para no tener que hacer lo que hizo en su momento Ernesto Zedillo cuando fue vencido por un acuerdo entre el PAN y el PRD en 1999: obedecer aunque con amargo discurso de por medio.
Casi no se puede creer que el último presidente priista haya podido ser capaz de admitir la realidad política y que el primer presidente surgido de la oposición sea incapaz de hacer eso mismo, tan sencillo y natural.
Se podría decir que se trata de detalles controvertibles y no más. Pero si hacemos un somero análisis de las pretensiones del señor Vicente Fox nos daremos cuenta que éste busca, ante todo, desconocer un mandato popular expresado en las urnas y esto sí que es grave tratándose de un intento del jefe del Estado y del gobierno bajo la transición, aunque tan precaria ésta como se quiera definir.

Esto es algo más que un presupuesto

Dentro de poco, la Cámara de Diputados tendrá que contestar la controversia presentada por Vicente Fox ante la Suprema Corte de Justicia en contra del Presupuesto de Egresos y tal parece que se trata de un asunto de unos millones más o menos. Pero no es así.
El presidente Fox sostiene que la Cámara no puede autorizar gasto para programas no contenidos en su proyecto enviado a la misma Cámara. Así, los diputados tendrían que decir sí o no a las partidas propuestas y, a lo sumo, otorgar más o reducir lo que se está pidiendo desde el Ejecutivo. Esta tesis pretende reducir al extremo la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el proyecto presidencial, atribución claramente señalada en el texto actual del artículo 74 de la Constitución.
Sin embargo, el gobierno federal no impugna todo lo que la Cámara ordenó pagar y que no venía en absoluto en el proyecto. Tal es el caso del fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas, que data de 1998, a propuesta del PAN, y que Fox no ha incluido en su proyecto durante los dos últimos años. Tampoco se encuentran objetadas por el gobierno otras asignaciones que no venían en el proyecto de presupuesto pero que la Cámara tuvo que inventar. El presidente objeta sencillamente lo que no le gusta sin aplicar en todos los casos el criterio que esgrime para hacer sus objeciones. En consecuencia, la tesis de Fox sobre las atribuciones de la Cámara en relación con el presupuesto no es otra cosa que un argumento convenenciero, aunque ciertamente falso.
Habría que preguntarse, ¿qué debe hacer la Cámara –bajo el criterio del señor Fox—cuando la Ley de Ingresos prevé recursos por 50 mil millones de pesos más que la cantidad propuesta como gasto total en el proyecto presidencial? Según Fox, la Cámara debe dar ese dinero a programas ya creados por el Ejecutivo, pero no a programas nuevos, ya que éstos, según el gobierno, sólo los pueden generar los secretarios de Estado. Pero estamos hablando de 50 mil millones que no podrían ser asignados en su totalidad a programas viejos, pues no podría haber criterio válido alguno para fortalecer a algunos y dejar igual a otros. Y, si tal cosa fuera posible, la Cámara tendría que pedirle al secretario de Hacienda que le dijera qué hacer, sin que los diputados pudieran disponer de un criterio propio.
Lo que busca Fox con su propuesta a la Corte es fortalecer el viejo presidencialismo, en el que el jefe del Ejecutivo era el dueño del presupuesto, pero ahora sin tener mayoría parlamentaria. Se trata, entonces, de un presidencialismo con apoyo judicial y sin sustento político.
La Corte no tomó parte del incipiente proceso de transición de México a la democracia política, pero ahora se le ha puesto como el árbitro en una pugna en la que el primer presidente llegado desde la oposición pretende seguir disfrutando del viejo absolutismo.
Es difícil que un presidente en México vuelva a tener mayoría parlamentaria en la próxima temporada política del país, por lo que deberíamos acostumbrarnos a que un Ejecutivo sin mayoría absoluta debe compartir sus decisiones más importantes con otra u otras fuerzas, debido a un mandato popular. Si el presidente de la República de minoría puede aplastar a la mayoría, la democracia no podrá avanzar un ápice y tal cosa la va a tener que decidir la Corte en las próximas semanas.
Es mucho poder de decisión para un grupo de ministros y es demasiado lo que está en juego. Si la Cámara de Diputados es despojada de su facultad de aprobar el presupuesto con las modificaciones que por mayoría se decidan en la asamblea, el presidente de la República habrá recuperado una de las palancas autoritarias más importantes de las que ha disfrutado durante muchas décadas. De esa palanca han dependido casi todas las demás, incluyendo la influencia del gobierno sobre los jueces y la compra de conciencias.

El fracaso como virtud

Las declaraciones del presidente Vicente Fox en Chiapas, acerca de que el estado de rebelión del EZLN ha quedado atrás, sumado a otros muchos pronunciamientos sobre temas diversos, lleva a pensar que una de las características del actual gobierno es el tratar de convertir los fracasos en virtudes.
El candidato Fox se comprometió a hacer todo lo necesario para lograr la superación de ese fenómeno político llamado rebelión. Su compromiso se hizo con prepotencia, ciertamente, al decir que en 15 minutos resolvía el problema, pero al fin y al cabo era una promesa en firme, pues si no podía ser en ese lapso –sin duda usado de manera metafórica—al menos podíamos esperar que en quince meses las cosas tomaran otro sesgo.
No hubo esfuerzo del gobierno para que los Acuerdos de San Andrés quedaran impresos en la Constitución, como había sido el ofrecimiento inicial del anterior gobierno, después de lo cual Zedillo desconoció su compromiso. En realidad, los motivos del PRI para limitar la autonomía declarativa de los pueblos indios de México eran los mismos que tenía el PAN, incluyendo al presidente de la República.
Sin Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas no había posibilidad de pasar al examen bilateral de los otros temas. Así ha quedado en el olvido la rebelión, pero sólo para el gobierno, pues el hecho político cierto es que aquella sigue aunque no haya combates.
El presidente supone que basta con que las cosas no se muestren en forma de crisis para que carezcan de importancia. Esa manera en que Fox ha menospreciado la situación peculiar de Chiapas y la presencia armada del EZLN en ese estado convierte aquella metáfora de los 15 minutos en una burla política, en una manera de hacer el engaño típico de los demagogos, quienes prometen hacer cosas sabiendo que no las harán.
Pero el gobierno también muestra una debilidad política muy precisa: no aspira a dejar resuelto un problema que, aunque no es agudo ni se encuentra en una crisis activa, se mantiene de forma latente, ahí está y en cualquier momento puede manifestarse de otra manera. Pero, además, Vicente Fox manifiesta que no le interesa resolver las causas directas de la rebelión y que el país se la puede llevar sin reformar nada. Mas esta actitud no es sólo la expresión del sencillo conservadurismo tan panista como priista, sino de un desinterés en asuntos políticos demasiado complicados, en una mediocridad gubernamental, tan característica de Vicente Fox y sus secretarios.
Hay algo más: el simplismo con que se analizan los asuntos del país. Es también característica del actual gobierno una manera peculiar de ver las cosas con superficialidad, a tal punto de que siempre parece que no pasa nada y la acción política, por tanto, carece con frecuencia de objetivos claros para los mismos que toman las decisiones. Esta manera de ser es relativamente nueva en el país y por más que ha estado presente en los últimos cuatro años, sigue siendo difícil que otros, fuera del gobierno, se acostumbren a ella.
Todos estos elementos conjugados llevan al gobierno a presentar como virtud lo que es fracaso, a negar, por tanto, el fracaso mismo. Se busca con la actitud descrita que los fracasos gubernamentales aparezcan como propios de otros actores políticos, mientras el gobierno se presenta como una especie de víctima de factores no imputables al presidente de la República. No hay sospechosismo, hay victimismo.

Homicidio bajo vigilancia: lo que se ve...

Lo que se ve no se juzga, dice un viejo adagio. En La Palma se produjo el homicidio de conocido narcotraficante, hermano de uno de los más poderosos capos de ese inmenso negocio, lo que no sería una noticia demasiado escandalosa sino un acto más de esa guerra interminable que libran entre sí los carteles mexicanos de la droga, más que por la circunstancia de que la ejecución se llevó a cabo en un reclusorio de alta seguridad.
No es la primera vez que en una cárcel segurísima sucede un hecho verdaderamente escandaloso. Tal vez el más trascendente fue la fuga del hermano del ahora occiso, El Chapo Guzmán, quien abandonó otra prisión de altísima seguridad el día en que él mismo tomó la decisión de cambiar de domicilio. Otros homicidios también han revelado que los sistemas de seguridad de las prisiones federales no funcionan bien.
Es obvio que un arma de fuego no puede introducirse a una cárcel federal de especialísima vigilancia sin la concurrencia de servidores públicos al servicio de tal prisión. Según el sistema de control de tales reclusorios, es imposible introducir un alfiler sin ser detectado y mucho más difícil colocar un arma de fuego en un baño para que ahí la recoja el homicida, al estilo de uno de los asesinatos en la novela El Padrino, de Mario Puzo, pero en el relato sobre Don Corleone todo se desarrolla en la vida cotidiana de una gran ciudad mientras la ejecución en La Palma fue hasta grabada por una cámara de video.
Mientras existan el narcotráfico y las mafias que tienen bajo su encargo tal actividad, el Estado tiene que contar con una maquinaria de guerra cuyo éxito no depende de su capacidad de fuego o de la astucia estratégica sino de la vigilancia sobre sí misma. Pablo Escobar Gaviria se fue de la cárcel el día que quiso, tal como lo ocurrió con El Chapo, debido a que ambos eran patronos en las prisiones en las que se encontraban.
El gobierno federal, mientras tanto, dice que el homicidio de Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, ha sido un prietito en el arroz, sin reconocer que las cosas operan francamente mal en las prisiones federales de alta seguridad, y aquí es donde está el mayor problema. Por una parte, se admite que mientras el narcotráfico maneje miles de millones será imposible evitar que penetre los sistemas encargados de la persecución de tal actividad, incluyendo las cárceles donde llegan a parar algunos de los narcos. Por otro lado, se niega el estado en que se encuentra el aparato penitenciario de alta seguridad e, incluso, el de la persecución civil y militar del narcotráfico. El gobierno está siempre obligado a admitir la realidad y a reformar las instituciones públicas cuando éstas no funcionen bien. Pero lo que ocurre es que, en lugar de plantear el problema en su complejidad, se lanza sobre la cara de los críticos la lista de los homicidios realizados en el interior de las cárceles que no son de alta seguridad como si una cosa y la otra puedan ser comparables.
No se puede ya criticar al gobierno sin que se reciban respuestas francamente tontas y lo peor es que el partido del presidente de la República toma parte también de los discursos oficiales inaceptables. Mucho menos es admisible por el oficialismo panista poner a debate el asunto de fondo, es decir, la legalización de las drogas y el control oficial de las mismas. Las derechas mundiales no quieren oír hablar de este tema en lo más mínimo como si ellas fueran cómplices en el negocio de la producción y tráfico de estupefacientes. Los holandeses, mientras tanto, con la legalización, miran al mundo por debajo del hombro porque tienen menos problemas que los demás países consumidores de drogas.
Y es que existe la mala conciencia de que mucha gente consume drogas para escapar un poco de la realidad sin que tal cosa pueda ser impedida por el Estado y las organizaciones religiosas. El aumento de las adicciones no se debe a que haya mucha droga sino al revés: hay tanta debido al crecimiento del número de consumidores y el aumento de la frecuencia de su uso. La lucha contra el consumo de estupefacientes es lo verdaderamente importante pero eso es mucho más difícil que perseguir a los capos, aunque es lo que realmente pudiera dar resultados, ya que cuando cae un mafioso del narco surge de inmediato otro.
Pero como un cambio en el sistema jurídico sobre las drogas ahora prohibidas tendría que ser producto de un gran acuerdo mundial y el mayor consumidor de drogas ilícitas y lícitas es Estados Unidos donde casi nadie quiere tocar este tema, entonces en México el gobierno no sabe nada y ni siquiera admite que el narcotráfico no podrá ser contrarrestado con medidas policíacas o militares. Más aún, hablar del prietito en el arroz, es una manera francamente insultante de analizar el asesinato del tal Pollo. El último argumento vertido anteayer en la Comisión Permanente del Congreso fue de risa loca: ¿para qué tanto escándalo por la muerte de un criminal?
La ejecución en La Palma ahí está. Sí, lo que se ve no se juzga.