Que reconciliación ni que nada

Se habla hoy de reconciliación política. Pero ¿qué diablos quiere decir esto? Se reconcilian las parejas que tienen algún conflicto o malentendido, se reconcilian quienes han sido parte del mismo grupo y quieren volver a serlo, se reconcilian los pueblos que han estado en graves conflictos civiles, se reconcilian, en fin, los países que han tenido guerras. Pero no se reconcilian los adversarios políticos de toda la vida quienes tienen y han tenido proyectos diferentes y que ventilan sus discrepancias ante la sociedad para dar sentido a la democracia política dentro del pluralismo que existe de por sí en la sociedad.
El seguro próximo presidente de la Cámara de Diputados –según expresa en sus declaraciones periodísticas—se apresta a llamar a la reconciliación siguiendo pronunciamientos acartonados y demagógicos, tradicionales, digamos, de “buenos deseos” de quienes actúan en la lucha política con la hipocresía de los políticos “responsables”, que dicen tener el falso imperativo de quedar bien ante una sociedad que no entiende con entera claridad, en promedio, las causas de la confrontación entre los partidos y, particularmente, entre el presidente de la República y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, es decir, entre el PAN y el PRD.
El presidente Fox no ha querido recibir, no ha querido entrevistarse, con el presidente del PRD durante once meses en que este último ha sido el líder de una parte importante ---quiérase o no—de la oposición. Más de un año ha transcurrido sin que el señor Fox intente en serio intercambiar puntos de vista en corto con ese líder opositor, pero lo ha hecho con todos los demás, como para hacer sentir la diferencia de trato, es decir, su animadversión hacia el PRD o, quizá, su desprecio personal hacia ese partido. Este es el único país en el mundo en donde el jefe de gobierno no conversa con una de sus principales oposiciones. El presidente de México pone así de relieve su pequeñez política, su mediocridad personal, mientras su partido le aplaude todo lo que signifique desdén hacia el PRD, partido maldecido por la derecha mexicana que llegó al poder para no hacer nada de nada, ni siquiera algo referente a su programa histórico, mucho menos para realizar la interlocución con sus históricos adversarios, la cual era del todo frecuente antes de que Fox fuera presidente de la República.
En días pasados fui invitado a cenar a Los Pinos, junto con los demás coordinadores parlamentarios de San Lázaro. No asistí porque me informaron que antes de esa cena sin propósito manifiesto debía proyectarse un video propagandísticos de los logros de cuatro años –casi—del gobierno del cambio. Los líderes de la Cámara de Diputados no pueden admitir que les sea proyectada propaganda del gobierno en la casa presidencial cuando ellos son los fiscales del Poder Ejecutivo, quienes ejercen el control sobre el gasto y los actos gubernamentales. Esa propaganda, con cita para el efecto, es una ofensa para representantes de la nación que deben ejercer sus facultades constitucionales de recibir los informes oficiales y opinar sobre el comportamiento del gobierno.
El hecho claro es que Fox no quiere el más mínimo diálogo con el PRD y, en cuanto a su interlocución con el PRI, todo es en lo oscurito, a la vieja usanza.
No es la reconciliación lo que hoy se requiere sino el ejercicio de una política transparente, un diálogo de frente a la nación con el propósito de buscar soluciones a problemas reales del país. Pero el presidente de la República no está en un camino como éste, sino en la obsesión de inhabilitar al preferido en las encuestas, a López Obrador. En esto se encuentra también el PAN: cualquier cosa, incluso la restauración, antes de permitir que la izquierda gobierne el país. La obsesión derechista es congruente con su origen, es decir, con el surgimiento del PAN para combatir la política del general Cárdenas, pero es incongruente con la democracia que los mexicanos hemos venido afanosamente construyendo en los últimos años con el concurso de esa misma derecha, la cual se comporta hoy en forma fundamentalista, obcecada y antidemocrática.
La política en una democracia no puede pasar por la inhabilitación del contrincante. Esto es sólo el recurso del despotismo. Pero la derecha que se encuentra ahora en Los Pinos recurre con cinismo al dictamen despótico de arrancar derechos a quienes amenazan con alterar el injusto orden establecido, confiando para ello en la complicidad de los representantes del viejo régimen.
El país, hoy, no se merece ese trato.

El enredo fiscal sigue en las mismas

La Convención Nacional Hacendaria ha concluido y casi todo sigue igual. Las negociaciones entre los Estados y el gobierno federal no culminaron en una plataforma de ingresos fortalecida y en una nueva política de gasto. Los cambios que se proponen tienen poca significación mientras que los choques políticos siguen presentes en el contenido de las propuestas consensuadas y especialmente en las ausencias.
El asunto tiene su historia. El entonces candidato Vicente Fox dijo en un debate que un posible gobierno suyo lograría el ocho por ciento del PIB en educación sin necesidad de aumentar ningún impuesto. El candidato del PRI dijo que eso no era posible. Ahí mismo Fox hizo unas cuentas increíbles para justificar su planteamiento, pero el punto no fue analizado con profundidad.
Poco después de asumir la Presidencia de la República, Vicente Fox propuso una tasa positiva en el IVA de alimentos y medicinas con la promesa de un programa social de ayuda en efectivo a los más pobres del país. El PRI y el PRD rechazaron el planteamiento fiscal del nuevo presidente. Sin embargo, el PRD hizo una propuesta para gravar la alimentación básica a partir de tasas diferenciadas de tal manera que los más pobres no pagaran casi nada y las personas de mayores ingresos asumieran una carga más fuerte. A partir de este punto, los cambios fiscales han sido unir y venir en el que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de varios impuestos que pretendían ayudar a las sufridas finanzas públicas.
Al mismo tiempo, la administración de Fox no ha hecho avances significativos en materia de combate a la evasión fiscal que es enorme en México, mientras que la economía informal sigue creciendo y el Estado continúa un camino de regreso en la pretensión de ampliar la fiscalidad.
Así llegamos a la elección del 2003, en la que el PRI y el PRD prometieron no aprobar nuevas cargas fiscales a los consumidores, especialmente en alimentos y medicinas. No obstante, el Presidente de la República y el PAN insistieron en el punto. Al desatarse la crisis interna en el PRI, debido a que la entonces coordinadora parlamentaria de ese partido y, presumiblemente, el mismísimo presidente priista, se habían comprometido a gravar los alimentos, la cuestión se volvió a ubicar en el terreno puramente político.
En realidad, el IVA puede tener tasas diferentes según el producto o el servicio. De hecho así es en la actualidad. No obstante, los fiscalistas más ortodoxos no simpatizan con esta idea debido a las posibles dificultades en la recaudación. Es por esto que se inventó un nuevo impuesto a las ventas finales, de un tres por ciento, destinado a Estados y municipios, reduciendo la tasa general del IVA al 12 por ciento y a 7 en la frontera. El nuevo gravamen no termina por convencer a nadie, pero se presenta como un intento de involucrar a los estados en las tareas recaudatorias aunque no gocen de la menor infraestructura técnica.
En la Convención Hacendaria se había ya pactado un cuatro por ciento de IVA en alimentos, con la oposición del PRD, pero muchos gobernadores se echaron para atrás. En conclusión, el nuevo impuesto a las ventas finales dejaría las cosas iguales desde el punto de vista de la carga fiscal.
El problema de los ingresos públicos seguirá siendo agudo en México. Pero el gobierno no acierta una estrategia de combate a la evasión y mantiene, junto con el PRI, algunos regímenes de privilegio que se encuentran señalados en las leyes. Es verdad que el impuesto sobre la renta no puede ser elevado como si el mundo no estuviera tan globalizado, pero al menos podría cobrarse el que está señalado en la ley, lo que llevaría también a elevar la recaudación del IVA.
El problema de mayor fondo, sin embargo, se ubica en la falta de expansión económica. Si el crecimiento fuera alto, la recaudación se elevaría, lo que todo mundo sabe. Pero la cuestión es que la economía no reacciona, en parte porque el gobierno carece de una política de inversión pública productiva y de fomento.
La partidización del tema del IVA no es más que un síntoma de la situación del país, pero la falta de una política de expansión de la economía es expresión de un criterio falso compartido por el PAN y el PRI, quienes no se preocupan por otra cosa que no sea la estabilidad macroeconómica con base en el mantenimiento de una economía fría.
Así, seguirá enredado el tema fiscal.

La lucha parlamentaria

El Congreso está próximo a iniciar sus sesiones ordinarias pero no existe ningún tema importante sobre el que exista ya una mayoría suficiente. Ya nos hemos referido aquí a la reforma electoral sobre la que existen más dudas y titubeos que certezas. También hay una situación semejante en los demás asuntos importantes.
La reforma energética no es más que el terreno de lucha entre dos tendencias nacionales: la privatizadora y la que defiende el carácter nacional de la energía. La tesis de la primera es que no existen recursos suficientes disponibles para que el Estado se siga haciendo cargo de la mayor parte de la inversión en el sector. El planteamiento es falso en la medida en que el capital llega a las industrias energéticas procedente del mismo lugar cuando lo ocupan las empresas privadas que cuando el gobierno lo canaliza: los mercados financieros. El crecimiento del sector energético del país no debería observar el menor retraso si el gobierno tuviera una política responsable y se abstuviera de presionar a las demás fuerzas políticas con una conducta de violación ya sistemática de la Constitución. Las modificaciones legales en este tema tendrían que hacerse para que los organismos públicos de la energía tuvieran mayor capacidad propia y para que pudieran aplicar una política de responsabilidad, pero carece de sentido que el Estado traslade una actividad a las trasnacionales por puro deseo privatizador.
El tema de la reforma laboral se encuentra sumido en un proceso de fuertes contradicciones. La idea de que el empleo aumentará en la medida en que las relaciones laborales se flexibilicen para que los patronos puedan establecer jornadas recortadas con pagos pequeños, es falsa en la medida en que el verdadero promotor del empleo es la inversión y no el trabajo precario, como no sea la informalidad que no requiere de ninguna reforma laboral. Los sindicatos charros han dado su brazo a torcer en esta materia debido a que se encuentran bajo el régimen de contratos colectivos y no les importa esa mayoría de trabajadores asalariados que se encuentra bajo el sistema de contratos individuales. En el fondo, el charrismo sindical no tiene la menor aspiración de aumentar la sindicación en el país y se conforma con su influencia actual, por lo que no se preocupa por la suerte de quienes carecen de contrato colectivo de trabajo. Esta reforma laboral debería centrarse en la democratización de los sindicatos y en la sujeción de los líderes a las decisiones y la vigilancia de los trabajadores, pero en estos aspectos existe la más resuelta oposición de los líderes de los viejos sindicatos de Estado.
La reforma de la justicia tiene un problema central. La independencia de lo que ahora se llama Ministerio Público, es decir, de la fiscalía, no parece tener grandes objeciones, pero la cuestión reside en los cuerpos policíacos. Las procuradurías de justicia fueron instrumentos del poder, se corrompieron y se hicieron ineficaces para perseguir a los delincuentes, pero la policía preventiva también es un desastre en el país. Unir los cuerpos policíacos de investigación con los preventivos bajo el mando de los gobiernos federal y estatales –como no podría ser de otra manera—nos podría llevar a una procuración de justicia sin instrumentos de investigación, aunque éstos sean ahora precarios y mal organizados. Las discrepancias respecto a este tema tienen al Congreso metido en un verdadero lío.
La reforma del Congreso se debate en medio de una falta de definiciones acerca el proceso legislativo y los medios de control sobre el poder Ejecutivo. Esa manera de rehuir la toma de posiciones de parte de los partidos es un vicio que solo se puede remontar si se obliga al voto de las cámaras sobre todas las iniciativas, aboliendo la congeladora. Así también, la pésima relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no puede remontarse sino a condición de que éste último logre una fuerte capacidad de control político y un alto nivel de información fidedigna y oportuna.
Al margen de los verdaderos problemas políticos que se derivan del contenido de los diferentes proyectos legislativos se dice que el Congreso no funciona o que sólo dice que no. Los voceros de ciertas organizaciones empresariales han dicho que sin reformas estructurales (energía y laboral) no está asegurado un crecimiento de la economía. No podría haber más falsedad en estas afirmaciones. El problema de la economía no reside en estos dos temas, mientras que el gobierno carece de política industrial y no acierta a defender la estabilidad macroeconómica agregando un ambicioso plan de inversiones públicas productivas, que es lo que requiere el país en el momento actual.
De seguro saldrán varias reformas, pero las más importantes se mantienen en la incertidumbre.

La reforma electoral aletargada

La nueva reforma electoral carecería de sentido si no fuera un verdadero aporte a la confección de un sistema de partidos y unas mejores reglas de la competencia política. Hasta ahora, sin embargo, no se ha querido admitir que los propósitos centrales de tal reforma tendrían que ser una regulación del financiamiento privado, una mejor fiscalización, una reglamentación del acceso de los partidos a la televisión y la radio, unas normas claras sobre las precampañas y el voto de los mexicanos en el extranjero.
Hay otros temas, pero éstos son los principales. Lo que ha hecho crisis es el financiamiento ilegal que procede de fuentes privadas o de recursos públicos privatizados en forma ilícita. Amigos de Fox, Pemexgate y el videoescándalo muestran formas muy diferentes entre sí y con gravedades muy distintas, pero nos hablan de maneras de evadir la ley para conseguir fondos. El más grave de estos tres casos es sin duda el Pemexgate pues se trata de más de mil millones de pesos robados a Petróleos Mexicanos, es decir a la nación, para financiar la precampaña y la campaña de Labastida. El financiamiento ilícito de la campaña de Vicente Fox ha dejado el sabor amargo del cinismo del ahora presidente cuando él dijo que el dinero se lo gastó aunque sin saber de dónde provenía. Y el videoescándalo nos muestra una forma de financiar precampañas en un medio carente de verdaderas reglas y controles de parte del PRD.
El financiamiento privado debería ser limitado a cantidades menores y el Código Penal tendría que incluir un delito para toda persona que aportara dinero fuera de los topes legales. Asimismo, es necesario prohibir contribuciones de toda persona moral, es decir, asociaciones, sindicatos, etcétera y no sólo como ahora de las empresas. Junto a esto, es indispensable que se aclare de una buena vez que los órganos electorales pueden fiscalizar cuentas bancarias y fiduciarias y que la información fiscal debe servir para llevar a cabo las investigaciones de carácter electoral.
Una parte muy grande de los recursos públicos destinados a los partidos en las campañas electorales se usa en el pago de radio y televisión a través de spots, tan mentirosos como es posible y cada vez más caros. El derecho de los partidos a usar los medios electrónicos está regulado por el Cofipe pero éste no se respeta en cuanto a los horarios, los cuales son lo más importante, a pesar de que la ley señala que las emisiones de los partidos deberán tener prioridad dentro de los tiempos oficiales y siempre en los lapsos de mayor audiencia. La connivencia entre autoridades y concesionarios ha eliminado en la práctica este derecho constitucional que es básico en cualquier democracia que se precie de serlo.
La ley debe definir los horarios precisos con emisiones de cinco minutos para dar oportunidad a los partidos a exponer sus programas, mientras que los spots tendrían que estar a cargo de los candidatos directamente. Si a esto agregamos la cadena nacional en televisión para las emisiones largas, tendríamos un sistema de competencia electoral razonable en un país tan pegado ya a los medios electrónicos, a través de los cuáles se puede realizar el debate implícito, es decir, mediante la comparación que haga el elector de los planteamientos de cada partido.
Nada justifica que la radio y la televisión sigan bajo la complacencia de la autoridad que resulta ser violatoria de la ley. Los dueños y conductores de los medios electrónicos realizan con frecuencia pronunciamientos fuertes a favor de la vigencia del Estado de derecho, pero cuando les toca a ellos asumir la ley, todo parece volatilizarse. Es necesario, por tanto, acabar con los resquicios que permiten la evasión de las normas.
Más aún, se ha presentado una propuesta para disminuir el tiempo de los partidos, de 15 a cinco minutos por mes en tiempos ordinarios, siempre que los horarios de las transmisiones sean los adecuados y la gente pueda informarse de manera directa de lo que están haciendo y diciendo las formaciones políticas del país.
Las precampañas deben tener un calendario fijo de tal manera que los partidos organicen sus competencias internas en una sola temporada y se acabe con las precampañas que duran años, como la de Fox, lo que debería llevar también a limitar la publicidad personal de los gobernantes que se ha convertido en algo odioso especialmente durante el presente sexenio.
El voto de los mexicanos en el extranjero es necesario en tanto que tenemos una emigración reciente de muchos millones. Esa gente que se encuentra principalmente en Estados Unidos no debe perder el contacto y la representación política como parte que es de la nación. Aquí tenemos un asunto de seguridad nacional en su sentido más amplio y de reconocimiento de que la mexicana es una nación que se está expandiendo y que va a seguir así.
Al parecer, el PRI quiere una reforma mínima sin trascendencia. La opinión pública debería presionar a ese partido para que cambie de actitud. Es difícil --se sabe-- pero hay que intentarlo, pues lo que está en juego es el avance político del país.