Para matar

Qué preocupante es que se diga que Los Halcones llegaron desarmados y que, luego de que los estudiantes resistieron el intento de aquellos de disolver la manifestación del diez de junio de 1971, los asesinos fueron por sus armas y se vieron en la situación de matar. Los estudiantes iban completamente desarmados y todos, pero todos, corrieron al momento mismo de la agresión.
Esa versión falsa de los hechos se parece a aquella otra de que los soldados dispararon salvas el dos de octubre de 1968 hasta que les respondieron el fuego y, entonces, tiraron a matar.
En el fondo de estas dos versiones está el intento de suponer que el poder mata pero que es obligado. Se dice, por ejemplo, que el presidente de la República no podía saber todo y que Luis Echeverría fue, tal vez, sorprendido por un uso exagerado de la fuerza de parte de un grupo paramilitar que, en realidad, sólo estaba programado para golpear a los estudiantes.
La verdad es que Los Halcones llegaron armados con pistolas, rifles, chacos y bambués, con el propósito de matar. Este grupo fue entrenado para ello. El diez de junio de 1971 los asesinos no tenían sólo la encomienda de disolver la manifestación, pues para tal propósito hubiera sido suficiente la acción de los granaderos. Los reporteros presentes en el lugar –muchos de los cuáles fueron agredidos—dieron cuenta de que no se trataba de un enfrentamiento entre estudiantes, como era y es la versión de quienes entonces gobernaban. Los Halcones fueron transportados en autobuses del Departamento del Distrito Federal y los granaderos los dejaron pasar.
La idea de que Echeverría pudo no haberse enterado de los planes represivos de aquella tarde es absurda por decir lo menos. Nada de lo que ocurrió el 10 de junio de 1971 era posible sin la aceptación, al menos, del presidente de la República. El poder no operaba de otra forma. Suponer que el regente actuó por su cuenta y que, por ello, el presidente lo despidió es otro disparate. Los Halcones fueron creados por decisión presidencial y la represión la decidió Echeverría con toda sangre fría, como corresponde a un genocida, con la participación de sus colaboradores.
El gobierno de México empezó a organizar grupos de choque desde 1968, cuando se dio cuenta de que no convenía que los uniformados se hicieran cargo de toda la represión. Así fueron baleadas las instalaciones del Colegio de México y se produjeron varias agresiones contra estudiantes del Politécnico. El Batallón Olimpia fue una manera de ocultar que el Ejército reprimía, a tal grado de que jamás se ha reconocido por parte de los generales y los gobernantes de entonces la existencia y actuación de ese grupo de militares disfrazados de civiles.
La idea de Echeverría era presentar a Los Halcones como estudiantes aprovechando que la dirección política del movimiento estudiantil se encontraba dividida en dos facciones. La maniobra fracasó, pero la impunidad nos llega hasta ahora.
Mandar a matar integrantes de un grupo nacional es genocidio en cualquier lugar del mundo. Y este delito no prescribe en ninguna parte. La resolución del juez en el sentido de que el posible genocidio ya prescribió es una aberración jurídica y deja a México muy mal parado frente al resto de las naciones.
Si el procurador Macedo asume una actitud debida, solicitará a la Suprema Corte de Justicia que despache el recurso ya presentado por el fiscal especial. Creo que los ministros resolverán correctamente el punto. Si así fuera, se iniciará otro capítulo de la lucha contra la impunidad, pero ya en el terreno de la configuración del delito principal y la probable responsabilidad de los inculpados. Esto va a durar más tiempo, pero al final del camino tendremos resultados positivos.

¿Y si encarcelan a Echeverría?

El miércoles pasado, propuse en la Comisión Permanente del Congreso, en nombre del PRD, un proyecto de punto de acuerdo para solicitar al fiscal especial que investiga los crímenes cometidos por servidores públicos en el pasado (2 de octubre, 10 de junio y guerra sucia) que se aplicara la jurisprudencia internacional y nacional en materia de persecución de los delitos de lesa humanidad, especialmente en cuanto a las prescripciones. El trámite solicitado fue el de urgente resolución que requiere de las dos terceras partes de los legisladores presentes. El PRI y el PAN, sin decir por qué, votaron en contra. Se turno a comisión, es decir, se fue a la congeladora, pero me quedé con las ganas de saber por qué el PAN no hizo la menor seña de que podría estar de acuerdo con el contenido del proyecto.
En las últimas semanas se nota un acercamiento de posiciones entre el PRI y el PAN. La cuestión no sería grave si no fuera por las materias que pudieran estar negociándose. Una de esas cuestiones es la posible apertura de procesos contra los presuntos responsables de la matanza del diez de junio de 1971, cuando Luis Echeverría era presidente de la República. El PRI ha dicho con toda contundencia que se opone a la apertura de procesos penales, que se trata de asuntos de un pasado ya viejo y que perseguir aquellos delitos es una provocación. Pero, ¿contra quién?
El viejo partido se aferra a su pasado, a la parte peor, a la época de la represión, la persecución y el crimen. Escuché entre escaños que un senador priista decía que si los guerrilleros habían sido amnistiados, era necesario aplicar el mismo criterio sobre quienes entonces eran gobernantes. Pero no. Le dije a aquel senador que los funcionarios públicos no pueden ser indultados, según reza la Constitución del país, y que la amnistía se hizo justamente para los rebeldes, pues es imperdonable e inolvidable que los gobernantes utilicen su poder para aniquilar a sus opositores, ya que antes de asumir sus cargos protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si el Estado que quiere ser democrático asume el perdón o el olvido de crímenes cometidos por el Estado autoritario, estará renunciando a su propia aspiración, es decir, a ser diferente, a respetar el derecho, lo que es la obligación elemental de todo poder constituido.
La posición oficial del PRI es defenderse a sí mismo pero como heredero del horror y, por tanto, no renunciar a esa herencia. Roberto Madrazo mantiene la actitud tradicional que consiste en no romper con un pasado de oprobio y degradación política, así fuera de manera sólo declarativa, debido a que quiere, ante todo, ser candidato de ese partido, el cual está lleno de personas que, cuando las represiones, ayudaban a los represores o reprimían con su propia acción. A Madrazo le debe preocupar que un proceso penal contra Echeverría le salpique a el mismo o lo presente como malagradecido a los ojos de muchos de sus compañeros de partido.
Pero, ¿y el PAN? Este partido asume la indefinición para especular. Si el asunto puede ser materia de negociación, entonces que venga el acuerdo y, con éste, el olvido, el indulto o la ineficacia judicial. El PAN ha perdido casi todo a partir de su ascenso a la Presidencia de la República; ha perdido, incluso, la propia Presidencia a decir de varios de sus dirigentes. No se tiene vergüenza cuando se condena la represión, como la del diez de junio, y se suscriben acuerdos internacionales contra los delitos de lesa humanidad, pero al mismo tiempo se adopta el disimulo y el silencio cuando habría que hacer efectivos valores que se proclaman en abstracto.
Si se procesa a Luis Echeverría y algunos otros que formaron parte de aquel gobierno no se provocaría un enfrentamiento en la sociedad mexicana. A Echeverría no lo defiende nadie con convicción, excepto sus cómplices y lambiscones de antes. Pero los líderes priistas consideran que un juicio contra Echeverría sería un juicio contra el PRI. Cierto. Pero ese juicio deberían hacerlo los mismos dirigentes de ese partido si fueran, al menos, superficialmente honrados.
Si Echeverría fuera a la cárcel, donde debió haber estado desde hace muchos años, el país ganaría y la justicia sería. La confesión del anciano ex presidente fue firmada el martes pasado, cuando éste y dos de sus ayudantes dijeron por escrito que la matanza del 10 de junio había sido un enfrentamiento. Quien dice eso y era gobernante, lo que hace es confesar su propia culpa. Ésa fue la versión oficial de entonces, la que resultó refutada por los periodistas que estuvieron presentes y no sólo por los estudiantes reprimidos.
Si Echeverría va a la cárcel, la mayoría de los mexicanos estará de acuerdo. No importan la defensa del PRI y la ausencia del PAN.

IMSS: fintas del poder supremo

Cuando el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y se lanzan a favor o en contra de algo, entonces tenemos a la vista el verdadero poder político de México. La cercanía de estos dos partidos es mayor de la que podría suponer cualquier observador; las diferencias tampoco son pocas pero sólo operan como callejones sin salida. Así, en el asunto del desafuero de López Obrador, la convergencia sería de lo más natural si el PRI termina asumiendo, como partido y como corriente política, la tesis de que más vale eliminar a un competidor antes que durante el periodo electoral. El desenlace de este drama contra los derechos políticos ciudadanos se verá bastante pronto si no es que la Suprema Corte asume su responsabilidad y resuelve el asunto antes de que los políticos de ese verdadero poder terminen de confabularse.
Pero el PRI y el PAN se han puesto de acuerdo ya en otro punto: amagar al Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. La iniciativa –se dice—partió del llamado movimiento obrero organizado –léase los charros sindicales—que están inconformes con el régimen de jubilaciones y pensiones de los empleados del IMSS. Cosa ya de por sí extraña es que unos sindicatos combatan las conquistas de otro sindicato. Pero –también se dice—se trata de que en lugar de pagar jubilaciones el IMSS compre medicinas. Todo es una falsedad. Veamos.
El régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS tiene muchos defectos, pero no es el problema más importante del Seguro Social, sino sólo una parte. El problema mayor estriba principalmente en que las cuotas empresariales fueron disminuidas con el propósito de aligerar las cargas fiscales de las empresas. Además, ese mismo año de 1997, el gobierno le quitó al IMSS el cobro de las cuotas para el seguro de retiro y creó el nuevo sistema de Afores, pero la atención médica de los jubilados y pensionados no fue asumida por la Federación sino quedó a cargo del IMSS: son unos siete mil millones de pesos al año y ya se deben unos 85 mil.
Antes de 1997 el IMSS ya cubría con sus propios ingresos el 95 por ciento de su gasto, pero el entonces presidente Ernesto Zedillo, al bajar la cuota patronal, le otorgó al Seguro Social un subsidio del 35 por ciento. Así, el fisco ya tenía la tremenda carga del Fobaproa, además de que debía cubrir el gasto total de los jubilados y pensionados del régimen ordinario del IMSS (dos millones de personas), y subsidiaba al Seguro Social con varias decenas de millones. Total: una crisis brutal de las finanzas públicas.
Todo esto se hizo con el apoyo del PRI y el PAN. Ahora, estos dos partidos, como expresiones políticas de los charros sindicales, suponen que pueden lograr que los trabajadores de nuevo ingreso en el IMSS paguen una cuota destinada a un fondo de jubilaciones y que el Seguro Social no otorgue ninguna aportación pero administre tal fondo. Con estos recursos y sólo con estos se pagarían las jubilaciones de los trabajadores que ingresaran a partir de ahora al IMSS, es decir, hasta dentro de treinta años, cuando aquellos llegaran a jubilarse. No obstante, se dice que con esta reforma ya empezarán a resolverse los problemas financieros del Seguro Social y ya no habrá desabasto de medicamentos: mentira.
De lo que se trata es de imponer al sindicato la penosa situación de admitir que, por la vía de una ley, se modifique el contrato colectivo. Pero la modificación implica la vuelta al sistema de las mutualidades obreras del siglo XIX, cuando no había jubilaciones ni indemnizaciones ni pensiones de viudez; cuando los obreros eran literalmente proletarios. No obstante que este el propósito, el nuevo fondo de jubilaciones será administrado por el patrón aunque éste no haga ninguna contribución al mismo y las cuotas de los empleados serán exigidas por mandato de ley y no en forma voluntaria como era en el tiempo de las mutualidades.
El proyecto PRI-PAN-charros podría ser inconstitucional en la medida en que el Congreso de la Unión no puede obligar a nadie a dar aportaciones al fondo de una mutualidad de trabajadores y a que es muy dudoso que por medio de la legislación se pueda modificar un contrato colectivo de trabajo que es una figura constitucional. Pero esta alianza –poder real de la República—quiere amagar al sindicato que defiende lo que considera que son sus conquistas laborales, aunque también éstas pueden ser criticadas en alguna medida y, aún más, modificadas de común acuerdo entre la institución y el sindicato mismo.
Lo que es más preocupante es que se diga que la reforma legislativa en cuestión podría ayudar a resolver el problema financiero del IMSS, con lo cual se elude que es indispensable reestablecer el nivel que tuvieron las cuotas patronales.
Tales modificaciones a la ley del Seguro Social no son otra cosa que unas fintas absurdas y sin base constitucional que sólo generarán protestas y dejarán al pobre IMSS en la ruta de su extinción, lo que es el verdadero propósito de los enemigos de la seguridad social solidaria y universal.

El país no sabe qué hacer con su presidente

El ex secretario particular del presidente de la República nos dice lo que ya sabíamos. El asunto es sin embargo muy escandaloso debido a que ahora toma la palabra uno de los colaboradores más cercanos del jefe del Estado. Por la carta de renuncia de aquel funcionario no podemos enterarnos de la manera precisa de operar de la casa presidencial sino sólo de su contenido, pero ya podemos imaginar y atar cabos para llegar a conclusiones sobre los mecanismos precisos que imperan en Los Pinos.
Hay que reconocer que no estamos frente a una política derechista clásica como cualquiera hubiera pensado que podría imperar al llegar Vicente Fox a la Presidencia de la República. La cuestión es más complicada. Sin duda, el presidente es un hombre de derecha, pero es también una persona inculta y no comprende lo que es el Estado, la República y mucho menos la democracia política. Lo que el ex secretario particular de Fox nos está diciendo es que en la Presidencia no imperan los criterios políticos de Estado sino las fobias y las filias del jefe del gobierno, los estados de ánimo de aquel y su manera rudimentaria de observar situaciones y problemas.
Es preciso reconocer que siempre existe una influencia de carácter personal en la vida política y en la administración pública. Vicente Fox ha logrado imprimir con una evidencia fuera de toda duda un estilo propio que tiene que ver con lo que encierra el término pareja presidencial, acuñado por él mismo para querer decir que el gobierno está a cargo de dos personas que asumen decisiones fuera del contexto político general, del gabinete, del Congreso, de los partidos, del PAN.
No hay, en efecto, un gabinete propiamente dicho, aunque podría decirse que nunca lo hubo. Lo que ahora tenemos no es la ausencia reiterada de gabinete de gobierno sino la existencia de una pareja que actúa fuera del contexto político.
Frente a una situación así no parecen funcionar los exhortos y los llamados, y ni siquiera las presiones. La renuncia de Durazo no ha provocado una respuesta de Los Pinos.
El país no sabe qué hacer con su presidente, mucho menos el Partido Acción Nacional de donde provino como político y como candidato. El actual jefe del Estado es como un objeto que siempre está en casa y que por algún motivo difícil de explicar lo pasamos de un lugar a otro sin poderlo desechar y sin saber qué hacer exactamente. En el caso del presidente mexicano el problema mayor es que no existe ningún procedimiento normal para removerlo del cargo. Así, las cosas se tornan cada vez más difíciles al grado de que el presidente adopta actitudes que llevan a la confrontación entre instituciones del Estado y, sobre todo, llenan de con fusión el ambiente ya de por sí pesado.
La contienda por la presidencia se abrió desde el segundo año de gobierno de Fox y en este momento se encuentra en un estado avanzado a pesar de que faltan unos diez y ocho meses para que los partidos realicen sus postulaciones oficiales. La lucha está abierta dentro de los partidos y entre éstos. El presidente, mientras tanto, utiliza su poder para intervenir de manera personal en el asunto, dejando a su partido a la deriva y lanzándose contra un posible contendiente de otro partido.
El panorama político nacional se presta a muchos chistes que han ido y venido por todos lados desde que el gobierno era temprano, pero no es cosa de broma sino algo demasiado serio que perjudica el de por sí precario proceso hacia la democracia.
Nadie sabe, en efecto, qué hacer exactamente con el presidente, si hablarle suave para que entienda, si acusarlo para que recule, si ignorarlo para deje de cometer más errores, si apoyarlo para que se sienta seguro y reflexione con suficiente pausa. Nada parece dar resultados y nadie tiene certeza de cómo actuar ante un fenómeno para el cual no estaba preparado el país.

El delito y su combate

Hay que cambiar el criterio de medición del azote delictivo contra la sociedad. En lugar de medir principalmente el número de ilícitos denunciados cada día, es necesario contar el número de delitos castigados. Esta es, en realidad, la cifra que permitiría medir la eficiencia del aparato de persecución de la delincuencia.
El desempleo, la pobreza y el resentimiento social producto de la brutal desigualdad son causas difusas de la delincuencia. Estos fenómenos no van a ser atenuados en los próximos dos o tres años, mucho menos bajo el gobierno actual que no se asoma a esta realidad. Por tanto, aún cuando la pobreza empezara a bajar y el empleo a aumentar, es necesario que los investigadores criminales crezcan en número y en eficiencia.
El debate desatado sobre la seguridad pública y la justicia penal parece naufragar en un mar de inculpaciones y revires. Quienes le cargan las tintas o las imágenes a este tema parecen no reconocer que se han producido avances en varias entidades del país. Así, con la negativa de lo poco que se ha hecho, no se puede realizar un debate verdadero. Tampoco se puede llegar a conclusiones cuando el gobierno federal practica la hipocresía y no reconoce que su papel es el de organizar y coordinar la lucha contra los delincuentes en todo el país debido a que la inmensa mayoría de los delitos que se comenten son de jurisdicción local.
El Congreso ha sido especialmente señalado como indolente. Pero se olvida que la delincuencia organizada, como nuevo tipo penal, fue un aporte legislativo. También lo fue en su momento la creación de un sistema de seguridad pública a nivel nacional. Hace unos meses, se reformó la ley de coordinación fiscal en materia de seguridad pública, pero el presidente Fox no ha promulgado este decreto y no ha dicho si lo piensa vetar. Los legisladores pueden hacer otras tantas reformas pero la cuestión más importante es que la policía sepa dar con quienes cometen los delitos, ya que la impunidad es el factor directo más importante en la sucesiva comisión de ilícitos penales.
Bajo el viejo régimen, la policía y la procuración de justicia estuvieron al servicio del poder y no de la sociedad. Ahora, las cosas empiezan a cambiar, pero ha transcurrido poco tiempo como para ya tener nuevos cuerpos policíacos. Se requiere dinero y las finanzas públicas están secas con tanta injusticia del sistema de redistribución del ingreso y con tantos gastos indebidos o innecesarios.
Ante esta situación, los poderes del Estado mexicano deberían convocar a una convención nacional sobre seguridad pública y justicia penal con el propósito de crear una doctrina sobre este aspecto tan importante de la vida social y establecer con absoluta claridad los programas tendientes a combatir la delincuencia.
El problema no es sólo legislativo, como tampoco se trata de algo puramente policial. Se trata de un asunto social agudo que debe atacarse desde muchos frentes y entre todos los que tienen poder, que para eso lo tienen.
Así lo han propuesto los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión. Si el presidente Fox no responde positivamente, él sabrá lo que se debe hacer en lugar de esa convención nacional y, por tanto, habría que esperar una contrapuesta. Es evidente que cada entidad federativa, por su lado, no puede atenuar el fenómeno de la delincuencia por sí sola. Se requiere de una misma política y de un solo sistema. Para ello, es necesario un pacto nacional.
Recuerdo el año de 1994, cuando en la Ciudad de México teníamos más de 700 delitos denunciados al día, frente a los 400 de ahora, los que siguen siendo muchos, pero evidentemente menos. ¿Qué pasó? Ahora tenemos unos cuantos detectives que antes no había; ahora hay unos cuantos policías que se la juegan, lo que antes escaseaba; ahora tenemos una escuela de investigadores y peritos. Pero esto no es suficiente.
Si las policías preventiva y judicial se van a unificar bajo un mismo mando, entonces que se cree la policía de la policía con total independencia para poder controlar al nuevo supercuerpo. Y si el fiscal federal y los de las entidades federativas van a ser por completo independientes de los gobiernos, entonces que tengan una forma de obligar a la policía a perseguir a los delincuentes, pues se puede correr el riesgo de que los cuerpos policíacos operen por su cuenta y decidan, así nomás, cuándo persiguen y cuándo no, como era antes y como sigue siendo en alguna medida.
Buscar las reformas de seguridad pública y justicia penal es más fácil de lo que parece, pero se requiere una gran acción de carácter nacional, lo cual es imposible sin la convocatoria del gobierno federal, que también para eso está, o debe estar.