Estrategia para la democracia

La lucha por la legalidad democrática se ha puesto en la primera línea con motivo de la petición de desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México. No existe hoy ningún otro asunto meramente político más importante, ni siquiera la llevada y traída reforma electoral cuyo posible desenlace se encuentra en la incertidumbre.
En una torcedura de las leyes, el gobierno ha emprendido una aventura política que daña el precario proceso de transición a la democracia en México. Cuando el Poder Ejecutivo utiliza las instituciones públicas para inhabilitar a quien este mismo considera como su principal opositor y, al mismo tiempo, es puntero en las muy anticipadas encuestas presidenciales que se han convertido en el azote de la clase política mexicana, todo proceso democratizador, aunque sea titubeante, es tornado en regresión antidemocrática.
La responsabilidad es del presidente Vicente Fox, quien se negó a nombrar un agente del Ministerio Público independiente para averiguar la denuncia contra él mismo en el escándalo abierto con motivo del sistema de financiamiento ilegal de su campaña a la Presidencia y tampoco lo hizo con motivo de la resolución judicial sobre las frustradas obras en el predio El Encino. En ambos casos, el titular del Poder Ejecutivo ha manipulado a la procuración de justicia, como antes se hacía, como siempre se combatió desde la oposición, incluida a veces la panista de la que proviene desde 1987 el actual Presidente.
El problema es grande para los demócratas que no han cedido ante el nuevo gobierno, es decir, para quienes son independientes o se encuentran en la oposición, pero en especial para el Partido de la Revolución Democrática.
La estrategia de hoy debe ser defender la legalidad democrática frente al uso faccioso de la justicia con propósitos agresivamente antidemocráticos. El PRD se visto titubeante y lento. Su posición de rechazo casi se ha limitado a hacer comunicados y declaraciones, incluida la suspensión del diálogo directo con Fox.
Aquí se ha cometido un error. La estrategia, necesariamente defensiva, no debe ser la virtual parálisis. Mucho menos cuando se trata de un partido de masas. La defensa consiste en agrupar fuerzas, protestar con energía, hacer participar a muchos en la protesta, dar cauce a la indignación popular, informar con amplitud a través de movilizaciones que se hacen oír mucho más que las declaraciones, pedir apoyo y convocar con plena convicción.
Vicente Fox debe saber que muchos rechazan su acometida antidemocrática tendiente a inhabilitar a un ciudadano para eliminarlo del camino y su actitud golpista de separar de su cargo --por nada-- a un gobernante democráticamente elegido por el pueblo. Las encuestas son tantas y tan frecuentes que no impresionan demasiado. Los millones de mexicanos que están inconformes e indignados con la manipulación antidemocrática del gobierno de Fox deben ser convocados: esta es una de las funciones principales de la dirección de un partido que tiene por qué luchar.
Vicente Fox debe encararse a cada paso con quienes quieren protestar por su ataque a las instituciones democráticas, al derecho de elegir y ser elegido. La suspensión de los diálogos directos no da claridad. Evadir hablar frente a la cara del adversario político nunca ha sido una buena estrategia política. Más aún, los demócratas tienen necesidad de criticar en su cara a los enemigos de la democracia, sean quienes sean. Es un error mantener sólo el diálogo público en el que el poder lleva la ventaja pues su voz retumba mucho más. Se requiere elevar el número de voces y encarar en lo personal al jefe de la ofensiva contra la libertad de sufragio.
La exigencia concreta para defender la legalidad democrática es el desistimiento penal, el cual sería la forma más rápida y adecuada para deshacer la embestida antidemocrática. Se trata, en consecuencia, de una demanda legítima, necesaria y constructiva para impedir que la precaria transición, ya de por sí detenida desde antes de la petición de desafuero, sea aplastada por una derecha que ha olvidado todo lo que antes dijo sobre este tema.

El voto de los mexicanos en el extranjero

Todo ciudadano, toda ciudadana, tiene derecho a votar. Este es el principio democrático fundamental. Las leyes deben garantizar el ejercicio de ese derecho.
En México, sin embargo, durante muchos años, la Constitución señalaba que el derecho al voto tenía que ejercerse en el distrito donde residiera el ciudadano y, se entendía, que tal distrito no podía ser otro que aquel que fuera parte de la división territorial dentro del país.
Cuando la Carta Magna fue reformada en 1996 se eliminó la restricción que de debería votarse en el distrito correspondiente. De esta manera, se reivindicó aquel principio democrático básico, es decir, el de poder ejercer el voto sólo por reunir la condición de ciudadano y con independencia del lugar del mundo en donde se encuentre el elector.
Pero otra vez existe un sin embargo. La ley secundaria no establece ningún procedimiento para hacer posible que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, pueda efectivamente emitir su voto si se encuentra fuera del territorio nacional.
El presidente Vicente Fox envió esta semana al Congreso una iniciativa para que se reforme el Cofipe y se puedan recibir los votos de los mexicanos en el exterior del país. Y vuelve el sin embargo de siempre: sólo podrían hacerlo, de acuerdo con la iniciativa presidencial, quienes ya contaran con credencial para votar obtenida dentro del territorio nacional. Se trata, en la visión del presidente mexicano, del derecho de voto de quienes se encuentren fuera del país, lo cual excluye a muchos de los residentes permanentes en el extranjero.
Las leyes de los países que reconocen el derecho de sus ciudadanos a votar con independencia del lugar donde se encuentren abarcan a los residentes en el extranjero. Italia, por ejemplo, otorga ese derecho a todo aquel que tenga padre o madre italiana, de tal manera que los bisnietos de los emigrados del siglo XIX pueden votar.
Pero el presidente mexicano y su partido consideran que los “desarraigados”, es decir, quienes ellos consideran desarraigados porque han residido fuera del país durante años y carecen de credencial para votar expedida por el IFE, no deben votar a pesar de ser ciudadanos mexicanos.
Nadie tiene derecho a considerar que los emigrados son “desarraigados” porque se fueron hace mucho tiempo, tal vez cuando eran niños o porque nacieron en el extranjero donde se encontraban sus padres mexicanos. Tampoco se puede decretar el desarraigo de quienes temen salir de Estados Unidos debido a las dificultades del regreso para los que carecen de la calidad legal de residentes en aquel país y, por tanto, en muchos casos, no cuentan con credencial para votar.
Cuando el presidente de la República propone que se haga un listado de mexicanos que desean votar en el extranjero, a partir de la credencial para votar expedida en México, de tal manera que se les borre del listado original de su respectivo distrito, en realidad nos está proponiendo que los residentes de muchos años en Estados Unidos no puedan votar nunca, lo cual es, en realidad, un intento de aprobar un precepto que tendría un carácter inconstitucional.
La expedición de credenciales para votar en Estados Unidos se puede hacer en los consulados y en cualquier otro lugar donde existan mexicanos. No hay ningún impedimento de carácter consular o jurídico.
La reforma del Cofipe en esta materia podría lograrse si se produjera un acuerdo político para garantizar el derecho al voto de todo ciudadano, de toda ciudadana, cualquiera que sea el lugar de su residencia, para lo cual sería indispensable que el Estado mexicano facilitara la expedición de la credencial que es indispensable para emitir el sufragio, de la misma manera en que el propio presidente en su iniciativa propone que quienes deseen votar deberán notificarlo desde el extranjero y sin tener que venir a México. Al tramitar la credencial fuera del territorio nacional, el votante estaría manifestando dónde habría de emitir su voto, de tal manera que se instalarían las casillas necesarias para garantizar el sufragio.
La mediocridad puede más que la Constitución. El presidente de la República propone una reforma mediocre para evadir la garantía exacta y general que permita el ejercicio de un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos.

El peor ejemplo

Al recibir al presidente de la Federación Rusa, Vicente Fox abordó el asunto de la energía y sugirió que México debería asumir el ejemplo ruso en esta materia. Se trata de la privatización de las industrias energéticas para despojar a la nación de recursos naturales y del servicio público de energía eléctrica.
El presidente mexicano planteó que nuestro país está comprando gas y gasolina en el extranjero debido a la necedad de mantener la producción de estos combustibles bajo dominio directo de la nación. El jefe del Estado miente otra vez. El déficit de estos productos no se debe a los preceptos constitucionales en materia de actividades económicas exclusivas de la nación y que no pueden ser materia de concesiones ni contratos. Se debe a que el gobierno ha dejado de invertir lo necesario para garantizar la producción y cubrir los requerimientos nacionales.
Desde hace muchos años, PEMEX dejó de invertir lo necesario en la construcción de refinerías, de tal manera que México vende petróleo crudo y compra gasolina, con lo cual traslada puestos de trabajo de mexicanos a otros países, especialmente a Estados Unidos, el monopolista de la compra del aceite mexicano. Pero el gobierno de México pudo hacer las inversiones necesarias para la construcción de instalaciones de refinación con el uso directo de una parte de los enormes excedentes financieros procedentes de la venta de crudo en el exterior. En el aspecto técnico tampoco existe el menor problema.
Desde hace algún tiempo, México está importando gas natural debido a que Petróleos Mexicanos se ha negado a solicitar la autorización presupuestal para explorar los campos y perforar los pozos que sean necesarios para garantizar la producción de este combustible. Desde el punto de vista financiero, PEMEX puede garantizar los recursos necesarios y, desde el punto de vista técnico, este mismo organismo tiene capacidad para adquirir la tecnología que reclaman los trabajos destinados a la producción del gas seco suficiente para satisfacer las necesidades del mercado interno.
El gobierno actual, como el anterior, ha llevado a PEMEX a una situación en la que este organismo no crece, no realiza más que las inversiones indispensables y no cumple con su elemental obligación de satisfacer las necesidades del país. Es ésta la vía de la privatización, pues el argumento de los privatizadores consiste justamente en que el organismo público es incapaz de hacer frente a sus responsabilidades.
En Rusia, el proceso de privatización fue en realidad un robo a la nación. El Estado mafioso instaurado por Yeltsin promovió una concentración de propiedad accionaria de bienes nacionales de tal manera que algunos mafiosos asumieron una gran cantidad de acciones y se apoderaron de las viejas empresas estatales a partir de maniobras políticas y económicas. Las privatizaciones en Rusia tenían como propósito entregar a ciertas personas la propiedad de todas las empresas sin que tales individuos poseyeran capital sino a partir de fraudes y otros delitos.
Así también, Vicente Fox manda firmar contratos de servicios múltiples con empresas trasnacionales que carecen de capital propio y que recurren a los mercados financieros con el contrato en la mano, lo cual les otorga viabilidad financiera plena para realizar las inversiones en México. De esta manera, la privatización que está llevando a cabo Vicente Fox en la Cuenca de Burgos consiste en trasladar a los privados el usufructo de una riqueza de la nación con el cobro real de un derecho mínimo de parte del Estado mexicano (royalty), el cual resulta menor al que cobra el Estado ruso, es decir, el 19 por ciento en lugar del 20 que es el promedio internacional.
Cada privatización es distinta, pero existen algunos comunes denominadores. La idea privatizadora consiste en que el Estado no tiene la capacidad de hacerse cargo en condiciones de eficiencia y honradez de actividades que pueden llevar a cabo las compañías privadas. Pero lo cierto es que las grandes privatizaciones de organismos de energía no acreditan ese postulado. Asimismo, el traslado de dominio de empresas o actividades a cargo del Estado siempre conlleva alguna ayuda de éste a los compradores o simples beneficiarios.
El presidente Fox sabía de lo que estaba hablando cuando hizo ver que se le antoja mucho la privatización de la energía que se llevó a cabo en Rusia como un mecanismo de gran traslado de propiedad nacional a manos privadas. En Rusia, el robo benefició principalmente a unos rusos mafiosos; en México, se trata de un regalo del presidente de la República a unas empresas trasnacionales, en violación clarísima de la Constitución del país.

Un gobierno en apuros

Los apuros del gobierno de Vicente Fox se derivan de su falta de rumbo. ¿Qué buscan las autoridades bajo la dirección del presidente de la República? No podría existir una respuesta más o menos clara y generalizada al respecto. Cuando el señor Fox estaba cumpliendo los dos años de su programado sexenio, el asunto principal ya era sobre el partido y el candidato que podría triunfar en las elecciones de 2006. Nunca había ocurrido este fenómeno desde que el periodo presidencial se alargó a seis años.
Así, a los dos años de gobierno, la mayoría de la gente ya no esperaba nada nuevo, importante y bueno del presidente Fox. Los ojos y los oídos de la mayoría de las personas informadas de los asuntos políticos dio vuelta hacia el futuro, hacia el año 2006, es decir, hacia el posible escenario político que tardaría más de tres años en conformarse.
La postulación de Felipe Calderón en un acto público masivo, organizado por el gobernador de Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara y la dirección del PAN en ese mismo estado no es un hecho aislado. Varios panistas han dicho muchas veces que están buscando la postulación que el PAN tendrá que hacer hacia finales de 2005, es decir, dentro de un año y medio. Creel, Sahagún, Medina, Barrio, además de Calderón, están buscando activamente la postulación. El presidente de la República pasea por todas partes a una persona que no tiene un cargo en la administración pública pero que interviene en gran cantidad de eventos oficiales y lleva al presidente de la República a actos del ámbito privado. Creel vocaliza todo alrededor de sus ansias políticas de verse postulado. Medina ya presentó su plataforma. Barrio sólo dice que sí quiere. Pero Calderón, que llegó al primer mitin de la campaña de 2006 con el hipócrita discurso de que no era precandidato, fue fustigado por su jefe formal, el presidente, lo que sin duda provocó su renuncia como secretario de Estado.
En el PRI, Madrazo es más visible que los gobernadores que le compiten, pues ninguno de éstos ha hecho alguna reforma trascendente y, aunque el tabasqueño tampoco hizo nada importante en beneficio de su estado cuando lo gobernó, el líder priista cuenta con una identidad mayor con su propio partido y recoge las intenciones de voto de los priístas en las encuestas.
En el PRD, no hay hasta ahora más que López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, como figuras visibles que pudieran aspirar a la candidatura de su partido, lo que implicaría también algún problema político si no se resuelve el asunto con pulcritud democrática y buena fe de los posibles aspirantes y de la dirección de ese partido.
La carrera empezó antes de tiempo. La culpa vuelve a ser, otra vez, de Vicente Fox. Es falso que no se valga que desde la función pública se aspire a alguna candidatura. Lo hacen los legisladores y todos los demás, aunque éstos de manera un tanto cuanto hipócrita. En cualquier país democrático, los políticos que ocupan puestos públicos actúan para continuar su carrera. Aún más, en los países donde existe la reelección, los presidentes o jefes de gobierno hacen campaña todos los días de su gestión a través de sus actos. La democracia no se afecta de esta manera, sino por el uso de los recursos públicos a favor de los aspirantes, lo cual es un delito.
El sistema europeo, según el cual los líderes de los partidos resultan ser los candidatos a presidir el gobierno, es mucho más transparente pues ubica al líder de la oposición como el aspirante natural a encabezar el relevo y al gobernante lo obliga a definir una perspectiva de continuidad. En México, antes, el que se movía no salía en la foto, es decir, salía borroso, irreconocible, quizás. Ahora, el que no levanta la mano desaparece. Tal vez por esto, Calderón quiso decir que está listo y gritó para que lo pongan entre los encuestables. No se puede admitir que Castañeda, militante de la política desde que era miembro del Partido Comunista Francés, sea el único que ande en campaña. Cuando López Obrador decía que lo dieran por muerto quería que no lo estuvieran atacando, pero no es lo mismo que te den por muerto y que estés muerto: el jefe de gobierno de la ciudad de México no pudo evitar que se le fueran encima, con furia foxista, por más que se quiso hacer el muerto; mas si logra salir delante de la acometida, lo más probable es que sea presidente de la República. Calderón no se quiso dar por muerto sino que adoptó la actitud de “yo no quería”, lo que irritó al presidente de la República, por lo cual será, probablemente, el triunfador en su partido, en donde Vicente Fox es visto como un arribista, incongruente y estúpido desde el punto de vista del panismo de prosapia.
Tenemos, sí, un gobierno en apuros.