Contradicciones de un desafuero

El pedimento de la Procuraduría General de la República para que la Cámara de Diputados declare el desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México ha sido “radicado” por la sección instructora. Esto quiere decir que el procedimiento será abierto a partir de que tal resolución sea comunicada a las partes.
Pero lo más llamativo del asunto es que los dos diputados del PRI que forman parte de la sección instructora no motivaron su voto. Como se sabe, este organismo de la Cámara está integrado por cuatro legisladores: dos priistas, un panista y un perredista. El presidente de la sección, el diputado Horacio Duarte, presentó un largo proyecto para declarar desechada la petición de la PGR. Al término de las dos horas de lectura del texto propuesto, los otros tres diputados sencillamente dijeron que no estaban de acuerdo con el mismo y procedieron, sin más, a dar su voto en contra y, por tanto, a “radicar” la petición del Ministerio Público, es decir, a abrir el procedimiento de desafuero.
El presidente Fox y su gabinete político se ha lanzado contra Andrés Manuel López Obrador y solicita que el PRI se convierta en su matarife. El desafuero no procedería sin el voto priista, como no hubiera procedido el trámite de apertura sin ese mismo voto que otorgó el PRI sin el menor argumento.
Esta circunstancia aporta un elemento peculiar a la situación política del país. Como se trata, ni más ni menos, de inhabilitar al puntero de las encuestas presidenciales, los adversarios del PRD tienen un interés común, aunque sea sólo sobre este punto. La convergencia entre el PAN y el PRI no sería sobre propuestas, reformas o acciones conjuntas de carácter general, sino solamente sobre el problema que para ambos implica una posible candidatura que ha descollado en los ejercicios anticipados de la sucesión presidencial.
El diálogo privado abierto por Roberto Madrazo con el presidente de la República no tiene ningún futuro por dos causas: el líder del PRI no cumple con sus promesas asumidas en mesas de diálogo y Vicente Fox no pide más que su reforma constitucional en materia de energía, lo que el priista no le puede ofrecer.
La convergencia de PAN y PRI se podría centrar, entonces, en el desafuero del jefe de gobierno del DF, lo cual va a generar una polémica demasiado fuerte en el seno del PRI, pues algunos estarán en contra de convertirse en matarifes del presidente de la República.
La dirección del PRI, sin embargo, acaricia este escenario ya que podría deshacerse de un contrincante con solo apretar el gatillo, pues ya lo tiene en la mira, aunque hubiera que contener las protestas internas. A esto se puede llegar, a juzgar por la actitud de los legisladores priistas quienes no quisieron desechar la solicitud presentada por el gobierno de Fox a través de la PGR.
Desechar la petición del Ministerio Público para desaforar a López Obrador hubiera sido lo más cómodo para el PRI, si de veras no fuera favorable a tal desafuero, como algunos dicen por ahí. Pero, en la realidad, el bocado es demasiado apetitoso para algunos dirigentes del viejo partido y las ganas de dar la mordida es tan grande que, al menos, quieren pensar lo que van a hacer.
Pero podría también darse el desafuero y, después, una victoria judicial del ahora inculpado. En este escenario, nadie podría detener al desaforado en el ánimo de la ciudadanía y todo estaría perdido para el actual presidente de la República y sus matarifes.

Las mentiras de un intento de desafuero

El presidente miente. Él afirma que la Procuraduría General de la República estaba obligada a ejercer acción penal y, por tanto, a solicitar el desafuero del jefe de gobierno de la ciudad. No, no es verdad. La PGR estaba obligada, dentro de un plazo otorgado por un juez administrativo, a resolver sobre un posible delito, pero el Ministerio Público debía hacer las averiguaciones del caso y decidir en función de la denuncia presentada y los datos obtenidos.
La PGR pudo haber llegado a la conclusión de que no había delito o que el jefe de gobierno no era el responsable en caso de que hubiera existido la trasgresión. Pero no, el presidente de la República tomó una decisión política suprema de enmascarar un ataque político, el más fuerte de su administración, hasta ahora, con el objeto de retirar de su cargo a Andrés Manuel López Obrador e inhabilitarle como político en activo.
Antes, se usaron toda clase de argucias legales que, en realidad, eran ilegales, para golpear a los opositores. Hubo personas que fueron a la cárcel por organizar manifestaciones y huelgas; aún las hay, aunque en menor cantidad y con menor resonancia. La represión suele hacerse en nombre de la defensa del estado de derecho.
Uno de los mayores problemas de los demócratas es que no sólo se enfrentan a los enemigos de la democracia sino también a los falsos demócratas, tales como el presidente de la República. Los partidarios del estado de derecho se enfrentan también a los manipuladores de las leyes, a quienes dicen defender la legalidad con mano de hierro, pero siempre en contra de sus adversarios.
El presidente Fox ordenó hace unos meses a la PGR que cerrara el asunto conocido como Los Amigos de Fox, donde él era el denunciado. El Ministerio Público realizó una sencilla interpretación arbitraria del Código Penal y declaró que no había delito que perseguir. Pero, ahora, afirma que si alguien tiene alguna denuncia sobre su administración, pues que la presente. ¿Ante quién? Pues ante los empleados del presidente de la República que sabrán hacer lo necesario: así era antes; así es hoy.
El país vive un momento en extremo delicado. Se usa la ley para golpear a los adversarios del gobierno federal. Se persigue a uno de los principales críticos de la política oficial. Se trata de sacar de la contienda, por anticipado, a algunos de los posibles contendientes de la oposición; al menos a uno.
Y, además, el presidente le pide ayuda al PRI para que se sume, con interés propio, a la causa en contra de López Obrador. El gobierno sabe que el desafuero no es viable sin el apoyo de ese partido y sabe también que puede haber interés político de otros por sumarse al acto represivo que está en curso.
Vuelve así el presidente Fox a llamar al PRI a “gobernar juntos”. En el fondo, la izquierda es vista como un competidor hasta que puede ser mayoría, pues entonces ya se le considera una amenaza que hay que aplastar. El operador de todo esto no es otro que el candidato perdedor en la contienda por la jefatura de gobierno del Distrito Federal y, ahora, secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia, especialista en llamados a diálogos vacíos, siempre sin acuerdos.
La derecha es la derecha por más que hubiera antes luchado, a veces, contra el autoritarismo. Su preocupación mayúscula siempre ha sido que la izquierda asuma el mando político del país. Por esto, Fox acude a buscar el apoyo del PRI, a sabiendas de que en ese partido también hay muchos que pertenecen a la derecha. Pero aún éstos, con los nuevos métodos de Fox y de Creel de defender el estado de derecho contra sus adversarios, pueden ser tocados por las persecuciones políticas; es cuestión de ver cuánta fuerza tienen y qué oportunidad se abre.
Así, la calle que se quería abrir no se está haciendo desde hace un buen tiempo por una decisión judicial. Calle no hay, pero el presidente de la República quiere sacar a López Obrador del cargo que obtuvo en las urnas. Se cumple como maldición lo dicho por el jefe de gobierno de la capital cuando se desató el gran escándalo de los videos obtenidos por el gobierno de manos de un empresario que compraba favores entre políticos de todos los partidos: este es el comienzo, dijo López Obrador, vendrán muchas más acometidas. El país ha cambiado, pero poquito.

La leña en el fuego

El presidente de la República arremete contra el gobierno de la ciudad de México exigiendo el esclarecimiento de supuestos desvíos de recursos en el Distrito Federal y defendiendo a Carlos Ahumada al decir que no es justo que la parte empresarial esté en la cárcel y los políticos se mantengan en libertad.
El señor Fox se había negado antes a recibir al jefe de gobierno de la capital federal bajo el pretexto de que no estaba dispuesto a discutir asuntos que le corresponden en exclusiva al Ministerio Público y a los jueces. Hace tan sólo un par de días, el presidente de la República había reiterado que el asunto estaba sólo en manos de la justicia.
Cuando Vicente Fox se lanza desde el extranjero contra el gobierno de la ciudad de México y el PRD, cuando critica de tal forma a la Procuraduría del Distrito Federal y a los jueces locales, estamos frente a una contumaz actitud de seguir escalando un conflicto político caracterizado por el manejo político que le dio el gobierno federal, desde un principio, al escándalo de corrupción en la capital del país.
El presidente dirige la operación de todo el gobierno frente a una candidatura fuerte, según las encuestas. Los secretarios de Estado y el procurador de la República mantienen una conducta congruente con la actitud de Vicente Fox y, encima de todo, hablan de un posible diálogo político, pero ¿para llegar a qué clase de acuerdos?
Los discursos públicos de un jefe de Estado y de gobierno tienen una resonancia política que, se supone, es calculada por quien dice y vuelve a decir, de tal suerte que Vicente Fox sabe de sobra que sus declaraciones en Hungría van a tener repercusiones. La llamada guerra entre procuradurías no se limita al plano de las declaraciones. Cuando los servidores públicos de la ciudad de México tienen que estar yendo a la PGR, es de esperarse que se pida que los funcionarios federales tengan que acudir al Ministerio Público local y así seguirá esta llamada guerra que alienta, desde Hungría, el mismísimo presidente de la República, quien debería tratar de parar la confrontación institucional.
Los panistas se equivocan en política diaria cuando se lanzan contra el PRD, debido a las encuestas, y olvidan que el PRI existe y es el partido más votado en el país. La fenomenal bronca del gobierno federal contra el PRD, para detener a López Obrador, se ha profundizado debido a que, en un momento, se alcanzó a ver que servidores públicos federales y líderes panistas se confabularon para dar un sesgo de gran escándalo a las operaciones de Ahumada. Fuera de toda discusión se encuentra la omisión probada de que el gobierno federal no alertó al de la ciudad de México sobre los cambios de moneda extranjera que había hecho el secretario de Finanzas de este último. A partir de esta omisión se vinieron en cascada todo tipo de operativos para proteger a Carlos Ahumada y llevar el escándalo al máximo nivel. Mas el escándalo tenía que involucrar al gobierno y al PAN, especialmente por la gran cantidad de mentiras y contradicciones, pasando por el grave incidente diplomático con Cuba.
Ya hemos tenido una probadita del negocio que hizo Ahumada para entregar los videos a cambio de protección, según lo afirmó el propio Carlos Ahumada en La Habana. Esto se entendía por el contexto en que se produjeron los hechos, pero no se había podido confirmar con una clara aceptación de la parte protegida y, después, engañada, según el dicho del empresario. Está claro también que Ahumada abandonó legalmente el país, es decir, llenó como cualquiera su forma migratoria, de tal suerte que las autoridades sabían cuándo había salido y hacía dónde.
La solución de esta crisis no se produce porque el presidente de la República quiere pelea. Echar leña al fuego es la estrategia original, pero cada vez que lanza un leño, el gobierno de Fox recibe varios golpes. ¿Así hasta el incendio?

Desde Cuba con amor

Los motivos del gobierno de Cuba para deportar a Carlos Ahumada fueron analizados por el gobierno de México como una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. El canciller cubano afirma que esto no es así, sino que sencillamente Cuba razonó su decisión sobre la base de los méritos de la cuestión, ya que el empresario prófugo estaba en calidad de detenido en la isla.
El gobierno cubano, como se recordará, afirmó que deportaba a Carlos Ahumada debido a que no quería que su retención pudiera causar un problema internacional y dijo que el asunto era de carácter político interno de México. Y, en efecto, el problema es enteramente mexicano.
La cuestión, sin embargo, no para aquí. El gobierno de México parece estar más preocupado por lo que dijo Ahumada en Cuba que por cualquier otra cosa. El gobierno cubano responde con dos videos en los que el empresario entonces detenido en La Habana afirma, por un lado, que le pidieron las grabaciones difundidas por Televisa a cambio de protección jurídica y apoyo económico, pero no dice los nombres de quienes le hicieron tal indicación. La otra grabación es donde Ahumada afirma que lo trataron bien. El gobierno cubano posee sin duda toda la declaración de Carlos Ahumada y el hecho es que los mexicanos no la conocemos.
La Procuraduría General de la República ya había recibido una carta de Ahumada donde se dice que sus propias declaraciones en Cuba fueron producto de presiones y torturas sicológicas. La PGR, además, le indica al empresario que acuda a la ONU para acusar a Cuba de torturas. La relación entre Ahumada y el procurador Macedo de la Concha es en verdad tan estrecha que éste le sigue dando consejos. Todos recordamos la forma en que Ahumada denunció a nadie de extorsión, en un hotel de lujo pagado por la Secretaría de Gobernación. Lo que no sabemos es cómo logró Ahumada salir del país sin que el gobierno se diera cuenta a pesar de que lo hizo en un avión privado con el necesario plan de vuelo que la ley exige a todos los aviadores.
Ese amor del gobierno por Ahumada es propio de cómplices. Y aquí es donde se puede apreciar el error. Hacer tratos con un empresario que armó un sistema de tráfico de influencias, con el propósito de golpear al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al PRD, es pisar un terreno pantanoso con procedimientos inescrupulosos.
Ahumada estaba en Cuba y alguien pidió al gobierno de ese país que lo recibiera. Cuando el gobierno de la isla lo detiene, los pronósticos son que una extradición podría llevar muchos meses o años. Después, Cuba deporta al indiciado y se produce la crisis diplomática. La presencia, días antes, de dirigentes políticos cubanos en México no había sido motivo de una nota de protesta. Tampoco se solicitó el expediente de Ahumada a Cuba. Bueno, el gobierno de mexicano ni las gracias dio al de Cuba por el acto de la deportación.
La crisis de las relaciones entre México y Cuba no la generó el discurso de Fidel Castro el primero de mayo, cuando éste criticó la política exterior de Vicente Fox. Tampoco tiene que ver la visita de los dos ciudadanos cubanos que son conocidísimos por parte de los dirigentes de todos los partidos políticos mexicanos y, al parecer, le traen habanos a Fernández de Cevallos.
El gobierno de México ha puesto en ridículo mundial a nuestro país con esa manera tan torpe de enredar un asunto interno con un grave incidente internacional. De que hubo complot lo hubo y el silencio de Vicente Fox no es más que una burla a los mexicanos.