Los motivos de Ahumada y del gobierno

Hay que repetir que los hechos de corrupción que vimos en las pantallas de la televisión no tienen atenuantes y que la ley debe aplicarse sin distingos y dentro de procesos debidos.
Pero los mexicanos también tenemos derecho a contar con la información completa, es decir, a ver toda la película. La extradición de Carlos Ahumada abre un nuevo capítulo, en especial por el hecho de que éste declaró en Cuba que, desde meses atrás, realizó con propósitos políticos la grabación de actos relacionados con su red de sobornos y tráfico de influencias.
Este es un punto relevante de la situación pues el gobierno tomó parte de alguna manera en la operación del escándalo. Se puede entender que cuando Ahumada conversó con Diego Fernández de Ceballos le informó a éste algo de su red de sobornos, al grado de que el senador panista conoció los videos donde se puede observar la entrega de dinero. Se entiende también que el gobierno conoció la existencia de tal red ilícita al momento en que Fernández de Ceballos puso en contacto a Ahumada con la Procuraduría General de la República y también con la Secretaría de Gobernación a través de Cisen. En la denuncia presentada por el empresario, la PGR no recibió ningún elemento con el que se apoyara el dicho del denunciante de que estaba siendo extorsionado: no se presentaron los videos y ni siquiera se mencionó algún probable extorsionador. Es decir, todo el movimiento entre el gobierno y Ahumada fue una farsa, pero unos días después se realizó la transmisión del video de Las Vegas en donde un alto funcionario del gobierno capitalino jugaba a las cartas en un casino, fueron exhibidas las facturas del hotel y se mencionaron las cantidades de pesos y de dólares que Ponce y su esposa habían cambiado durante varios meses. Lo que es seguro es que el reporte de la casa de cambio, dado a conocer por Televisa, provino de la Secretaría de Hacienda y sigue siendo una incógnita la procedencia de los videos de Las Vegas y las facturas de hotel. Lo que también resulta seguro es que el gobierno conocía desde antes las actividades de Ponce hasta el detalle de saber cuánto dinero cambiaba por fichas de juego.
Si Ahumada compartió, como se cree, sus planes políticos con el gobierno y éste le dio cobertura, entonces es cierto que se produjo una confabulación entre servidores públicos y particulares con propósitos políticos como se ha denunciado hasta el cansancio.
El gobierno federal está metido en un serio problema al negar todo pero no aportar ninguna explicación suficiente. El gobierno de Cuba decidió deportar a Carlos Ahumada al darse cuenta –dice—de que el asunto era político y de la exclusiva competencia de México, por lo que resolvió el problema por la vía rápida o, como se dice en México, aplicó el artículo treinta y tres.
Al parecer, esto no le ha gustado al gobierno de Fox, a quien ya no le satisface nada. Pero el problema político no se resuelve y el presidente de la República se niega a tratarlo con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Los motivos de Carlos Ahumada no son un asunto sin importancia y los motivos de los funcionarios gubernamentales que le ayudaron a éste a dar cobertura escandalosa a los videos son parte de la película y ya queremos verla completa.

El diálogo político

Uno de los problemas de los últimos años en México ha sido el del diálogo entre las fuerzas políticas nacionales. Es larga la lista de interrupciones virtuales o anunciadas, cuando un partido u otro deja de buscar acuerdos con el gobierno por considerar que no hay nada que hacer.
En un esquema de poder compartimentado pero no compartido, en el que cada partido tiene posiciones de gobierno y carece de pacto con otra fuerza política, el diálogo sistemático es lo único que puede sustituir la falta de acuerdos permanentes. Sin embargo, en el México de estos días los poderes públicos no dialogan con arreglo a un método aceptado por todos, mientras que los partidos no buscan en conjunto la comunicación que pudiera resolver muchos problemas.
El reciente problema entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México consiste en que López Obrador quiere tratar un asunto con el presidente de la República del que éste no quiere hablar. El jefe de gobierno capitalino busca encararse con Fox para reclamar que servidores públicos federales no hicieron lo que debían para perseguir a quien entonces desempañaba el cargo de secretario de finanzas del Distrito Federal. En realidad, el presidente no quiere hablar del asunto porque no tiene nada que alegar a favor de aquellos funcionarios que omitieron informar a las autoridades locales sobre un posible enriquecimiento ilícito que tenía que ser perseguido por el Ministerio Público de la ciudad.
Pero si el presidente de la República no admite un tema a discusión, entonces el diálogo político queda roto sólo por el hecho de que en una relación entre dos no se puede hablar exclusivamente de lo que uno quiere pero nunca de lo que el otro demanda. El diálogo político no puede tener una agenda cerrada pues, entonces, tal diálogo deja de existir.
El Partido de la Revolución Democrática ha apoyado, naturalmente, al jefe de gobierno de la capital y, por tanto, ha dejado de conversar con el gobierno, lo cual es un hecho anómalo en un país en el que muchos asuntos se resuelven a partir de entendimientos entre adversarios.
Ha sido el gobierno del presidente Fox el responsable de las interrupciones del diálogo político. Como cualquiera puede entender, un gobierno siempre debe estar dispuesto a tratar cualquier asunto con la oposición; esto forma parte de la naturaleza del poder público. Pero el estilo personal del señor Vicente Fox no corresponde con la política sino con sus propias costumbres. Está claro que el presidente no quiere encarar una situación embarazosa, a pesar de que sus funciones abarcan la de buscar soluciones de problemas reales.
Al tiempo que el gobierno encara un debate público con el PRD, un diputado panista –Molinar Horcasitas—se toma la libertad de decir que son “delincuentes” los legisladores perredistas y priistas cuyos distritos fueron señalados por el IFE como los lugares donde sus respectivos partidos rebasaron los topes de campaña. Molinar es un cercano colaborador virtual del secretario de gobernación y sabe de sobra que el IFE hizo su propio prorrateo de gastos nacionales entre los distritos electorales del país, lo cual trajo como consecuencia la elevación puramente aritmética de los gastos en muchos de esos mismos distritos. Como ex consejero electoral, Molinar sabe que el prorrateo lo hacen los partidos y sabe que el IFE lo modificó en esta ocasión con lo cual los “delincuentes” se enteraron en los diarios que habían rebasado los topes sin tener el menor antecedente: las operaciones aritméticas no pueden ser responsabilidad de los candidatos sino de quien las hace. Pero el diputado Molinar se lanza con furia contra sus colegas y los declara “delincuentes”, así nomás.
Y en medio de todo esto, el gobierno se queja de que algunos de sus opositores estén inconformes con la conducta gubernamental, mientras que los adversarios políticos del presidente de la República y del PAN no pueden más que reclamar lo que consideran constituye una mala práctica política.
Por este camino el país llegará a la próxima campaña electoral en medio del autismo político. El diálogo, como sistema y con oficio, se convertirá en un punto de programa, lo que es el colmo en una república que se dice democrática.

Los porqués del voto de México sobre Cuba

El gobierno mexicano ha votado a favor de una resolución sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este pronunciamiento ha sido llevado a cabo en contra de la opinión de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Existe, por tanto, una diferencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre un punto de política internacional.
El Congreso ha considerado que México no debe dar ninguna muestra de apoyo a la política que Estados Unidos ha aplicado en contra de Cuba, pues la promoción de las resoluciones en contra del gobierno de la isla se ha llevado a cabo en el marco de tal política de agresión sistemática a cargo del gobierno estadunidense.
El voto de México en Ginebra fue decisivo para aprobar la resolución, por lo cual se acentúan las sospechas de que la intervención personal del presidente George Bush, a través de una llamada telefónica a Vicente Fox, era indispensable para garantizar la aprobación del acuerdo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El sometimiento del gobierno mexicano a la Casa Blanca ha sido comentado en varias ocasiones pero las autoridades siempre lo han negado con énfasis. Sin embargo, la sucesión de los hechos y las declaraciones de un vocero del gobierno estadunidense en el sentido de que había acuerdo entre Bush y Fox sobre el asunto relacionado con Cuba, ponen a Los Pinos en una situación difícil de explicar.
La cuestión se ha complicado a partir de que el gobierno de México votó abstención en la resolución de la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sobre las violaciones del gobierno de Israel en los territorios árabes ocupados, incluyendo Palestina. Como se sabe, Estados Unidos tiene dos propósitos principales en este organismo de Naciones Unidas: atacar a Cuba y defender a Israel. Lo primero lo ha logrado y en lo segundo ha fracasado. Pero, ahora, tiene de aliado al gobierno mexicano en ambos temas.
Vicente Fox ha asumido una actitud antidemocrática al desoír la voz del Congreso, pero también ha cometido una trasgresión a los principios históricos y constitucionales de la política exterior de México al ponerse del lado de la agresión como instrumento de las relaciones internacionales.
El problema no consiste en la violación de los derechos humanos en Cuba y en la existencia de presos políticos en ese país. La cuestión estriba en que el gobierno de México apoya la aplicación de un instrumento estadunidense de acoso al Estado cubano al que EU no reconoce y, por tanto, tampoco admite la validez de los actos soberanos de ese mismo Estado.
México, por el contrario, admite la existencia jurídica del Estado cubano y reconoce la validez de sus actos soberanos, bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, lo cual constituye una diferencia entre nuestro país y el gobierno de Estados Unidos.
En el marco de las relaciones internacionales actuales, el caso de Cuba es una excepción entre muy pocas. Si Estados Unidos, por ley, no reconoce al Estado cubano, lo tiene que hacer en el seno de las Naciones Unidas, de donde el gobierno de Washington puede promover toda clase de condenas al gobierno de la isla. Sin embargo, Cuba se ha apuntado mayores triunfos en la ONU contra la política de Estados Unidos. Durante muchos años, la Asamblea General ha condenado el bloqueo contra Cuba, sin que el gobierno estadunidense haya hecho el menor caso a todas esos pronunciamientos. En Ginebra, sin embargo, la Casa Blanca pretende obligar al gobierno de Cuba a recibir a un relator de derechos humanos, lo cual ha sido negado por La Habana. Al margen de que el gobierno cubano debería recibir a ese relator, lo que no admite, por cierto, Estados Unidos en relación con los presos de Guantánamo, el asunto vuelve a su origen: las resoluciones contra Cuba en Ginebra son promovidas por Washington como parte de su política en contra del gobierno de Fidel Castro.
Cuando Vicente Fox se suma a esta política, cambia la orientación histórica de México frente a la cuestión cubana, pero lo hace de manera absolutamente unilateral en términos políticos, es decir, sin el apoyo de ninguna otra fuerza política nacional como no sea la suya propia, es decir, el Partido Acción Nacional.
Los porqués de la decisión del gobierno mexicano sobre la cuestión de Cuba en Ginebra seguirá siendo discutida, pero lo que es seguro es que Bush hizo las cuentas de los votos y decidió llamar a su homólogo, quien prefirió no abstenerse como se lo había pedido el Congreso de su propio país. La Casa Blanca pesa más en el ánimo de Fox que los diputados y senadores de México.

El fuero constitucional

El denominado fuero constitucional busca proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos. Por esto, la Carta Magna dice que para proceder penalmente contra los altos funcionarios de la Federación, quienes se encuentran en una lista, es necesario, primero, que la Cámara de Diputados haga una declaración y separe de su cargo al inculpado, con el propósito de que pueda ser puesto a disposición de la autoridad.
Pero, ¿por qué no se puede abrir un proceso penal contra quienes gozan de inmunidad constitucional? En realidad no existe una respuesta contundente a esta pregunta. Si un alto funcionario federal, digamos, un ministro de la Corte, un legislador, el presidente de la República, cometieran un delito, éste podría ser consignado a un juez y, si existieran bases fundadas, se abriría un proceso penal que culminaría con el juicio y la sentencia, sin que el inculpado dejara de desempeñar su cargo, como si se encontrara bajo fianza, tal como ocurre con muchas personas que cometen algún delito no grave y se mantienen en libertad durante el proceso penal.
Si el juez lo considera necesario, por la gravedad o trascendencia del delito, solicitaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la revocación de la inmunidad, de tal suerte que el inculpado fuera encarcelado. Asimismo, cuando se dictara sentencia de primera instancia, el juez tendría que pedir a los diputados que le entregaran al servidor público que hubiera cometido el o los delitos.
En cuanto al presidente de la República, el procedimiento sería semejante, pero tendrían que removerlo las dos cámaras del Congreso, como está previsto actualmente.
Además de lo anterior, sería necesario que se esclareciera que las personas que gozan de inmunidad la pierden cuando gozan de licencia en el cargo, pues al estar fuera de la función pública ya no hay nada qué proteger.
Es necesario que el Congreso brinde respuesta al desprestigio que tiene en México el llamado fuero, pues la gente percibe que esta institución tiende a proteger a ciertas personas por el hecho de que ocupan determinados cargos en el Estado. Pero la inmunidad no está diseñada para la impunidad, sino para la evitar que, a través de actos arbitrarios, se tomen represalias o que autoridades menores logren impedir el normal funcionamiento de las instituciones más importantes de la República.
En sus orígenes, los legisladores necesitaban la inmunidad para que el rey no los amedrentara, para que su función fuera libre. Ahora, por ejemplo, gozan del llamado fuero constitucional los consejeros electorales y el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, con el propósito de que ninguna autoridad pueda evitar el funcionamiento de este órgano tan importante de la vida democrática de la nación.
Si para privar de su libertad a alguno de los altos funcionarios que gozan de inmunidad constitucional es siempre necesaria una decisión de carácter político a cargo del poder legislativo, a través de la Cámara de Diputados, tal cosa no implica impunidad alguna sino la sencilla protección de la función pública. Pero cuando la Cámara interviene en funciones más parecidas a las del Ministerio Público para determinar la posible responsabilidad del inculpado, todo se vuelve un enredo político con aires de justicia. El Congreso de la Unión no es un tribunal de justicia ordinaria y sólo puede hacer juicios de carácter político, los cuales están previstos en la Constitución, para retirar de su cargo a los altos servidores públicos que no ejerzan sus funciones correctamente y con apego a las leyes. Así que los legisladores no deben meterse en asuntos de delitos sino obsequiar o no las solicitudes de los jueces. En tal sentido va dirigido el proyecto de reforma del llamado fuero constitucional.

¿Medios intocables?

La crítica contra La Jornada y, sobre todo, la respuesta de este diario al Partido de la Revolución Democrática induce a la pregunta sobre si los medios de comunicación son intocables. El pequeño litigio nos ilustra al respecto: se hace una crítica por la manera de presentar una información y el periódico lanza decenas de calificativos contra sus críticos, los condena y los fustiga.
El problema mayor es que no pocos periodistas critican, a su vez, a los titubeantes críticos del medio de comunicación. Pareciera, entonces, que la idea predominante es que la crítica de un periódico es algo así como un ataque a la libertad de expresión.
Cuando una autoridad con fuerza legal lanza una requisitoria contra un periodista o contra un medio de comunicación social podemos hablar sin duda de un ataque a la libertad de prensa, pero cuando se trata de una opinión que proviene de quien carece de tal fuerza legal, entonces podemos ubicar las cosas en el terreno de la simple crítica, sin consecuencias en la actividad de los comunicadores sociales.
Por otro lado, es necesario distinguir entre la opinión de quien escribe bajo su firma en cualquier medio y el manejo de la información. La Jornada juega en la vida interna del Partido de la Revolución Democrática como si su dirección formara parte del partido. Durante los últimos años se han sucedido muchos hechos que rebelan que la directora del diario toma posición personal en casi todas las discusiones y los problemas internos de ese partido, apoya a algunos y fustiga a otros. Esta no es una conducta profesional, a pesar de la declaración del editorial que condena a la dirigencia del PRD, pero tampoco, en sí misma, puede ser considerada ilícita o algo por el estilo. La actitud facciosa de un medio de comunicación sólo puede ser motivo de una crítica siempre que ésta no sea acompañada de otras medidas tendientes a inhibir la libertad de prensa.
Si la dirección de La Jornada juega en los asuntos internos del Partido de la Revolución Democrática, también puede ser sujeto de tales asuntos internos, pero de ninguna manera se debe aceptar que quien se mete en problemas de facción se presente como un medio profesional, alejado política y emocionalmente de la fuente periodística en la cual opera.
Es lamentable, de paso, que la dirección de un medio juegue siempre en asuntos internos de otras entidades y sus reporteros tengan que asumir las consecuencias de decisiones personales de orden partidista, de las cuales suelen ser por completo ajenos.
Hay muchas formas de contar lo que ocurre. Cuando un periódico de derechas o de izquierdas aplica su óptica ideológica en la presentación de los hechos, nadie puede hacer más comentarios que los relacionados con la inclinación legítima del medio de comunicación. Pero cuando ese mismo periódico se convierte en vocero de facción y de esa manera presenta las informaciones, entonces ya el asunto es de otra naturaleza: la crítica desde la fuente de la información es también justificada.
En una democracia no puede haber empresas, personas, organismos, instituciones intocables. Todo mundo es sujeto de la crítica que es una forma de ejercer la libertad. Suponer que un partido o unos dirigentes de partido jamás pueden disentir públicamente de quien emite mensajes hacia el público equivale a suponer que hay intocables. Además, cuando un medio de comunicación es criticado y responde fustigando –mucho más allá del contenido de la crítica recibida—a quienes se han atrevido a hacerle señalamientos, entonces no estamos hablando de periodismo democrático, sino de represalias.
La militancia periodística es, por tanto, legítima. Lo que no se puede admitir es la pretensión de sustraer de la crítica pública a alguien por su papel social como comunicador.