¿Cual reforma para el PRD?

Nadie discute si el Partido de la Revolución Democrática debe o no reformarse. El problema versa sobre cuál reforma. Desde antes del videoescándalo, el PRD se preparaba para su tercera reforma en el lapso de 15 años. La necesidad de la reforma se desprende de que las cosas no marchan bien o, en el bueno de los casos, de que pueden marchar mejor. El próximo viernes, el PRD abrirá su Congreso y deberá tomar decisiones trascendentales.
El escándalo reciente muestra que en el PRD no existe la necesaria vigilancia política y de que, en tal situación, el dinero político y el tráfico de influencias pueden meterse en el partido, como ya se ha visto. Se requiere, por tanto, una estructura de dirección política que no propicie las embestidas externas y prevenga la corrupción. La sistema que el PRD escogió para llevar a cabo las competencias que de manera natural se producen en el seno de cualquier partido fue libre, abierto y desordenado. Esto es lo que se debe arreglar con urgencia.
Se plantea ahora que las precandidaturas a cargos de elección popular y las candidaturas a puestos de dirección estén sometidas a reglas, entre ellas, la de que ningún aspirante pueda comprar spots en radio y televisión. Habría que extender esta prohibición a los anuncios espectaculares y a los plásticos colgados de los postes. Asimismo, la vigilancia debe ser muy rigurosa, de tal manera que se impida efectivamente la práctica de los regalos y las dádivas que ya están prohibidas pero que se llevan a cabo. Lo que se necesita es que los aspirantes no requieran mucho dinero para lograr ser postulados o elegidos.
Otro de los grandes problemas del PRD es el de la integración de los órganos de dirección. La representación proporcional es un método democrático que sólo existe en este partido, pero lo avanzado se convierte en un método perjudicial cuando las planillas se convierten en una forma de reparto de puestos burocráticos. Si debe prevalecer esta manera de no excluir, debe también admitirse que la proporcionalidad no debe estar presente en los cargos remunerados, es decir, en la administración política. No es lo mismo ser un dirigente de partido sin fuerza administrativa que sólo hace valer sus ideas y propuestas que convertirse en un operador político para organizar un grupo a partir del puesto que ocupa.
Todos los partidos democráticos del mundo cuentan con un comité de dirección y con un organismo de administración política subordinado a aquél. El PRD tienen un comité ejecutivo nacional que asume las dos funciones. La democracia siempre ha buscado domeñar a la burocracia política para evitar que desde la administración se tomen las decisiones sobre el rumbo de las cosas. Si el PRD quiere cambiar tendrá que asumir la experiencia de su propia vulnerabilidad para impedir que se le meta otra vez el sistema de tráfico de influencias, el cual tiende por la naturaleza del sistema social a copar los espacios de la política.
No debería nadie caer en la actitud de hacer como si nada hubiera ocurrido. Lo que ha pasado en el Partido de la Revolución Democrática es un hecho muy grave que no se minimiza en absoluto por el hecho de que otros partidos han recibido dinero de procedencia ilícita; no debe aceptarse a nadie que diga que la corrupción evidenciada es poca en comparación con otros hechos. El PRD no puede medirse así con los demás pues debe ser un partido limpio en la conducta de sus dirigentes.
Construir un código de ética implica también contar con normas que se apliquen de manera cotidiana y es aquí donde el PRD ha fallado. El Estatuto cuenta con preceptos tendientes a impedir la corrupción en sus diversas formas pero no hay manera de realizar la vigilancia política efectiva. Por ello, es necesario que se acabe con la tolerancia a título de que no conviene exhibirse. No, que el videoescándalo sirva para cambiar las relaciones entre los dirigentes perredistas y evitar que éstos puedan tomar decisiones individuales al margen de los principios éticos y políticos del partido.
No hay que esperar con el pretexto de que es preciso pensar bien las posibles reformas. Hay que actuar rápido y, después, hacer balances para corregir lo que deba enmendarse. Que en el Congreso del PRD no cunda el conservadurismo. Ojalá.

Después del escándalo ¿qué?

Es posible que se conozcan nuevos hechos del más reciente escándalo político en sus dos fases, pero ésos serían variaciones sobre un mismo tema. La cuestión de hoy es responder ante el financiamiento ilícito de la actividad política y la utilización ilegal de cargos públicos para realizar maniobras políticas.
El problema es el de siempre: el dinero público o privado que se usa sin recato para el financiamiento de redes informales de carácter político. Puede haber un enredo de enriquecimiento personal pero ése es otro tema en sí mismo. La competencia por el poder se encuentra dentro y fuera de los partidos. Los políticos requieren dinero para enfrentar a sus contendientes que también lo han requerido y lo tienen. Frente a esta situación, las leyes no dan las respuestas suficientes.
Los partidos son fiscalizados por el IFE y por los organismos electorales locales pero las empresas y los individuos no pueden ser tocados en ningún sentido, es decir, no pueden ser investigados ni sancionados. Este es un aspecto que debe modificarse para que las autoridades administrativas electorales logren alcanzar a todos los que violen la legislación de la materia.
Las precampañas internas de los partidos suelen ser más competidas que las elecciones constitucionales. Las leyes, salvo excepciones, no tocan este proceso tan importante de la competencia política. El proceso electoral abarca también los actos preparatorios, entre ellos los de selección de candidatos, lo que la ley debe reconocer a cabalidad.
El IFE no cuenta con capacidad legal para ayudar a los partidos a organizar y llevar a cabo sus procesos internos por lo que se desperdicia una infraestructura administrativa que podría cooperar en el desarrollo del sistema de partidos.
Los delitos electorales están prescritos con el cuidado necesario para hacerlos de difícil aplicación. Los tipos penales son enredados y se dirigen sólo a ciertas personas. Los códigos deben ser revisados a fondo para definir correctamente las conductas ilícitas de la materia electoral.
Los altos costos de la publicidad en los medios electrónicos presionan a los partidos para conseguir dinero además de destinar una gran parte del financiamiento público al pago de spots que dicen poco y mienten mucho. Es urgente que se precise en la ley la forma de ejercer el derecho constitucional de acceso a tales medios buscando que la propaganda se exprese en lapsos y horarios suficientes para exponer los programas y las plataformas de cada partido sin perjudicar las secuencias de la programación de las televisoras.
Los partidos también deben revisar sus normas para evitar que sus miembros recurran a actividades ilícitas que terminan por afectar la vida política del país. Las precampañas son los momentos más tensos de los partidos y, para lograr que dejen tal condición, deben regularse de la manera más estricta. La publicidad en todos los medios tendría que estar a cargo del partido mismo sin que los precandidatos o sus amigos puedan hacer propaganda propia.
Ya existen algunas normas que obligan a los partidos a ciertos comportamientos, como la acción afirmativa de género en las candidaturas plurinominales de diputados al Congreso de la Unión. Podrían establecerse algunas otras obligaciones de los partidos tendientes a eliminar las tentaciones a las que están sometidos los precandidatos y las prácticas de alteración de los procesos internos de los mismos.
No es hora de pensar demasiado las reformas legislativas necesarias. Es hora de cambiar las leyes con el propósito de aprender la elección del Pemexgate, Amigos de Fox, Niño Verde y el videoescándalo. Cada uno de estos episodios es diferente pero pone en el centro el dinero político. El Pemexgate fue un robo a la nación; Amigos de Fox fue un enorme financiamiento ilícito de la precampaña y la campaña del actual Presidente de la República; el Niño Verde fue la muestra de las prácticas del dirigente nacional de un partido; el videoescándalo señala el elevado papel de las precampañas y lo sencillo que es llevar a cabo una acometida corruptora hacia un partido cada vez más competitivo.
Mas hay otro tema: los legisladores no deben dedicarse a asesorar o defender a particulares ni usar sus influencias para presionar a otros servidores públicos con el fin de torcer las leyes y los procedimientos.
El Congreso de la Unión tiene la palabra, pero en serio.

Gracias, senador

Un senador pide que se le agradezca haber contribuido a la difusión de video grabaciones que pudieran llegar a ser pruebas de posibles delitos. Pero los mexicanos somos muy desagradecidos, al grado que no hemos levantado todavía un monumento de cuerpo entero o con estatua lacustre al insigne Diego Fernández de Ceballos, prócer de la ética en el servicio público y en el honrado ejercicio de la profesión de jurista.
El abogado y senador de marras intervino en un asunto que era de la exclusiva competencia del Ministerio Público, invitado por el denunciante o por la PGR o por el gobierno federal, pero sin ser defensor del ahora tan conocido Carlos Ahumada, según lo ha aclarado él mismo. Lo escandaloso del asunto estriba en su ilegalidad. El solo hecho de que el agente del Ministerio Público se haya puesto de acuerdo con el denunciante en un hotel ya es un delito. Si estaba en la conversación un funcionario del CISEN (servicio de inteligencia del gobierno) también resulta otra actividad delictuosa. Si, además, estaba presente en la confabulación un senador, éste cometió los mismos delitos que los otros dos y, además, realizó un acto en perjuicio de los intereses públicos.
Mas, por tales actividades, el abogado y legislador pide que le den las gracias.
En este caso nadie quiere dar explicaciones creíbles por lo que se debiera buscar con urgencia a Carlos Ahumada para solicitarle que entregue el video correspondiente.
Lo peor de este asunto es que el Partido Acción Nacional sigue como si no existiera, como si el senador aludido no fuera miembro de su Comité Ejecutivo Nacional, como si en ese partido no hubiera dirección política, como si nadie estuviera enterado de la intervención del coordinador de la bancada panista en el Senado en una confabulación para procesar una denuncia penal que tenía un contenido de escándalo público de enormes dimensiones.
Los legisladores del PAN en la Comisión Permanente del Congreso dijeron que, si a alguien le parecía anómala la conducta del senador panista, presentara una denuncia ante el Ministerio Público, con lo cual se da por entendido que el Procurador no va a hacer nada al respecto por su propia iniciativa.
Ya era el escándalo mayúsculo y vergonzoso cuando se supo que en éste también se encuentra involucrado el más pintoresco personaje del Senado de la República y uno de los abogados con mayor reputación como especialista en tráfico de influencias en el país.
Quizás el Partido de la Revolución Democrática tuviera algo que agradecer a Diego Fernández de Ceballos, pues éste no dejó solo al PRD en tan penoso asunto, lo cual no será obstáculo para que ese partido exija al gobierno el completo esclarecimiento de la confabulación política. Mas lo que pudiera haber ocurrido es que el gobierno federal mismo se encontrara implicado en la coalición de servidores públicos –delito previsto en el Código Penal—que tuvo como propósito, además, dar al empresario tan renombrado las seguridades de su propia impunidad.
El principal damnificado del escándalo es el PRD pero también se encuentran en esa situación el PAN, el Procurador General de la República, el futbol, el equipo editorial de un diario de la ciudad de México y lo que resulte.
Hay una pregunta que es inevitable: ¿por qué apareció el video del tal Ponce, grabado en Las Vegas, tan luego como Ahumada presentó la dizque denuncia por extorsión, y por qué pasaron tal solo unos días para que aparecieran los videos del dinero y, al día siguiente, el de la conversación en la oficina del empresario? Según el senador que reclama agradecimiento, él conocía los videos y, ahora, dice que algo hizo para que se conocieran, lo cual le inculpa como operador de la confabulación. Si Fernández de Cevallos está solicitando las gracias por haber contribuido a la difusión de los videos, eso quiere decir que se encuentra implicado y lo que resta serán los detalles del asunto. A este personaje de la picaresca política mexicana lo mata su propia naturaleza… como al alacrán.

Los porqués

El principal ofendido y agraviado con el escándalo provocado por el video transmitido en El Mañanero, en el que René Bejarano recibe dinero de manos del empresario Carlos Ahumada, después de la ciudadanía, es justamente el Partido de la Revolución Democrática.
Ahumada se queja de extorsión pero se presenta como comprador de favores, los cuales no fueron obsequiados por nadie según se desprende del hecho de que, lejos de darle contratos se los quitaron y, encima de todo, la Procuraduría General de Justicia del DF investiga la participación del mismo Ahumada en unas obras no realizadas en la Delegación Gustavo A. Madero.
La entrega del dinero está ahí y el PRD es quien resulta dañado pues se trata de un dirigente político de sus filas. Bejarano nunca ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD pero fue presidente del Partido en la Ciudad de México y dos veces diputado por ese mismo partido. El hecho de que una persona con esa trayectoria dentro del PRD reciba dinero de un empresario, quien sea éste y en cualquier cantidad, es una verdadera ofensa contra el Partido como tal.
Pero el PRD no ha asumido la actitud de defender a Bejarano sino la de anunciar que está dispuesto a cooperar con las autoridades en el completo esclarecimiento de los hechos. Aquí encontramos una diferencia con la actitud del PAN en cuanto a Amigos de Fox, del PRI en el Pemexgate y del Partido Verde en el escandaloso asunto de su propio presidente. El PRD, por el contrario, llama a que se investigue a fondo.
Mas Bejarano fue secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y, por ello, se pretende ligar la actuación de aquél con el desempeño de éste. En realidad, el acto de entrega de los dineros tuvo lugar, como se aprecia en los videos, pero su publicidad contiene una intención política muy precisa: castigar al gobernante (López Obrador) que se negó a entregar contratos a quien le dio el dinero a Bejarano y, para contar con un arma, gravó en video las operaciones con el propósito de extorsionar o con el fin de dar a conocer, como represalia, el acto ilícito.
No existe atenuante de parte de quien recibió el dinero, pero existe agravante de parte de quien lo entregó y, después, lo hizo público con un propósito de carácter político.
Es necesario que la justicia se apure, que se haga lo preciso para que el asunto no quede más o menos en las sombras, como ha ocurrido con otros casos de dinero político. En esto tuvo toda la razón el conductor de El Mañanero cuando dijo “ya estamos hasta la madre”. Sí, la búsqueda de dinero por parte de políticos que hacen a un lado todo lo que puede darles prestigio y buena conciencia tiene bases en el tipo de competencia política que va desde los grandes escándalos de Pemexgate con 500 millones y Amigos de Fox con más de 200 hasta el más reciente de ocho millones, el cual, por ser de mucha menor cuantía no es menos importante y grave: afecta a un partido que podría ser el relevo en el poder político de la nación.
La búsqueda de poder se ha ligado demasiado a la búsqueda de dinero político. Este fenómeno no es sólo de México y de ahora pero se ha puesto de manifiesto con brutalidad, lo cual golpea con fuerza la conciencia nacional. Que estos golpes dejen, al menos, una alerta general en el pueblo y unas reformas legislativas para prevenir la tremenda fuerza del dinero político.