El engaño del Partido Verde

No debería sorprender a nadie que el presidente del llamado Partido Verde Ecologista de México pregunte a un interlocutor suyo ¿y cuánto nos va a tocar a nosotros?, en referencia a unas supuestas gestiones para obtener permisos municipales. Lo que sorprende es que hayan pasado tantos años sin que se hubiera dejado bien en claro que ese partido no es un partido y que sus dueños no son ecologistas.
Una parte del electorado fue engañado durante todos esos años sin que los partidos políticos hicieran algo eficaz para poner al descubierto la verdadera naturaleza del grupo que ha administrado la franquicia electoral bajo el nombre de Verde Ecologista. Ni siquiera el movimiento de los medioambientalistas pudo dejar las cosas en claro a pesar de que la familia González tomó su causa como parapeto político y medio de engaño de la opinión pública.
En tanto que la suplantación del ecologismo fue lograda en el terreno político, los partidos buscaron, en una medida o en otra, acercamientos electorales con los llamados verdes, aun cuando tales partidos siempre han sabido que se trata de impostores. El simple hecho de contar con simpatías electorales, es decir, un porcentaje, mete a cualquier grupo a las negociaciones políticas y preelectorales así se trate de una familia, lo cual sólo pone al descubierto la existencia de un sistema de partidos muy endeble y de unos políticos del todo pragmáticos.
Los partidos verdes de Europa fueron producto de movimientos de masas que, en determinado momento, decidieron convertirse en formaciones políticas para la lucha por elevar su fuerza a elemento del poder del Estado. Tales movimientos convertidos en partido han jugado un papel relevante en los debates y en la conformación de gobiernos, en la medida en que representan a una parte importante de la sociedad. En México, los impostores no representan más que sus propios intereses y, aún así, hay gente que les ha creído. Esto también pone de manifiesto la naturaleza manipulable de partes del electorado mexicano.
El llamado Partido Verde de la familia González también logró presentarse como un partido de jóvenes y no pocos le creyeron. Esto pone de relieve la pobreza de los partidos en cuanto a la organización política de la juventud. La simple propaganda del carácter juvenil de ese grupo y la presencia en éste de algunos jóvenes que jamás participaron en movimientos estudiantiles, habiendo sido estudiantes, fue suficiente para que miles de electores creyeran las mentiras, a pesar de que se trata de jóvenes de familias más o menos ricas.
La manera tan sencilla como el senador González pregunta ¿y cuánto nos va a tocar a nosotros? denota una manera de ser, una forma de abordar la gestión política, un método natural de concluir un diálogo sobre un asunto público, pues su interlocutor no le había ofrecido todavía dinero. Existe, por tanto, una falta de honradez, aunque no se hubiera consumado un delito, de parte de un servidor público que se encuentra obligado a ser honrado, según disponen las leyes.
Ahora bien, quien actúe o sea omiso en perjuicio de los intereses públicos debe ser sujeto de juicio político si, al mismo tiempo, se es senador de la República, según reza la Constitución. La falta de honradez constituye un perjuicio al desempeño de una función pública.
Todos los partidos han dado, de una u otra manera, legitimación al llamado Verde Ecologista, pero sólo dos de ellos han realizado sendas alianzas electorales nacionales: el PAN y el PRI. El primero logró el apoyo de los impostores en el año 2000 a quienes les regaló cinco senadurías; el segundo se presentó en una alianza parcial, pero nacional en la práctica, para sumar votos a favor del propósito de lograr una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El rompimiento con el PAN se debió a que Fox se negó a llevar a González padre al gabinete; el rompimiento con el segundo debería darse como consecuencia del escándalo: aquí veremos al PRI sometido a una sencilla prueba.
Las pretensiones de los disidentes del llamado Verde no serán alcanzadas: se mantendrá el dominio de la familia González porque la franquicia electoral es de su propiedad. Pero se habrá producido una lección para todos: electores, políticos, partidos, ecologistas e, incluso, partidos verdes de otros países que alguna vez –incautos-- tuvieron relación con la familia de marras.

Del desarrollismo al neoliberalismo

José López Portillo fue candidato único registrado a Presidente de la República. Su único contrincante, sin registro legal, fue esa figura extraordinaria del siglo XX mexicano de nombre Valentín Campa Salazar, postulado por el entonces partido más antiguo y más perseguido del país, el Partido Comunista Mexicano.
La llegada de López Portillo a la jefatura del Estado y del gobierno se hizo en contra de la opinión mayoritaria de la clase política priista que apoyaba claramente a Moya Palencia. Quizás el nombramiento del entonces secretario de Hacienda obedeció no sólo a su vieja amistad con Echeverría sino también a que el desarrollismo en boga requería de alguien con ciertos conocimientos técnicos más que burocráticos.
López Portillo heredó la guerra sucia iniciada por su antecesor en contra de los grupos armados que operaban entonces en México como respuesta a la represión gubernamental y a la falta de libertades democráticas. La represión contra tales grupos se recrudeció mientras que el nuevo presidente llevó a cabo la primera reforma política que reconoció la pluralidad nacional pero mantuvo en manos del gobierno todo el control de los procesos electorales. El reconocimiento del Partido Comunista Mexicano y de la Unión Nacional Sinarquista (bajo el nombre de Partido Demócrata) abrió el camino para el ejercicio de derechos políticos de quienes, integrados en corrientes históricas, habían sido ignorados y perseguidos durante décadas. También se amplió de manera considerable el debate político, especialmente con la presencia de los partidos en la radio y la televisión, con programas en horarios preferentes, y a través de debates en la Cámara de Diputados, en los que intervenían secretarios de Estado, los cuales eran transmitidos en directo y en proyección nacional.
López Portillo era parte de la corriente desarrollista latinoamericana que pretendía alcanzar altos crecimientos económicos bajo una fuerte conducción del Estado. En condiciones en que la acumulación de capital dinero se concentró en la banca internacional, incluyendo los inmensos excedentes petroleros, México asumió créditos a tasas muy bajas pero variables sin el menor cálculo acertado sobre el posible comportamiento de los mercados financieros.
Cuando las tasas empezaron a subir bajo condiciones de un déficit público demasiado alto y con un componente de deuda externa muy acentuado, el Presidente “defendió el peso como un perro” mediante la contratación de nuevas deudas para financiar la fuga de capitales. López Portillo era un defensor a ultranza de la libertad cambiaria y del tipo de cambio fijo, todo lo cual tendría que tirar a la basura cuando la crisis financiera mexicana desbordó al país y lo llevó a la crisis.
López Portillo no tuvo tiempo para usar los excedentes petroleros mexicanos y la parte de éstos que logró “disfrutar” sencillamente la aplicó de manera derrochadora pues el país carecía de los suficientes proyectos de inversión productiva, tanto del lado del Estado como de los empresarios privados.
La estatización de la banca y el control generalizado de cambios no eran parte del programa desarrollista de López Portillo sino que fueron una respuesta a una crisis financiera, en buena parte inducida por el propio gobierno pero promovida por la fuga generalizada de capitales a cargo de los grandes ricos del país, quienes abandonaron el barco cuando éste empezó a hacer agua.
Años después, bajo el neoliberalismo, el país conoció otra crisis financiera, más profunda que la anterior, con motivo del aumento del débito público denominado en moneda extranjera y la sujeción del tipo de cambio en condiciones de sobrevaluación del peso mexicano. Ya la banca era privada otra vez, ya el Estado había vendido muchos de sus activos productivos, ya la deuda externa había sido renegociada, ya la apertura comercial y financiera del país se había producido, mas la crisis nos alcanzó una vez más con dos componentes nuevos: la caída de seis puntos en el PIB y la quiebra de la banca. La pretendida solución fue el Fobaproa, con un billón de pesos de nueva deuda pública.
Hoy, con motivo de la muerte de José López Portillo, los neoliberales se lanzan contra el supuesto populismo del entonces presidente y claman a favor de que nunca más se retorne a la política del déficit público, el endeudamiento exagerado y el derroche. Pero, al denostar a López Portillo, buscan señalar a la izquierda como la corriente que sostiene el mismo programa de aquel presidente. Nada más falso. La participación del Estado en el fomento del crecimiento de la economía y el reconocimiento de las responsabilidades sociales de este mismo no implican la elevación del déficit sin capacidad de servir la deuda y mucho menos el derroche improductivo. Eso es lo que hoy hace el presidente de Estados Unidos, tan admirado y respetado por los neoliberales.
El programa económico de la izquierda no se parece en nada al de López Portillo cuando éste fue presidente de México.

Tiempo de denuncias

El Estado corrupto mexicano ha sufrido serios reveses pero no ha sido sustituido por una nueva estructura basada en una ética diferente. Sin embargo, en su decaimiento, la corrupción como sistema ha parido una forma de actuar de la clase política y los medios de comunicación basada en la denuncia como método.
Mas no se trata de la cruda moral de la sociedad por haber sufrido un Estado corrupto durante tantas décadas, sino una forma de acción política tendiente a anular a los rivales o a promover escándalos a partir de actos u omisiones de carácter administrativo, aprovechando justamente aquella cruda moral.
Después del llamado Pemex-gate y del uso de dinero ilícito en la campaña electoral del actual Presidente, las denuncias y revelaciones han seguido con una cotidianidad que, sin embargo, no les resta sensacionalismo.
Es el terreno de la disputa política y de la puja por la venta de noticias. Una y otra se entrecruzan y se complementan. Los políticos buscan cualquier indicio de corrupción o algo que se le parezca en los adversarios y cunde, también, cierto espíritu de venganza purificadora. Los medios se ven obligados, en tal clima, a revelar a sus lectores o escuchas las cosas ocultas que ubican a todos los políticos en el mismo terreno de la corrupción pública y privada.
Las cosas son hoy menos difíciles pues los sueldos y las compras se encuentran en internet, por lo que sólo es necesario buscar y buscar en una computadora. Hace unos dos años ya era posible que alguien se diera cuenta de que un coordinador de área del gobierno de la Ciudad de México conducía el automóvil en el que se transporta el jefe de gobierno, en un desusado acaparamiento de funciones que llevaba a prescindir de un chofer profesional, pero el escándalo surgió cuando alguien se tomó la molestia de hurgar en la nómina. Los gastos filantrópicos de Vamos México no corresponden evidentemente con sus ingresos, lo cual ha estado en la red desde hace buen tiempo, pero tuvo que ser una reportera la que nos lo dijera. Ambos hallazgos no parecen ser de aquellos que correspondan al Estado corrupto pero son actos realizados por personas que gozan de amplia popularidad, según los encuestadores.
Hay cosas, sin embargo, que sin dejar de ser escandalosas se manejan con cierta técnica pero corresponden a verdaderos actos de corrupción pública amparada en supuestas necesidades económicas. Es el caso de los pagarés de Fobaproa que fueron firmados para comprar con ellos créditos bancarios impagables pero en violación de las normas del mismo fideicomiso, las cuales eran ya de por sí demasiado permisivas. Es el caso de la violación de la Carta Magna al firmarse contratos para instalar plantas termoeléctricas cuya producción se destina al servicio público, declarado exclusivo del Estado. Es también el caso de la firma de contratos, llamados de servicios múltiples, para explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos. La ley es transgredida al viejo estilo del Estado corrupto, es decir, a sabiendas de que no existe forma de perseguir a los responsables o, lo que es lo mismo, dentro de la impunidad como sistema establecido.
Los ecos del Pemex-gate continúan resonando, pues el senador Aldana sigue siendo senador ya que la Cámara de Diputados se ha negado a votar el dictamen de su desafuero, por órdenes del Presidente de la República, lo cual le otorga a esta omisión una relevancia mayúscula. Mientras, el Ministerio Público de la Federación prepara la exoneración de Vicente Fox como indiciado de un delito electoral con la sola interpretación arbitraria del precepto penal. Dos acusados de torturas y desapariciones siguen prófugos sin que ningún policía judicial se tome la molestia de averiguar a dónde se han ido. Los causantes de las matanzas de antes siguen en sus casas gozando de sus pensiones pues la justicia no resuelve lo que tiene que resolver.
El ánimo de venganza cunde por todos lados pero se concreta poco en actos justicieros. La causa de este fenómeno es que la impunidad no es nada difícil todavía y que la consigna política es uno de sus instrumentos.
Los tiempos que corren son de denuncias pero aún no son de sanciones. Como consecuencia, se crean teatros mediáticos –como se dice ahora—en los que todo se diluye en dimes y diretes pero las grandes transgresiones siguen ahí y sus autores prosiguen sus actividades en completa impunidad: las denuncias acaban en ataques políticos difundidos con amplitud… y ya.

Poderes supeditados

El presidente Vicente Fox ha hecho uno de sus acostumbrados discursos confusos y llenos de equivocaciones. Se trata del discurso pronunciado ayer en Querétaro, en el Teatro de la República, con motivo de la celebración del aniversario de la Constitución mexicana. Dijo el titular del Poder Ejecutivo de la Unión que, en la democracia, no debería ningún poder público estar supeditado a otro pues debe haber igualdad entre ellos.
Vicente Fox manifiesta su desconocimiento de la Constitución Política de México al hacer ese señalamiento. El Poder Ejecutivo está supeditado al Legislativo en muchos puntos. El hecho de que el Presidente de la República no pueda emitir leyes implica que, en su actuar, el Ejecutivo debe obedecer las normas dictadas por otro poder del Estado. El gobierno no puede hacer ningún gasto que no esté autorizado en el presupuesto. La cuenta pública es revisada por la Cámara de Diputados. Los secretarios de Estado están obligados a comparecer ante las cámaras del Congreso. Los nombramientos de embajadores que realice el Presidente no pueden entrar en vigor sin la sanción del Senado o de la Comisión Permanente. Existen muchos otros puntos de supeditación del Ejecutivo al Legislativo.
Hay otra supeditación que no por haber sido eliminada en la práctica política mexicana ha dejado de existir en la Constitución: el juicio político. El Congreso puede despedir a cualquier miembro del gabinete y a los directores de los organismos públicos. Este procedimiento implica que los integrantes del gobierno, con la excepción de la persona del Presidente de la República, se encuentran sometidos al juicio que el Congreso haga de su desempeño, pues como no se trata de perseguir la comisión de delitos sino de evaluar el desempeño de aquellos funcionarios, cualquier secretario de Estado que sea, digamos, incompetente, puede ser cesado en sus funciones. La inmunidad de la que goza el Presidente en materia política se debe a que el Congreso nombra al sustituto del mismo y sería sencillo que los legisladores derrocaran al titular del Ejecutivo para entronizar a otro a su antojo, pero las órdenes del Presidente no deben ser obedecidas si no cuentan con el refrendo del secretario del ramo correspondiente y éste sí puede ser cesado por el Congreso. De esta manera, el Ejecutivo se encuentra supeditado al Legislativo, pues si aquél realiza un acto o una omisión contraria a la Constitución, los parlamentarios pueden tomar una represalia contra el gobierno, condenar lo que éste haya hecho indebidamente y sancionar a un miembro del gabinete presidencial.
Existen otras relaciones constitucionales de supeditación. El Poder Judicial es quien controla la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Éstos se encuentran supeditados a los jueces y deben respetar las resoluciones definitivas y firmes de los mismos. El Presidente de la República se encuentra obligado a acatar las decisiones judiciales, lo mismo que los diputados y los senadores.
No hay un equilibrio de igualdad entre los poderes públicos ni podría haberlo. El poder legislativo existe justamente para evitar que el gobernante actúe como déspota y los jueces tienen a su cargo dirimir todas las controversias.
El Presidente Vicente Fox sí está supeditado, por lo que su pretensión de no supeditación es por entero contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así de sencillo.
Si lo que se quiere es que exista una correspondencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, entonces que Vicente Fox proponga el establecimiento de un sistema parlamentario, bajo el cual siempre es necesario que el gobierno tenga el respaldo del poder legislativo del cual emerge. Bajo el sistema presidencialista, copiado de Estados Unidos, no hay otro camino que admitir la supeditación constitucional del Ejecutivo al Poder Legislativo y al Poder Judicial… a menos que volvamos al viejo régimen priista en el que el Presidente era el jefe de todos los poderes públicos, tanto federales como locales.