La oportunidad de la Convención de Querétaro
El cinco de febrero, aniversario de dos constituciones (1857 y 1917), en la ciudad de Querétaro, sede del último congreso constituyente, dará inicio una convención. Los poderes públicos y las fuerzas políticas del país se han dado cita para intentar llegar a un acuerdo sobre uno de los temas más controvertidos: la hacienda pública.
Los ingresos públicos federales sufrieron una merma de unos cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante los años del neoliberalismo priista y no han podido recuperarse en los tres años del neoliberalismo panista. El Estado mexicano es ahora pobre y sigue siendo centralista en materia de ingresos y gastos.
El mecanismo redistributivo más importante del ingreso nacional está atrofiado: las crecientes necesidades de gasto social e inversión pública no se corresponden con la recaudación. El problema se ha agudizado debido a los enormes pasivos asumidos por el gobierno federal, tales como el costo de la privatización de las pensiones y el Fobaproa. Esta situación persiste cuando la economía nacional se encuentra estancada, lo que profundiza la inoperancia del Estado y complica los caminos hacia una solución integral y duradera.
La capacidad recaudatoria bajo las leyes actuales es notablemente débil. El gobierno federal observa la evasión y hace muy poco para remediarla. Los gobiernos municipales se muestran en su mayoría incapaces de cobrar el impuesto predial a sus electores. Las empresas concesionadas y públicas no pagan derechos a los ayuntamientos y gobiernos locales. Siguen existiendo privilegios fiscales para algunos grupos de altos ingresos. El crédito público es usado para cubrir gastos corrientes en una vorágine de cargas presupuestales.
Como una de las consecuencias de todo lo anterior, la renta petrolera se usa para cubrir las necesidades de gasto público corriente desaprovechando la oportunidad de convertir el crudo en inversión productiva: México se come su petróleo en lugar de usarlo como instrumento de su desarrollo.
El país cuenta con una educación de medio tiempo y con una matricula escasa en los niveles medios y superiores. Los servicios públicos de salud son cada día más pobres mientras la mitad de la población vive entre precarios centros médicos abiertos y la medicina privada. En materia de educación y salud, todo ha sido retroceso.
Por el otro lado, el gobierno federal es caro. La alta burocracia es costosa por ser parcialmente innecesaria. Los sueldos de los jefes son cincuenta veces más altos que los de sus empleados y el gobierno federal costea los automóviles, teléfonos, alimentos, bebidas y algunos otros gastos personales de la elite burocrática.
Las entidades federativas y los municipios son aún más pobres mientras su gasto suele ser igualmente dispendioso e ineficiente. Hay gobernadores que piden prestado a los bancos para cubrir nóminas.
El manejo del dinero público llega al extremo de emitir bonos gubernamentales para su adquisición por los bancos mientras las dependencias públicas tienen dinero depositado en la banca comercial, la cual usa aquél para adquirir los mismos bonos quedándose con el diferencial entre las tasas pasivas y las activas del dinero de los contribuyentes.
El gobierno de Vicente Fox sostiene dos puntos en materia de ingresos: gravar con el IVA alimentos y medicinas para desgravar el impuesto sobre la renta de las empresas y personas físicas de ingresos medio-altos y altos del país. No hay más.
El proyecto fiscal del gobierno busca crear incentivos a la inversión extranjera, tal como lo hace con sus otros proyectos: trasnacionalización de la industria eléctrica, desregulación laboral y apertura internacional a la explotación del gas. La política económica del gobierno sólo consiste en tratar de atraer capitales extranjeros para cubrir el déficit de la cuenta corriente, el cual aumenta en la medida en que salen del país regalías, intereses y otros muchos pagos que remuneran las inversiones foráneas. México vive el círculo vicioso de recibir capital y aumentar sus pagos bajo el perpetuo riesgo de crisis financiera. Se trata de la globalización regida por unas cuantas potencias económicas.
La Convención de Querétaro puede ser un simple jaloneo de la encogida cobija de los ingresos públicos o el acuerdo largamente anhelado de Fox con el PRI para clavar el IVA a los alimentos y repartir algunas migajas entre las entidades federativas. Pero también puede esta convención ser una oportunidad para precisar un proyecto de ingreso-gasto que promueva el crecimiento de la economía y la cobertura de la política social.
Puede también la reunión que se iniciará pronto en Querétaro ser las dos cosas: los acuerdos del gobierno con el PRI y el lanzamiento de un planteamiento alternativo de reforma de la hacienda pública que podría aplicarse pronto, cuando el gobierno de Fox se haya ido. O, para pensar siempre en lo mejor, puede ser el momento en que las cosas empiecen a cambiar en el país y se produzcan reformas de verdad.
Los ingresos públicos federales sufrieron una merma de unos cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante los años del neoliberalismo priista y no han podido recuperarse en los tres años del neoliberalismo panista. El Estado mexicano es ahora pobre y sigue siendo centralista en materia de ingresos y gastos.
El mecanismo redistributivo más importante del ingreso nacional está atrofiado: las crecientes necesidades de gasto social e inversión pública no se corresponden con la recaudación. El problema se ha agudizado debido a los enormes pasivos asumidos por el gobierno federal, tales como el costo de la privatización de las pensiones y el Fobaproa. Esta situación persiste cuando la economía nacional se encuentra estancada, lo que profundiza la inoperancia del Estado y complica los caminos hacia una solución integral y duradera.
La capacidad recaudatoria bajo las leyes actuales es notablemente débil. El gobierno federal observa la evasión y hace muy poco para remediarla. Los gobiernos municipales se muestran en su mayoría incapaces de cobrar el impuesto predial a sus electores. Las empresas concesionadas y públicas no pagan derechos a los ayuntamientos y gobiernos locales. Siguen existiendo privilegios fiscales para algunos grupos de altos ingresos. El crédito público es usado para cubrir gastos corrientes en una vorágine de cargas presupuestales.
Como una de las consecuencias de todo lo anterior, la renta petrolera se usa para cubrir las necesidades de gasto público corriente desaprovechando la oportunidad de convertir el crudo en inversión productiva: México se come su petróleo en lugar de usarlo como instrumento de su desarrollo.
El país cuenta con una educación de medio tiempo y con una matricula escasa en los niveles medios y superiores. Los servicios públicos de salud son cada día más pobres mientras la mitad de la población vive entre precarios centros médicos abiertos y la medicina privada. En materia de educación y salud, todo ha sido retroceso.
Por el otro lado, el gobierno federal es caro. La alta burocracia es costosa por ser parcialmente innecesaria. Los sueldos de los jefes son cincuenta veces más altos que los de sus empleados y el gobierno federal costea los automóviles, teléfonos, alimentos, bebidas y algunos otros gastos personales de la elite burocrática.
Las entidades federativas y los municipios son aún más pobres mientras su gasto suele ser igualmente dispendioso e ineficiente. Hay gobernadores que piden prestado a los bancos para cubrir nóminas.
El manejo del dinero público llega al extremo de emitir bonos gubernamentales para su adquisición por los bancos mientras las dependencias públicas tienen dinero depositado en la banca comercial, la cual usa aquél para adquirir los mismos bonos quedándose con el diferencial entre las tasas pasivas y las activas del dinero de los contribuyentes.
El gobierno de Vicente Fox sostiene dos puntos en materia de ingresos: gravar con el IVA alimentos y medicinas para desgravar el impuesto sobre la renta de las empresas y personas físicas de ingresos medio-altos y altos del país. No hay más.
El proyecto fiscal del gobierno busca crear incentivos a la inversión extranjera, tal como lo hace con sus otros proyectos: trasnacionalización de la industria eléctrica, desregulación laboral y apertura internacional a la explotación del gas. La política económica del gobierno sólo consiste en tratar de atraer capitales extranjeros para cubrir el déficit de la cuenta corriente, el cual aumenta en la medida en que salen del país regalías, intereses y otros muchos pagos que remuneran las inversiones foráneas. México vive el círculo vicioso de recibir capital y aumentar sus pagos bajo el perpetuo riesgo de crisis financiera. Se trata de la globalización regida por unas cuantas potencias económicas.
La Convención de Querétaro puede ser un simple jaloneo de la encogida cobija de los ingresos públicos o el acuerdo largamente anhelado de Fox con el PRI para clavar el IVA a los alimentos y repartir algunas migajas entre las entidades federativas. Pero también puede esta convención ser una oportunidad para precisar un proyecto de ingreso-gasto que promueva el crecimiento de la economía y la cobertura de la política social.
Puede también la reunión que se iniciará pronto en Querétaro ser las dos cosas: los acuerdos del gobierno con el PRI y el lanzamiento de un planteamiento alternativo de reforma de la hacienda pública que podría aplicarse pronto, cuando el gobierno de Fox se haya ido. O, para pensar siempre en lo mejor, puede ser el momento en que las cosas empiecen a cambiar en el país y se produzcan reformas de verdad.