¿Y ahora qué?

El proyecto de IVA en alimentos y medicinas ha fracasado, pero también naufragó la idea de esconder ese impuesto y aplicarlo a través de una contribución sobre la producción y comercialización de víveres y medicamentos.
Ya no importa quién redactó el llamado IPI (Impuesto sobre Producción, Intermediación e Importación), si fueron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o si fue un político siniestro o, sencillamente, un grupo de diputados priistas. Lo que trasciende es que el Congreso no va a gravar más al consumo y, al mismo tiempo, debe rehacer el paquete fiscal para el año de 2004.
La situación está muy complicada y destaca dentro de ésta la falta de un liderazgo político nacional capaz de llevar a cabo una interlocución productiva con los partidos políticos y los grupos parlamentarios de los mismos. El presidente Fox no ha conducido un proceso político para tomar decisiones mayoritarias con amplio consenso y justificación ante la sociedad. El gobierno ha venido haciendo proyectos, los ha defendido y los ha tenido que devolver a los escritorios de los funcionarios hacendarios. Además, le lanza la responsabilidad al Congreso, como si éste fuera quien debe hacer la proyección general del comportamiento de la economía, incluyendo la recaudación de impuestos.
En el régimen constitucional mexicano, el presidente de la República es quien tiene la facultad exclusiva de presentar el proyecto de presupuesto de egresos. A diferencia del sistema estadunidense, donde el Congreso hace el decreto de gasto público, en nuestro país sólo el presidente puede enviar a la Cámara de Diputados el proyecto y los legisladores de esta parte del Congreso pueden modificar todo o cualquiera de sus partes pero no tienen posibilidades prácticas de proyectar un plan completo. Es verdad que esto se debe también al atraso del Congreso mexicano, que no cuenta con los instrumentos técnicos adecuados para realizar estudios sistemáticos de carácter hacendario.
El país se ha debatido en los últimos años en el dilema de quién debe proyectar la reforma de la hacienda pública, pero el presidente Fox insiste en que si no se grava con el IVA el consumo de medicinas y alimentos, entonces el Congreso debe tomar el reto y hacer lo que buenamente decida.
El problema es mayúsculo porque este método, que consiste en rechazar las propuestas principales del Ejecutivo y legislar sobre las rodillas en materia fiscal, ha llevado a decretos que fácilmente son impugnados en el Poder Judicial con consecuencias funestas para la propia hacienda pública.
Está demostrado que el Congreso tiene capacidad política para expedir leyes fiscales pero casi todas han sido parches, algunos muy mal puestos. Las excepciones son las menos, aunque ciertamente importantes, tales como el avance hacia la acumulación de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta.
Ahora, frente a tanto desatino, fracaso y naufragio, es necesario que los diputados hagan un esfuerzo para hacer un plan fiscal que permita aumentar los ingresos públicos, aunque sea ligeramente, y establecer criterios contributivos acordes con la situación económica del país, la cual se caracteriza por el estancamiento, a pesar del inusitado incremento trimestral del Producto Interno Bruto en Estados Unidos.
En especial, la Cámara de Diputados tendrá que integrar una especie de convención interna con todos los partidos, para llegar a conclusiones que sean válidas y, al mismo tiempo, cuenten con el requisito de constitucionalidad de las disposiciones fiscales. ¿Es posible? Hay dudas, pero debe intentarse.

Más enredos sobre el IVA

El PRI ha presentado a sí mismo un nuevo impuesto que enreda más el debate sobre el IVA. Aunque parezca imposible, después de rechazar la aplicación de un impuesto del diez por ciento en alimentos y medicinas, el PRI proclama ahora que esos bienes sean gravados a través de otro impuesto que operaría en paralelo al IVA con algunas modalidades un tanto barrocas, también con una tasa de diez por ciento.
Se trata en esencia de un gravamen a los alimentos, medicinas, libros, transporte, servicios médicos, etcétera, con la promesa de que repercuta menos en los precios al consumidor, pero sin la menor seguridad de que tal cosa ocurra.
Es evidente que toda carga fiscal de productores, comerciantes y prestadores de servicios debe trasladarse a los consumidores finales, pues la economía no permite artilugios u ocultamientos. Los costos son los costos y tienen que aparecer en los precios junto con la indispensable ganancia empresarial. Como tal cosa es sabida por cualquiera y no solamente por los economistas, el nuevo impuesto sobre el que delibera a puerta cerrada el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no podrá ser presentado más que como un invento para gravar lo que ahora tiene tasa cero y está exento.
Lo que salta a la vista es que un partido que prometió que los alimentos y medicinas no serían sujetos del Impuesto al Valor Agregado, se presente ahora con un proyecto que busca gravar esos bienes a través de un impuesto formalmente diferente pero con un contenido semejante y vinculado con el IVA.
La factura de esta nueva iniciativa –todavía no presentada formalmente en la Cámara—parece corresponder por entero a la Secretaría de Hacienda, lo cual denota una situación política peculiar debido a que el gobierno no está enviando sus proyectos por sí mismo o a través del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sino mediante un partido de oposición, es decir, el Partido Revolucionario Institucional.
Los portavoces del PRI afirman que están comprometidos a obtener cien mil millones de pesos adicionales a los actuales ingresos federales. No se dice para qué se necesitan, aunque parece que todo mundo en México admite que la Federación requiere un aumento importante de recursos de procedencia impositiva. Sin embargo, el gravamen sobre la compra de alimentos y medicinas no alcanza a surtir esos cien mil millones, mucho menos cuando se está planteando que la llamada tasa general del IVA se reduzca a diez por ciento, con un dos o tres por ciento adicional a las compras finales a cargo de las entidades federativas.
Si se aprobara el nuevo impuesto y ese otro también nuevo de compras finales, tendríamos tres gravámenes diferentes sobre el consumo de mercancías y servicios, con un evidente aumento de la complejidad administrativa.
En realidad, la solución debería ser que hubiera un solo impuesto general al gasto de mercancías y servicios, que éste fuera el Impuesto al Valor Agregado, que no se gravaran alimentos y medicinas, y que las entidades federativas tomaran a su cargo la recaudación de esta contribución. Es posible que los estados y el Distrito Federal tuvieran que empeñarse en aumentar la eficiencia recaudatoria de este impuesto en la medida en que el dinero fuera destinado al gasto público local.
El camino de enredar más el tema del IVA sólo es producto de una fijación mental como lo demuestra la propuesta de añadir a este gravamen dos impuestos más. El barroquismo de la Secretaría de Hacienda ha resultado del fracaso de la propuesta para implantar una tasa generalizada de diez por ciento a todo, con un añadido de dos por ciento para las entidades federativas. Como en el PRI hubo problemas serios y casi todo se vino abajo, el plan “B” de Gil Díaz es el nuevo impuesto que significa la misma gata nomás que revolcada. La Secretaría de Hacienda demuestra una persistencia digna de mejor causa mientras el PRI se presenta como parte de una cohabitación de gobierno dentro de la cual Gil Díaz es quien toma las decisiones.

Sigue el enredo del IVA

El IVA ha sido todo un enredo de la historia tributaria de los últimos 20 años. Y sigue siéndolo. Ahora, el gobierno insiste en que las posibles reformas fiscales deben tener como su centro justamente el IVA. Si no hay modificaciones a este impuesto, entonces no habrá otros cambios fiscales; tal es la posición del gobierno.
Es claro que una disminución de las tasas del impuesto sobre la renta tendría que ser compensada con un aumento de ingresos por otros conceptos, pero no se ha demostrado la tesis de que el IVA debe ser el centro de todo esfuerzo fiscal.
Las cosas han llegado a lo cómico. El gobierno se abstuvo de proponer cambios en el impuesto sobre la renta, en el sentido de disminuir la carga fiscal, debido a la incertidumbre sobre la aprobación del impuesto a alimentos, medicinas, libros, etcétera. El PRI, por su cuenta y como si nada, presentó anteayer un planteamiento de tasa de 25 por ciento para los ingresos mayores de cinco salarios mínimos y menores de cinco millones de pesos, que corresponde íntegramente a la propuesta suspendida del gobierno. Se proyecta la intención del PRI de aceptar el impuesto a los alimentos a cambio de una desgravación de la renta de las personas físicas y de un plan de disminución de este mismo impuesto a las empresas.
El enredo es ahora mayúsculo, ya que el PRI está comprometido como partido a no gravar alimentos y medicinas, pero la promesa electoral no parece tener mayor significación para los dirigentes nacionales de ese partido. El viejo partido tendría que lograr una mayoría grande dentro de sus grupos parlamentarios del Congreso para poder transitar hacia cualquier nueva tasa del IVA.
En realidad, el tal IVA, en la propuesta del gobierno, no aporta más que cinco mil millones, los cuales son una bicoca para las necesidades de ingresos públicos. La Secretaría de Hacienda dice que con sólo gravar alimentos, medicinas y otros productos y servicios ahora exentos tendríamos un ingreso de 70 mil millones de pesos por concepto de eficiencia recaudatoria, pero esto es lo que no ha sido probado, por lo que la duda cunde.
Mientras tanto, el PRD prepara para el próximo martes un paquete de reformas a diversas disposiciones del impuesto sobre la renta para combatir los paraísos fiscales y las prebendas de las que algunos gozan, así como para mejorar los instrumentos de cobro de contribuciones. Este paquete será netamente recaudatorio de tal manera que su aprobación significaría un aumento de ingresos públicos.
El tema de la capacidad recaudatoria del gobierno es de la mayor importancia. Es evidente que no tenemos un sistema adecuado sino una gran incapacidad fiscal y, con ello, se alimenta la cultura de buscar la manera de no pagar contribuciones. Mas no se trata sólo de aquellos que tienen ingresos modestos y que se mantienen fuera del sistema, sino de los que deberían ser grandes contribuyentes y han estado durante décadas al margen del pago debido de impuestos.
Todo el enredo actual, en síntesis, gira alrededor de una reforma para obtener una recaudación adicional ridícula. El debate fiscal no se encuentra en los términos que el país requiere para recuperar los ingresos públicos perdidos en los años del neoliberalismo. Que la gente pague el IVA por los alimentos no afecta a los ricos pero disminuye la capacidad de compra de los pobres para, al fin y al cabo, no resolver ningún problema.

IVA: ¿Trampa política?

El gobierno ha enviado a la Cámara de Diputados una propuesta para reducir la tasa general del Impuesto al Valor Agregado. Dicho gravamen quedaría en diez por ciento, en lugar del 15 que actualmente se cobra. Cualquiera podría decir que es una magnífica idea, ya que este impuesto se aplica al consumo y, al reducirse, podría mejorar la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares.
El problema surge cuando el gobierno propone también que el diez por ciento de IVA se aplique a los alimentos y a las medicinas, así como a casi toda otra mercancía o servicio.
Como se sabe, el PRI realizó una campaña nacional contra la ampliación de este impuesto con motivo de la contienda electoral del presente año. Por otro lado, es evidente que la dirección nacional de ese partido simpatiza con la idea de que se aplique el gravamen a los productos que ahora tienen tasa cero aunque con porcentajes menores. Se ha hablado de un cinco o seis por ciento con aumentos en los años por venir.
En cuanto al PRD, sabemos que este partido ha rechazado el IVA en alimentos, medicinas, libros, revistas, trasporte público, etcétera, desde que este tema se puso a discusión con motivo de la primera propuesta presentada por el presidente Vicente Fox.
La situación, por tanto, es bastante complicada. El PRI tendría que dar el paso de modificar su posición y, con ello, de presentarse como un partido que hace una campaña contra el IVA en comida y medicinas para obtener votos y, al poco tiempo, cambia por completo de actitud sin el menor respeto a sus votantes. Para no pocos legisladores priistas, especialmente diputados recientemente elegidos, la falta de congruencia con la promesa de campaña significaría quedar como mentirosos ante millones de personas.
Bajo tales circunstancias, la propuesta de Fox se podría considerar como una trampa. Si el Congreso rechaza la disminución de la tasa general del IVA a diez por ciento, el presidente podría decir que los legisladores se oponen a una reducción de impuestos. Si el Congreso admite la baja de este impuesto pero mantiene la tasa cero para los alimentos y las medicinas, entonces los ingresos públicos no alcanzarían a cubrir el proyecto de presupuesto cifrado en 1 billón 637 mil millones, de por sí reducido en relación con las necesidades de gasto público de la Federación, por lo que el escenario resultaría demasiado complicado, a menos que se aprueben ingresos adicionales que ahora no están comprendidos en la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La trampa opera en el mismo sentido tanto para el PRI como para el PRD, pero no será fácil que estos dos partidos lleguen a un acuerdo completo para incrementar los ingresos públicos a partir de otros gravámenes diferentes al IVA, como podría ser el impuesto sobre la renta, acerca del cual no existe ninguna propuesta importante de parte del presidente Fox.
La cuestión se agrava debido a que el gobierno federal está proponiendo que, al reducirse la tasa general del IVA y abarcar medicinas y alimentos, las entidades federativas cobren un dos por ciento a los consumos finales de mercancías y servicios. Vicente Fox pretende de esta manera generar un problema entre los legisladores del PRI y del PRD, por un lado, y los gobernadores de sus respectivos partidos, por el otro.
La oferta del gobierno federal, en cuanto al IVA, tensará más la situación política general del país y, también, las relaciones políticas en el interior de los partidos. Se trata, por tanto, de una trampa, ya que la aplicación del IVA en alimentos y medicinas se ha convertido en todo un problema de carácter justamente político.