La Cámara no funciona

Después de dos meses de trabajos, la Cámara de Diputados sólo ha emitido dos decretos de ley: una modificación de la ley del Congreso y una reforma procedente del Senado desde la pasada legislatura. Los legisladores de San Lázaro tienen más de cuarenta minutas senatoriales, mientras en Xicotécatl se encuentra una cantidad semejante de proyectos de la Cámara suspendidos en el limbo legislativo. El mayor problema no es que los proyectos no se aprueben sino que no se discuten aunque sea para desecharlos. El método de la congeladora es anticonstitucional y el propósito político del mismo es por entero antidemocrático.
Cuando se congela una iniciativa se busca la abstención política, es decir, la cómoda actitud de no decir lo que se opina de la misma. El requisito constitucional de la iniciativa como elemento para abrir el proceso legislativo debe terminar en una votación, a favor o en contra del proyecto, pero las cámaras deben siempre asumir una resolución. El no decidir es contrario a la Constitución y a la democracia, pues el debate político se cancela. Dar la callada por respuesta es un acto que atenta contra el examen de las ideas que se expresan en el parlamento.
El proceso de dictamen de las iniciativas puede ser largo o corto en dependencia de la naturaleza del asunto, pero otra cosa es arrumbar las propuestas con el efecto pernicioso de ocultarlas o ningunearlas. Antes, la congeladora parlamentaria funcionaba sólo contra las propuestas de la oposición; hoy, este método se aplica a muchas otras, incluyendo las que proceden del Poder Ejecutivo. Los cambios políticos que se han producido en el país, después de tantos años de lucha por la democracia, no han sido suficientes para lograr que todos los proyectos legislativos se discutan y voten en el Congreso. Al contrario, ahora hay más iniciativas congeladas, incluyendo las minutas enviadas desde una cámara a la otra.
A la congeladora hay que agregar otros factores negativos, tales como el desorden y la falta de orientaciones comunes dentro del grupo parlamentario más grande que es el del Partido Revolucionario Institucional. Los nuevos aires políticos en el país han llegado como brisas al seno de ese grupo de tal manera que existe una exigencia interna de que las decisiones se adopten a través del examen colectivo. Pero la falta de costumbre y de reglas precisas llevan a desacuerdos en el PRI que influyen en toda la Cámara y alimentan los factores determinantes de la aplicación del método de congelar iniciativas. Es fácil entender que cuando el PRI calcula que sus integrantes van a votar divididos, opte por evitar la votación.
El recurso de la congeladora es también, por tanto, un medio para soslayar el desdoblamiento político público de un mismo partido, es decir, cuidar las apariencias y ocultar la verdad. Se confirma también en este aspecto el carácter antidemocrático del método de impedir las discusiones y votaciones en las cámaras del Congreso.
Es indispensable realizar la reforma del Congreso, entre otros propósitos, para evitar el funcionamiento del método de congelar las iniciativas, mediante una regla precisa que permita votar como proyecto la propuesta no dictaminada después de un tiempo determinado, el cual podría ser de un mes a partir de la presentación de la iniciativa, y a petición de los autores de la misma.
Los cientos de proyectos suspendidos en el limbo parlamentario podrían desaparecer de esta manera y el Congreso alcanzaría el nivel político que requiere una democracia, aunque todavía ésta sea pequeñita.

¿Qué pasó en Tabasco?

En el Estado de Tabasco, el PRD tendrá 17 diputados en el Congreso, el PRI ocupará 15 curules y el PAN asumirá tres asientos parlamentarios. Asimismo, la mayoría de los ayuntamientos serán gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, quien es, desde el pasado domingo, la fuerza más votada en la entidad.
Tenemos aquí un cambio político de importancia, no solamente para Tabasco, sino para el país. Este Estado ha sido un terreno de disputa entre el PRI y el PAN, tal como Guerrero, donde todas las fuerzas se han tensado casi al extremo durante años. Violencia política, movimientos sociales, uso de dinero público a manos llenas para las contiendas y en la vida política cotidiana, rispidez extrema entre los dos principales partidos, son algunas de las características.
Si no fuera por las elecciones periódicas y porque Tabasco es un Estado federado en un país grande, cualquiera hubiera podido decir en varios momentos que este territorio estaba al borde de una guerra civil.
Durante muchos años, el PRD se enfrentó a una de las maquinarias políticas mejor aceitadas y con más recursos económicos. Con todo el poder de la administración pública, el PRI en Tabasco se defendió y, hasta hace poco, logró superar todas las acometidas de la oposición perredista.
En la reciente sucesión gubernamental, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección por considerar que las condiciones generales de la contienda habían sido enteramente favorables al candidato priista. A partir de esta decisión judicial se produjo una crisis política que, aunque breve, volvió a tensar las fuerzas en la entidad. Las nuevas elecciones, sin embargo, otorgaron un triunfo al PRI con una diferencia mayor que en la elección anterior que había sido anulada.
Dos años después, en los cómputos oficiales, el PRI pierde la mayoría. El PRD ha sido al fin el partido más votado. Han sido varios los factores, entre ellos, un nuevo órgano electoral, las dificultades del mando priista para asegurar el mecanismo monstruoso de compra masiva de votos, el mal gobierno, el aumento de la corrupción pública desenmascarada. Hay un hartazgo popular y ya se vio en las urnas, a pesar de que el PRI aún conserva la mayor parte de su maquinaria.
No sólo se trata de una victoria perredista sino de una victoria democrática.
La nueva situación que habrá de crearse a partir de la integración del Congreso tabasqueño tendrá que llevar al PRI, especialmente al gobernador de la entidad, a la búsqueda de medios políticos que permitan que el mismo PRI admita en los hechos su derrota, es decir, asuma las decisiones políticas y administrativas de acuerdo con la existencia de una nueva mayoría política oficialmente declarada. El PAN, por su lado, tendrá que rehusar a ser fiel de la balanza y asumir una posición propia sin ser rehén de esa situación en la que se encuentra el presidente Fox, siempre sometido al chantaje del PRI y del líder de éste.
El PRD, por su parte, tendrá que elevar su manera de hacer política: ya se le ha reconocido que es mayoría política. Esto quiere decir que los decretos en el Congreso y las decisiones mayoritarias en los ayuntamientos de la entidad deben tomar la palabra con la fuerza y la certeza que corresponde a una fuerza de gobierno.
No tendría que aumentar la rispidez, no debería venir la violencia política, no habría que dejarse provocar. Las elecciones han sido el método que este país se ha dado para superar las tremendas controversias que fueron prohijadas por tantos años de autoritarismo, atropello de derechos y corrupción pública. Que el mandato popular de Tabasco y su reconocimiento oficial sean un camino para superar las desgracias del pasado: esta era la idea desde el principio.

El PRI en rompimiento político

A partir de su pérdida de la Presidencia de la República, el PRI abrió una expectativa de rompimientos mayores. Sin embargo, los desprendimientos no se presentaron. Se observa, en cambio, una especie de espera sexenal con el propósito de saber si el viejo partido puede realmente volver a tener el control del Poder Ejecutivo.
Existen causas más concretas que han evitado grandes separaciones del PRI. Quizá la de mayor importancia es que los temas programáticos carecen de importancia en ese partido y que los grupos priistas se conforman a partir de la búsqueda de posiciones de poder pero no de impulso de transformaciones sociales, económicas o políticas. Así, carece de sentido para muchos priistas cambiar de partido sin definir al mismo tiempo su situación personal, es decir, el puesto o cargo que pueden ocupar en el futuro inmediato.
Se ha presentado en los últimos días una situación que pudiera cambiar el esquema general en el cual se inscribe hoy el viejo partido mexicano. La división de opiniones sobre la reforma constitucional en materia de electricidad no parece un asunto menor. Es evidente que la actual dirección del PRI está de acuerdo con el proyecto de Fox, el cual es un poco menos agresivo que el presentado por Zedillo cuando éste era presidente. Esta divergencia crea dos grandes alas dentro de ese partido. Sin embargo, mientras que el ala que simpatiza con el esquema maquilador trasnacional de Vicente Fox cuenta con liderazgo en la propia dirección nacional del PRI, el ala que se opone al proyecto no reconoce un líder único, aunque Manuel Bartlet se ha distinguido como el polemista del asunto, en su carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
No se trata sólo de que el posible voto del PRI a favor de la reforma propuesta por Fox, con algunas modificaciones, se contradiga con los documentos básicos del partido, sino que el fondo del asunto contiene una vía adversa al desarrollo nacional de la industria eléctrica en el momento en que se puede apreciar un movimiento autocrítico, aunque elemental, en el seno del mismo PRI. En las cámaras y fuera de ellas se alcanza a ver que algunos priistas dan a entender que fue un error haber abrazado el neoliberalismo y las recetas de los organismos financieros internacionales.
El lenguaje de autocrítica no está presente en el PRI como partido, de tal forma que se filtra a través de declaraciones y escritos personales y nunca ha llegado a expresarse en el sentido del voto de la bancada priista en el Congreso. Si la divergencia sobre el proyecto legislativo de la industria eléctrica llegara a expresarse en una votación en el Senado, se tendría entonces que decir que las fuerzas en el interior del PRI ya han entrado en choque programático por primera vez. Sin embargo, el viejo partido no correrá el riesgo. Si un dictamen de reforma constitucional no tuviera de antemano asegurada la votación requerida de dos terceras partes de lo senadores presentes en el pleno, el PRI y el PAN se encargarían de evitar su presentación.
La divergencia existe, sin embargo. Las corrientes de opinión en el viejo partido están ahí aunque carecen de un estado mayor. El huevo de la división está puesto.
Nota aclaratoria: ofrezco una disculpa a los lectores por el error introducido en el artículo del viernes de la semana pasada, en el que un duende informático corrector sustituyó el término hidratos de carbono por el de carbohidratos. Agradezco también al ciudadano Oscar Mario Beteta su furibunda crítica en una estación radiofónica, pues gracias a ésa pude darme cuenta del error y puedo ahora aprovechar la proferida condena contra mi persona para aclarar al ciudadano mencionado que mi encargo en el Congreso, como diputado, no requiere de su aprobación personal ya que fue producto del sufragio de la mayoría de los votantes de mi distrito, quienes tomaron la decisión sin preguntar al periodista.

Recuento del caso Amigos de Fox

Unos días antes de la elección del año 2000, el entonces diputado Enrique Jackson hizo una denuncia en la Comisión Permanente del Congreso. Con algunas copias de cheques emitidos por Carlota Robinson y algunas triangulaciones a partir de empresas propiedad de Lino Korrodi, así como un depósito procedente de Bélgica, el PRI denunciaba a Vicente Fox y a la coalición Alianza para el Cambio (PAN-PVEM) de financiamiento ilícito.
Un par de días más tarde, el PRI presentó formal queja ante el Instituto Federal Electoral, para lo cual adjuntó el discurso de Jackson y las copias de los cheques. El PAN, por su lado, negó todo, mientras el candidato Fox ignoró la denuncia.
La investigación del IFE se realizó a través de dos cursos principales: preguntar a algunos proveedores, tales como Televisión Azteca, y solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informe sobre las transferencias bancarias. Azteca respondió aceptando el pago de facturas de Vicente Fox por spots de éste, anteriores a septiembre de 1999. El gobierno se negó a entregar informaciones bancarias al IFE.
Por su lado, el PRI ya no ofreció ningún otro documento, se abstuvo de aclarar la procedencia de las copias de los cheques y se negó a presentar denuncia penal en contra de Vicente Fox y socios.
Después de meses, la Comisión de Fiscalización del IFE emitió un dictamen en el que admitía que el gobierno tenía razón en negar información bancaria y fiduciaria, debido a la existencia del llamado secreto bancario y a pesar de que el Cofipe obliga a toda autoridad a informar al Instituto. El debate en el Consejo General del IFE fue muy duro pero predominó al final la idea de que no existían elementos para sancionar al PAN y al PVEM, lo que de suyo no era lo más relevante sino la aceptación de la tesis de que el secreto bancario impedía legalmente realizar la investigación.
La pregunta era entonces la misma que ahora: ¿por qué el gobierno no decidió aclarar todo desde el principio, admitir la trasgresión de la ley y esperar por voluntad propia la sanción administrativa correspondiente contra la Alianza para el Cambio? En la mente de Fox rondaba el recurso de la impunidad.
El PRI y el PRD decidieron entonces presentar sendos recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de nueve meses, la máxima instancia jurisdiccional en esta materia resolvió que el IFE es algo así como una autoridad hacendaria que realiza funciones fiscales y que, por tanto, no se aplica el llamado secreto bancario. Y, además, le indicó al IFE lo que debía hacer, paso a paso, para retomar la investigación que ya había sido concluida.
Korrodi, Robinson y Rojas Magnon –operadores de Vicente Fox—presentaron quejas ante juzgados de distrito en procura de amparo y obtuvieron suspensiones de los jueces que ignoraron que el asunto era electoral y que no existe el recurso del amparo en esta materia, según reza la Constitución del país. Así, se interrumpió el suministro de información hacia el IFE que había sido ordenado por el Tribunal.
Mientras tanto, Vicente Fox declaró que el tema carecía de importancia.
A las oficinas del PRD llegaron algunos documentos, entre ellos la copia de un cheque de Carlos Slim a favor del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, constituido para apoyar a Vicente Fox y cuyo titular fue Rojas Magnon, quien había sido cesado en sus funciones de director administrativo de la Presidencia después del escándalo demoninado Toalla-gate a partir de una investigación realizada por Milenio Diario sobre los gastos de Los Pinos, y otros documentos de una cuenta bancaria de Luis Ernesto Dervez y la esposa de éste. Con estos papeles y todos los demás ya conocidos, el PRD decidió presentar denuncia formal contra Vicente Fox y sus amigos en la Procuraduría General de la República, asunto que aún no se resuelve.
Pasaron meses de espera para que los jueces resolvieran. Cuando la Suprema Corte ya tenía lista una resolución para declarar lo que dice la Constitución, es decir, que no hay amparo en materia electoral, los amigos de Fox se desistieron después de que algún amigo suyo se los pidió con el propósito de que la resolución de la Corte no se convirtiera en un criterio judicial y pudiera aplicarse en otros casos, especialmente en lo relativo a la obligación del gobierno de entregar informaciones bancarias al IFE. Junto a esto, los mismos amigos de Fox enviaron a sus abogados a dizque exhibir la información de sus cuentas bancarias.
Los informes de la Comisión Bancaria siguieron llegando y, al final, se emplazó al PAN y al Verde para que expusieran sus alegatos. La instrucción fue cerrada después de la consabida e inservible prueba pericial contable a cargo de los panistas, y se redactó el dictamen que hoy se aprobará en el Consejo General.
El actual presidente de la República, junto con los partidos que le apoyaron, financió de manera ilícita una parte de su campaña, violó los topes legales y ocultó información al IFE.
Queda pendiente la resolución del Ministerio Público sobre los delitos electorales en que pudo haber incurrido Vicente Fox, mientras que la PGR ya ha resuelto que no hubo en este asunto la comisión del delito de lavado de dinero, lo cual tendrá que ser revisado por un juez federal.
Que venga, por el momento, la multa.

Reformar el Congreso

El primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, Venustiano Carranza, se propuso cerrar el Congreso el mayor tiempo posible. El caudillo revolucionario sostenía que las cámaras legislativas no debían mantenerse abiertas el tiempo que desearan los legisladores debido a las bajezas en que caían los integrantes de aquéllas. El Congreso Constituyente de Querétaro apoyó al primer jefe y concedió al presidente de la República la capacidad de autorizar las convocatorias a sesiones extraordinarias.
Esta desmesurada atribución presidencial fue eliminada después del asesinato de Carranza, pero quedó en la Carta Magna un solo periodo de sesiones que se iniciaba el primero de septiembre y se terminaba el 31 de diciembre, a menos que las cámaras se pusieran de acuerdo para acortar este lapso.
Ahora, después de más de 80 años, el Congreso mexicano sesiona de manera ordinaria cinco meses y medio cada año y, de manera extraordinaria, cuando es convocado por la Comisión Permanente del mismo Congreso con una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes.
El promedio mundial de sesiones parlamentarias es de nueve meses, aunque algunos órganos legislativos sesionan hasta durante diez. Es imposible que en cinco meses de trabajo puedan ser analizadas todas las iniciativas que se presentan y, además, realizar las funciones de control que tienen a su cargo los parlamentarios.
En el Senado se encuentra ahora un minuta enviada por la Cámara para aumentar en un mes y medio las sesiones ordinarias Los argumentos en contra de la ampliación son muchos y variados pero todos coinciden en que los legisladores deben realizar trabajos muy importantes en sus estados, pero nunca de carácter parlamentario sino de promoción de sus partidos y de sus personas. No es para eso que han sido elegidos por el pueblo, diría cualquier observador.
Si el Congreso se mantiene cerrado la mayor parte del año, es del todo natural que la congeladora siga siendo la institución más importante de las cámaras, aunque sea del todo inconstitucional. En los últimos años ha llegado a funcionar esa misma congeladora entre las cámaras, es decir, los proyectos de una suelen ser congelados en la otra, lo que claramente atropella la Carta Marga.
El Congreso no podrá convertirse en una institución central de la República si no trabaja todo el año y discute todos los proyectos que se le presenten. El debate parlamentario es una parte esencial de la lucha política y ésta se hace indispensable para la democracia. Si los ciudadanos no se enteran de las propuestas y conocen las posiciones de los partidos políticos, nada de lo que ocurra en el Congreso tendrá trascendencia en la sociedad y ésta no podrá influir en sus representantes: la democracia seguirá siendo el solo acto de votar en las elecciones.
La reforma del Congreso no se reduce a lograr que los legisladores trabajen sino a que su trabajo sea parte integrante de la vida democrática del país. La falta de suficiente debate parlamentario se traduce en el desprestigio del Congreso y el alejamiento de los ciudadanos de las urnas. La clase política mexicana no puede seguir ignorando esta situación ni debe seguir dando la espalda a nuevas necesidades que surgen de un proceso democrático, aunque demasiado accidentado y lento, que a fin de cuentas existe.
Si en el Senado no hay acuerdo para ampliar solamente un mes y medio y muchos senadores quisieran que el Congreso tuviera sesiones ordinarias durante nueve meses al año, es tiempo de que de Xicotencátl se regrese la minuta a San Lázaro con una modificación y los diputados puedan volver a discutir este tema sin los absurdos argumentos, por ejemplo, de que en el mes de mayo hay muchas manifestaciones en la capital y no conviene que el Congreso se encuentre en sesiones.
Es posible que la actual Legislatura sesione de manera extraordinaria para atender este aspecto y, además, aproveche para modificar el formato de la sesión de apertura del Congreso del primero de septiembre (el informe presidencial) si en verdad el PAN está dispuesto a modificar su actitud de mantener las cosas como están, la que constituye una inmensa incongruencia con lo que el panismo planteaba antes de que uno de sus miembros asumiera la presidencia de la República.
Si el Congreso sigue a medias tendremos una media de todo, incluyendo la democracia.